Dictamen N° 13966

Texto del dictamen

N° 13.966                                           Fecha: 24-V-2019

Se han dirigido a esta Contraloría General doña Catalina Pérez Salinas, don Pablo Vidal Rojas, don Jorge Brito Hasbún, don Giorgio Jackson Drago, doña Claudia Mix Jiménez y don Gonzalo Winter Etcheberry, Diputados/as de la República, solicitando que se determine la legalidad del actuar del Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique al incluir a dos de sus hijos en la gira presidencial realizada en China y si aquello configura un conflicto de intereses.

Además, requieren que se fiscalice si se costeó su estadía con recursos públicos, y si se infringió el principio de la probidad administrativa, particularmente lo previsto en el artículo 62 N° 4 de la ley N° 18.575, entre otras materias.

Enseguida, los Diputados don Leonardo Soto Ferrada, por una parte, y don Boris Barrera Moreno junto a don Daniel Núñez Arancibia, por otra, en presentaciones separadas, hicieron una petición en similares términos, puntualizando que el Presidente de la República habría infringido lo dispuesto en el artículo 62 N° 6 de la ley N° 18.575, al hacer participar a dos de sus hijos en reuniones oficiales con autoridades y empresarios de la República Popular China, que dicen relación con el área de la tecnología, ámbito en que aquellos se desempeñan como empresarios, ya que conforman el directorio de “Kauai Labs SpA”, dedicada a la robótica, según señalan. 

Así también, se dirigió a esta Contraloría General el Senador don Alejandro Navarro Brain requiriendo un pronunciamiento de legalidad y fiscalización al tenor de lo expuesto, añadiendo el hecho de que el Presidente de la Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, no fue invitado a la citada gira presidencial y el empresario minero que individualiza sí.

Igualmente, el Diputado Jaime Naranjo Ortiz, solicita que se informe si los hijos del Presidente de la República formaron parte de la gira comercial, si viajaron en avión presidencial o en uno comercial, y los gastos efectuados en pasajes, alojamiento y transporte terrestre, así como las reuniones a que asistieron, indicándose si todo ello se ajustó a la legalidad vigente. 

Finalmente, don Leopoldo Quezada Ruz, don Lucas Pizarro Cofré, don Fernando Leal Aravena, don Rodrigo Daroch Yáñez y don Alejandro Ancalao Romero, ingresaron, cada uno, una denuncia a través del portal web dispuesto por esta Contraloría General, solicitando que se examinen los mismos hechos y la utilización de recursos públicos para fines privados como la supuesta promoción y venta realizada por don Eduardo Frei Ruiz - Tagle, durante la gira presidencial, de vinos de su propiedad, solicitándose verificar su calidad de embajador.

Requerida al efecto, la Subsecretaría General de la Presidencia se refiere latamente sobre cada uno de los aspectos alegados por los recurrentes, manifestando en síntesis que en la especie no hubo infracción al principio de probidad por parte del Presidente de la República, toda vez que la inclusión de dos de sus hijos en la comitiva presidencial que lo acompañó en la Visita de Estado realizada entre los días 22 y 29 de abril del año en curso a la República Popular China y Corea del Sur, se realizó de acuerdo a una práctica asentada en materia de relaciones internacionales y el derecho internacional, según la cual es costumbre que los Jefes de Estado viajen con algunos familiares dentro de sus comitivas, tratándose de un hecho común que trasciende a diversas Administraciones. 

Añade que efectivamente los hijos del Presidente de la República asistieron a ciertos eventos, como los que se mencionan en las presentaciones, pero precisa que tales reuniones no tuvieron el carácter de “actividades oficiales” organizadas por el Estado anfitrión, sino que se trató de actividades no oficiales arregladas por entidades distintas, siendo éstas las que determinan a quienes invitar, pudiendo incluir a la comitiva presidencial en su totalidad o parte de la misma, ocurriendo lo primero en este caso y limitándose la participación de los hijos del Jefe de Estado al carácter de oyentes. Así, concluye que el Primer Mandatario no pudo infringir el principio de probidad al no tener participación en la decisión de cursar las invitaciones a tales eventos y puntualiza que, por el carácter de esos encuentros, en ningún caso aquellos podrían reportar un beneficio, directo o eventual, a los hijos del Jefe de Estado o a la sociedad de la que forman parte. 

Por último, expresa el informe que se ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores la elaboración de un protocolo que establezca normas claras a las cuales el Presidente de la República deberá atenerse al momento de extender invitaciones a las giras presidenciales. 

I.- Sobre la legalidad de la conformación de la comitiva presidencial en la Visita de Estado en examen. 

Al respecto, cabe hacer presente que conforme a lo prescrito en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones.

Así, acorde con el artículo 52 de la ley N° 18.575, dicho principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. 

A su turno, el artículo 62, Nos 4 y 6, del citado texto normativo, preceptúa que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales e intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge y los parientes que indica -entre ellos, los hijos-, como asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, caso en el cual las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de intervenir en esos asuntos, informando a su superior jerárquico de dicha circunstancia. 

Por su parte, atañe señalar que la Carta Fundamental contempla, en su artículo 32, N° 15, como atribución especial del Presidente de la República, en lo que interesa, “Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones”, por lo que la Visita de Estado de que se trata se enmarca dentro del ejercicio de dicha potestad constitucional.

Luego, cabe anotar, para efectos de analizar las atribuciones con que contaba el Primer Mandatario a la hora de determinar las personas que lo acompañaron en la Visita de Estado como la efectuada a la República Popular China y a Corea del Sur, que la preceptiva referida a asuntos protocolares, en especial, el decreto N° 171, de 2016, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Aprueba el Reglamento de Ceremonial Público y Protocolo de Estado, si bien contiene un capítulo relativo a las visitas de Jefes de Estado y Personalidades Extranjeras, no incluye disposiciones relativas a la conformación de las comitivas presidenciales que puedan extrapolarse a la situación de la especie, por lo que el tratamiento de dicha materia quedaba sujeto sólo a la costumbre internacional.  

De acuerdo con esa costumbre, tradicionalmente las comitivas presidenciales se encuentran conformadas por Parlamentarios o altas autoridades y funcionarios de Gobierno, empresarios e invitados especiales, enmarcándose en esta última categoría los miembros de la familia del Presidente de la República, siendo una práctica asentada en nuestro país que los Jefes de Estado viajen con miembros de su familia dentro de sus comitivas, como ha sucedido tanto con el actual Primer Mandatario como con quienes lo han precedido.

En ese contexto, es menester consignar que la incorporación de miembros de la familia del Presidente de la República a la comitiva que lo acompañó en la Visita de que se trata se efectuó de acuerdo a una costumbre que, a esa fecha, no tenía una regulación específica que permitiera contrastarla con la situación fáctica en análisis.

Ahora bien, como es de público conocimiento el Ministerio de Relaciones Exteriores reguló recientemente la conformación de las comitivas presidenciales mediante el Protocolo de Giras Internacionales del Presidente de la República, el que no se encontraba vigente a la época de la Visita analizada.

En cuanto a la decisión del Jefe de Estado de incluir en la comitiva presidencial a un determinado empresario y no al Presidente de CODELCO, cabe manifestar que la decisión de extender invitaciones a la aludida Visita correspondía al Primer Mandatario, sin que le competa a esta Entidad Fiscalizadora evaluar el mérito o conveniencia de lo que se determine en este aspecto, toda vez que por disposición del artículo 98 de la Constitución Política, a esta Contraloría General le corresponde ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración y no efectuar juicios de valor sobre la decisión en cuestión. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la regulación contenida en el mencionado Protocolo deba considerar la incorporación de representantes de empresas públicas, tal como sucede con los representantes del sector privado de acuerdo a la letra d) del numeral primero de su punto IV.

En lo relativo a la participación de los hijos del Presidente de la República en las reuniones organizadas por las agrupaciones de comercio que se indica, lo que aparece como una consecuencia de la inclusión en la aludida Visita, habida consideración de lo señalado precedentemente en orden a que a la sazón no existía regulación sobre la formación de las comitivas presidenciales y participación en reuniones, cabe señalar que no se advierten antecedentes que den cuenta que dicha asistencia hubiese configurado, en ese momento, alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 62, Nos 4 y 6 de la ley N° 18.575, respecto del Jefe de Estado.

II.- Sobre la legalidad de los gastos de traslado, alimentación y alojamiento de los hijos del Presidente de la República durante la Visita de Estado en estudio.

En primer término, en relación a los gastos de transporte aéreo en que se incurrió por parte del Fisco de Chile para el traslado de los hijos del Primer Mandatario, la Subsecretaría General de la Presidencia informó que, en consideración a que aquellos utilizaron el avión presidencial -en su calidad de integrantes de la comitiva oficial-, no se generó ningún gasto adicional al efecto.

Sobre el particular, el decreto con fuerza de ley N° 175, de 1960, del Ministerio de Hacienda, autorizó a la Fuerza Aérea de Chile -FACH- para que atendiera el traslado de personas y cargas ajenas a esa institución. Así, en sus artículos 1°, 2° y 3° se prevé la posibilidad de cobrar por tales servicios, que presta dentro del país o en el extranjero, y de autorizar el transporte gratuito, en los casos que indica.

Luego, el artículo 2° del reglamento serie “B” N° 9 “Para el traslado de Personas y Carga no Institucional en Aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile”, aprobado por la resolución exenta N° 536, de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional, dispuso que el referido traslado se hará en tiempos de paz, en uso de la capacidad disponible en las aeronaves que efectúen vuelos, entre otros casos, cuando lo disponga el Presidente de la República o el Ministerio de Defensa Nacional, tanto de carácter nacional como internacional.

Por último, el anexo C de la Norma Logística de Transporte N° “NLT-2012-003” sobre “Traslado Aéreo Institucional” de la FACH, sostiene, en lo que interesa, que no se realizarán cobros por vuelos a la Presidencia, debiendo solo mantener el control administrativo de los mismos, en la forma que indica.

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que la FACH autorizó y ejecutó el traslado aéreo del Presidente de la República y de una comitiva de 60 pasajeros, el día 22 de abril de 2019, desde Santiago de Chile a Beijing, China, luego a Seúl, Corea del Sur, el 28 de abril, y retornando desde este último país a Chile el 29 de abril del presente año, en los términos solicitados por el edecán aéreo de la presidencia, según consta en su oficio (P) N° 02-E/SG, modificado por el (P) N° 02-E2/SG, de 5 y 25 de marzo de 2019, respectivamente.

De ese modo, respecto al financiamiento del traslado aéreo por parte de la FACH de los hijos del Primer Mandatario como parte de su comitiva, cabe señalar que, considerando la normativa examinada sobre la materia, que autoriza expresamente que dicha entidad pública realice el transporte aéreo de personas ajenas a esa institución en forma gratuita, y tal como se resolvió en el dictamen N° 9.894, de 2018, con ocasión del viaje de la ex Presidenta de la República y su comitiva en septiembre de 2017 a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, no existen observaciones que formular al respecto.

A su turno, respecto de los costos de transporte terrestre para el traslado de los hijos del Presidente por los territorios de la República Popular de China y de Corea del Sur, la Subsecretaría General de la Presidencia informó que los gastos por dichas personas como de los demás integrantes de la comitiva, fueron solventados de manera íntegra por los gobiernos anfitriones.

En tales circunstancias, tampoco existen observaciones que formular a ese respecto por parte de este Órgano Contralor.

Finalmente, en cuanto a los gastos de alojamiento y alimentación de los indicados invitados durante su permanencia en los aludidos estados extranjeros, la Subsecretaría General de la Presidencia acompañó un facsímil de la carta de invitación que fue dirigida a los empresarios convidados a la Visita de Estado en estudio, en la cual consta que se les hace expresamente presente a estos últimos que la administración del evento solo cubrirá los gastos de transporte aéreo de estos, siendo los demás gastos -como el alojamiento- de cargo de cada invitado.

En este sentido, la citada Subsecretaría manifiesta que los hijos del Presidente tuvieron la calidad de invitados especiales de la Visita de Estado en comento, y que por ello se les aplicó la misma regla dispuesta para los empresarios indicada anteriormente respecto del alojamiento y de la alimentación, por lo que tales costos fueron asumidos personalmente por dichos invitados, no generándose ningún cargo para las arcas fiscales.

En consecuencia, conforme a la información entregada por la indicada Subsecretaría y no existiendo utilización de recursos públicos involucrados en materia de alojamiento y alimentación, no existen observaciones que manifestar de parte de este Órgano Contralor.

III.- Sobre la participación de don Eduardo Frei Ruiz - Tagle en la Visita de Estado en examen.

En cuanto a la participación de don Eduardo Frei Ruiz - Tagle en la gira en comento es menester indicar que desde el año 2014 el ex Presidente Frei realiza ad honorem labores como Embajador en Misión Especial para el Asia - Pacífico, calidad que lo habilita para representar a nuestro País ante los países de esa región y justifica su participación en la comitiva. 

En relación con la supuesta venta de vinos de su propiedad, cabe indicar que en los antecedentes tenidos a la vista se advierte que contrariamente a lo aseverado, el vino “Frei Presidential Wine” es producido por Akana Wines S.A., joint venture entre Viña Undurraga y Perfect China, en tanto que la actividad “Chilean Wine Road Show”, consistió en una muestra de vinos chilenos de la que este producto fue parte, organizada por la Asociación Gremial de Vinos de Chile, entidad de carácter privado que bajo la marca sectorial “Wines of Chile”, promueve internacionalmente los vinos de Chile. 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que no se advierten las irregularidades denunciadas por los recurrentes. 

Remítase copia del informe evacuado por la Subsecretaría Secretaría General de la Presidencia y los antecedentes adjuntos a este a los/as Diputados/as de la República doña Catalina Pérez Salinas, don Pablo Vidal Rojas, don Jorge Brito Hasbún, don Giorgio Jackson Drago, doña Claudia Mix Jiménez y don Gonzalo Winter Etcheberry, toda vez que en ellos se da respuesta a las inquietudes planteadas en los nueve puntos contenidos en la segunda página de su presentación. 

Saluda atentamente a Ud.


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República