Dictamen N° 8208

Texto del dictamen

N° 8.208        Fecha: 8-II-2011

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Hertha Eugenia Muñoz Escobar, funcionaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, con desempeño en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, para solicitar la reconsideración de lo resuelto en el dictamen N° 56.411, de 2009, de esta Entidad Fiscalizadora.

Acorde con dicho pronunciamiento, se habría ajustado a derecho el rechazo de la postulación de la interesada al concurso interno de encasillamiento efectuado para proveer cargos en la planta de profesionales de la mencionada repartición, por cuanto la recurrente no cumplía con el requisito señalado en el artículo cuarto transitorio, número 1), letra a), del D.F.L. N° 33, de 2008, que fijó la planta del personal del aludido Servicio de Salud, esto es, haberse desempeñado en calidad a contrata, al menos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de ese decreto con fuerza de ley. 

En relación con lo anterior, la solicitante alega que se habrían encasillado a funcionarios a contrata que no cumplían con el mencionado requisito de antigüedad, por lo que requiere que se evalúe si se produjo un vicio en el referido procedimiento.

Al respecto cumple con indicar que de acuerdo a los registros de este Organismo Contralor, mediante resolución   N° 1.203, de 2009, del referido Servicio de Salud, se encasilló a contar del 1 de julio de 2008, a las personas y en los grados que se indican de la Planta de Profesionales de esa institución, acto administrativo que fue tomado razón por esta Entidad con fecha 28 de mayo de 2009, por estimar que se encontraba ajustado a derecho, sin que se haya tenido conocimiento de eventuales irregularidades como la mencionada por la peticionaria, sobre la que no resulta posible emitir un pronunciamiento, atendidos los términos genéricos e imprecisos en que ha sido formulada. 

En consecuencia, considerando que no se advierte la existencia de nuevos antecedentes o argumentos que ameriten la reconsideración de lo sostenido en el citado dictamen N° 56.411, de 2009, en lo relativo a la situación particular de la señora Muñoz Escobar, no cabe sino desestimar la solicitud de la especie y ratificar dicho pronunciamiento. 

Enseguida, la recurrente señala que, posteriormente, en un nuevo concurso interno convocado para proveer cargos en la planta de profesionales, cuyas bases administrativas fueron aprobadas mediante resolución exenta N° 321, de 2009, del aludido Servicio de Salud, nuevamente se le habría discriminado por no cumplir, esta vez, el requisito educacional fijado por las citadas pautas, en circunstancias que otros funcionarios habrían quedado encasillados en la aludida planta sin tener que cumplir con ninguna exigencia profesional, por lo que solicita se le otorgue esa misma posibilidad.

A este respecto, cumple con indicar que la situación de la interesada ya fue objeto de análisis y pronunciamiento por parte de este Órgano Fiscalizador, que mediante el oficio N° 24.249, de 2010, le informó, en síntesis, que si bien su diploma de Tecnólogo en Administración de Personal, otorgado por la Universidad de Santiago de Chile, reuniría los requisitos propios de un título profesional, el que, además, conforme a lo previsto en el D.L. N° 479, de 1974, permite impetrar el pago de la asignación profesional, lo cierto es que no la habilita para desempeñar un cargo de la planta profesional del Servicio de que se trata, toda vez que ésta exige como requisito mínimo contar con un título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, presupuesto que no se cumple en este caso.

Añade el citado dictamen, que no obstante lo anterior, la servidora se encuentra en condiciones de permanecer como funcionaria a contrata, asimilada al grado 16 del citado estamento, al amparo de la norma de protección del artículo tercero transitorio de la ley N° 20.209.

Por consiguiente, atendidas las consideraciones expresadas, no resulta posible acceder a lo solicitado por la señora Muñoz Escobar. 

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República