Dictamen N° 64655

Texto del dictamen

N° 64.655                       Fecha: 17-X-2012

Se ha dirigido a esta Entidad de Control la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados solicitando información acerca de si efectivamente se da cumplimiento a lo preceptuado en la ley N° 20.238, en orden a excluir de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios de la Administración del Estado, a las empresas condenadas por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Requerido su informe, la Dirección del Trabajo señala, en síntesis, que en razón de lo preceptuado en los artículos 294 bis y 390 bis del Código del Trabajo, le asiste la obligación de llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales y desleales, las que le son remitidas por los Tribunales de Justicia, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras.

Agrega que su función se limita a informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública la nómina actualizada de las empresas condenadas por prácticas antisindicales, así como de las que lo hayan sido por vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores, lo que realiza de manera ininterrumpida desde el año 2008, habiéndose celebrado, para tales fines, un convenio de colaboración entre ambos organismos, suscrito con fecha 20 de enero de 2009, el cual adjunta a su informe.

Por su parte, la Dirección de Compras y Contratación Pública informa que ha dispuesto a partir de la entrada en vigencia de la ley N° 20.238, así como del decreto N° 1.763, de 2009, del Ministerio de Hacienda que modificó el decreto N° 250, de 2004, de esa Secretaría de Estado, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886 -de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios-, las medidas para eliminar del registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a su cargo, a aquellas personas y empresas condenadas por las conductas antijurídicas antes expuestas, así como el despliegue de la información pertinente a las entidades públicas a las cuales se les aplica la referida ley N° 19.886.

Además, indica que en sus propios procesos de contratación ha exigido el cumplimiento de la normativa sobre la inhabilidad en examen, para lo cual requiere las correspondientes declaraciones juradas a los oferentes o contratantes, sin perjuicio de validar tal información con los datos de que dispone el citado registro.

Sobre el particular, cabe tener presente que el artículo 1° de la ley N° 19.886 establece que el ámbito de aplicación de tal cuerpo normativo y de su reglamento comprende a todos los contratos que celebren, a título oneroso, los organismos de la Administración del Estado que indica, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones. 

Enseguida, el inciso primero del artículo 4° del recién citado texto legal, modificado por el artículo único, N° 1, letra a), de la ley N° 20.238, dispone la exclusión para contratar con la Administración de quienes al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

A su vez, el artículo 16 del aludido cuerpo normativo crea un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previniendo que los organismos públicos podrán exigir a los proveedores su inscripción en dicho registro para poder suscribir los contratos definitivos. Por su parte, conforme el artículo 30, letra f), de esa ley, corresponde a la citada Dirección administrar, mantener actualizado y licitar la operación del referido protocolo, el que denomina Registro de Contratistas y Proveedores. 

A su turno, el artículo 92, N° 7), del anotado decreto N° 250, de 2004, preceptúa que estarán inhabilitados para inscribirse en el mencionado registro, los que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Ahora bien, el artículo 294 bis del Código del Trabajo establece que la Dirección del Trabajo debe llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para tales efectos, el tribunal correspondiente enviará a tal Dirección la copia de los fallos respectivos.

Asimismo, el artículo 390 bis del mismo Código comprende una norma análoga a la precedentemente descrita, pero asociada sólo a las sentencias condenatorias por prácticas desleales en la negociación colectiva.

En tal sentido, pertinente resulta destacar que la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, en el dictamen N° 26.153, de 2012, ha precisado que la inhabilidad para contratar en análisis, se configura cuando la referida condena se presenta en las oportunidades que para cada procedimiento administrativo de contratación señala el artículo 4° de la ley N° 19.886. Así, en armonía con lo expresado en dicho pronunciamiento, si un oferente ha sido condenado por las conductas descritas antes de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta, o bien de la suscripción de la convención, ya sea que se trate de una licitación pública, privada o de un trato directo, respectivamente, no se encuentra habilitado para celebrar los contratos derivados de tales procedimientos administrativos de contratación. 

También, es útil mencionar que a través del dictamen N° 6.388, de 2009, de este origen, se estableció que los medios de prueba que permiten acreditar la inhabilidad en comento comprenden las propias sentencias condenatorias de los Tribunales de Justicia, así como las certificaciones que la Dirección de Trabajo emita en base a la información que recabe de los registros de condenados a su cargo.

Añade tal pronunciamiento, que la circunstancia de que los oferentes o proveedores no se encuentren comprendidos en los supuestos de la inhabilidad en cuestión, configura un hecho negativo que no resulta factible de acreditar por medios fidedignos, por lo que se ha considerado suficiente exigirles, por parte del servicio adquirente, una declaración jurada de que no se encuentran afectos al mencionado impedimento, haciéndose, de este modo, responsables de la veracidad de tal manifestación.  

Consecuente con lo expuesto, es dable sostener que el cumplimiento de la prohibición de contratar con las personas afectas a la inhabilidad en estudio corresponde en forma exclusiva a las entidades públicas sujetas a la ley N° 19.886, las que deben verificar la ocurrencia de tal circunstancia en las oportunidades que para cada procedimiento administrativo de contratación señala el inciso primero del artículo 4° de dicha ley, a través de las declaraciones juradas de los oferentes, la consulta a los registros que sobre la materia tiene a su cargo la Dirección del Trabajo y de la información proporcionada por el Registro de Contratistas y Proveedores de competencia de la Dirección de Compras y Contratación Pública.   

Finalmente, cumple con señalar que en esta materia, a la Contraloría General le corresponde verificar, ya sea en el trámite de toma de razón o en los controles de reemplazo previstos en el ordenamiento jurídico, el cumplimiento de la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886, en base a igual documentación e información contenida en las fuentes registrales a las que tienen acceso las demás entidades estatales. 

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República