Dictamen N° 42557

Texto del dictamen

N° 42.557 Fecha: 12-IX-2005

Se han dirigido a esta Contraloría General miembros del Sindicato de Trabajadores N° 2 de la Empresa Periodística La Nación S.A., quienes solicitan un pronunciamiento acerca de la legalidad de las materias a tratar por la Junta General Extraordinaria de Accionistas que indican.

Los recurrentes reclaman, en lo sustantivo que dentro de las materias a tratar se encuentra la división de la mencionada empresa en una sociedad anónima que continuaría el giro de la anterior y otra que tendría a su cargo parte de ese giro, en la cual también participaría el Fisco; y, asimismo, la disminución del capital de la entidad en un monto igual al que tendrá la nueva sociedad, cuya denominación será Puerto Madero Impresores S.A., procedimiento que, a juicio de los recurrentes, no se ajustaría a la ley y a través del cual se pretendería privatizar la empresa, sin participación alguna de los trabajadores.

Acerca de las presentaciones en referencia, la citada empresa periodística ha emitido un informe documentado, en el cual expone, en síntesis, que ella debe su existencia jurídica a la manifestación de voluntad efectuada por el Fisco de Chile y un conjunto de particulares que mediante escritura pública, de 14 de mayo de 1934, decidieron someterse a las normas del derecho privado y establecieron una sociedad anónima, con su actual denominación; que el DL. N° 111, de 1932, citado por los recurrentes, en ningún caso creó la actual empresa, sino que tuvo por objeto derogar las disposiciones anteriores relacionadas con la empresa periodística "La Nación" y fijar las atribuciones de un Consejo Técnico, encargado de reorganizar la empresa y estudiar y proponer el financiamiento y la futura organización que el Estado desee darle a la empresa, y que en virtud de esas facultades delegadas, esta entidad colegiada optó por la formación de una Sociedad Anónima, con la cual comenzaría la existencia legal de la actual empresa que sólo se regiría por el contrato de sociedad antes señalado, agregando que de esta manera, tiene la naturaleza jurídica de una Sociedad Anónima cerrada en la cual el Fisco es accionista mayoritario.

En el mismo sentido plantea que de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia administrativa y judicial esa Entidad no forma parte de la Administración del Estado, y que el acuerdo de división de que reclaman los peticionarios, se efectuó con estricto cumplimiento de la ley y el reglamento sobre Sociedades Anónimas.

Sobre la materia, cabe señalar, en primer término, y en lo que interesa, que mediante el DFL. N° 241, de 1931, se dispone que la Empresa Periodística "La Nación" tendrá personalidad jurídica y se regirá por las disposiciones de ese decreto con fuerza de ley.

Posteriormente, el DL. N° 111, de 1932, derogó el último texto legal aludido y todas las demás disposiciones referentes a la citada empresa periodística que se habían dictado hasta la data de su entrada en vigencia.

El artículo 2° de dicho decreto ley establece que la Empresa Periodística "La Nación" tendrá personalidad jurídica, señala cuáles son sus bienes y capital, y precisa que su objeto será editar los diarios "La Nación", "Los Tiempos", el "Diario Oficial" y otras publicaciones que se estimen convenientes, y ejecutar trabajos de imprenta en general.

El mismo ordenamiento legal contempla la existencia de un Consejo, al que conforme a su artículo 4° le corresponderá, además de la administración general de la empresa, entre otras, la obligación de proponer la organización que el Estado desee darle a la misma, "ya sea como entidad socializada, simplemente dependiente del Estado o de acuerdo con cualquier otra modalidad".

En concordancia con lo anterior, conforme a la escritura pública otorgada el 14 de mayo de 1934, y actos administrativos ratificatorios pertinentes, la empresa adoptó la forma de una sociedad anónima, en la que, en la actualidad, el fisco tiene en su capital una participación mayoritaria de alrededor del 70%.

Ahora bien, en relación con el asunto planteado es importante consignar que según aparece de la preceptiva expuesta, en la especie la ley ha previsto la existencia de una entidad con determinadas características, a la cual le asigna el cumplimiento de ciertos cometidos.

Al respecto es del caso destacar que el precitado DL. N° 111, de 1932, es el único texto legal que se refiere a esta materia específica, y que asimismo éste no ha sido derogado, ni tácita ni expresamente, por disposiciones posteriores, ni puede entenderse que lo haya sido por el acuerdo societario ni por los actos administrativos a que alude la empresa en su informe, toda vez que ninguno de ellos posee rango legal.

De esta manera, y en razón de lo anterior, cualquiera sea la forma de organización que la empresa haya asumido, ésta debe necesariamente respetar el marco que imponen esas disposiciones legales, así como las demás que correspondan.

Lo anterior se traduce, en lo que toca a este pronunciamiento, en que el objeto asignado por la ley a la empresa de que se trata -que por aplicación de los mecanismos legales previstos al efecto se constituyó como una determinada sociedad anónima-, corresponde precisamente a ésta y no a otra, sin que, por ende, resulte admisible que la misma se divida dando origen a otra sociedad que desarrolle parte de ese objeto.

En tales condiciones, la división de la entidad, por cualquier vía que no se funde en la dictación de otra norma legal que específicamente así lo disponga, importaría una transgresión al precitado artículo 2° del DL. N° 111, de 1932.

Por otro lado, además de lo expresado, cabe asimismo considerar que en este caso la actividad empresarial en que, en el ámbito de las publicaciones y de los trabajos de imprenta, participa el Estado a través de la indicada sociedad anónima, tiene precisamente su fundamento legal en el antedicho artículo 2° del DL. N° 111, precepto que tiene el rango de ley de quórum calificado según lo dispuesto en la disposición transitoria Quinta de la Carta Fundamental y para los efectos de cumplir la exigencia contemplada en el artículo 19, N° 21, inciso segundo, del mismo Texto Supremo.

Pues bien, en la especie dicha autorización legal habilita al Estado para desarrollar las labores empresariales a que alude, no en términos genéricos, sino precisamente a través de la entidad cuya determinación la propia ley previó.

No se advierte, entonces, con qué fundamento normativo el Estado podría participar en ella a través de una entidad distinta, como sucedería en el caso de la división en que incide la consulta.

Adicionalmente, y en armonía con lo ya manifestado, es del caso tener presente que de conformidad con lo ordenado en el artículo 6° de Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, éste podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales, y sucede que, en la especie, la habilitación legal para participar en una entidad ajena a dicha Administración está referida precisamente al organismo cuya determinación la ley previó -esto es la Empresa Periodística La Nación S.A.-, de modo que mal puede hacerse extensiva a nuevas entidades.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la división de la Empresa Periodística La Nación S.A., no se ajusta a derecho, por infringir el DL. N° 111, de 1932, en los términos señalados, e igualmente, que el Fisco no puede concurrir a la formación de la nueva sociedad resultante, ni, por tanto, a la aprobación de la división que da origen a la misma, por cuanto, además de lo anterior, no cuenta con atribuciones para ello de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.