Dictamen N° E161091

Texto del dictamen

Nº E161091                         Fecha: 01-XII-2021

I. Antecedentes

Se ha dirigido a esta Contraloría General don Ricardo Loebell Silva, solicitando un pronunciamiento que determine si la Municipalidad de Santiago tiene atribuciones para adquirir los elementos de seguridad que son objeto del proceso licitatorio 2582-39-LE20, denominado “Adquisición de vestuario, equipo y elementos de seguridad para los inspectores de la Dirección de Seguridad Vecinal y Resguardo” de esa entidad edilicia.

Solicitado su informe, el aludido municipio manifestó, en síntesis, que el objetivo de la licitación fue la adquisición de vestuario, equipamiento y elementos de seguridad para resguardar la integridad física de los inspectores municipales que se encuentran capacitados para realizar labores de vigilancia en esa comuna. Agrega, que se licitaron cuatro líneas de elementos, pero que el municipio decidió aprobar solamente la adjudicación de las líneas 1 y 2, esto es, los chalecos antibalas y las esposas de seguridad.

II. Fundamento jurídico

Sobre el particular, la letra j) del artículo 4° de la ley N° 18.695 establece, en lo que importa, que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

A su vez, de conformidad con la letra l) del artículo 5° de la referida ley, para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán la atribución esencial de elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Comunal de Seguridad Pública, el cual, de conformidad con los artículos 6°, letra e), 56, inciso segundo, y 65, letra c), del mismo texto legal, constituye uno de los instrumentos de gestión con los que deben contar todas las municipalidades. Es del caso señalar que la ley N° 20.965, incorporó a la ley N° 18.695, el Título IV A, “Del Consejo Comunal de Seguridad Pública y el Plan Comunal de Seguridad Pública”, que regula, en síntesis, la existencia de los planes comunales de seguridad pública.

III. Análisis y conclusiones

De lo expuesto, es posible apreciar que la normativa permite a las entidades edilicias ejercer funciones relacionadas con la seguridad pública de la comuna respectiva, de manera que aquellas se encuentren habilitadas para adoptar medidas referidas a dicho ámbito, siempre que ello no implique invadir las atribuciones de los organismos competentes en la materia.

Asimismo, la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor, contenida en los dictámenes N°s. 46.880, de 2010; 15.919, de 2017; 5.294, de 2019, y E51691, de 2020, entre otros, ha precisado que la participación municipal en asuntos de seguridad ciudadana solamente puede constituir una labor de apoyo y colaboración a los organismos del Estado a los cuales el ordenamiento jurídico les ha otorgado atribuciones específicas en la materia, acciones que, en todo caso, los municipios han de llevar a cabo en forma coordinada con tales entidades. Tal deber de coordinación se concreta a través del establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional, como el Plan Comunal de Seguridad Pública, cuya elaboración resulta obligatoria para las entidades edilicias, de acuerdo al anotado artículo 6º, letra e), de la ley Nº 18.695.

Por otra parte, esta Entidad de Control, mediante el oficio N° 2.659, de 2021, luego de precisar que los funcionarios de la Brigada de Intervención y Orden Público de la Municipalidad de Las Condes no pueden intervenir directamente en el control del orden público en el marco de las manifestaciones sociales, señaló en ese contexto que no resultaba admisible el empleo de gas pimienta, bastones retráctiles o lumas, por cuanto su uso está acotado al ámbito de defensa personal.

En la especie, de los antecedentes tenidos a la vista se aprecia que la licitación pública de que se trata contempló la adquisición de cuatro líneas de elementos de seguridad para los funcionarios ya indicados, a saber: 1) chalecos antibalas; 2) esposas de seguridad; 3) bastones retráctiles; y 4) dispositivos de gas pimienta orgánico. De acuerdo a las bases, la licitación sería evaluada por líneas de manera independiente, una correspondiente por cada especie, pudiendo el municipio no dar curso a la adjudicación de una u más líneas, por los motivos que detalla.

A su turno, consta en el acuerdo del concejo Nº 55, de 20 de enero de 2021, que se facultó al alcalde para suscribir un contrato con la empresa que indica, solo para la línea 1 de chalecos antibalas y para la línea 2 de esposas de seguridad, de la referida licitación. En ese orden, el decreto alcaldicio Nº 918, de 2021, adjudicó solo las líneas 1 y 2, y consignó expresamente la decisión de no adjudicar las líneas 3 y 4.

Por consiguiente, teniendo en consideración que, por mandato legal, los municipios tienen atribuciones para desarrollar labores de apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, no resulta objetable que el mencionado municipio haya decidido adquirir tales elementos, en la medida que su empleo se efectúe únicamente para la defensa personal de sus funcionarios, y no como instrumentos para el control del orden público, labor que compete a las fuerzas de orden y seguridad.

Aclárese el oficio N° 2.659, de 2021, de este origen, en el sentido de que la utilización de los referidos instrumentos es jurídicamente admisible solo en cuanto elementos de defensa personal para resguardar la vida e integridad física de los funcionarios municipales, en los términos expuestos.

Saluda atentamente a Ud.,


JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República