Dictamen N° E370654

Texto del dictamen

Nº E370654             Fecha: 20-VII-2023

Se han dirigido a esta Contraloría General los Diputados de la República señores Benjamín Moreno Bascur y Agustín Romero Leiva, denunciando que el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, así como el Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Tarapacá de esa misma cartera de Estado, y el Ministro de Educación, habrían realizado actividades -los dos primeros en la Región de Tarapacá y el último en la Región de Valparaíso-, destinadas a difundir el proyecto de ley de reforma previsional impulsada por el Gobierno, excediendo así sus atribuciones y haciendo uso de su jornada de trabajo, de bienes institucionales y de recursos fiscales para funciones ajenas a las propias, lo que infringiría el principio de probidad administrativa y juridicidad.

Añaden que esas actividades se habrían divulgado a través de la cuenta de Twitter de cada una de dichas reparticiones y, también, que la Subsecretaría de Transportes, por medio de la misma plataforma digital, mantendría un banner de publicidad y difusión de dicho proyecto de ley.

Requerida de informe, la Subsecretaría de Transportes manifestó que el 18 de noviembre de 2022, el ministro de esa cartera de Estado visitó la Región de Tarapacá realizando, en conjunto con el SEREMI referido, las actividades que describe, en el marco de las funciones propias de sus respectivos cargos. Agrega que, además, tales autoridades participaron en un encuentro con vecinos del sector sobre la reforma de pensiones, al que asistieron SEREMIS de distintas áreas, incluido el SEREMI del Trabajo, donde no se utilizaron recursos públicos y se realizó en cumplimiento del principio de coordinación que debe observar la Administración del Estado, consagrado en el artículo 3º de la ley Nº 18.575.

En cuanto al banner en la cuenta de Twitter de la Subsecretaría de Transportes, esa entidad sostiene que se trata de un link referido al proyecto de ley en tramitación, cuya finalidad es informativa y no publicitaria, añadiendo que ello no irroga gastos para esa entidad pública.

Solicitado informe a la Subsecretaría de Educación, esta expresó que durante el último trimestre del año 2022 ese ministro realizó distintas visitas a las comunidades educativas de la Región de Valparaíso, entre ellas, el día 18 de noviembre asistió al Liceo María Luisa Bombal, con la finalidad de reconocer y resaltar su labor en la implementación de iniciativas de innovación y que, en dicho marco, dialogó con profesionales de la educación que se desempeñan en la mencionada institución educativa en torno al proyecto de reforma previsional, resolviendo dudas referentes a ella y especialmente sobre el eventual impacto en sus regímenes previsionales. Añade que, por la citada visita, la autoridad en cuestión no percibió viático alguno.

Por su parte y en presentación separada, el mismo Diputado señor Agustín Romero Leiva denuncia que, con ocasión del rechazo en general por parte de la Cámara de Diputados a la idea de legislar el proyecto de ley que establece reforma tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social, contenido en el Boletín N° 15.170-05, conocido como “Proyecto de Ley de Reforma Tributaria”, los ministros de Estado y autoridades de Gobierno que menciona en su presentación, a través de las distintas redes sociales institucionales de cada cartera de Estado emitieron comentarios y opiniones negativas ante la decisión adoptada al efecto.

Añade que lo anterior se evidencia en el apoyo dado a una gráfica diseñada como publicidad haciendo alusión al hecho de que la decisión adoptada se traduce en votar en contra de: aumentar la PGU a $250.000 para 2.8 millones de pensionados; incrementar el per cápita de la salud primaria a $12.000 beneficiando a 14,5 millones de personas; reducir las listas de espera en un 30%, perfeccionar el sistema de telemedicina, aumentar las prestaciones y camas para salud mental; aumentar la asignación familiar y el subsidio único familiar para más de 3 millones de beneficiarios; crear 900 plazas para la formación de policías; y financiar la igualdad de acceso para madres y padres a salas cuna. Todo ello, bajo la premisa “#ReformaTributaria”.

Agrega que la difusión masiva de la publicidad efectuada por las autoridades en cuestión vulnera la institucionalidad vigente, ya que no respeta las decisiones que adoptan otros órganos del Estado.

En primer lugar, en lo que dice relación con la presunta difusión del proyecto de ley de reforma previsional por parte de autoridades sin competencia en esa materia, es del caso señalar que de acuerdo a los antecedentes analizados, las visitas que se cuestionan tenían por objeto el desarrollo de actividades relacionadas con las funciones propias de cada una de ellas, contexto en el cual se abordó, en conjunto con la comunidad destinataria de dichas instancias, la temática relativa al mencionado proyecto de ley.

Así, cabe señalar que los ministros de que se trata, así como el aludido SEREMI, son autoridades del Poder Ejecutivo y, como tales, no se encuentran ajenas a los asuntos que son de interés para la ciudadanía y que dicen relación con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del cual son parte, motivo por el que resulta razonable que ellas puedan participar en instancias como las expuestas en el presente oficio, no advirtiéndose la irregularidad que alegan los recurrentes.

Por otra parte, en lo que atañe a la difusión de mensajes relativos a los proyectos de ley de que se trata mediante la utilización de redes sociales por parte de las diversas autoridades que se mencionan en las dos presentaciones en análisis, es del caso mencionar que esta Entidad Fiscalizadora se ha pronunciado acerca de situaciones de índole similar a la de la especie, a través de los dictámenes Nos 26.508, de 2016, y 30.831, de 2019.

El primero, de ellos abordó una denuncia de parlamentarios que cuestionaban la divulgación por parte del Gobierno a través de diversos medios de comunicación, de un video elaborado para dar a conocer determinados aspectos de la iniciativa legislativa para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. En tanto, el segundo dictaminó sobre la legalidad del video publicado en la cuenta de Facebook del Presidente de la República de la época, relativo al proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones.

En ambos pronunciamientos se hizo presente que corresponde al Ministerio Secretaría General de Gobierno informar a la sociedad sobre las reformas que el Gobierno pretenda implementar mediante la difusión de las mismas a través de los medios de comunicación o por la vía de programas especiales destinados a ese efecto, debiendo hacerlo dentro del marco de las normas generales que regulan la materia para los órganos públicos.

Por lo anterior, esta Contraloría General cumple con remitir copia de los precitados dictámenes, que se refieren a materias que dicen relación, en lo pertinente, con las denuncias efectuadas por los Diputados señores Benjamín Moreno Bascur y Agustín Romero Leiva, y que contienen el criterio vigente sobre el particular, cuyo cumplimiento corresponde observar en lo sucesivo.

Cabe señalar que se ha estimado conveniente dirigir el presente pronunciamiento al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a fin de que en su rol de coordinador ministerial, informe de este a las secretarías de Estado cuyas autoridades se mencionan en las denuncias de la especie y acerca de la jurisprudencia antes referida para su acatamiento.

Saluda atentamente a Ud.


JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República