Dictamen N° 48097

Texto del dictamen

N° 48.097  Fecha: 1-IX-2009


Con motivo de las próximas elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados, a efectuarse el día 13 de diciembre del año en curso, esta Contraloría General, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha estimada necesario impartir las siguientes instrucciones.

l.-	PRESCINDENCIA POLÍTICA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

En primer lugar, es necesario tener presente que de acuerdo con el principio de juridicidad, contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, y con lo dispuesto en los artículos 2°, 3°, 5° y 7° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, es obligación primordial de los servidores públicos propender al bien común -artículo 1° de la Constitución Política-, debiendo cumplir fiel y esmeradamente, dentro de su competencia, las tareas propias de sus funciones, a fin de atender eficientemente las necesidades públicas a su cargo

Por otro lado y tal como lo señala el artículo 52 de la referida ley N° 18.575, las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, el cual consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia, agrega la ley, acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y la propia ley N° 18.575.

En armonía con lo anterior, el artículo 53 precisa que el interés general "exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.".

De lo anterior se desprende que los cargos públicos que sirven funcionarios, autoridades y jefaturas, deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio, sin discriminaciones.

Por lo tanto, el funcionario público, en el desempeño de su cargo público, no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político.

En particular, cabe tener presente que el artículo 19 de la aludida ley N° 18.575, aplicable a todos los Órganos y servicios que integran la Administración del Estado, señala que el personal que la compone, “estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración”, prohibición que pesa sobre quienes la integran, bien sea como funcionarios, autoridades y jefaturas.

Es necesario manifestar además que el citado precepto legal resulta plenamente aplicable a todos los servidores públicos, cualquiera sea el estatuto jurídico que los rija, y su debido respeto resulta esencial para garantizar el adecuado, imparcial y continuo funcionamiento de los Órganos de la Administración del Estado durante el período destinado por la ley para la promoción de las campañas destinadas a elegir al Presidente de la República, a los Senadores y a los Diputados, a fin de no desmedrar la obligación que pesa sobre estos entes de, en general, promover el bien común y, en particular, la de satisfacer las necesidades colectivas que el ordenamiento jurídico ha asignado a cada órgano e institución que desarrollan labores públicas.

Al respecto, es útil expresar que la misma idea se contempla en la letra h) del artículo 84 de ley N° 18.834. sobre Estatuto Administrativo, que expresamente prohíbe a los funcionarios regidos por este cuerpo legal "Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones".

Similar norma se contiene en la letra h) del artículo 82 de ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Ahora bien, tratándose de las municipalidades, el alcalde y los concejales también deben en el desempeño de sus cargos, abstenerse de realizar actividades políticas en cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa contenidas en ley N° 18.575, cuya observancia les resulta exigible por expreso mandato del inciso final del artículo 49 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Las conclusiones anteriores, se ven reforzadas, además, por lo prescrito en el artículo 27 de ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, según el cual "Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones".

De lo expuesto resulta que los funcionarios, autoridades y jefaturas, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, están impedidos de realizar actividades de carácter político y, en tal virtud, v. gr., no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, asociar la actividad del organismo respectivo con determinada candidatura, tendencia o partido político, ejercer coacción sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas: tendencias o partidos políticos.

En razón de iguales fundamentos, configura también un ilícito administrativo usar para los indicados propósitos, los recursos públicos, así como los bienes fiscales, municipales o de otras entidades públicas, tal como se precisa en estas instrucciones,

Por el contrario, al margen del desempeño del cargo, fuera de la jornada de trabajo y con recursos y bienes propios, el empleado, en su calidad de ciudadano, se encuentra habilitado para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y participar en actividades de esa naturaleza. Conviene agregar que tales actividades, en las condiciones indicadas, son esencialmente voluntarias, sin que sea admisible que autoridades o funcionarios, por cualquier medio, coaccionen a otros empleados requiriéndoles su participación, colaboración o intervención, de cualquier naturaleza, en las mismas.

Lo señalado, es sin perjuicio de las prohibiciones especiales que el ordenamiento jurídico contemple para determinados servicios, como ocurre, por ejemplo, con la prohibición que, sobre esta materia, afecta al personal del Servicio Electoral de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97 de la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral que, en lo pertinente, establece que, "Ni el director, ni el personal del Servicio, ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él podrán militar en partidos políticos ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones o cualquier otro acto que revista un carácter político-partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular". En este mismo sentido, el articulo 18 de la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, prohíbe, entre otros, a quienes formen parte del personal del señalado servicio, la afiliación a partidos políticos.

Por otra parte, en cuanto al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cabe advertir que de acuerda con lo prescrito en el inciso final del artículo 101 de la Carta Fundamental, dichas instituciones “como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes".

Asimismo, el artículo 2° de la ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, además de reiterar lo señalado en aquel precepto constitucional, expresamente establece que el personal que integra dichas Instituciones Armadas no podrá pertenecer a partidos políticos, a organismos sindicales, ni a instituciones. organizaciones o agrupaciones cuyos principios u objetivos se contrapongan o sean incompatibles con lo dispuesto en esa norma o con las funciones que la Constitución Política y las leyes encomiendan a las Fuerzas Armadas.

La misma prohibición se contempla en el artículo 2° de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en lo que respecta al personal de este organismo. A su vez, el referido artículo 18 de la ley N° 18.603 hace extensible el mismo criterio a todo el personal de las Fuerzas Armadas y el de Orden y Seguridad Pública, es decir, comprendiendo también a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, de acuerdo al inciso segundo del aludido artículo 101 de la Constitución Política de la República.

En términos similares, el artículo 14, inciso segundo, de la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, establece que las funcionarios de dicha entidad administrativa "Desde el momento de su nombramiento, no podrán pertenecer a partidos políticos ni participar o adherir a reuniones, manifestaciones o asambleas, apoyar a candidatos a cargos de representación popular o intervenir en cualquier otro acto que revista carácter político partidista".

De esta manera, los servidores de las instituciones aludidas no pueden realizar actividades de carácter político, ni tampoco valerse de sus cargos o empleos para favorecer o perjudicar a una determinada tendencia de esa índole, lo que no obsta al ejercicio del derecho a sufragio que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos.

II.-	REGULACIONES ATINGENTES A PERSONAL QUE DEBEN TENERSE ESPECIALMENTE EN CUENTA.

1.- Cumplimiento de la jornada de trabajo.

Los funcionarios públicos deben dar estricto cumplimiento a su jornada de trabajo, lo que debe ser fiscalizado por la autoridad o jefatura que corresponda, toda vez que aquélla es un medio fundamental para dar cumplimiento a la atención continua y permanente de las necesidades de la comunidad, y que no puede verse alterado, bajo ningún aspecto, por actividades de carácter político, las que, por lo mismo, se encuentran prohibidas durante dicha jornada.

Conviene resaltar que el artículo 65 del Estatuto Administrativo, establece que la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de 9 horas diarias. La jurisprudencia administrativa, en concordancia con la ley y la reglamentación vigente -artículo 4, del Decreto Supremo, de Interior, N° 1.897, de 1965- ha resuelto que en el sector público y a diferencia de lo que ocurre en el sector privado regido por el Código del Trabajo, el tiempo destinado a la colación o almuerzo es parte de la jornada ordinaria de trabajo -v.gr. dictámenes N°s 41.611, de 1995; 16.075, de 2000; 10.440 y 41.762, de 2009. entre otros-. Conforme a lo señalado y en armonía con lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N° 19.884, que expresamente señala que "Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado,...", a éstos les está vedado disponer de ese tiempo para actividad política, la que pueden ejercer lícitamente fuera de la jornada.

2.- Viáticos, pasajes y horas extraordinarias.

En relación can estas materias, debe señalarse que los gastos que ocasionen tales rubros, deben corresponder a cometidos y labores estrictamente institucionales.

3.- Descuentos de remuneraciones.

Así también, cabe consignar que, según lo señalado por esta Entidad de Fiscalización mediante dictamen N° 34.684, de 1999, no resulta procedente que los servicios públicos efectúen descuento alguno en las remuneraciones de los funcionarios públicos, a favor de determinada candidatura política, puesto que ello implica una directa intervención de la Administración del Estado y sus funcionarios en el ámbito de las actividades políticas, circunstancia que constituye una clara vulneración a! ordenamiento jurídico vigente.

III.-	RESPONSABILIDADES Y DENUNCIAS.

La infracción a la preceptiva que regula las materias antes aludidas, puede significar, en su caso que se haga efectiva la responsabilidad administrativa y, cuando corresponda, la responsabilidad civil y/o penal según lo ordenado en los artículos 158 y 159 de ley N° 10.336.

Acorde con las modificaciones que la ley N° 20.205 introdujo a las leyes N°s 18.575. 18.834 y 18.883, es obligación de cada funcionario, en lo que interesa, denunciar fundada y seriamente a la autoridad competente los hechos de carácter irregular o las faltas al principio de probidad de que tome conocimiento, denuncias que cumpliendo los requisitos legales originan para el denunciante los derechos que esa normativa establece, entre los cuales cabe destacar el de solicitar que sean secretos, respecto de terceros, la identidad del denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la información, antecedentes y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia.

IV.-	DE LOS ARTÍCULOS 156 Y SIGUIENTES DE LA LEY N° 10.336.

1.- Medidas disciplinarias.

Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 156 de la ley N° 10.336, desde treinta días antes y hasta sesenta días después de la elección del Presidente de la República, las medidas disciplinarias expulsivas a que están sujetos los funcionarios públicos, cualquiera sea el régimen estatutario aplicable a los mismos, sólo podrán decretarse, previo sumario instruido por la Contraloría General y en virtud de las causales que dichos estatutos contemplen.

En relación con el personal regida por el Código del Trabajo, cabe señalar que las causales de término del contrato de trabajo contempladas en los artículos 160 y 161 y aquella establecida en el N° 6 de su artículo 159 de dicho Código, se encuentran también afectas a la misma limitación contenida en el artículo 156 de la ley N° 10.336, por lo que, en el período indicado, tales causales sólo pueden aplicarse previo sumario incoado por esta Entidad de Control.

Luego, a contar del 13 de noviembre del presente año, no pueden imponerse las mencionadas medidas expulsivas, salvo que el sumario correspondiente haya sido incoado por este Organismo Contralor.

Como en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 de la citada ley N° 10. 336, la señalada limitación rige también para los trabajadores de las empresas públicas creadas por ley, a ella también se encuentran sometidas las medidas expulsivas que establecen los regímenes jurídicos aplicables a esos personales, aunque éstas no configuren propiamente una sanción disciplinaria.

2.- Comisiones de servicio y destinaciones.

En conformidad con el articulo 156, inciso segundo, de la ley N° 10.336, desde treinta días antes de la elección de Presidente de la República, es decir, a contar del 13 de noviembre próximo, los servidores públicos no pueden ser trasladados o designados en comisión de servicio fuera del lugar en que ejercen sus funciones

Es del caso precisar que la expresión "traslado" antes aludida, se entiende referida a las destinaciones, según lo ha determinado la jurisprudencia administrativa.

La limitación antes referida afecta tanto a la destinación dispuesta por iniciativa del servicio, como a la ordenada a solicitud del interesado.

Asimismo, y acorde con lo establecido en el inciso tercero del citado artículo 156, desde esa misma fecha quedarán suspendidas las comisiones que se estuvieren desempeñando fuera del lugar en que se ejercen habitualmente funciones, debiendo los funcionarios reintegrarse a las labores para cuyo desempeño hayan sido nombrados.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 161 de la ley 16.336, las mencionadas disposiciones se aplican igualmente a los servidores de las empresas del Estado creadas por ley.

Además, cabe anotar que, como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa, las limitaciones en comento no rigen respecto de las comisiones de servicio o de estudio que se cumplen en el extranjero, ni alcanzan a los simples cometidos, es decir, a la ejecución de tareas inherentes a las funciones del empleo de que es titular el servidor, aun cuando ellas lo obliguen a desplazarse fuera del lugar de su desempeño, pero siempre que esta actividad corresponda al ejercicio normal y habitual de determinados cargos.

3.- Excepciones.

Las restricciones a que se refieren les párrafos 1) y 2) precedentes, no son aplicables, según lo dispuesto en el artículo 160 de ley N° 10.336, a los funcionarios que con arreglo a la Constitución Política tienen la calidad de servidores de la exclusiva confianza del Presidente de la República, este es, los mencionados en los N°s 7° y 8° del articulo 32 de la Carta Fundamental, pero sí alcanzan a los empleados de la exclusiva confianza del Jefe de Estado que tienen ese carácter en virtud de disposiciones legales.

Las limitaciones de que trata el párrafo 2) tampoco rigen para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, aludido en el artículo 2° de los decretos con fuerza de ley N°s. 33 y 105 de 19719, de esa Secretaría de Estado.

V.-	FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

Al respecto, es dable manifestar que lo expresado en los párrafos precedentes es plenamente aplicable a las municipalidades y sus funcionarios, tal como se precisó en el dictamen N° 30.039, de 1993, de esta Contraloría General.

VI.-	PROHIBICIÓN DE USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS EN ACTIVIDADES POLÍTICAS.

Los recursos que el ordenamiento jurídico ha puesto a disposición de los Órganos de la Administración del Estado para el cumplimiento de sus funciones, deben destinarse exclusivamente a los objetivos propios fijados tanto en la Constitución Política como en las leyes respectivas.

Así entonces, tal como se anticipó, está prohibido usar esos recursos para realizar o financiar actividades de carácter político, tales como hacer proselitismo o propaganda política en cualquier forma o medios de difusión, promover o intervenir en campañas o efectuar reuniones o proclamaciones y disponer contrataciones para esas finalidades.

En este contexto, cabe recordar que según lo ordenado en los N°s. 3 y 4 del artículo 62 de ley N° 18.575, implica una falta a la probidad administrativa el emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, por lo que tales actuaciones comprometen la responsabilidad administrativa de quienes infrinjan tales deberes.

Debe hacerse presente que los bienes de los servicios públicos o los destinados a esos organismos para el cumplimiento de su función y los entregados en simple administración, no pueden ser empleados por las autoridades o funcionarios para las actividades de carácter político antes enunciadas, como por ejemplo, colocar en ellos cualquier clase de distintivos o afiches, pintarlos con colores o símbolos que identifiquen a una determinada candidatura, coalición o partido político o llevar a efecto en los mismos cualquier actividad en apoyo a éstas, ya sea en forma directa o indirecta, toda vez que ello no sólo implica ocupar tales bienes en un fin totalmente distinto de su objetivo sino que también importa el uso de recursos financieros o físicos en beneficio de una determinada tendencia política.

1.- Uso de bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo con las normas que regulan la administración de los bienes del Estado, éstos sólo pueden emplearse para el logro de los fines del órgano público al que pertenezcan o se encuentren afectados, o de manera excepcional y en casos calificados, en otros fines de interés general, aunque no sean los específicos de la respectiva entidad, siempre que su uso no entorpezca la marcha normal de ésta o signifique un menoscabo de la afectación principal que el bien debe cumplir, ni importe una discriminación arbitraria. 

Útil resulta agregar que los organismos públicos que dispongan para sus funciones de periódicos y revistas, radio o televisión u otros medios de información electrónicos, o en general, de comunicación social, no podrán destinar sección o espacio alguno de esos medios para realizar propaganda política o para favorecer o perjudicar cualquiera candidatura o partido político.

La recta administración de los bienes por parte de los funcionarios, autoridades y jefaturas incluye el correcto uso de las bases de datos que los organismos públicos tengan a su cargo, debiendo observarse las disposiciones de la ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, lo que implica que el tratamiento de dichos datos por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y dentro de las funciones propias de la respectiva entidad.

Igualmente, el uso de las medios electrónicos, tanto las plataformas informáticas, los servidores institucionales y las casillas asignadas a los funcionarios, sólo pueden utilizarse para los fines propios del servicio, sin que resulte admisible su empleo con fines proselitistas.

Por otra parte, debe recordarse que los inmuebles del Estado que han sido destinados a casa habitación de funcionarios públicos no pueden ser utilizados en actividades de propaganda política, como sería, por ejemplo, la exhibición de afiches en favor de una determinada candidatura electoral, ni para reuniones públicas de esa índole

2.- Vehículos.

Según lo expresado por esta Contraloría General, para la debida y correcta aplicación del decreto ley N° 799, de 1974, relativo al uso y circulación de vehículos estatales, los medios de movilización con que cuentan los entes del Estado -incluyéndose aquellos que se encuentran arrendados o a su disposición a cualquier título-, sólo pueden ser empleados para el cumplimiento de sus fines.

De este modo, existe la prohibición de usar los vehículos estatales en cometidos particulares, ajenos al servicio al cual pertenecen o fuera de la jornada respectiva, como son las actividades de índole político, ya sea en días hábiles o inhábiles, siendo útil agregar que dicha prohibición afecta a todos los servidores, autoridades o funcionarios, que emplean vehículos sujetos al citado decreto ley.

Cabe destacar, que las eventuales infracciones a los preceptos del aludido cuerpo legal, serán investigadas y sancionadas directamente por esta Entidad Fiscalizadora, con arreglo a las atribuciones que le confiere esa misma normativa.

3.- Recursos financieros.

Los recursos financieros con que cuentan los organismos públicos, sea que integren o no sus presupuestos, deben destinarse exclusivamente al logro de los objetivos propios de tales entidades, fijados tanto en la Constitución Política como en las leyes respectivas, y administrarse de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, contenida en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y demás normas especiales relativas a la materia.

En este sentido, es útil recordar lo dispuesto en el artículo 25 de ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, según el cual los órganos de la Administración del Estado, las empresas del Estado y aquellas en que éste, sus empresas, sociedades o instituciones tengan participación no pueden efectuar, directa o indirectamente, aportes de campaña electoral en favor de los candidatos y partidos políticos.

De igual modo, el artículo 53 de la misma ley N° 19.884, indica que "Durante el período de campaña electoral los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, las empresas públicas y las municipalidades, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquéllos que tengan por objeto informar a las usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan"; restricciones que el artículo 3° de la ley N° 19.896, impuso con independencia de períodos de campaña electoral.

Debe señalarse, asimismo, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 de la citada ley N° 19.884, la responsabilidad administrativa de los funcionarios de la Administración del Estado que pudiere resultar como consecuencia de cualquier infracción a las disposiciones de ese cuerpo legal, se hará efectiva directa y exclusivamente a través de un procedimiento disciplinario que llevará a efecto esta Contraloría General.

Agrega la misma disposición, que cualquier persona podrá deducir la correspondiente denuncia directamente a este Órgano Fiscalizador, acompañando los antecedentes en que se funde.

VII.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

La contratación de servicios no personales por parte de las organismos del Estado deberá corresponder a labores específicas que puedan ser identificadas y cuantificadas y su pago se verificará una vez que la entidad estatal constate su efectiva ejecución, lo cual deberá ser debidamente acreditado.

Este Organismo de Control examinará la legalidad de estos gastos cuando corresponda, comprendiéndose tanto aquellas que se imputen al subtítulo 22 del clasificador presupuestario, contenido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, como aquéllos que queden comprendidos en proyectos aprobados y en transferencias para fines específicos, según las condiciones fijadas en las glosas presupuestarias pertinentes o en los respectivos convenios.

Especial énfasis se dará a la revisión de pagos por publicidad, difusión, comunicación y otros análogos, en conformidad con lo dispuesto en las leyes N°s 19.884 y 19.896.

En cuanto a los contratos a honorarios y a los convenios que involucren la prestación de servicios personales, este Organismo de Control fiscalizará especialmente las tareas encomendadas a las personas contratadas a honorarios respecto a su efectiva ejecución y al cumplimiento de horarios de trabajo, cuando corresponda, velando, desde luego, par la correcta emisión de los informes que en cada caso se contemplen en el respectivo contrato.

Sobre el particular, debe darse cumplimiento a las disposiciones de los artículos 11 de la ley N° 18.834 y 4° de la ley N° 18.883, teniendo presente que las labores realizadas deben corresponder a aquellas contempladas en los contratos respectivos, relacionadas siempre con los objetivos de la institución de que se trate.

Respecto de aquellos funcionarios que además tengan contratos a honorarios, se debe hacer presente que esas funciones deben ser realizadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, según lo dispuesto en los artículos 87, letra b), de la ley N° 18.834 y 85, letra b), de la ley N° 18.883.

Por último, deberá darse cabal aplicación a lo dispuesto en el artículo 16 del decreto ley N° 1.608, de 1976, reglamentado por el decreto N° 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda, que establece !as modalidades a las que deberá ajustarse la celebración de convenios que involucren la prestación de servicios personales con personas naturales.

Debe, asimismo, tenerse presente que la celebración de convenios sobre prestación de servicios personales con personas jurídicas se debe ajustar a lo previsto en el Capítulo XII del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

La Contraloría General de la República debe insistir que durante este período previo a las elecciones, debe existir en las autoridades y jefaturas, una significativa preocupación y extremo cuidado en dar estricto cumplimiento a las normas que regulan estas contrataciones, lo que será materia de fiscalizaciones de rigor.

VIII.-	CUMPLIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ESTAS INSTRUCCIONES.

Las respectivas autoridades deberán adoptar todas las medidas que procedan a fin de dar la debida y oportuna publicidad a las presentes instrucciones al interior del correspondiente organismo y, además, velar por su estricto cumplimiento.

IX.-	CONCLUSIONES.

El ordenamiento jurídico impone a los funcionarios públicos la obligación de desempeñar su cargo con estricto apego al principio de probidad administrativa, por lo que deben observar una conducta funcionaria intachable, con absoluta preeminencia del interés público por sobre los intereses particulares.

En este contexto, cabe tener presente que, acorde lo dispuesto en el artículo 62 de la aludida ley N° 18.575, contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, las conductas que esa disposición señala, de manera que quien infringe tales deberes puede ser sancionado incluso con la medida disciplinaria de destitución o de término de la relación laboral.

Entre tales conductas, y con ocasión del presente instructivo, deben destacarse, particularmente, las que enseguida se enumeran:

1.- Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros, incluyendo candidaturas, tendencias o partidos políticos.

2.- Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, incluyendo la participación en campañas, reuniones o proclamaciones de carácter político.

Por tanto, los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en el ejercicio del cargo y dentro de la jornada, toda actividad política, emplear con propósitos proselitistas recursos públicos, sean bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, y en general, cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública incluidos, por cierto, los equipos computacionales o sistemas de información digital que los Órganos de la Administración del Estado colocan a su disposición para el cumplimiento de las labores que el ordenamiento jurídico les encarga.

3.- Ejercer la autoridad que ha conferido la ley a los bienes de la Institución para fines electorales, valiéndose del cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos.

Conforme a lo antes señalado, no pueden los funcionarios, durante el ejercicio de sus funciones, llamar a votar por candidatos determinados, ni por conglomerados constituidos para fines políticos electorales. Tampoco pueden permitir que los beneficios que el Estado otorgue sean identificadas en su entrega real por candidato alguno.

Del mismo modo, los funcionarios no pueden discriminar en la convocatoria a ceremonias públicas que tengan por objeto concretar las funciones de las servicios que dirigen o a los cuales pertenecen, en desmedro o con favoritismo de candidatos legalmente inscritos, puesto que ello atenta contra los fines esenciales que debe resguardar toda funcionario en atención a la servicialidad que caracteriza la actuación estatal.

4.- Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

5.- Disponer contrataciones de servicios no personales o a honorarios para finalidades ajenas a los objetivos del servicio o políticos.

Es del caso reiterar que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, están obligadas a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia, por lo que quienes sirven estos cargos están obligados, por la naturaleza de la posición que ocupan, de velar por el cumplimiento de las normas que en el presente instructivo se recuerdan.

Cabe enfatizar que esta Contraloría General se encuentra en el imperativo de investigar las infracciones a los deberes de probidad administrativa y de velar por el adecuado resguardo de los bienes y recursos públicos, debiendo perseguir las responsabilidades administrativas que deriven de su incumplimiento y aplicar las sanciones que el Derecho establezca, de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida, incluyendo la destitución o término de la relación laboral, si corresponde.

Publíquese en el Diario Oficial

El presente instructivo se encuentra también disponible en el sitio web www.contraloria.cl.

NOTA: Dictamen 10440/2009 debe decir 10550/2009
             Dictamen 41762/2009 debe decir 41762/2006  



Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República