Dictamen N° 56311

Texto del dictamen

N° 56.311         Fecha: 23-VII-2014

Se ha dirigido a esta Contraloría General la Corporación de Fomento de la Producción, para solicitar la revisión del oficio N° 17.235, de 2014, de esta procedencia, mediante el cual se representó la resolución N° 373, de 2013, de ese organismo, que resuelve el certamen llamado para un cargo de jefe de departamento y nombra a don Abel Ignacio Benítez Calderón, remitiéndola nuevamente a este Órgano Fiscalizador, para su toma de razón, dado que, a diferencia de lo expresado en el referido oficio, estima que no resultaría necesario que el interesado cumpla el requisito de tres años de desempeño previsto en el artículo 8°, letra a), de la ley N° 18.834, toda vez que concursó en calidad de suplente y no de funcionario a contrata.

Por su parte, han acudido a esta Entidad de Control las señoras Patricia Schmidt Acharán, Mónica Noelia Eugenin Arce, Débora Francisca Vidal Rojas, María Macarena Brzovic Cabrera y María Paz Hermosilla Cornejo; como asimismo, los señores René Fernando Ramírez Valenzuela, Guillermo Rafael Pizarro Pizarro -representado por su abogado, don José Ignacio Núñez Leiva-, José Luis Rodríguez Bravo y Luis Felipe Contreras Acuña; todos requiriendo la reconsideración de los oficios que singularizan, mediante los cuales esta Institución Fiscalizadora representó los actos a través de los que se les designaba en empleos de jefe de departamento en los organismos que se indican, por cuanto tampoco dieron cumplimiento al tiempo servido de tres años, requerido para participar en los respectivos concursos por el aludido artículo 8°, decisión que no comparten.

En ese sentido, los recurrentes igualmente consideran que el anotado lapso sólo afecta a los funcionarios a contrata y no a los que ocupan una plaza de planta en suplencia, citando en apoyo de su tesis la jurisprudencia contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 9.662, de 2006 y 13.618, de 2007, ambos de este origen, dado que el primero de éstos señala que quienes ejercen de suplentes, lo hacen con todas las facultades, prerrogativas y derechos propios del cargo, y el segundo de ellos, añade que la normativa no exige a estos últimos un período de desempeño anterior para postular a los certámenes en comento.

Al respecto, debe expresarse que el artículo 8° de la ley N° 18.834, en lo que interesa, dispone que las plazas de jefe de departamento serán de carrera y se someterán a las reglas especiales que establece, precisándose en la letra a) de dicho precepto, que la provisión de éstas se hará mediante concursos en los que podrán participar los funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y servicios regidos por el Estatuto Administrativo que cumplan con los requisitos pertinentes, agregando que en el caso de los empleos a contrata se requerirá haberse desempeñado en tal condición, a lo menos, durante los tres años previos.

Luego, es dable recordar que acorde a lo indicado en la letra f), del artículo 3°, de la ley N° 18.834, la carrera funcionaria es aplicable al personal titular de planta, distinguiendo la norma, de este modo, a los titulares, en relación con los suplentes y subrogantes, que son las otras dos modalidades de ejercicio de un cargo de planta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 4° del mismo texto legal.

Asimismo, cabe añadir que según el artículo 6° del Estatuto Administrativo, la carrera funcionaria se inicia con el ingreso en calidad de titular a un empleo de la planta, y se extiende hasta los de jerarquía inmediatamente inferior a los de exclusiva confianza, de lo que se colige que en las referidas plazas de jefe de departamento se manifiesta la culminación de aquélla. 

A su turno, es útil destacar que el artículo 4° de la ley N° 18.834 tipifica a la suplencia, por su naturaleza, como un vínculo esencialmente transitorio con la Administración, atendido que únicamente procede ante la ausencia temporal del titular de un cargo, o mientras éste se provee, tal como se precisó en el dictamen N° 37.546, de 2009, de este origen.

De la preceptiva señalada y la jurisprudencia de este origen, expresada en los dictámenes Nos 24.232, de 2004 y 55.663, de 2008, es menester concluir que si una persona ajena a la Administración ejerce en condición de suplente, aun cuando desempeñe una plaza de planta, se encuentra al margen de la carrera funcionaria.

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que, si bien la parte final de la letra a) del citado artículo 8° no alude a la situación de quien ejerce una suplencia, regulando la hipótesis de los empleados que postulan a los certámenes en estudio ocupando un cargo a contrata -también ajeno a la carrera funcionaria, conforme aparece del mencionado cuerpo estatutario-, es dable colegir que la indicada disposición es igualmente aplicable al desempeño de un servidor en calidad de suplente, puesto que existe la misma razón para restringir la participación tanto de un suplente como de un funcionario a contrata.

En efecto, de la historia del establecimiento de la ley N° 19.882, contenida entre otros, en el mensaje con que el Ejecutivo acompañó la respectiva iniciativa legislativa a la Cámara de Diputados, aparece que en la materia, la voluntad tanto del Gobierno como del Congreso, fue la de modernizar y profesionalizar la carrera funcionaria, ampliándola a niveles jerárquicos superiores en las plantas de directivos de carrera, objetivo que se vería notoriamente afectado si se permitiera, sin más, la participación en los certámenes que nos ocupan de quienes no forman parte de ella.

En consecuencia, acorde con lo expresado, la concurrencia a este tipo de procesos de selección no puede determinarse en base a una interpretación exclusivamente literal, pues con ello se vulneraría, además, el principio de igualdad, porque por un lado se asimilaría a los servidores titulares con los suplentes, y, por otro, se privilegiaría a estos últimos frente a los que se desempeñan a contrata, menoscabando así la carrera del resto de los funcionarios, que constituye un derecho fundamental de los empleados de la Administración, y del cual el sistema de promociones es uno de sus pilares. 

Efectuada la precisión anterior, es menester añadir que los beneficios que se conceden a los funcionarios que ejercen empleos en calidad de suplentes son excepcionales y, por tanto, de interpretación restringida, como se ha declarado en el dictamen N° 72.825, de 2009, de este Ente Contralor, y, asimismo, que algunos de los elementos de la contrata coinciden con los que distinguen a la suplencia, principalmente en que ambas son esencialmente transitorias, lo que en ese sentido permite equipararlas, de acuerdo al criterio expuesto en el dictamen N° 24.490, de 2014, de esta procedencia.

De este modo, establecidas las consideraciones que anteceden, y teniendo especialmente presente que los cargos de suplentes son ajenos a la carrera funcionaria, que en cuanto a su transitoriedad son equivalentes a las plazas a contrata, que los beneficios que se les reconocen son de interpretación restrictiva, cabe concluir que no es posible entender la participación de los suplentes en los concursos en cuestión en condiciones similares a las de un titular, resultando imperativo, además, en resguardo del principio de la igualdad, restringir la postulación de quienes sirven dichos cargos, sujetándola al cumplimiento del mismo lapso de desempeño que la preceptiva prevé para los empleos a contrata -en esa u otra calidad, como ha admitido la jurisprudencia de este origen-, el cual comprende, a lo menos, los tres años previos al certamen.

En otro contexto, y en lo relativo a la situación de don René Fernando Ramírez Valenzuela y doña María Macarena Brzovic Cabrera, es útil señalar que del estudio de los antecedentes se ha podido corroborar que ambos recurrentes reúnen más de tres años, considerando sus desempeños a contrata y como suplentes, cumpliendo así la exigencia dispuesta en el citado artículo 8°, por lo que sus designaciones en el Servicio Nacional de la Mujer y en el Instituto Nacional de Deportes de Chile, respectivamente, resultan procedentes, atendido lo cual los pertinentes actos administrativos deberán ser reingresados para su control previo de legalidad.

Atendido lo expuesto, por una parte, se confirma el criterio contenido en los oficios Nos 17.235, 17.431, 17.434, 17.746, 29.816 y 43.665, todos de 2014, y, por otra, se reconsideran, en lo pertinente, los dictámenes Nos 9.662, de 2006, 13.618, de 2007, 51.379 y 58.437, ambos de 2008, 71.629, de 2009, 68.753, de 2010, 63.688, de 2011; todos de este origen.

Transcríbase a los interesados, a la Subsecretaría del Interior, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a la Subsecretaría de Obras Públicas, a la Subsecretaría de Servicios Sociales, al Servicio Nacional de la Mujer, al Instituto Nacional de Deportes de Chile, a la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Área de Personal de la Administración de la División de Personal de la Administración del Estado, de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.


Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República