Dictamen N° 22951

Texto del dictamen

N° 22.951	Fecha: 16-V-2008

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Diputado Roberto Sepúlveda Hermosilla, solicitando se investiguen presuntas irregularidades en la determinación del Alcalde de la Municipalidad de Maipú, de designar en comisión de servicio a  Jefa de Personal del municipio, para el cumplimiento de funciones relativas al estudio y elaboración del Plan de Rehabilitación del Edificio Consistorial y al estudio, registro y administración del catastro de seguros vigentes de los inmuebles municipales.

Señala que las labores que comprende la referida comisión serían ajenas a los conocimientos de la afectada y de menor jerarquía que las funciones que ésta actualmente realiza, como asimismo que no se ha dispuesto de un lugar físico adecuado para su desempeño.

Requerido informe de la Municipalidad de Maipú, ésta se sirvió evacuarlo mediante el oficio N° 1200/012, de 2008.

Sobre la materia, cabe señalar, en primer término, que el artículo 72 de la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece que los funcionarios municipales podrán ser designados por el alcalde en comisión de servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo, en la misma municipalidad, sea en el territorio nacional o en el extranjero. En caso alguno estas comisiones podrán significar el desempeño de funciones de inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste requiere o a la municipalidad.

Por su parte, el inciso primero, del artículo 73 del mismo texto legal dispone, que los funcionarios no podrán ser designados en comisión de servicio, durante más de tres meses, en cada año calendario, tanto en el territorio nacional cómo en el extranjero.

Como puede advertirse, el citado Estatuto admite la posibilidad que un funcionario municipal, en virtud de una comisión de servicio, cumpla en el mismo municipio funciones ajenas a su cargo, en la medida que éstas no sean de menor jerarquía a las del cargo o ajenas a los conocimientos que éste requiere o a la entidad edilicia, todo ello, con una duración máxima de tres meses en el mismo año calendario.

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, se ha podido determinar que mediante el decreto N° 31, de 2 de enero de 2008, la Municipalidad de Maipú designó en comisión de servicio, por tres meses a contar de la notificación de ese decreto, a la servidora, a fin de que efectuara el estudio del Plan de Rehabilitación del Edificio Consistorial -tanto en los aspectos físicos y mobiliarios, como también en lo correspondiente a la mayor eficiencia en su uso por parte de las diversas unidades municipales- y el estudio, registro y administración del catastro de seguros vigentes de los inmuebles municipales.

Al respecto, y teniendo en consideración que la afectada, en razón de su cargo, cumple funciones relativas a la administración de personal, es posible entender que las labores asignadas en virtud de la referida comisión, no siendo las propias de esa plaza, se encuentran vinculadas con los conocimientos que ésta requiere, ya que dicen relación con lineamientos generales de política municipal y de planificación y su desempeño requiere un conocimiento del recurso humano municipal y de las condiciones físicas que éste necesita.

Cabe hacer presente, asimismo que, a diferencia de lo sostenido en la presentación,   tales funciones resultan plenamente conciliables con el título de Administrador Público que posee la afectada.

A su vez, cabe consignar que las funciones que debe cumplir la funcionaria son acordes con su nivel jerárquico y su desempeño no importa un cambio de dependencia jerárquica, toda vez que, según se advierte del tenor del decreto que ordenó la citada comisión; los informes que emita deben ser reportados directamente al Director de Administración y Finanzas, de quien continuará dependiendo.

Debe también tenerse presente que la comisión de servicio de que se trata no puede extenderse más allá de tres meses desde su notificación a la afectada, límite que, en todo caso, resulta concordante con lo expresado en el referido decreto alcaldicio.

Por otra parte y en cuanto al reclamo que se formula en relación con las condiciones físicas en las que se debería cumplir la referida comisión, cabe consignar que, según lo informado por el municipio, el lugar de trabajo que se habilitó al efecto contaría con los elementos necesarios para el desempeño de la labor encomendada, tales como, luz natural y artificial, ventilación, mobiliario, computador, teléfono y baño exclusivo para damas.

En tal entendido, se advierte que en la especie se han proporcionado las condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad para el cumplimiento de la comisión de que se trata, sin que existan antecedentes que den cuenta que se ha vulnerado el principio de dignidad de la función pública, consagrado en el artículo 17 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En este contexto, es posible concluir que la comisión de servicio de que se trata se ha ajustado a derecho, por cuanto se ha dado cumplimiento a los presupuestos contemplados en los artículos 72 y 73 de la ley N° 18.883 (aplica criterio contenido en el dictamen N° 5.682, de 2007).