Dictamen N° 26214

Texto del dictamen

N° 26.214                             Fecha: 19-X-2018

Se ha dirigido a esta Contraloría General la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), solicitando un pronunciamiento acerca de la procedencia de que esa institución delegue la facultad del jefe superior del servicio para responder las solicitudes de acceso a la información pública en el director del departamento jurídico y en los directores regionales, mediante los actos administrativos que allí menciona.

Indica que el Consejo para la Transparencia (en adelante, el Consejo) en su informe de fiscalización de fecha 23 de agosto de 2016, expresó que la solicitud que ese órgano colegiado presentó anónimamente ante la JUNJI fue respondida mediante un acto administrativo suscrito por el director del departamento jurídico, sin la indicación de estar efectuándolo “Por orden” del Vicepresidente Ejecutivo, lo cual, según el Consejo, no se aviene con la Instrucción General N° 10 (en adelante, I.G. N° 10), impartida por este último organismo.

El servicio recurrente sostiene que las modalidades de delegación de la atribución o de la firma, se encuentran previstas por el artículo 41 de la ley N° 18.575, por lo que no puede entenderse que un instrumento de rango infralegal, como lo es la I.G. N° 10, establezca un límite a las prerrogativas del jefe superior del servicio reconocidas en esa ley.
 
Requerido su informe, el Consejo puntualiza, por una parte, que la I.G. N° 10 “se limita exclusivamente a la delegación de la facultad de firmar” de conformidad al inciso tercero del artículo 41 de la ley N° 18.575. 

Por otra parte, manifiesta que la delegación de atribuciones y funciones del inciso primero del mismo artículo no procede cuando se trata de responder a las solicitudes de acceso a la información, pues “al ser la Ley de Transparencia una ley especial” en relación con la ley N° 18.575, establece específicamente que la responsabilidad de dar respuesta recae en la autoridad o jefatura o jefe superior del servicio, estableciendo al efecto un título de infracciones y sanciones en relación con las obligaciones de estos.

Sobre el particular, el artículo 41 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, prescribe, en su inciso primero, que el ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado en base a las condiciones que el mismo precepto establece, puntualizando en su letra d), que la responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización.

De otro lado, el inciso tercero del artículo 41, dispone que podrá delegarse la facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, en determinados actos sobre materias específicas; y que este último tipo de delegación no modifica la responsabilidad de la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la que podría afectar al delegado por negligencia en el ejercicio de la facultad delegada.

Al respecto, el dictamen N° 32.946, de 2006, de este origen, concluyó que en conformidad con la ley N° 17.301 -que creó la JUNJI- y con el citado artículo 41, el vicepresidente ejecutivo de esa entidad cuenta con facultades para delegar el ejercicio de sus atribuciones o su firma.

Enseguida, la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado -Ley de Transparencia-, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285, establece en su artículo 14, que quien debe pronunciarse sobre las solicitudes de acceso a la información es la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración.

A su vez, el Título VI sobre “Infracciones y Sanciones” de la misma ley establece, en sus artículos 45 y 46, la aplicación de las sanciones que indica en la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio en casos de denegación infundada del derecho de acceso a la información.

Cabe anotar que la expresión “autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado”, a que aluden los precitados artículos, es “la autoridad con competencia comunal, provincial, regional o, en su caso, el jefe superior del servicio a nivel nacional”, según la definición del artículo 1°, inciso segundo, N° 1, de la citada ley.

Por otra parte, ese mismo cuerpo legal prescribe en su artículo 33, letra d), que el Consejo tiene la atribución de dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a estos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación.

A su turno, la Instrucción General N° 10, de 2011, del Consejo, indica, en su acápite III, numeral 7, que las respuestas a las solicitudes de información “deberán ser suscritas por la respectiva autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio. No obstante, podrán delegar la facultad de firmarlos por orden de la autoridad delegante en funcionarios de sus respectivos servicios, sin que ello altere la responsabilidad establecida en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia”.

En relación con el marco jurídico examinado, puede advertirse que el artículo 41 de la ley N° 18.575 permite expresamente la delegación, tanto de atribuciones como de firma, sin que la Ley de Transparencia contemple normas especiales que impidan el ejercicio de esa facultad.

En este sentido, mediante el dictamen N° 78.778, de 2015, de este origen, se concluyó que si bien en principio corresponde a la jefatura superior de un servicio atender las solicitudes de acceso a la información que se formulen en el marco de la Ley de Transparencia, nada obsta a que pueda delegarse tal función o la firma de los actos atingentes en los términos que previene el artículo 41 de la ley N° 18.575, lo que implica, entre otros aspectos regulados en esta última norma, que el delegado debe ser un funcionario de la dependencia del delegante.

En este contexto, es posible concluir que la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI se encuentra habilitada para delegar en funcionarios de su dependencia el ejercicio de sus atribuciones en la materia referida, sin perjuicio del régimen especial de responsabilidad previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley de Transparencia. De este modo, la I.G. N° 10, de 2011, del Consejo, debe, necesariamente, entenderse referida a la delegación de firma, mecanismo que también puede utilizar esa autoridad.

Saluda atentamente a Ud.,


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República