Dictamen N° 2986

Texto del dictamen

N° 2.986	       Fecha: 17-I-2011
Se ha dirigido a esta Contraloría General doña María Isabel Valenzuela Ampuero, funcionaria que fuera encasillada en el grado 17 de la E.U.S., del estamento administrativo del Servicio Electoral, para reclamar en contra de esa determinación, toda vez que, en su opinión, reuniría los requisitos para haber sido ubicada en un cargo de la Planta Técnica de esa repartición, al poseer el título de Secretaria Ejecutiva Bilingüe, conferido por el Centro de Formación Técnica Instituto de Secretariado -INSEC-, en calidad de técnico de nivel superior, lo que habría acreditado aportando el correspondiente certificado durante el proceso de encasillamiento, antecedente que fue desestimado por esa entidad.

Requerido su informe, la institución involucrada ha manifestado, en síntesis, que el certificado en cuestión no especifica el total de horas impartidas en la carrera cursada por la interesada, como tampoco la circunstancia de que el título de que da cuenta tenga la calidad de técnico de nivel superior, no existiendo un pronunciamiento de esta Entidad Fiscalizadora que haya determinado esto último, por lo que, en definitiva, dicho documento no fue considerado para los efectos del encasillamiento de esa servidora y, por ende, en tal proceso no se dispuso su nombramiento en el estamento de técnicos. 
Sobre el particular, es menester anotar que el artículo primero transitorio de la ley N° 20.395, texto legal cuyo artículo único introdujo modificaciones a la ley N° 18.583, Orgánica Constitucional que fija la Planta del Servicio Electoral, facultó a su Director para disponer, dentro del plazo que indica, el encasillamiento de su personal, debiendo, en primer lugar, encasillar a los titulares de cargos de la planta, en las condiciones que establece, para luego proceder con el personal a contrata en las vacantes que queden, de conformidad con el ordenamiento por grado resultante del proceso calificatorio vigente al momento del encasillamiento y la antigüedad y calificación que precisa. 
Enseguida, corresponde expresar que la letra c) del artículo segundo transitorio de la citada ley N° 20.395 previene, en lo que interesa, que en la planta de técnicos se encasillarán los funcionarios titulares y a contrata, pertenecientes al escalafón de Oficiales Administrativos -como es el caso de la peticionaria-, que tengan título Técnico de Nivel Superior o equivalente, otorgado por Establecimientos de Educación del Estado o reconocidos por éste. 

En este contexto, cabe indicar que de conformidad con los nuevos antecedentes tenidos a la vista, en especial, el Certificado de Título emitido por el Centro de Formación Técnica INSEC, se advierte que la señora Valenzuela Ampuero obtuvo el título de Secretaria Ejecutiva Bilingüe, el 25 de agosto de 1993.
Ahora bien, con respecto a la calidad del diploma en cuestión, es menester recordar que según lo señalado en el artículo 31 de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza -vigente a la época en que fueron impartidos los estudios en análisis-, el título de Técnico de Nivel Superior es el que se otorgaba a un egresado de un Centro de Formación Técnica o de un Instituto Profesional que ha aprobado un programa de estudios de una duración mínima de mil seiscientas horas de clases, que le confieren la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional.
En las condiciones anotadas, es necesario expresar que si bien el diploma técnico con que cuenta la requirente no fue otorgado con la mención precisa de ser de nivel superior, es dable colegir que, a la luz de la preceptiva analizada, necesariamente ese título posee tal condición al haber sido otorgado por un Centro de Formación Técnica, los cuales sólo están habilitados para otorgar títulos de técnico de nivel superior, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de este Ente Contralor contenida en el dictamen N° 24.754, de 2001, entre otros, y según, actualmente, se expresa en el artículo 54 del D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005.  
De este modo, en mérito de lo expuesto, resulta forzoso concluir que el diploma de la afectada reviste la naturaleza de un título técnico de nivel superior, por lo que, en virtud de ese antecedente, a la servidora le correspondía haber sido encasillada en un grado de la planta técnica del Servicio y no en el grado 17 de la E.U.S., del estamento administrativo, como fue dispuesto mediante resolución N° 14, de 2010, de esa institución. 
Expresado lo anterior, corresponde anotar que si bien la autoridad administrativa tiene la obligación de dejar sin efecto los actos administrativos ilegales o que descansen en supuestos erróneos, aun cuando hayan sido cursados sin objeciones, como acontece en el caso en examen, la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 10.677, de 1994; 7.348, de 2008 y 2.091, de 2010, ha señalado que su invalidación está limitada por la necesidad de mantener la estabilidad de las situaciones jurídicas creadas a su amparo, porque no pueden desconocerse los efectos de aquéllos, particularmente, cuando dichas consecuencias afectan los derechos de terceros y se han originado bajo la presunción de legalidad, derivada de la toma de razón del acto defectuoso. 
En ese entendido, procede que la autoridad administrativa adopte las medidas tendientes a corregir el vicio detectado, para lo cual deberá contratar a la afectada como técnico, asimilándola al grado 12 de la E.U.S., que es el grado que, de acuerdo con el análisis de los nuevos antecedentes allegados a esta Contraloría General, le habría correspondido a la recurrente de haber sido correctamente encasillada, designación que deberá ser prorrogada en las mismas condiciones hasta que se produzca una vacante en ese cargo en la planta técnica de la Institución, oportunidad en que deberá nombrarse a esa servidora en dicho empleo, en calidad de titular, conforme al criterio jurisprudencial expresado por esta Entidad Fiscalizadora en casos como el de la especie, a través de los dictámenes Nos 29.215, de 1995; 25.479, de 1999, y  47.966, de 2000, entre otros. 

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República