Dictamen N° 41014

Texto del dictamen

N° 41.014        Fecha: 03-VI-2016
Se ha dirigido a esta Contraloría General la señora María Celeste Mora Escobar, en representación de la Asociación de Funcionarios Municipales de San Bernardo, reclamando en contra de esa entidad edilicia, por cuanto -a su juicio-, al confeccionar el escalafón correspondiente al año 2014, se incurrió en diversos  errores.
Fundamenta su reclamo en que a los funcionarios que indica no les fue notificada personalmente ni por carta certificada su ubicación en el escalafón; y, que en dicho ordenamiento de personal se consignó en el rubro “antigüedad en el cargo”, el tiempo servido con anterioridad a los ascensos de los empleados de los estamentos de auxiliares y técnicos que señala, lo que, a su juicio, no procedería.
A su turno, la recurrente acompaña la presentación del señor Alejandro Núñez Zamora, administrativo grado 18, quien manifiesta que el citado municipio no consideró como antigüedad el desempeño que habría tenido en las Fuerzas Armadas; y la formulada por el señor Carlos Zúñiga Muñoz, quien fuera nombrado en el grado 12 de la planta administrativa inspectores el 25 de abril de 1995, tal como los funcionarios Nelson Olivares Mendoza y Mario Castro Urra, quienes, no obstante, figuran en el escalafón con una mayor antigüedad en el grado que aquel.
Finalmente, la recurrente hace presente que algunas de las situaciones planteadas no fueron expresamente solicitadas por los funcionarios afectados, acompañando los reclamos y solicitudes de  representación de los empleados que sí lo hicieron. 
Mediante presentación separada, la  señora María Luisa Villanueva Núñez, servidora de la Municipalidad de San Bernardo, solicita a esta Entidad Fiscalizadora no tener en cuenta lo argumentado respecto a su situación por la asociación de funcionarios recurrente -a la cual se encuentra afiliada-, toda vez que, según indica, nunca autorizó a dicha agrupación para que la representara en términos de perjudicarla.
Requerida al efecto, la citada entidad edilicia informó en lo que respecta a la falta de notificación de la posición en que se encuentran los funcionarios en el escalafón del año 2014, que su departamento de recursos humanos comunicó a los funcionarios durante la tercera semana de enero de 2016 un proyecto de escalafón para el año 2014, lo que se efectuó en las plataformas internas del municipio, vía correo electrónico institucional a cada uno de los funcionarios y se entregó a cada director de departamento una copia del referido proyecto del instrumento en comento, así como a las dos asociaciones de funcionarios de la entidad edilicia, todo ello con la finalidad de que quienes advirtieran un error en el escalafón de que se trata se dirigieran al funcionario designado especialmente para atender los requerimientos en ese sentido.
En lo relativo a la los errores que alega la ocurrente en la determinación de la antigüedad de los funcionarios promovidos la citada entidad edilicia manifestó, en lo que importa, que al momento de disponerse el ascenso, para determinar el funcionario al que le corresponde ser ascendido hay que estarse al escalafón de mérito y antigüedad vigente al momento de producirse la vacante respectiva.
Sobre el particular, como cuestión previa, en lo concerniente a la representatividad de la asociación de funcionarios para formular la presentación de la especie, planteada por la señora Villanueva Núñez, es conveniente señalar que el artículo 7°, inciso segundo, letra d), de la ley N° 19.296, contempla entre las finalidades principales de dichas agrupaciones el “Hacer presente, ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento de las normas del Estatuto Administrativo y demás que establezcan derechos y obligaciones de los funcionarios”.
A su vez, la jurisprudencia de este Ente Fiscalizador contenida en el dictamen N° 6.163, de 2014, ha resuelto -refiriéndose al aludido artículo 7°, inciso segundo, letra d), de la ley N° 19.296-, que en ella se contempló, en términos amplios, la posibilidad de que las aludidas organizaciones hagan sus presentaciones frente a las autoridades competentes, ante cualquier incumplimiento del Estatuto Administrativo y demás normas que establezcan los derechos y deberes de los empleados.
De este modo, habiendo concurrido la mencionada organización a esta Contraloría General exponiendo una eventual situación irregular, no resulta exigible el que adjunten un poder para efectuar la anotada presentación.
Con todo, debe tenerse presente que el inciso tercero del artículo 50 de la ley N° 18.883, prevé que los funcionarios tendrán derecho a reclamar de su ubicación en el escalafón con arreglo al artículo 156 del citado texto legal, esto es, dentro de diez días hábiles, plazo que debe contarse desde la fecha en que el escalafón esté a disposición de los funcionarios para ser consultado.
Al respecto, este Organismo Contralor, ha precisado, entre otros, en el dictamen N° 25.180, de 2012, que una vez publicado este ordenamiento del personal por el municipio, no resulta procedente introducirle modificaciones, ya sea de oficio o a petición de los empleados, puesto que ello sólo podrá acontecer en virtud de los pronunciamientos de esta Entidad Fiscalizadora, emitidos como consecuencia de reclamaciones que los servidores deduzcan oportunamente de acuerdo con el referido inciso tercero del artículo 50, toda vez que, vencido dicho plazo, el escalafón adquiere el carácter de inamovible.
De esta manera, en el evento que el asunto planteado por una asociación de funcionarios corresponda a un determinado asociado o funcionario -como acontece en la especie-, solo es posible considerar que ella se hace a nombre del interesado en la medida que se dé cumplimiento a la regla general en materia de representación contenida en el precitado artículo 22 de la ley N° 19.880 (aplica dictamen N° 29.808, de 2016).
En caso contrario, el pronunciamiento de este Ente de Control tendrá un carácter general, debiendo ser aplicado en lo sucesivo por la correspondiente entidad edilicia,  sin que, por lo mismo, pueda afectar la ubicación en el escalafón de personal en relación con funcionarios que no hubieren reclamado, puesto que, en tales circunstancias dicho ordenamiento se encuentra ejecutoriado, en los términos anteriormente señalados.
Precisado lo anterior, en lo que respecta a lo señalado por la señora Mora Escobar acerca de que a los señores Carlos Zúñiga Muñoz, Alejandro Núñez Zamora, Julio Mora Miranda, Yerko Alarcón Maldonado, y a las señoras Catalina Laso Ramírez y Marisol Soto Gómez, no les habría sido notificada su ubicación en el escalafón correspondiente al año 2014, cabe señalar que el inciso primero del artículo 38 del decreto N° 1.228, de 1992, del entonces Ministerio del Interior -Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal-, prevé, en lo que importa, que la unidad de personal “notificará a los funcionarios la ubicación que les ha correspondido en el escalafón, personalmente o por carta certificada”.
A su turno, el inciso segundo del aludido precepto señala que el escalafón será público para los funcionarios de la respectiva entidad edilicia, siendo la oficina encargada del personal, la unidad a la que le corresponde adoptar las medidas conducentes para dar acceso a dicho instrumento, manteniendo una copia a disposición de los empleados a contar de la fecha de su vigencia.
A su vez, es dable precisar que el artículo 47 de la ley N° 19.880, dispone que “Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad”.
En tal contexto normativo, se advierte que los aludidos funcionarios tuvieron conocimiento de su ubicación en el instrumento en cuestión, toda vez que han presentado dentro de plazo el reclamo en análisis ante esta Contraloría General, por lo que se desestima la alegación de los servidores de que se trata.
En un segundo orden de consideraciones, cabe consignar que el artículo 49 de la ley N° 18.883, prevé que “Con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas, las municipalidades confeccionarán un escalafón disponiendo a los funcionarios de cada grado de la respectiva planta en orden decreciente conforme al puntaje obtenido”, añadiendo su inciso segundo que “En caso de producirse un empate, los funcionarios se ubicarán en el escalafón de acuerdo con su antigüedad: primero en el cargo, luego en el grado, luego en la municipalidad, a continuación en la Administración del Estado, y finalmente, en el evento de mantenerse la concordancia, decidirá el Alcalde”.
A su turno, el inciso final del artículo 37, del precitado decreto N° 1.228, de 1992, prevé que “La antigüedad se determinará por la fecha consignada en los respectivos decretos de nombramiento, ascensos o encasillamiento de los funcionarios”.
Al respecto, según el artículo 9° de la anotada ley N° 18.883, todo cargo necesariamente tiene asignado un grado de acuerdo a la importancia de la función que se desempeñe, de lo que se desprende que, normalmente, la antigüedad en el cargo y en el grado son coincidentes, debiendo destacarse que, cuando opera un ascenso, se pasa a ocupar un cargo distinto del anterior, aunque tenga eventualmente la misma denominación y pueda o no implicar un cambio de funciones (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 25.455, de 2012, y 26.936, de 2016).
Sobre ello, corresponde hacer presente que el proceso de calificaciones, y el posterior escalafón que se confecciona en base a estas, se refiere al desempeño de un funcionario en particular, en un cargo determinado, al que se le ha asignado un grado o nivel remuneratorio, en relación a las exigencias y labores propias de la función que desarrolla, por lo que no procede extender el resultado de la evaluación en un empleo específico a otro distinto, razón por la cual quienes se encuentren ejerciendo las funciones correspondientes a los cargos a los que han sido promovidos y todavía no hayan sido evaluados en sus nuevos empleos, corresponde que se les ubique en el último lugar de sus respectivos estamentos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 26.936, de 2016).
Establecido ello, en relación con la situación que afecta a la funcionaria cuya representación ha acreditado la asociación de funcionarios recurrente, esto es, doña Marisol Soto Gómez, técnico grado 12, consta que la señora Mónica Huerta González, fue promovida mediante el decreto N° 13, de 2015, desde el grado 13 al 12, a partir del 22 de agosto de 2013, por lo que no habiendo sido evaluada en sus nuevas funciones, en el escalafón en estudio deberá ubicársele en el último lugar de dicho nivel remuneratorio y estamento, debiendo la Municipalidad de San Bernardo proceder al efecto, informando de ello a la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades de esta Contraloría General en el plazo de 20 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.
A continuación, en lo relativo a lo alegado en relación con el señor Núñez Zamora, administrativo grado 18, en orden a que el citado municipio no habría considerado su desempeño en las Fuerzas Armadas, de los antecedentes que obran en el  Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -en adelante, SIAPER- que mantiene esta Contraloría General, no se advierte que hubiera ejercido funciones en aquellas. Además, es pertinente precisar que, atendido que a su respecto se produjo un empate en el puntaje obtenido en las calificaciones y en la antigüedad en el cargo y grado con otros funcionarios, su posición en el escalafón fue determinada por la antigüedad en la municipalidad, la que no se altera por las labores alegadas, razones por las cuales se desestima su reclamación. 
Luego, en lo que se refiere a que el señor Zúñiga Muñoz, administrativo inspector grado 12, teniendo la misma antigüedad en el grado que los funcionarios Nelson Olivares Mendoza y Mario Castro Urra, figura con una antigüedad en el cargo y grado diversa a la de aquellos en el escalafón correspondiente al año 2014, de los antecedentes que obran en SIAPER, aparece que tanto los señores Zúñiga Muñoz, Olivares Mendoza como Castro Urra fueron promovidos por última vez en el citado estamento el 25 de abril de 1995, mediante el decreto N° 73, de 1995.
Ahora bien, respecto a la antigüedad en el cargo a efectos de la confección del escalafón, la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s. 25.455, de 2012, y 26.936, de 2016, entre otros, ha precisado que el factor antigüedad en el cargo, al que se recurre primero al existir igualdad en las calificaciones, tratándose de una misma planta, resulta coincidente con la antigüedad en el grado, luego, para determinarlo debe considerarse la fecha en que se experimentó una variación en el grado que sirve el funcionario afectado.
Así las cosas, los señores Zúñiga Muñoz, Olivares Mendoza y Castro Urra cuentan con la misma antigüedad en el cargo y grado, pero, en atención a que el recurrente tiene menor puntaje en sus calificaciones, ello no altera de modo alguno su ubicación en el escalafón, por lo que se desestima su reclamación, no obstante lo cual la Municipalidad de San Bernardo deberá corregir la información contenida en dicho ordenamiento de personal, informando de ello a la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades de esta Contraloría General en el plazo de 20 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.
Transcríbase a los recurrentes y a las Unidades de Seguimiento y de Validación y Registro de la División de Municipalidades de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud. 

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República