Dictamen N° 83336

Texto del dictamen

N° 83.336 Fecha: 16-XI-2016

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Miguel Ángel Silva Salinas, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, impugnando la declaración de salud incompatible para el desempeño del cargo de que fue objeto, lo que, en opinión de esa institución, se ajustaría a la normativa que rige la materia.
Al respecto, cabe anotar que el artículo 151 de la ley N° 18.834 -aplicable en la especie, en virtud de lo consignado en el artículo 153 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de esa entidad policial-, establece que el jefe superior podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, el uso de licencias médicas en un periodo continuo o discontinuo mayor a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, y sin que corresponda computar las licencias por accidentes en actos del servicio ni enfermedades profesionales, lo que se cumplió en esta situación.
En efecto, en los antecedentes tenidos a la vista, consta que el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, previa verificación de que se cumplieron aquellas exigencias legales, determinó que la salud del señor Silva Salinas era incompatible con su empleo, al presentar reposos por un total de 376 días, en el lapso antes señalado, no apreciándose, por ende, una arbitrariedad en lo resuelto, dado que en tal decisión la autoridad no efectúa un análisis de la salud del funcionario, en orden a establecer si esta es o no recuperable, como al parecer entiende el recurrente, siendo dable añadir, que de la documentación tenida a la vista, aparece que para el reseñado cómputo no se consideró el lapso en que el afectado estuvo suspendido en virtud de un sumario administrativo.
Puntualizado lo anterior, en cuanto a la supuesta transgresión a lo dispuesto en el artículo 9°, letra n), de la orden general N° 1.998, de 2003, de la Dirección General de la anotada institución policial, Reglamento Interno de las Brigadas de Investigación Criminal y Brigadas Especializadas que, en lo que importa, consigna que el jefe de una brigada debe visitar al personal enfermo, cabe expresar que no se advierte de qué manera el eventual incumplimiento que se reclama, haya tenido incidencia en la facultad ejercida por la superioridad de esa entidad, conforme se sostuvo, para un caso análogo, en el dictamen N° 47.461, de 2016, de esta procedencia.
Seguidamente, acerca de que la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile no evaluó su capacidad física antes de emitirse la decisión de que se trata ni se pronunció sobre una eventual irrecuperabilidad de su salud, es menester destacar que lo alegado no constituye un impedimento para que el mencionado Director General, previa verificación de que se cumplieron los requisitos legales -esto es, uso de reposos por más de seis meses, en los dos últimos años, que se computan hacia atrás desde la data de emisión del acto que efectúa la declaración, a saber la resolución exenta N° 160, de 18 de abril de 2016-, haga uso de la reseñada atribución, según fuese precisado en los dictámenes Nos 101.183, de 2015 y 67.939, de 2016, de este origen, entre otros, pues esa autoridad no realiza un análisis de la salud del empleado.
A su turno, en lo referente al planteamiento de que la anotada determinación se adoptó sin que precedentemente se estableciera si sus dolencias correspondían a una enfermedad profesional, cumple con indicar, acorde con lo dispuesto en el artículo 4° del decreto N° 36, de 1984, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento sobre Enfermedades Profesionales e Invalidantes del Personal de esa entidad policial, que la existencia de una patología de esa característica debe verificarse mediante la instrucción de un sumario administrativo.
En este sentido, es menester agregar que el artículo 5° de ese texto reglamentario prescribe, en lo que importa, que dicho proceso sumarial puede iniciarse a petición del interesado, lo que no consta se haya solicitado con anterioridad a la dictación de la resolución del Director General que declaró la salud del recurrente como incompatible con su cargo.
Luego, en cuanto a que con la decisión en análisis, se contravendría lo establecido en el artículo 111 de la ley N° 18.834 -que define la licencia médica como el derecho que tiene un funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud-, ya que tal precepto no restringe el número de días de que se puede hacer uso del referido reposo, cumple con expresar que el mismo cuerpo legal, en su artículo 151, faculta al jefe superior del servicio para considerar como salud incompatible con el desempeño de un cargo, el uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo mayor a seis meses en los últimos dos años, razón por la que debe concluirse que la declaración en examen se enmarca dentro de las atribuciones otorgadas por la ley a dicha autoridad.
Asimismo, en lo que atañe a que la determinación que se impugna infringiría el derecho a la protección de la salud, es necesario anotar, con arreglo a lo informado en el dictamen N° 102.309, de 2015, de este origen, que ello no es efectivo, pues la decisión de que se trata se vincula con la vigencia de la relación laboral, sin afectar de modo alguno el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo que garantiza el artículo 19, N° 9, de la Carta Fundamental.
Por otra parte, acerca de que la determinación en análisis, contravendría el artículo 19, N° 16, de la Constitución Política, referido a la libertad de trabajo y su protección, cabe consignar que las personas ingresan voluntariamente a los organismos de la Administración del Estado, y al hacerlo se adscriben a un régimen de derecho público que establece diversas causales de cese, entre ellas, el alejamiento por salud incompatible, por ende, no se advierte cómo el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 151 de la ley N° 18.834, importe una transgresión de ese precepto constitucional.
Luego, en lo concerniente a que la decisión en estudio, también vulneraría la garantía prevista en el N° 17 del reseñado artículo 19, cumple con manifestar que no se aprecia de qué modo esta pudo verse afectada, pues aquella asegura la admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.
Por consiguiente, debe concluirse que la determinación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, en orden a declarar la salud del señor Miguel Ángel Silva Salinas como incompatible para el desempeño del cargo, por haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años, se ajustó a derecho.
Transcríbase a la Policía de Investigaciones de Chile.
Saluda atentamente a Ud.

Por orden del Contralor General
Víctor Hugo Merino Rojas
Jefe División de Personal de la Administración del Estado