Dictamen N° 55884

Texto del dictamen

N° 55.884	Fecha: 7-XII-2007

Se ha dirigido a esta Contraloría General don H. M., grado 9° de la planta de jefaturas de la Municipalidad de San Miguel y Presidente de la Asociación N° 1 de funcionarios de ese municipio, solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad de la destinación de que fue objeto, dispuesta por el decreto N° 317, de 2007, mediante el cual fue trasladado desde el Juzgado de Policía Local al Departamento de Tesorería de la Dirección de Administración y Finanzas.

Señala en su presentación, que es dirigente gremial de la citada asociación de funcionarios, motivo por el cual, en conformidad con lo señalado en el inciso segundo, del artículo 25°, de la ley N° 19.296, que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, goza de fuero hasta seis meses contados desde mayo de 2008 -fecha en la que vence su período como Presidente de esa Asociación-, habiéndose omitido a su respecto, la autorización por escrito que esa norma prescribe para cambiarlo de funciones.

Por otra parte, estima que las funciones que le asignaron en el Departamento de Tesorería, no corresponderían al grado 9°, de la planta de jefaturas, habiéndosele destinado como Jefe de la Sección de Ingresos, cargo inexistente en la planta de esa entidad edilicia, por lo que considera además, vulnerado el artículo 70°, inciso segundo, de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 'Municipales, que establece que la destinación implica prestar servicios en funciones de la misma jerarquía.

Requerido informe a la Municipalidad de San Miguel, ésta lo evacuó mediante el oficio N° 29/607,de 2007, informando que la medida se debió a que el Juez de Policía Local puso a disposición del Alcalde al señor H.S., por motivo de las constantes ausencias injustificadas e incumplimiento de sus funciones.

Por otra parte, manifiesta que el fuero gremial no es aplicable en este caso, al reconocer el artículo 1° de la ley N° 19.296, el derecho a la asociación en el ámbito de la Administración del Estado y no respecto de los órganos que integran el Poder Judicial, como, a su juicio, acontece con los Juzgados de Policía Local.

Además, señala que el Alcalde no puede afectar la dirección y administración de los Juzgados de Policía Local, por pertenecer al Poder Judicial y, en este contexto, sólo le cabe dar cumplimiento a la decisión del Juez respectivo de su comuna, cuando puso a su disposición al recurrente.

Finalmente, señala que con la destinación dispuesta no se transgredió el artículo 70 de la ley N° 18.883, dado que las funciones del personal subalterno de los Juzgados de Policía Local se encontrarían indeterminadas, al no haberse dictado el Reglamento pertinente.

En relación con la materia y en primer término, es útil recordar que según lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 15.231, los Jueces de Policía Local son independientes de toda autoridad municipal y se encuentran sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones.

Como puede apreciarse y contrariamente al parecer sostenido por ese Municipio, de la norma precitada fluye inequívocamente que son sólo los referidos Jueces de Policía Local los que se encuentran afectos a la supervigilancia directiva y correccional de la correspondiente Corte de Apelaciones, de lo que se sigue, en consecuencia, que el resto del personal que se desempeña en esos tribunales -que forman parte de la estructura orgánica de los respectivos municipios- son funcionarios municipales y, como tales, su regulación laboral es la contenida en la ley N° 18.883 (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 29.928, de 1984 y 23.612, de 1999).

Corrobora lo expuesto, lo prescrito en los incisos primero y segundo, ambos del artículo 47°, de la ley N° 15.231, al disponer que el nombramiento del personal de esos tribunales -incluidos los Secretarios-, lo efectuarán los Alcaldes respectivos.

Siendo ello así, entonces, es claro que la normativa contenida en las citadas leyes N°s. 18.883 y 19.296, es plenamente aplicable al personal que se desempeña en esos Tribunales, con la sola excepción antes mencionada, referida a los Jueces de Policía Local.

Enseguida, debe tenerse en consideración que el artículo 25°, de la ley N° 19.296, dispone, en lo que interesa, que desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato, los dirigentes gremiales gozarán de fuero, no pudiendo ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito.

Así las cosas, la función a que se refiere la disposición legal citada, no puede entenderse como comprensiva de cualquier labor que sea compatible con el cargo que ocupa el dirigente gremial, ya que ello significaría que el fuero establecido en ese precepto no tendría efecto jurídico alguno, porque los servidores públicos deben desempeñar las funciones propias de su empleo, en conformidad con lo establecido en los artículos 43, inciso tercero, de la ley N° 18.695 y 70, de la ley N° 18.883 (aplica dictamen N° 20.111, de 2007).

De este modo, debe entenderse que lo que pretendió el legislador fue otorgar un derecho especial a los dirigentes gremiales, que la legislación no les confiere en virtud de su sola condición de empleados públicos, y que consiste en el derecho a continuar desarrollando las mismas tareas que cumplían a la fecha de su correspondiente elección (aplica dictamen N° 23.862, de 2004).

Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control ha señalado que si bien los dirigentes gremiales se encuentran protegidos por un fuero que les asegura el derecho a no ser trasladados de la localidad en que se desempeñan o a ser cambiados de funciones, ello, sin embargo, no puede afectar el ejercicio de las atribuciones que competen a las autoridades del respectivo Servicio para disponer la adecuación o reestructuración de las dependencias del mismo, cuando las circunstancias así lo exijan, más aún cuando esta reorganización interna encuentra su fundamento en el artículo 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto éste dispone que las autoridades deberán velar por la eficiencia de los servicios públicos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 64.487, de 2004, entre otros).

De lo previamente expuesto, puede colegirse que el ejercicio de una atribución como la señalada, cuya finalidad última es la de mejorar la labor del respectivo organismo en virtud de consideraciones de bien común, no puede ser restringida por una norma destinada a amparar una actividad gremial que, pese a su importancia, resguarda esencialmente el interés de los afiliados a la respectiva asociación de funcionarios, a diferencia de aquella que encuentra su fundamento en el logro eficiente de las atribuciones de un municipio, lo que beneficia a toda la comunidad.

No obstante lo expresado precedentemente, en la especie, no existe evidencia alguna de que la medida administrativa que afecta a don H. M. haya tenido su origen en un proceso de adecuación o reestructuración de las dependencias del Servicio, por lo que cabe concluir que la destinación dispuesta a su respecto no se ajustó a derecho, pues vulneró el fuero gremial que lo ampara, consagrado en el artículo 25 de la ley N° 19.296, motivo por el cual se acoge su reclamación, debiendo restablecerse a su respecto el imperio del derecho, dando cumplimiento al presente dictamen.