Dictamen N° 25547

Texto del dictamen

Nº 25.547                            Fecha: 25-IX-2019

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Claudio Cofré Soto, abogado, en representación de doña KIP, funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, para impugnar la sanción de amonestación severa que, de propia iniciativa, se le impuso a su representada, pues se encontraba suspendida de funciones.

En su informe, esa institución policial señaló que tal sanción se le aplicó a la interesada por no cumplir con la orden impartida por su superior, de informar cada concurrencia a tribunales, respecto de la causa RIT 171-2018, del Juzgado de Garantía de Valparaíso, en la que la señora KIP figuraba como imputada por el delito que menciona, pues no comunicó la inasistencia a la audiencia de juicio simplificado fijada para el día 20 de febrero de 2018.

Sobre el particular, cabe señalar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 22 del decreto Nº 40, de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de Disciplina, que los jefes y oficiales que tengan facultad para aplicar medidas disciplinarias, podrán imponer a sus subalternos de propia iniciativa, sin necesidad de sumario administrativo ni investigación sumaria, las sanciones de amonestación simple, amonestación severa y permanencia en el cuartel, cuando las faltas estén claramente establecidas o aparezcan de manifiesto en antecedentes fidedignos, tal como ha sido reconocido en el dictamen Nº 16.884, de 2011, de este origen.

Luego, resulta útil recordar que la señora KIP fue sancionada por infringir el artículo 6º, Nº 2, letra b) y Nº 3, letra a), del Reglamento de Disciplina, pues se estimó que no cumplió con la orden que le impartió la jefa subrogante de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana de mantener informado al mando de esa unidad, de cada concurrencia a tribunales en la causa en que figuraba como imputada.

Al respecto, cabe anotar que el artículo 2º del citado reglamento indica que ordenar es mandar a subalternos para que ejecuten ciertos actos o cumplan determinadas instrucciones, agregando su inciso segundo que estas órdenes pueden ser verbales o escritas.

Por su parte, el artículo 4º de esa normativa prescribe que el funcionario que reciba una orden competente tiene el deber de cumplirla, pero si la estimare ilegal o antirreglamentaria deberá representarla por escrito, en forma respetuosa, si el superior insiste, también por escrito, el funcionario procederá a ejecutarla, quedando exento de responsabilidad, la que recaerá íntegramente en quien la impartió.

Puntualizado lo anterior, corresponde precisar que el inciso primero del artículo 13 del decreto Nº 1, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, señala que cuando sea necesario para el mejor éxito de la investigación o cuando los hechos investigados comprometan el prestigio de la Institución, o las circunstancias lo aconsejen en hechos de suma gravedad, el fiscal podrá suspender de sus funciones al o los inculpados.

En este sentido, esta Contraloría General concluyó, en el dictamen Nº 59.303, de 2014, entre otros, que quien permanece separado transitoriamente como medida decretada en un sumario administrativo, no pierde su condición de funcionario, de manera que puede ser sancionado por el incumplimiento de una instrucción que le sea aplicable, tal como ocurrió en la especie.

Conforme con lo anterior, se observa que la circunstancia de encontrarse suspendida de funciones no eximió a la señora KIP de cumplir con las órdenes e instrucciones que le fueron impartidas, al momento de resolverse la cuenta escrita de fecha 31 de enero 2018, para informar las novedades ocurridas en la causa que se seguía en su contra.

Por otra parte, en cuanto a que la orden recibida consistía en informar las asistencias a tribunales y no las inasistencias, cabe expresar, como indica esa institución policial, que la instrucción impartida a la reclamante tuvo por objeto tomar conocimiento oportuno de los hechos que afectan a sus funcionarios. Así, en opinión de esta entidad fiscalizadora, la orden recibida estaba enfocada en mantener informado a su mando de la realización de las audiencias en que se encontraba citada, no solo si comparecía efectivamente, sino también de aquellas en que se producía su inasistencia, por cualquier causa que fuere.

En consecuencia, no advirtiéndose la existencia de ninguna irregularidad en la aplicación de la mencionada sanción, se desestima la pretensión deducida.
 
Saluda atentamente a Ud.


Por orden del Contralor General de la República
Marta Morales del Río
Jefe de Departamento 
Departamento de Previsión Social y Personal