Dictamen N° E64226

Texto del dictamen

Nº E64226                              Fecha: 31-XII-2020

Se han dirigido a este Organismo de Control, mediante presentaciones separadas, las Municipalidades de Ñuñoa, Buin, Maipú y Malloa, formulando diversas consultas relacionadas con el plazo establecido en el inciso final del artículo 49 quáter de la ley N° 18.695, para efectuar los concursos de aquellos cargos que quedaron vacantes luego del encasillamiento regulado en el artículo 49 ter de la misma normativa.

Requerida al efecto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo informó sobre la materia.

Previamente, cabe recordar que la ley N° 20.922, en su artículo 4°, numeral 5), incorporó los artículos 49 bis, 49 ter, 49 quáter y 49 quinquies, a la ley N° 18.695, a efectos de regular la facultad para fijar o modificar las plantas de personal de las entidades edilicias, estableciendo límites y requisitos para su ejercicio.

Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de las respectivas plantas, el citado artículo 49 ter estableció un procedimiento reglado que contempla etapas consecutivas, agregando que si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, éstos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la ley Nº 18.883, es decir, mediante concurso público.

Enseguida, el inciso final del anotado artículo 49 quáter, dispone que la facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento municipal que modifique o fije la planta respectiva. En el caso que procediere la realización de concursos públicos, estos deberán efectuarse en el plazo de un año contado desde la citada fecha.

Así, en primer lugar, cabe aclarar que la época de inicio del plazo para la realización de los concursos que fueren procedentes conforme a la normativa antes señalada, corresponde a la data de ejercicio de la facultad de encasillar, esto es, a la fecha del decreto alcaldicio que disponga el encasillamiento del personal municipal, y no a la de la entrada en vigencia del reglamento de planta, como parecen entender algunas de las entidades edilicias consultantes (aplica dictamen N° 29.619, de 2018).

Lo anterior, por cuanto solamente una vez que se encuentre efectuado el encasillamiento, se tendrá certeza respecto de los funcionarios que han sido objeto de ese proceso, como asimismo, los cargos que han quedado vacantes y que deberían proveerse por concurso público (aplica criterio contenido en el dictamen N° 47.832, de 1999).

Por otra parte, en lo que respecta a la inquietud de si antes del vencimiento del referido plazo de un año, se requiere que los concursos estén afinados o basta que hayan iniciado, es dable señalar que de la reseñada preceptiva, puede advertirse que la intención del legislador ha sido que la autoridad edilicia provea los cargos que queden vacantes después de terminado el encasillamiento, dentro del plazo establecido, puesto que se dispuso expresamente que “éstos deberán efectuarse”, lo que implica que tales procesos deben quedar resueltos en el término indicado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 47.832, de 1999).

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de efectuar los mencionados concursos públicos una vez vencido el plazo de un año previsto en el citado artículo 49 quáter, cabe tener presente que si bien los alcaldes se encuentran obligados a convocar tales concursos cumpliendo el plazo indicado, dicho término no tiene el carácter de fatal, toda vez que la obligación de efectuar el referido procedimiento importa un deber que la autoridad no puede dejar de cumplir, aun cuando el plazo para ello haya vencido, sin perjuicio, por cierto, de la responsabilidad administrativa de los funcionarios que, con su conducta, hayan permitido el incumplimiento de la aludida obligación.

Finalmente, y en cuanto a los inconvenientes para realizar los mencionados concursos producto de la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, cabe recordar que por medio del dictamen N° 3.610, de 2020, este Organismo de Control ha expresado que ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional y que constituye una situación de caso fortuito, corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas extraordinarias de gestión a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio, de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población; por lo que no se advierte irregularidad en que se fundamente la imposibilidad de efectuar los referidos procesos dentro del señalado plazo, en las especiales circunstancias que ha acarreado la pandemia.

Saluda atentamente a Ud.,


JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República