Dictamen N° 827

Texto del dictamen

N° 827  Fecha: 8-I-2008

Se ha dirigido a este Organismo de Control el Alcalde de la Municipalidad de Aysén, solicitando la reconsideración del dictamen N° 1.504, de 2006, de la Contraloría Regional de Aysén, mediante el cual se concluyó que ese municipio debía dejar sin efecto el decreto alcaldicio N° 208, de 2006, que contrató a honorarios a la señora C.C. desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, por encontrarse afectada por la inhabilidad que contempla el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, ya que tiene la calidad de cónyuge del  Secretario Comunal de Planificación de ese municipio.

Sobre la materia, cabe señalar que el artículo 54 de la ley N° 18.575, establece en su letra b), que son inhábiles para ingresar a cargos de la Administración del Estado, las personas que tienen la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.

A su vez, el artículo 64, del texto legal citado, previene que las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el aludido artículo 54. En el mismo acto deberá presentar la renuncia a su cargo o función, salvo que la inhabilidad derivare de la designación posterior de un directivo superior, caso en el cual el subalterno en funciones deberá ser destinado a una dependencia en que no exista entre ellos una relación jerárquica.

A lo anterior, es menester añadir que las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas contempladas en los artículos 54, 55 y 56 de la ley N° 18.575, son aplicables a las personas contratadas a honorarios, en virtud de lo dispuesto en el inciso octavo, del artículo 5° de la Ley N° 19.896.

Precisado lo anterior, menester resulta destacar que la jurisprudencia de este Organismo de Fiscalización ha manifestado que las disposiciones contenidas en el Título III, de la ley N° 18.575, que consagran y resguardan el principio de probidad administrativa, deben ser observadas por todos quienes ejercen alguna función pública, cualquiera sea su naturaleza o jerarquía, sin que el legislador distinga sobre las calidades en que se sirven los empleos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 11.023, de 2006).

Ahora bien, dado que en la situación planteada, por decreto alcaldicio N° 520, de 2004, el señor J.S., fue nombrado en calidad de suplente como Secretario Comunal de Planificación, a contar del 15 de diciembre de 2004 y hasta el 9 de junio de 2005, data a contar de la cual fue designado titular en ese cargo, según consta en el decreto N° 358, del mismo año, es dable concluir que a la señora le favoreció la norma contemplada en artículo 64 de la ley N° 18.575, ya que su cónyuge fue designado en un cargo directivo con posterioridad a su desempeño en el municipio bajo la modalidad de un contrato a honorarios, el cual regía a contar del 2 de enero de 2004, razón por la que pudo cumplir su función en esa calidad hasta el 31 de diciembre de 2004, como lo estipulaba su contrato aprobado por el decreto N° 62, de ese mismo año.

En relación con lo anterior, es del caso aclarar que la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en el dictamen N° 42.447, de 2000, ha manifestado que la inhabilidad prevista en el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, resulta aplicable en aquellos casos en que el funcionario que cumpla las respectivas funciones de dirección, las sirva como subrogante o suplente.

En lo concerniente a las posteriores contrataciones a honorarios, de las cuales dan cuenta los decretos N°s 3.702, de 2004, 325 y 650, ambos de 2005 y 208, de 2006, dable es manifestar que la cónyuge mantuvo su vinculación con el municipio, dado que se trató de renovaciones que se dispusieron sin solución de continuidad, desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2006, por ende, continuó amparada por la norma de excepción contemplada en el artículo 64 de la ley N° 18.575, que la habilitó para permanecer desempeñándose en el municipio, pero en una oficina de distinta dependencia a la de su marido, como aconteció, precisamente, en la especie (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 42.447, de 2000 y 25.031, de 2001).

En consecuencia, no cabe sino concluir que el decreto N° 208, de 2006, que contrató a honorarios a la señora, se encuentra ajustado a derecho, motivo por el cual se reconsidera el dictamen N° 1.504, de 2006, de la Contraloría Regional de Aysén, en los términos precedentemente expuestos.