Dictamen N° 41279

Texto del dictamen

N° 41.279	Fecha: 10-VI-2014

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Blanca Carrillo Contreras, funcionaria del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, representada por el abogado Álvaro Tejos Canales, solicitando el pago de la diferencia de sueldo que, a su juicio, le correspondió percibir por su desempeño, en calidad de subrogante, del cargo de Secretario Abogado de ese órgano jurisdiccional, durante el período que indica, no obstante no poseer el diploma de abogado.

Requerido su informe, la Unidad Administradora de los citados tribunales manifestó, en síntesis, que la interesada no tiene derecho al entero del beneficio que pretende, ya que no cumple con los requisitos para ello.

Sobre el particular, en primer lugar, corresponde manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, cuyo texto fue fijado por el artículo primero de la ley N° 20.322, estos últimos son órganos jurisdiccionales letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su ministerio. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, con ocasión del examen de constitucionalidad de la precitada ley orgánica, el Tribunal Constitucional -en los considerandos vigesimosexto y vigesimoséptimo de la sentencia de 30 de diciembre de 2008, correspondiente al rol N° 1.243-2008-, expresó que los juzgados de que se trata son tribunales especiales que no integran el Poder Judicial, agregando, en lo que interesa, que en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 8 de julio de 2008, se consigna que primó la tesis de “instaurarlos como una judicatura especializada, de aquellas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, sin perder de vista que el artículo 82 de la Constitución Política de la República los deja sujetos a la superintendencia de la Corte Suprema.”. 

Luego, cabe precisar que el inciso cuarto del citado artículo 5° previene que los tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar afectos a las disposiciones generales del mencionado Código.

En tanto, el artículo 82 de la Carta Fundamental dispone que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. 

De esta manera, y tal como se expresó en el dictamen N° 13.357, de 2012, de este origen, los órganos jurisdiccionales en estudio son tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, se rigen por la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros -que es aquella que los establece y reglamenta-, y están sometidos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. 

Precisado lo anterior, cabe destacar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° del recién aludido texto orgánico, para acceder al cargo de Secretario Abogado del referido tribunal se requiere el diploma de abogado, sin que, con anterioridad a las modificaciones introducidas por la reciente ley N° 20.752, se hayan contemplado normas relativas a la subrogación de esa plaza, particularmente en caso de no existir un abogado que pueda reemplazar a quien ocupe ese empleo, como ocurrió en la especie. 

Asimismo, debe añadirse que el artículo 17 de la citada ley orgánica de esos juzgados establece que en todo lo no previsto por ella, su personal se regirá por la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sólo en aquello que no sea incompatible con la naturaleza de la función.

En este contexto, es necesario anotar que el artículo 79 del mencionado cuerpo estatutario prescribe que la subrogación procede cuando un cargo no esté servido efectivamente por el titular o suplente, caso en el cual, de acuerdo a lo indicado por el artículo 80 de ese texto legal, asumirá las respectivas labores, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma unidad que siga en el orden jerárquico y que reúna los requisitos para el desempeño del empleo, siendo útil añadir que su artículo 82 dispone que el funcionario subrogante no tendrá derecho al sueldo del cargo que desempeñe en calidad de tal, salvo si éste se encontrare vacante o si el titular del mismo por cualquier motivo no gozare de dicha remuneración.

Ahora bien, como puede apreciarse de la preceptiva antes reseñada, para resolver esta consulta es necesario determinar si la peticionaria pudo subrogar al secretario del anotado tribunal, no obstante no poseer el título de abogado, materia cuyo pronunciamiento corresponde a la Corte Suprema, en virtud de la referida superintendencia que tiene sobre esos órganos jurisdiccionales (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 5.155, de 2008; 19.467, de 2011 y 536, de 2012, de este origen). 

No obstante lo anterior, cumple con manifestar que, en el marco de las competencias de esta Contraloría General, se ha resuelto en los dictámenes Nos 6.177, de 1991; 17.619, de 2004 y 18.881, de 2007, que el subrogante, para ejercer como tal y poder recibir la mencionada diferencia de sueldo, debe reunir las exigencias legales previstas para acceder al cargo de que se trate, por cuanto de otro modo únicamente se configura una asignación de funciones, que no permite obtener dicho beneficio.

Transcríbase a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, a la Contraloría Regional de Atacama y a la División de Personal de la Administración del Estado de este Organismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.



Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República