Dictamen N° 48673

Texto del dictamen

N° 48.673 Fecha: 16-X-2008

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Julio Arnado Aracena, solicitando un pronunciamiento acerca de la compatibilidad de un cargo municipal, con los de miembro de directorios de una junta de vecinos y de una unión comunal de juntas de vecinos, y asimismo con el de consejero del Consejo Económico y Social Comunal, entidades todas correspondientes al territorio de la comuna en cuya municipalidad se desempeña el respectivo funcionario.

Sobre el particular, cabe consignar que al tenor del artículo 2°, letra b) de la ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por decreto N° 58, de 1997, del Ministerio de Interior-, las juntas de vecinos constituyen organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal, destinadas a promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades; y, las uniones comunales de aquéllas, según el artículo 48 del mismo texto legal, persiguen la integración y el desarrollo de sus organizaciones afiliadas y la realización de actividades educativas y de capacitación de los vecinos, encontrándose además facultadas para asumir la defensa de los intereses de las juntas de vecinos en las esferas gubernamentales, legislativas y municipales, si les fueren requeridas.

Luego, el Consejo Económico y Social Comunal es un órgano municipal y quienes lo integran ejercen una función pública, atendida la naturaleza de las labores encomendadas a dicho cuerpo colegiado en el artículo 94 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cual es, la de ser un órgano asesor de la municipalidad, compuesto por representantes de la comunidad local, que tiene por objeto asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la comuna, encontrándose por ende los consejeros afectos al mandato constitucional del principio de probidad en sus actuaciones.

En este orden de ideas, es necesario consignar que tanto la ley N° 19.418, que regula a las juntas de vecinos y a las uniones comunales de éstas; como la ley N° 18.695, que regula el Consejo Económico y Social Comunal; y los diferentes textos legales de carácter estatutario que rigen al personal municipal, no contemplan disposición alguna que impida a un funcionario municipal postular y formar parte de alguno de los recién anotados órganos.

No obstante lo precedentemente expuesto, procede tener presente que el artículo 8° de la Constitución Política de la República, consagra el principio de probidad en el ejercicio de las funciones públicas, el cual obliga a sus titulares a darle estricto cumplimiento en todas sus actuaciones.

A su vez, los artículos 13 y 52 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, texto aplicable a las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, calidad que reviste el personal municipal, establecen que el principio de probidad administrativa impone el deber de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

De este modo, el funcionario municipal sobre quien recae la denuncia, para no incurrir en conductas que comprometan la probidad administrativa, debe abstenerse de participar o intervenir en asuntos que se sometan al conocimiento o resolución del municipio al cual pertenece, relativos a la junta de vecinos o a la unión comunal de juntas de vecinos cuyos directorios integra, evitando así beneficios o tratos especiales en desmedro de otras organizaciones comunitarias (aplica dictámenes N°s. 45.466, de 2002; 25.108, de 2003, y 3.817, de 2006).

Igualmente, el empleado municipal que precisamente en razón de su calidad de miembro y dirigente de las organizaciones comunitarias territoriales vecinales, integra también el Consejo Económico y Social Comunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 18.695, se encuentra doblemente afecto al principio de probidad, tanto en lo que se refiere a su desempeño como consejero -en virtud del artículo 8° de la Constitución Política-, como en el ejercicio del cargo municipal en que se encuentra designado -en razón de la normativa ya comentada de la ley N° 18.575-, vínculos jurídicos de derecho público que le imponen el imperativo de la observancia del principio en comento.

En este contexto, el servidor de que se trata debe tener en especial consideración las actuaciones que vulneran el principio de probidad, señaladas en el artículo 62 de la ley N° 18.575, como sucede con las contempladas en el N° 1, en lo relativo a usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; en el N° 2 del mismo precepto legal, en lo referido a hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o un tercero; y, en el N° 4 de la misma disposición, en orden a ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.