Dictamen N° 55587

Texto del dictamen

N° 55.587 Fecha: 6-XII-2007

Se ha dirigido a esta Contraloría General, el Alcalde de la Municipalidad de Cartagena, solicitando la reconsideración del oficio N° 5.172, de 2007, de la Contraloría Regional de Valparaíso, por medio del cual, atendiendo una consulta de dicha autoridad, se expresó que, en consideración a la existencia de una condena que afectó a don A.A. y de acuerdo a lo previsto en el artículo 64 de la ley N° 18.575, éste se encontraba inhabilitado para continuar desempeñando, en la indicada entidad edilicia, el cargo de Secretario Comunal de Planificación.

Sobre el particular, el ocurrente sostiene en su presentación que, como consecuencia de la referida condena, el señor A.A. presentó, el día 2 de enero de 2007, la renuncia al aludido empleo, la que le fue debidamente aceptada, por medio del decreto N° 2, de igual fecha, de la indicada Corporación Municipal.

Pues bien, dado que posteriormente dicha persona acompañó un certificado del Registro Civil e Identificación en el que no se registraba ninguna anotación que impidiera su ingreso a la Administración, y atendida la necesidad de contar con sus servicios, a través del decreto N° 652, de 11 de mayo de 2007, de la Municipalidad de Cartagena, se procedió a designarlo, a contar del 8 de mayo de 2007, en el mismo cargo que servía antes de su dimisión, esto es, en el de Secretario Comunal de Planificación.

Agrega que, al enviar para su registro el decreto en cuya virtud se aprobaba esta nueva designación, solicitó a la Contraloría Regional de Valparaíso, un pronunciamiento respecto de la procedencia de esa medida, lo que, en definitiva, dio origen al mencionado oficio, respecto del cual, en esta oportunidad, solicita su reconsideración.

En relación con la materia, es necesario manifestar que, según lo prescrito en el artículo 54, letra c), de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no pueden ingresar a desempeñar cargos de la Administración las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.

Del mismo modo, en el artículo 10, letra f), de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, se dispone que para ingresar a una municipalidad es necesario no hallarse condenado por crimen o simple delito.

Como puede advertirse, el impedimento para ingresar a la Administración Pública y, en lo que ahora nos ocupa, a una municipalidad, está dado por la existencia de una sentencia condenatoria por un crimen o simple delito en contra de la persona de que se trate.

En este sentido, es necesario anotar que resulta válido entender, tal como lo hizo la Contraloría Regional de Valparaíso al emitir su oficio N° 5.172, de 2007, que ninguna persona que haya sido objeto de alguna condena, puede ingresar a la Administración, más aún si, como ocurre en la especie, el interesado ha sido condenado en más de una oportunidad.

Ahora bien, a propósito de la solicitud de reconsideración en examen, se ha efectuado un nuevo estudio de la situación que nos ocupa, pudiendo apreciarse que las dos primeras condenas que afectaron al señor A.A., no constituían obstáculo para que el indicado Alcalde lo designara, por primera vez, en un cargo municipal, ya que, respecto de la primera de ellas, aquél gozaba de los beneficios establecidos en la ley N° 18.216 y, en cuanto a la segunda, del derecho que le confiere el artículo 21 de la ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Sobre el particular, corresponde señalar que al momento de emitirse el oficio en cuestión, se desconocía la situación antes descrita, en especial lo que dice relación con el goce del beneficio indicado en último término, por lo que en aquél se concluyó que la primera designación del señor A.A., no se encontraba ajustada a derecho.

Al respecto, resulta forzoso destacar que, según lo ordenado en el inciso primero del artículo 29 de la ley N° 18.216, el otorgamiento por sentencia ejecutoriada de alguno de los beneficios previstos en ese texto legal, esto es, remisión condicional de la pena, reclusión nocturna o libertad vigilada, a quienes no hayan sido condenados anteriormente, tiene mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que dio origen la sentencia condenatoria.

Conforme a lo señalado en el inciso segundo de la misma disposición legal, el cumplimiento satisfactorio de las citadas medidas alternativas produce la eliminación definitiva de tales antecedentes prontuariales, "para todos los efectos legales y administrativos".

En este orden de ideas, resulta útil anotar que esta Contraloría General a través de sus dictámenes N°s. 12.919, de 1990, 25.411, de 1994 y 34.348, de 2002, entre otros, ha precisado que la concesión de alguno de los beneficios de que trata la ley N° 18.216, cuando se traduce, conforme a lo prescrito en el artículo 29 de ese texto legal, en la omisión de antecedentes prontuariales, tiene el alcance de hacer desaparecer los efectos de la condena, de modo que debe considerarse al favorecido como si no la hubiese sufrido, para todos los efectos legales y administrativos.

Ahora bien, teniendo en consideración lo ya expresado y en especial lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N° 18.216, corresponde informar que la primera condena que afectó al señor A.A., como consecuencia de habérsele otorgado en ella uno de los beneficios consagrados en dicho cuerpo legal, no lo inhabilitó para que pudiera ser designado en el cargo en estudio, toda vez que ella no pudo ser incorporada en el certificado que se debe tener en consideración para disponer su nombramiento y, por consiguiente, no pudo inhibir esa decisión administrativa.

Por otra parte, en cuanto a la segunda condena que afectó al señor A.A., es necesario hacer presente que, según los antecedentes acompañados en esta oportunidad, aparece que, una vez satisfecha la multa que le fue impuesta, aquél hizo uso del derecho que le confiere el artículo 21 de la mencionada ley N° 19.628, según el cual los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.

Pues bien, conforme a lo anterior -según informe que ahora se acompaña-, el Servicio de Registro Civil e Identificación omitió registrar en el certificado de antecedentes de dicha persona, las dos penas precedentemente aludidas, lo que permitió su ingreso al cargo municipal de que se trata.

Finalmente, en cuanto a la sentencia de 15 de diciembre de 2006, emitida por el Juzgado de Garantía de San Antonio, esto es, a la época en que el señor A.A. ya poseía la calidad de funcionario de la Municipalidad de Cartagena, y en cuya virtud aquél fue condenado por tercera vez, es necesario hacer presente que un estudio de los efectos que ella ocasionaba en su calidad de servidor público, permite afirmar que, tal como lo expresó la Contraloría Regional de Valparaíso, aquél debía cesar en su empleo.

Al respecto, es útil destacar que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 64 de la ley N° 18.575, si un funcionario es condenado por un crimen o simple delito, debe presentar su renuncia, dentro del plazo de diez días, al respectivo cargo o función.

En estas condiciones, cabe señalar que .en atención a lo prescrito en la referida norma legal y a los antecedentes. aportados por la indicada autoridad edilicia en su primera solicitud de pronunciamiento, que daban cuenta de esta última condena impuesta a la persona de que se trata, la citada Contraloría Regional, en aplicación de lo ordenado en dicho precepto orgánico, procedió a declarar que, en la especie, se había configurado la inhabilidad sobreviniente prevista en el citado precepto legal.

En consideración a lo expresado, en el oficio N° 5.172, de 2007, en examen, se concluyó que el mencionado servidor se encontraba impedido para continuar ejerciendo el empleo que, hasta ese momento, desempeñaba, tal como, de acuerdo a la mencionada preceptiva, correspondía y como, efectivamente, sucedió ya que, según los documentos tenidos a la vista, el señor A.A. presentó su renuncia a la plaza que desempeñaba.

Precisado lo anterior, es necesario manifestar que, efectuado un análisis de los nuevos antecedentes acompañados por el peticionario en su solicitud de reconsideración, en especial del informe del Servicio de Registro Civil e Identificación, se ha podido apreciar que la sentencia de 15 de diciembre de 2006, del Juzgado de Garantía de San Antonio, antes mencionada, también fue omitida del correspondiente certificado de antecedentes, toda vez que, nuevamente, el señor A.A. se amparó en el derecho que, para tales fines, le confiere el ya citado artículo 21 de la ley N° 19.628, por lo que el nombramiento dispuesto por el Alcalde ocurrente con posterioridad a ella, no puede ser objetado en consideración a la existencia de dicha resolución judicial.

En relación con lo anotado, es menester hacer presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del decreto N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, el certificado de antecedentes "es un documento público que acredita si una persona determinada registra anotaciones judiciales en su prontuario", de lo que se colige que si este instrumento es emitido con exclusión de tales anotaciones, en virtud de una disposición legal que así lo ordena, el favorecido con la omisión o eliminación de esos antecedentes prontuariales debe ser considerado como si no hubiese sufrido condena alguna, para todos los efectos legales y administrativos.

En este sentido, cabe recordar que aquel certificado es el documento que la correspondiente autoridad, debe tener a la vista para los fines que nos ocupan, como quiera que a través de él se acredita oficialmente la existencia de cualquier condena y, por ende, la omisión de ellas, realizadas conforme a derecho, implica que no deben tenerse por existentes para los fines de que se trata.

En consecuencia, cumple esta Contraloría General con informar que la última condena de que ha sido objeto don A.A., no ha constituido un impedimento para que el Alcalde de la Municipalidad de Cartagena haya dispuesto su nombramiento en el cargo de Secretario Comunal de Planificación.

Reconsidérase el oficio N° 5.172, de 2007, de la Contraloría Regional de Valparaíso.