Dictamen N° 3959

Texto del dictamen

N° 3.959 Fecha: 24-I-2006

Gendarmería de Chile ha solicitado un pronunciamiento que precise si la inhabilidad prevista en el artículo 54, letra b), de Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, afecta a los aspirantes a oficiales o vigilantes alumnos que posean, con alguno de los funcionarios pertenecientes a las plantas de Oficiales Penitenciarios o de Vigilantes Penitenciarios de ese organismo, cualquiera de los vínculos a que alude esa disposición legal.

Expresa dicha entidad, que si bien el personal de que se trata se encuentra sujeto al Estatuto Administrativo, este cuerpo legal sólo les resulta aplicable en los aspectos no previstos en el estatuto especial contemplado en el DFL N° 1.791, de 1979, del Ministerio de Justicia, según lo ordenado en los artículos 1° de este texto normativo y 162 de Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Agrega, que como el texto citado en primer término regula, entre otras materias, el ingreso, nombramiento, ascensos o promociones de los mencionados servidores, no podrían aplicarse respecto de ellos disposiciones del estatuto general relativas a teles materias, dado que no concurriría el supuesto necesario para ello, cual es, que dichos aspectos no se encuentren regladas en un estatuto especial.

En relación con lo expresado, es útil anotar que, en la especie, no se trata de la aplicación supletoria de alguna disposición contenida en Ley N° 18.834, sino que de una normativa de carácter general contemplada en Ley N° 18.575 y que dice relación con el principio de probidad administrativa que se regula en su Título III, el que, conforme a lo ordenado en su artículo 52, resulta aplicable a todos los funcionarios de la Administración.

Ahora bien, no obstante lo anterior y aun cuando el citado artículo 54 se encuentra comprendido en el mencionado Titulo, en la letra b) del mismo expresamente se establece que la prohibición que en ella se consagra y que, evidentemente, también pretende amparar el principio de probidad, sólo rige tratándose de la Administración "civil", dentro de la que, según lo dispuesto en el artículo 1° de la referida Ley N° 18.575, se encuentra comprendida la institución ocurrente.

En efecto, de acuerdo con lo prescrito en el mencionado literal, sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos de la Administración del Estado "las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración 'civil' del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive".

Como puede advertirse, la referida inhabilidad afecta a las personas ligadas por alguno de los señalados vínculos con cualquiera de los funcionarios que dicho precepto indica y que, además, se desempeñen en el organismo de la administración civil del Estado al que aquéllos deseen ingresar.

Al respecto, es necesario hacer presente que, según aparece de la historia fidedigna del establecimiento de la norma que nos ocupa, la intención del legislador en cuanto a hacerla aplicable a la Administración civil, tuvo por objeto dejar fuera de su alcance sólo a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

Sobre el particular, es preciso consignar que en las actas de la sesión N° 13, de 4 de julio de 1996, de la Cámara de Diputados, al tratarse Ley N° 19.653, que incorporó en Ley N° 18.575 la disposición que nos ocupa, se deja constancia de la intervención del diputado que se señala, quien al referirse a la prohibición en estudio, expresa que "he considerado conveniente presentar una indicación que excepcione de esta inhabilidad al personal de las Fuerzas Armadas y al de Orden y Seguridad Pública, pues es conocido por todos que es tradición, costumbre o hábito que los hijos, nietos y parientes más cercanos a sus miembros, conserven el deseo de perseverar en la profesión que ejercieran sus padres, abuelos y parientes".

Por su parte, en el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, relativo a la misma normativa, se expresa que "no se consultan por ahora disposiciones respecto de los oficiales generales dé las Fuerzas Armadas y de los niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" y que "la Comisión tuvo en cuenta que según las prácticas tradicionales de estas instituciones se considera un honor que los vástagos de una familia abracen la carrera que adoptaron sus ancestros, motivo por el cual no es posible aplicar el mismo marco que se establece para los empleados civiles de la administración del Estado". En igual sentido, en el segundo informe de la misma Comisión, se señala que se acogió una indicación para precisar que la inhabilidad en estudio sólo se aplica cuando el organismo al cual se postula forma parte de "la administración civil del Estado".

De lo anterior se desprende que la finalidad de la expresión "civil" empleada en la letra b) del artículo 54 de Ley N° 18.575, no es otra que la de excluir de la prohibición de ingreso que en dicha disposición se prevé, sólo a las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública, dentro de las que no se encuentra comprendida Gendarmería de Chile.

En efecto, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 101 de la Constitución Política, las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y, por su parte; las de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones.

En virtud de lo expresado, es dable manifestar que la prohibición en estudio resulta plenamente aplicable respecto del personal de las plantas de Oficiales Penitenciarios y Vigilantes Penitenciarios de Gendarmería de Chile, ya que esta entidad integra la Administración civil del Estado a que alude la mencionada norma legal.

Por consiguiente, cumple esta Contraloría General con informar que quienes posean alguno de los vínculos a que se refiere la letra b) del artículo 54 de Ley N° 18.575 con alguno de los señalados servidores, se encuentran imposibilitados para ingresar al organismo ocurrente.