Dictamen N° E66394

Texto del dictamen

Nº E66394                                     Fecha: 07-I-2021

El rector de la Universidad de La Serena solicita un pronunciamiento que determine si procede conceder la bonificación adicional por retiro prevista en la ley N° 21.043 a su exfuncionaria académica doña Erika Zúñiga Fuentes, considerando que ella postuló oportunamente y con menos de 65 años de edad al proceso correspondiente al año 2017, pero que en el momento de ser notificada de la resolución que le otorgó un cupo preferente para la anualidad siguiente, ya había cesado sus servicios por declaración de vacancia por salud irrecuperable.

Agrega que esto último obedeció a que la Dirección de Presupuestos se excedió en el plazo para visar y remitir a la Subsecretaría de Educación Superior la resolución que establecía la distribución de los cupos, demora que, a su juicio, perjudicó a la interesada, puesto que no pudo renunciar voluntariamente a su cargo y acceder al beneficio que se reclama.

Requerida, la Dirección de Presupuestos informa que la citada exacadémica no tendría derecho al mencionado bono, por cuanto no terminó sus servicios por la causal prevista en el artículo 2° de la ley N° 21.043, ni tampoco verificó el requisito de edad establecido en el artículo 4° de ese texto normativo, para haber percibido el beneficio en virtud de una pensión de invalidez.

Por su parte, la Subsecretaría de Educación Superior expresa que, en su opinión, la señora Zúñiga Fuentes podría acceder a dicha bonificación, toda vez que, según indica, la obtención de una pensión de invalidez proviene de un hecho que no es atribuible a la voluntad de una persona sino al padecimiento de una enfermedad que impide el normal desarrollo en el ámbito laboral. En ese sentido, infiere que la situación descrita en la presentación en análisis podría acercarse a la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor que eximiría a la interesada de la responsabilidad de haber cesado por una causal distinta de aquella que exige la ley.

Sobre el particular, es dable anotar que la citada ley N° 21.043 prevé en su artículo 1°, inciso primero, que el personal académico y directivo de las universidades del Estado, que perciba el beneficio compensatorio del artículo 9° de la ley N° 20.374, que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2024 haya cumplido o cumpla 65 años de edad, en el caso de los hombres, y 60 años de edad, tratándose de las mujeres, y se encuentre afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, tendrá derecho a una bonificación adicional, de cargo fiscal, siempre que cumpla los demás requisitos fijados en esta ley.

Enseguida, su artículo 2° establece en su inciso primero que los funcionarios a que se refiere el artículo 1°, que resulten beneficiarios de un cupo del bono, deberán hacer efectivas sus renuncias voluntarias a la universidades del Estado, respecto de los cargos o del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos, dentro del plazo que indica, agregando en su inciso segundo que, con todo, las funcionarias podrán postular a la bonificación adicional desde que cumplan 60 años de edad y hasta el período que le corresponda postular a los 65 años de edad, cumpliendo las demás condiciones fijadas por esta ley y su reglamento. Las funcionarias que postulen antes del cumplimiento de los 65 años de edad y sean beneficiarias de un cupo de la bonificación adicional, deberán hacer efectiva su renuncia voluntaria dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación del acto que les asigna un cupo. Si la funcionaria no hiciere efectiva su renuncia dentro de dicho plazo, perderá su cupo, pero podrá participar en los procesos siguientes hasta aquel en que le corresponda postular a los 65 años de edad.

En este contexto, es necesario hacer presente que el artículo 5° del cuerpo normativo en comento dispone, en sus incisos primero, tercero y quinto, que podrán acceder a la bonificación adicional hasta un total de 3.800 beneficiarios académicos y directivos. Para el año 2017 se contemplarán 300 cupos y, para el año 2018, 600 cupos, estableciendo adicionalmente que para que estos servidores accedan a esa prestación deberán postular en la respectiva universidad empleadora en los plazos que fije el reglamento, comunicando su decisión de renunciar voluntariamente. Tales universidades deberán remitir al Ministerio de Educación las postulaciones de los interesados que cumplan con los requisitos pertinentes, en los plazos y formas que indique el reglamento, y deberán dictar, para cada proceso de postulación, una resolución que deberá contener la individualización de los beneficiarios de los cupos disponibles para dicho año y las demás materias que defina el reglamento.

Los incisos séptimo y octavo de esa disposición añaden que una vez dictada esa última resolución, la universidad empleadora procederá a notificarla a cada uno de los funcionarios que participaron del proceso de postulación, correspondiéndoles luego a los beneficiarios de cupos informar por escrito a la respectiva universidad la fecha en que harán dejación definitiva del cargo o empleo o del total de horas que sirvan. Dicho personal deberá presentar su renuncia voluntaria y hacerla efectiva en los plazos señalados en el citado artículo 2°.

A continuación, el inciso noveno de ese precepto señala que no obstante lo anterior, el personal que postule a la bonificación adicional y cumpla con los requisitos para acceder a ella, podrá renunciar a todos los cargos y al total de horas que sirva, a contar de la fecha de presentación de su postulación al beneficio, siempre que tenga cumplidas las edades establecidas en el artículo 1°, según corresponda.

Como se puede advertir, los artículos precedentes permiten acceder a la prestación en estudio, entre otros, a aquellas funcionarias que hayan cumplido entre 60 y 65 años de edad -como en el caso de la interesada- y verifiquen los demás requisitos pertinentes, debiendo dar término a sus servicios, por la causal de renuncia voluntaria, ya sea dentro del plazo previsto en el artículo 2° de la ley N° 21.043, o bien a partir de la fecha en que hayan postulado al beneficio (aplica criterio contenido en el dictamen N° 2.760, de 2020, de este origen).

Precisado lo anterior, corresponde recordar que el artículo 6° de la ley en análisis prescribe, en lo pertinente, que los postulantes a la bonificación adicional que, cumpliendo los requisitos para acceder a ella, no fueren seleccionados por falta de cupo, pasarán a integrar en forma preferente el listado de seleccionados del proceso para el año o años siguientes sin realizar una nueva postulación, manteniendo los beneficios que le correspondan a la época de dicha postulación.

En este contexto, resulta necesario anotar que el artículo primero transitorio de la ley N° 21.043 regula el procedimiento para asignar los cupos en el año 2017, preceptuando, en lo pertinente que, entre otras, las funcionarias señaladas en el artículo 1° que al 31 de diciembre de 2017 cumplan o hayan cumplido entre 60 y 64 años de edad podrán postular a la bonificación adicional que establece la presente ley dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a su publicación -8 de noviembre de 2017-, en la respectiva universidad estatal empleadora, la que deberá remitir la postulación que cumpla con los requisitos al Ministerio de Educación y posteriormente dictar una resolución que contenga el listado de todos los beneficiarios de los cupos disponibles para el año 2017 y de aquellos a quienes se les aplique el artículo 6° cuando corresponda.

Por su parte, el artículo 9° del decreto N° 47, de 2018, del Ministerio de Educación -Reglamento para el otorgamiento de la bonificación  adicional  que  contempla  la  citada  ley  N° 21.043- hace referencia al procedimiento de asignación de cupos para los años 2018 y siguientes, estableciendo, en su inciso primero, que le corresponderá a la Subsecretaría de Educación, hasta el último día hábil del segundo mes siguiente al cierre del respectivo proceso de postulación, dictar una o más resoluciones exentas, visadas por la Dirección de Presupuestos, la o las cuales establecerán la distribución de los cupos anuales para cada una de las universidades estatales.

Agregan sus incisos segundo y tercero que dicha Subsecretaría dentro de los cinco días hábiles de dictada la resolución del inciso anterior, la remitirá a la Dirección de Presupuestos, quien deberá visarla y remitirla a esa Subsecretaría dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción para luego ser notificada al rector de la universidad del Estado y al coordinador señalado en el inciso final del artículo 5° de este reglamento, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.

A su turno, sus incisos cuarto y quinto indican finalmente que le corresponderá a la universidad empleadora dictar, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la mencionada resolución exenta y para cada proceso de postulación, una resolución que contenga la individualización de los beneficiarios de los cupos asignados y el listado de los seleccionados que pasen a integrar en forma preferente la nómina de seleccionados que corresponda al año siguiente, en caso que resulte procedente.

Acorde con lo señalado en el artículo 10 del citado reglamento, este último acto deberá ser notificado, entre otros, a las funcionarias que hayan postulado a la bonificación adicional desde que cumplan 60 años de edad y hasta el período que les corresponda postular a los 65 años de edad, debiendo aquellas hacer efectiva la renuncia voluntaria a su cargo dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación del acto que les asigna un cupo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de esa misma normativa.

Ahora bien, según consta de los antecedentes tenidos a la vista y que obran en poder de esta Entidad Fiscalizadora, la señalada exacadémica postuló oportunamente a la bonificación adicional para el año 2017 -3 de enero de 2018-, con 64 años de edad, quedando seleccionada para integrar de forma preferente el proceso del año 2018, por falta de cupos.

A continuación, aparece que a través de la resolución exenta N° 5.352, de 29 de octubre de esa última anualidad, el Ministerio de Educación distribuyó los cupos para acceder a la mencionada prestación durante ese año, la que luego de ser visada por la Dirección de Presupuestos, fue notificada a la Universidad de La Serena el 25 de enero de 2019.

Ante estas circunstancias, esa casa de estudios superiores emitió la resolución exenta N° 170, de 7 de marzo de 2019, la que individualizó a la señora Zúñiga Fuentes como una de las beneficiarias del bono en comento. No obstante, dicha exfuncionaria no pudo acceder a aquel, puesto que, a partir del 29 de diciembre de 2018, ya se había declarado vacante su cargo por salud irrecuperable, a través de la resolución TRA N° 340/140/2018, de la referida universidad.

Al respecto, cabe señalar que, si bien resulta evidente que hubo cierta dilación durante la tramitación de la resolución exenta N° 5.352, de 2018, del Ministerio de Educación –que estableció la nómina de beneficiarios de cupos de la bonificación adicional de la ley N° 21.043 para el año 2018-, no es posible inferir de la documentación adjunta a la presentación que ello obedeciera a una falta de servicio por parte de la Dirección de Presupuestos.

Tampoco es posible deducir de ese hecho que se hubiera podido producir un perjuicio para la interesada al haberle impedido renunciar voluntariamente a su cargo y obtener la bonificación adicional en análisis, como lo sostiene la entidad recurrente, toda vez que, de haber sido esa su intención, la señora Zúñiga Fuentes hubiera podido hacer efectiva su dimisión dentro del plazo establecido por el artículo 2° de la ley N° 21.043 al efecto, puesto que no existía impedimento alguno para hacerlo.

Ello, toda vez que, tal como se ha indicado en la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 18.429, de 2008; 44.421, de 2011, y 25.299, de 2018, mientras no transcurra el plazo establecido en el artículo 152 de la ley N° 18.834 -de seis meses contado desde la fecha de la notificación de la resolución que declara la irrecuperabilidad de la salud-, existe la posibilidad de que el funcionario se desvincule de la Administración por una causal distinta, como la renuncia voluntaria, y en tal caso el cese de sus servicios no se produciría por salud irrecuperable sino por dejación voluntaria del cargo, lo que no sucedió en la especie.

Por lo demás, cabe recordar que, tal como se indicó con anterioridad, el inciso noveno del citado artículo 5° de la ley N° 21.043 permite, entre otras, a aquellas funcionarias que hayan cumplido entre 60 y 65 años de edad y verifiquen los demás requisitos pertinentes, dar término a sus servicios ya sea dentro del plazo previsto en el artículo 2° de la ley como también a partir de la fecha en que postularon al beneficio, elección que la interesada tampoco tomó.

De este modo, es dable concluir que no procede conceder a la antes individualizada exacadémica de la Universidad de La Serena el beneficio adicional que contempla la ley N° 21.043, toda vez que, debido a su decisión personal, esta no terminó sus servicios por la causal de renuncia voluntaria exigida por el artículo 2° de ese texto legal, no teniendo tampoco, conforme a su edad y a la luz de lo dispuesto en el inciso segundo de esa última disposición, el derecho a participar en futuros procesos de postulación, por haber perdido, por la declaración de vacancia de su cargo, su calidad de funcionaria.

Expuesto aquello, es necesario destacar que el inciso primero del artículo 4° de la ley en análisis concede el derecho al referido bono al personal académico, directivo y profesional académico de las universidades del Estado que, entre otras condiciones, obtenga o haya obtenido una pensión de invalidez del decreto ley N° 3.500, de 1980, o que cese o haya cesado en sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, entre la fecha de publicación de la ley -8 de noviembre de 2017-, y el 31 de diciembre de 2024.

Los incisos segundo y tercero de ese precepto añaden que tales funcionarios deberán cumplir, además, entre las antedichas fechas y dentro de los tres años siguientes a la obtención de la pensión de invalidez o cese en sus funciones por declaración de vacancia, 65 años de edad, en el caso de los hombres, y 60 años de edad, tratándose de las mujeres, advirtiendo que el personal que no cumpla con ese requisito igualmente podrá acceder a la bonificación adicional si tiene treinta o más años de servicios, continuos o discontinuos, a la fecha del cese, en cualquier calidad jurídica, sea de planta o contrata en las universidades del Estado; y siempre que al 31 de diciembre del año anterior al término de sus funciones por las causales indicadas en el inciso primero haya tenido un mínimo de diez años de desempeño continuo o discontinuo en cargos de planta o a contrata en dichas casas de estudios superiores.

En este contexto, procede señalar que tampoco es posible conceder el estipendio adicional por retiro en comento a la interesada en virtud de lo previsto en el referido artículo 4°, toda vez que, si bien cesó por declaración de vacancia por salud irrecuperable dentro de las fechas establecidas en la precitada disposición, ella no cumplió con los requisitos adicionales de edad y años de servicios necesarios al afecto, puesto que terminó sus funciones con 65 años de edad y con una antigüedad total de 29 años y 8 meses de servicios.

Finalmente, cabe indicar que la obtención de una pensión de invalidez no puede entenderse como una situación de caso fortuito o de fuerza mayor que exima a la señora Zúñiga Fuentes de su obligación de cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley N° 21.043 para acceder al beneficio que se reclama, dado que, tal como se mencionó anteriormente, su determinación de pensionarse por invalidez, cesando sus servicios por declaración de vacancia por salud irrecuperable, y no por renuncia voluntaria, obedeció a una decisión personal (aplica criterio contenido en el dictamen N° 76.770, de 2016, de este origen).

Saluda atentamente a Ud.,


JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República