Dictamen N° 21787

Texto del dictamen

N° 21.787	Fecha: 9-V-2008

Se ha dirigido a esta Contraloría General,  Jefe del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Vichuquén, solicitando la reconsideración del dictamen N° 3.731, de 2006, de la Contraloría Regional del Maule, respecto del no pago de las remuneraciones que indica, derivado de sumas que habría percibido indebidamente.

Requiere, además, la condonación o el otorgamiento de facilidades para el reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, de aquellos emolumentos que percibió en forma indebida y cuyo reintegro se encuentra pendiente.

Por otra parte, el recurrente reclama por el incumplimiento del dictamen N° 63, de 2006, de la Contraloría Regional del Maule, solicitando que se persigan las responsabilidades consiguientes que se deriven de ese incumplimiento.

Requerido,	su informe, la Municipalidad de Vichuquén lo evacuó mediante oficio Ord. N° 464, de 2007.

En primer término, en cuanto a la solicitud de reconsideración del citado dictamen N° 3.731, de 2006, resulta útil recordar que éste resolvió, en síntesis, que ese municipio se ajustó a derecho al descontar las remuneraciones del recurrente correspondientes a los meses de diciembre de 2005 y de enero y febrero de 2006, toda vez que esa medida tuvo por objeto el reintegro de sumas que le fueran pagadas indebidamente durante períodos en que aquél se ausentó de sus labores, al serle rechazadas, por la institución previsional de salud respectiva, determinadas licencias médicas.

Sobre el particular, cumple con señalar que de conformidad con la jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en el dictamen N° 49.749, de 2002, las municipalidades pueden descontar directamente de las remuneraciones de los funcionarios de su dependencia las sumas que hayan percibido indebidamente, por el tiempo que no trabajaron amparados en licencias médicas rechazadas por la institución de salud previsional respectiva.

En este contexto, dado que de los antecedentes acompañados, consta que el recurrente ha percibido indebidamente montos pagados en exceso por la Municipalidad de Vichuquén, al haber hecho uso de licencias médicas rechazadas, no cabe sino concluir que se ha generado una deuda a favor del servicio, por razones no imputables al mismo, circunstancia que ha habilitado a esa entidad edilicia para descontar las sumas indebidamente percibidas.

No obstante y en relación con la alegación formulada por el recurrente en orden a que los descuentos de que se trata se habrían efectuado en forma abusiva, debe tenerse presente que la atribución municipal de efectuar descuentos por días no trabajados, en ningún caso puede ser ejercida de manera arbitraria o discriminatoria, en armonía con lo puntualizado, entre otros, en el dictamen N° 46.595, de 2000.

En efecto, esa atribución no puede importar una vulneración de las garantías individuales de igualdad ante la ley y de libertad de trabajo y su protección, en lo relativo a su justa remuneración, consagradas en el artículo 19, N°s 2 y 16, respectivamente, de la Constitución Política de la República, debiendo ser ejercida con pleno respeto al principio de juridicidad, el que lleva implícito la racionalidad y la proporcionalidad en el actuar de los órganos de la Administración del Estado, evitando todo abuso o exceso, de acuerdo con los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Pues bien, de la documentación que obra en poder de este órgano Fiscalizador y lo informado por ese municipio, se colige que el procedimiento adoptado por éste para tales efectos no se adecuó a lo precedentemente expresado, ya que no se limitó a descontar determinadas sumas de las remuneraciones correspondientes a los meses de diciembre de 2005 y de enero y febrero de 2006 del recurrente, sino que significó la privación de la totalidad de estos estipendios.

Siendo ello así, es necesario que la autoridad alcaldicia ordene la instrucción del proceso administrativo de rigor, tendiente a determinar las causas y eventuales responsabilidades comprometidas por la forma indebida en que se efectuaron los referidos descuentos, dando cuenta de ello a esta Entidad Fiscalizadora.

Sin perjuicio de lo expresado, respecto de aquellas sumas percibidas indebidamente por el afectado y cuyo reintegro se encuentra actualmente pendiente, cumple con informar que, atendida la cuantía de lo adeudado, han sido remitidos los antecedentes respectivos a la Subdivisión de Auditoría e Inspección de la División de Municipalidades de esta Contraloría General, a fin de que se pronuncie sobre la solicitud de condonación o facilidades para la devolución de esos pagos o reintegros, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 67 de la ley N° 10.336 y en la resolución N° 118, de 1962, de esta Entidad de Control, reglamentaria de la citada norma legal, de lo cual se informará oportunamente (aplica criterio contenido en el dictamen N° 21.748, de 2004).

Por otra parte, en lo concerniente al incumplimiento del dictamen N° 63, de 2006, de la Contraloría Regional del Maule, es oportuno consignar que éste resolvió, en lo pertinente, que debía pagarse a recurrente las asignaciones de experiencia y de responsabilidad directiva que le corresponden por encontrarse sujeto a las disposiciones de la ley N° 19.070 -Estatuto de los Profesionales de la Educación-, en su calidad de Director del Departamento de Administración de Educación Municipal.

Precisado lo anterior, es del caso anotar que en su informe, la Municipalidad de Vichuquén hace presente que, a su juicio, no corresponde el pago resuelto en el citado dictamen N° 63, de 2006, puesto que, en su opinión, el reclamante ha percibido con creces las asignaciones que reclama si se considera que, por aplicación errónea a su respecto de normas del Código del Trabajo, desde el año 1991 se le han concedido beneficios pecuniarios que no le correspondían.

Alega, en subsidio, que las sumas en comento se encontrarían prescritas y que, de no estimarse ello pertinente, resultaría procedente compensar las asignaciones no pagadas con el monto que adeuda el funcionario por licencias médicas rechazadas.

En la especie, corresponde aclarar que la circunstancia que  haya percibido estipendios en forma irregular, ya sea por no corresponder a su régimen estatutario o como consecuencia de licencias médicas rechazadas, no habilita a la autoridad para compensar esas sumas con las asignaciones que aquél reclama, pues no existe norma legal que lo autorice (aplica criterio contenido en el dictamen N° 40.012, de 2005).

Ello no obsta a la atribución del municipio de exigir el reintegro de las sumas que habrían sido percibidas indebidamente -lo que, en todo caso, no ha sido acreditado en esta instancia- sin perjuicio de tener en consideración al efecto la norma general de prescripción contemplada en el artículo 2515 del Código Civil.

Ahora bien, en relación con la prescripción del derecho a percibir las asignaciones materia del dictamen N° 63, de 2006, debe puntualizarse que esa prescripción opera en el plazo de dos años contados desde la fecha en que tal derecho se hizo exigible, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 480 del Código del Trabajo, norma aplicable supletoriamente a los profesionales de la educación del sector municipal, con arreglo al artículo 71 del Estatuto Docente.

En este orden de consideraciones, dable es manifestar que acorde con la documentación analizada, aparece que el recurrente requirió ante la Contraloría Regional del Maule el reconocimiento de los citados beneficios el 1 de marzo de 2005 -sin que exista constancia que, con anterioridad a esa data, lo haya impetrado ante el municipio-, interrumpiendo con ello la prescripción de los mismos.

Así las cosas, es imperioso concluir que el profesional de la educación de que se trata tiene derecho al pago retroactivo de las asignaciones de experiencia y de responsabilidad directiva adeudadas, a contar de los últimos dos años hacia atrás desde la fecha en que interpuso su reclamo, vale decir, a contar del 1 de marzo de 2003, encontrándose el período anterior a esta data prescrito, según el aludido artículo 480 del Código del Trabajo (aplica dictamen N° 36.353, de 2007).

Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, corresponde que la Municipalidad de Vichuquén adopte las medidas tendientes a regularizar la situación del afectado, pagando las asignaciones que adeuda al peticionario, en los términos antes indicados e informar sobre las mismas a este Organismo de Control en el plazo de diez días, contado desde la fecha de recepción del presente documento.

En este sentido, debe recordarse que, acorde con lo dispuesto en el artículo 9°, inciso final, de la ley N° 10.336, los pronunciamientos que emite esta Contraloría General revisten fuerza obligatoria para los órganos de la Administración del Estado, de modo que su incumplimiento puede hacer incurrir a los funcionarios renuentes en responsabilidades administrativas (aplica criterio contenido en el dictamen N° 51.534, de 2007).

Se precisan, aclaran y complementan, en los términos descritos en el cuerpo del presente oficio, los dictámenes N°s 3.731 y 63, ambos de 2006, de la Contraloría Regional del Maule.