Dictamen N° 25599

Texto del dictamen

N° 25.599	Fecha: 18-VI-2003

La Contraloría Regional de La Araucanía, ha remitido a esta Sede Central en fotocopia el decreto N° 19, de 2003, de la Municipalidad de Lonquimay, mediante el cual se aprueba el contrato a honorarios del abogado señor M.P., de acuerdo al inciso segundo, del artículo 4°, de la Ley N° 18.883, con el objeto de que emita un pronunciamiento respecto a su procedencia, considerando que dicha persona ostenta el cargo de Juez de Policía Local de dicha comuna.

Sobre el particular, y teniendo presente que los Jueces de Policía Local tienen la calidad de funcionarios municipales, corresponde referirse en primer término, a la norma de incompatibilidad establecida en el inciso primero, del artículo 5°, de la Ley N° 15.231, cuyo texto refundido se encuentra en el decreto N° 307, de 1978, de Justicia, que al efecto dispone que el cargo de Juez de Policía Local es incompatible con cualquier otro de la Municipalidad donde desempeña sus funciones y con el de Juez de otra comuna.

A este respecto, resulta necesario precisar que las incompatibilidades de cargos son prohibiciones que la ley establece destinadas a evitar que ciertos funcionarios ejerzan simultáneamente otros cargos dentro de la administración, atendida la especial condición que invisten.

En este contexto, resulta evidente que la prohibición que contempla el inciso 1° del citado artículo 5°, de la Ley N° 15.231, en cuanto a que el cargo de Juez de Policía Local es incompatible con cualquier otro de la Municipalidad, está referida a la imposibilidad de que ejerza paralelamente como "funcionario municipal", ya sea en calidad de planta o a contrata, otras labores dentro del municipio, pero en ningún caso afecta la posibilidad de ejercer funciones en calidad de contratado a honorarios, toda vez que así lo permite la letra b), del artículo 85, de la Ley N° 18.883, siempre que las funciones se efectúen fuera de la jornada ordinaria de trabajo y que puedan cumplirse física y materialmente.

A este respecto, sin embargo, conviene expresar que en el desempeño de las funciones encomendadas en virtud de un contrato a honorarios, debe observarse el principio de la probidad administrativa, el que se encuentra regulado en el Título III, de la Ley N° 18.575, por cuanto los contratados a honorarios, si bien no son funcionarios públicos propiamente tales, tienen el carácter de servidores estatales, por prestar servicios al Estado mediante un contrato suscrito con un organismo público. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 53.630, de 2002).

Puntualizado lo anterior, menester resulta advertir que el contrato a honorarios por el que se consulta en la especie, no se ajusta a lo informado por la reiterada jurisprudencia de esta Contraloría contenida, entre otros, en el dictamen N° 1.399, de 2003, emitido con ocasión de una consulta referida a un convenio de esa misma naturaleza suscrito, precisamente, con la Municipalidad de Lonquimay.

En efecto, el aludido pronunciamiento, sostuvo que la prestación de servicios debe incidir en algún cometido, es decir, en tareas puntuales, las que deben ser individualizadas en forma precisa y determinada y circunscritas a un objetivo especial, pero sin que proceda, que por esta vía, se encomiende a una persona distintas tareas que, en conjunto, implican el desarrollo de cometidos genéricos, lo que ocurría en el caso analizado en esa oportunidad, el que es del todo similar al que ahora se plantea, en que se le asigna al prestatario una pluralidad de tareas, que significan en la práctica el desempeño de un cargo público que sería desarrollado por una persona que carece de la calidad de funcionario de la respectiva entidad edilicia, lo que, por cierto, no estuvo en el ánimo del legislador al dictar la norma contenida en el inciso segundo, del artículo 4°, de la Ley N° 18.883.

En estas condiciones, y como las labores que por el decreto N° 19, de 2003, se encomiendan a interesado, no dicen relación con algún cometido, sino que, por el contrario, con una generalidad de tareas, las que corresponde que sean desempeñadas por personal de la Municipalidad, esa Oficina Regional deberá registrar el citado documento, observándolo por cuanto no corresponde que se desempeñen tales labores a través de un contrato a honorarios; sin perjuicio de tener además, presente las consideraciones vertidas en el cuerpo de este oficio, referentes a la posibilidad de que un Juez de Policía Local pueda desempeñarse en el mismo municipio, en virtud de un contrato a honorarios.