Dictamen N° E254243

Texto del dictamen

Nº E254243                            Fecha: 07-IX-2022

Se han dirigido a esta Contraloría General los diputados señores Benjamín Moreno Bascur y Harry Jürgensen Rundshagen, solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad del oficio N° 637, de 2022, del Ministerio de Agricultura , la Subsecretaría del ramo y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que instruye a las direcciones regionales del SAG sobre la aplicación de la facultad consagrada en el artículo 46 de la ley N° 18.755, con relación a lo previsto en el decreto ley N° 3.516, de 1980, pues a su juicio,  sería  contrario a  derecho, por  las razones que exponen.

A   su   vez,   la   senadora   Paulina Nuñez Urrutia y los senadores Iván Moreira Barros, Luciano Cruz-Coke Carvallo,  Rojo  Edwards  Silva  y  David  Sandoval  Plaza,  consultan  en similares  términos  respecto  del  indicado  oficio  N°  637,  así  como  de  la circular  N°  475,  de  2022,  del  SAG,  que  instruye  sobre  suspensión  o rechazo de proyectos de certificación de subdivisión de predios rústicos y criterios complementarios de revisión.

Enseguida, el Prosecretario Accidental de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Sede de Control la  solicitud  efectuada  por  la  diputada  Joanna  Pérez  Olea  y  el  diputado Miguel Calisto Águila, en relación también a la legalidad del ya referido oficio N° 637, y sobre la circular N° 471, de 2022, del SAG, que solicita a sus direcciones regionales velar por la debida observancia a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Agricultura en el oficio N° 637.

Por su parte, los Ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, requieren un pronunciamiento sobre la correcta aplicación de la facultad establecida en el artículo 46 de la ley N° 18.755, en relación con lo previsto en el anotado decreto ley N° 3.516 y en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones - contenida en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, de la cartera del ramo-, lo que incide directamente en la juridicidad del apuntado oficio N° 637.

Por último, por separado, el señor Cristian Gedda Morales consulta si es válido que conforme al antedicho oficio N° 637 se suspenda la tramitación de solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos iniciadas con anterioridad a su dictación; el señor Adolfo Loayza Huerta formula una serie de consideraciones en relación con el mismo, y la señora Patricia Muñoz León -por sí y en representación de ST. Patrick SpA- y los señores Felipe Riesco Eyzaguirre por sí y en representación de Chile Rural Asociación Gremial- y Tomás Prado Correa -por sí y en representación de Tierras de Chile SpA- reclaman respecto de tal acto y de la circular N° 475, por los motivos que detallan.

Sobre el particular, es dable anotar que de los antecedentes tenidos a la vista, y de lo informado por la Subsecretaría de Agricultura, consta que se interpusieron ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago los recursos de protección roles de ingreso N°s 100856-2022, 100866-2022, 100869-2022 y 101080-2022, en contra del Ministerio de Agricultura, de la nombrada subsecretaría y del Servicio Agrícola y Ganadero, por la dictación del enunciado oficio N° 637 y de la aludida circular N° 475.

En tales condiciones, este Organismo Fiscalizador debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado,  por cuanto  en  virtud de  lo  dispuesto e n  el  inciso  tercero del artículo 6° de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, lo que ocurre en la situación planteada en la especie (aplica dictamen N° 15.526, de 2018, de esta Sede de Control). 

Saluda atentamente a Ud.,


JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República