Dictamen N° 43895

Texto del dictamen

N° 43.895       Fecha: 14-VI-2016

El inciso primero del referido artículo 67 faculta al Contralor General para ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios las sumas que adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente, por tanto, resulta pertinente establecer las condiciones en que deben efectuarse estos descuentos.
Tratándose de obligaciones que no deriven de una sentencia judicial, el inciso cuarto del artículo 67 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría General, establece la facultad del Contralor General para liberar, total o parcialmente, por resolución fundada, de la restitución o del pago de las remuneraciones percibidas indebidamente por los funcionarios de las entidades que controla cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error.
Dicha atribución se encuentra delegada en los contralores regionales, por lo que su ejercicio debe considerar la necesaria uniformidad de acciones y criterios que corresponden a esta Institución Contralora a lo largo del país.
Para tal objeto, se requiere fijar algunos criterios objetivos en relación al ejercicio de esta atribución, tanto en el nivel central como en las distintas Contralorías Regionales.
Por las consideraciones expuestas, se emiten las presentes instrucciones:
I. REGLAS GENERALES.
Al existir una percepción indebida de remuneraciones, esto es, que provoca un perjuicio al patrimonio público, deben adoptarse las medidas tendientes a obtener su reintegro por quien aparezca como responsable, lo cual, en el caso de los funcionarios que hayan ordenado o efectuado el pago, deberá determinarse a través del proceso disciplinario correspondiente.
El servidor que haya recibido los estipendios sin asistirle buena fe o justa causa de error, debe reintegrarlos.
Se resolverán del mismo modo aquellos casos en que la situación de un funcionario sea análoga a la de otros ya solucionados con anterioridad, que tengan la misma causa, y siempre que existan los antecedentes en la Contraloría para resolver o consten los cargos pecuniarios registrados en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, para cuyo efecto deberá este revisarse exhaustivamente antes de resolver cada solicitud.
II. PROCEDENCIA DE LA LIBERACIÓN.
Encontrándose establecida la deuda, en cuanto a su monto y procedencia, y sin perjuicio de la ponderación que se haga en cada caso particular atendidas las circunstancias personales del interesado que concurran, que se puedan considerar suficientemente acreditadas en la presentación o en otros antecedentes que se acompañen o se requieran, se considera que concurriría la buena fe o una justa causa de error del deudor en los casos siguientes:
1. Tratándose de licencias médicas rechazadas, si el afectado ejerció oportunamente todos los medios de impugnación que la ley le franquea, e interpuso los reclamos administrativos pertinentes;
2. En el caso de reintegros generados por errores del servicio pagador en la determinación del monto del beneficio pagado, se debe tener en especial consideración la naturaleza de éste, en cuanto a la complejidad de su cálculo, la claridad con que se informa en las planillas o liquidaciones de sueldos respectivas u otros elementos que hagan difícil su comprensión por parte de quienes no tengan un conocimiento especializado en materias remuneratorias;
3. Existencia de procedimientos disciplinarios en que se deje establecida la responsabilidad del funcionario pagador, y conste que el afectado desconocía las causas y circunstancias de la improcedencia del pago;
4. Cuando el deudor haya dado aviso antes del requerimiento de pago, por escrito, a la unidad pagadora respectiva, de la improcedencia del desembolso realizado;
5. Cuando ha existido un acto administrativo notificado o publicado, que haya dispuesto el estipendio, constituyendo un título aparentemente válido para su percepción por el afectado;
6. Cuando desde la data de percepción del emolumento hayan transcurrido cinco años o más, a la fecha de la solicitud de condonación formulada por el funcionario afectado.

III. ALCANCE DE LA LIBERACIÓN.
En las situaciones mencionadas en el numeral precedente, se liberará totalmente de la restitución en aquellos casos en que la deuda no exceda de 1 Unidad Tributaría Mensual. En los demás casos, se liberará total o parcialmente, en el porcentaje que se pondere, considerando las circunstancias que generaron la deuda, la capacidad económica del interesado, y el resguardo del patrimonio público.
La liberación total o parcial del deudor no se hará extensiva a quienes hayan ordenado o efectuado el pago, cuando de los antecedentes tenidos a la vista se advierta que existiría responsabilidad disciplinaria de estos funcionarios, lo cual se indicará así en la resolución respectiva, con el objeto de instruir al servicio pagador en orden a incoar el proceso disciplinario correspondiente e iniciar las acciones para perseguir la responsabilidad civil de dichos servidores.
IV. PARCIALIDADES PARA EL REINTEGRO.
Respecto del saldo, y sin perjuicio que el descuento máximo no pueda superar el 50% de las remuneraciones del afectado, se otorgarán al deudor facilidades de pago, estableciendo cuotas cuyos montos constituyan un porcentaje del alcance líquido de aquellas, entendiendo por tal, la remuneración imponible menos los descuentos legales.
Para la fijación del número de parcialidades se deberá tener en cuenta la capacidad económica del funcionario y sus circunstancias personales, su calidad funcionaria -es decir, si es de planta o a contrata a fin de prever la imposibilidad de realizar los descuentos de aquellos servidores que abandonen el servicio-, y el costo asociado a la aplicación desde la fecha de la resolución que otorga las facilidades, del interés de la deuda establecido en el artículo 146 de la ley N°10.336.
Por razones de equidad, cuando así se determine en casos calificados, se podrá disminuir el monto que resulte luego de aplicar la reajustabilidad conforme a la variación que experimente la Unidad Tributaria Mensual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67 bis de la ley N° 10.336.
En los descuentos que se hagan efectivos sobre desahucios y pensiones de jubilación, retiro y montepíos, se deberá tener en cuenta lo informado en el dictamen N° 4.504, de 1982, de este origen.
V. IMPROCEDENCIA DE LA LIBERACIÓN.
En los casos siguientes no procederá la liberación de la deuda generada, sin perjuicio de otorgar facilidades para su reintegro, de acuerdo al numeral III, inciso segundo:
1. Cuando se trate de asignaciones cuya percepción deriva de un desempeño que no se ha realizado, como la asignación de zona o la asignación de turno; o de un supuesto específico, que no ha existido, como la asignación profesional; o que haya variado, como en la asignación de casa;
2. Tratándose de la percepción indebida de remuneraciones por parte de un funcionario que ha cesado en su empleo con posterioridad a la fecha de pago;
3. Cuando el funcionario perciba estipendios por el periodo en que se encuentra haciendo uso de un permiso sin goce de remuneraciones;
4. Cuando atendido el monto del pago indebido, se pueda inferir que el deudor conocía la improcedencia del mismo;
5. Cuando no se hayan interpuesto todos los recursos administrativos destinados a impugnar el rechazo de una licencia médica ante las instituciones privadas o públicas intervinientes;
6. Cuando, de los antecedentes acompañados y/o requeridos al servicio pagador u obtenidos de SIAPER, aparezca que la percepción indebida de un determinado estipendio por parte de un funcionario ha sido reiterada en el tiempo.
Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República