Dictamen N° E49049

Texto del dictamen

Nº E49049                               Fecha: 04-XI-2020

La Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ha remitido la presentación de doña María Claudia Martínez Novack, profesional médico cirujano de nacionalidad peruana, que solicita un pronunciamiento sobre el motivo esgrimido por el Servicio de Salud de esa región, para negar su nombramiento en calidad de contrata, pese a contar con permiso especial de trabajo emitido por la Gobernación Provincial de Aysén, y a estar tramitando su residencia temporaria. Agrega que habría iniciado sus funciones el 2 de marzo de 2020 en el Centro de Salud Familiar de esa localidad, y que le fue informada dicha negativa con posterioridad.

Requerido su informe, el mencionado servicio expuso que la decisión de no contratar a la reclamante se sustenta en que no cumple con los requisitos de ingreso a la Administración del Estado, al no poseer cédula de identidad chilena, agregando que tampoco era posible efectuar el registro en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER-.

Cabe tener presente, en forma previa, que según el artículo 13 de la Constitución Política, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Luego, el artículo 12, letra a), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que para ingresar a la Administración del Estado será necesario, entre otros requisitos, ser ciudadano, agregando dicho precepto que, en casos de excepción determinados por la autoridad llamada a hacer el nombramiento, podrá designarse en empleos a contrata a extranjeros que posean conocimientos científicos o de carácter especial, precisando que los respectivos decretos o resoluciones de la autoridad deberán ser fundados, especificándose la especialidad requerida para el empleo y acompañándose el certificado o título del postulante.

Enseguida, su artículo 13 dispone en sus incisos primero y final, que el requisito de ciudadanía se acreditará mediante documentos o certificados oficiales auténticos, y que la cédula nacional de identidad acreditará la nacionalidad y demás datos que ella contenga.

Por su parte, el artículo 74, inciso primero, del decreto ley N° 1.094 de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, precisa que “No se podrá dar ocupación a los extranjeros que no acrediten previamente su residencia o permanencia legal en el país o que están debidamente autorizados para trabajar o habilitados para ello”.

Luego, acorde con el artículo 29 del citado decreto ley, en relación con el artículo 49 del decreto N° 597, de 1984, del entonces Ministerio del Interior -que aprueba el Reglamento de Extranjería-, la visa temporaria es aquella que se otorga al extranjero que tiene el propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite tener vínculos de familia o intereses en el país o cuya residencia sea estimada útil o ventajosa, confiriendo a su titular la posibilidad de desarrollar cualesquiera clase de actividad lícita en el mismo.

A su vez, según el artículo 135 bis del mencionado reglamento, los extranjeros cuya solicitud de residencia temporaria o sujeta a contrato se encuentre en trámite, podrán solicitar autorización para trabajar mientras se resuelve el otorgamiento de la visación que corresponda, la que de ser autorizada se materializará mediante la entrega de una tarjeta especial de trabajo, que contendrá las menciones establecidas en el N° 2 del artículo 131 de ese cuerpo reglamentario.

De lo expuesto se aprecia que para ingresar a la Administración del Estado se debe ser ciudadano, que implica ser chileno, lo que se acreditará mediante el certificado de nacimiento respectivo o por fotocopia de la cédula nacional de identidad, acorde con el criterio contenido en el dictamen Nº 51.184, de 2008. Excepcionalmente, se podrá designar en empleos a contrata a extranjeros, ajustándose a los términos previstos en el citado Estatuto Administrativo, sin que se exija contar con cédula de identidad.

Por su parte, corresponde señalar que conforme a lo indicado en los dictámenes Nºs  62.092, de 2012; 84.720, de 2013, y 5.390, de 2020, de este origen, la visación de residencia temporaria habilita a quien la posee para ser contratado en la Administración, en la medida que cumpla con los demás requisitos para ello, criterio que también resulta aplicable a la situación de quienes se les ha concedido por la autoridad correspondiente el permiso especial de trabajo y mientras este se encuentre vigente.

Pues bien, de la documentación tenida a la vista, consta que la profesional extranjera afectada contaba con una tarjeta especial de trabajo otorgada mediante la resolución exenta N° 82, de 2020, de la Gobernación Provincial de Aysén, permiso temporal que abarcaba el periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 2 de julio de la presente anualidad.

De ese modo, es posible apreciar que la recurrente pudo ser contratada por el referido servicio en aquel período, en la medida que hubiere satisfecho los requisitos contemplados para ser designada en calidad de contrata, sin que le fuera exigible acompañar una cédula nacional de identidad, en atención a que no le corresponde acreditar el requisito de ciudadanía, por tratarse de una profesional extranjera. Además, según se señaló en el dictamen Nº 58.534, de 2006, no es la cédula de identidad el instrumento que permite a un extranjero laborar en Chile, sino el contar con residencia o permanencia legal en el país o estar debidamente autorizado para trabajar o habilitado para ello.

Asimismo, cabe hacer presente que SIAPER permite identificar a los funcionarios extranjeros con su número de pasaporte, por lo que la cédula de identidad no es un instrumento imprescindible para esos efectos.

Por consiguiente, se debe concluir que no se ajustó a derecho que ese servicio rechazara la contratación de la recurrente por no contar con su cédula nacional de identidad, circunstancia que, en lo sucesivo, deberá tener presente esa repartición, sin perjuicio de efectuar el pago por los servicios efectivamente prestados por la interesada durante el mes de marzo de 2020, en caso de no haberse procedido a su entero, atendido el principio de enriquecimiento sin causa.

Saluda atentamente a Ud.,


JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República