Dictamen N° 85960

Texto del dictamen

N° 85.960       Fecha : 29-X-2015
Se ha dirigido a esta Contraloría General la señora Mireya Palma Riveros, exfuncionaria de la Municipalidad de Recoleta, quien en el ejercicio del derecho establecido en el artículo 156 de la ley N° 18.883, reclama de la legalidad de la medida disciplinaria de destitución, prevista en los artículos 120, letra d), y 123 de ese mismo texto legal, dispuesta mediante el decreto alcaldicio N° 2.196, de 2015.

Acompaña al efecto, diversos antecedentes con el fin de desvirtuar los argumentos que el citado ente edilicio tuvo en consideración para resolver su destitución.

Expone la peticionaria, que tanto, en la formulación de cargos, como en la vista fiscal, el instructor del sumario se ha atribuido potestades que le corresponden a la Superintendencia de Seguridad Social y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, al calificar de irregular la obtención de la licencia médica N° 43546073, toda vez que habría sido solicitada a un facultativo distinto al tratante, con anterioridad a iniciar un viaje al extranjero, e infringiendo el reposo prescrito por dicho profesional, lo que conllevó a su rechazo por ese último organismo.

Añade que, por el contrario, todas sus licencias médicas fueron obtenidas conforme a la normativa legal vigente y que en ellas se señaló que el reposo podía ser en su domicilio o en otro diverso.

En ese contexto, sostiene que  en el proceso no existe ningún elemento de juicio que permita configurar responsabilidad administrativa en su actuar funcionario, sino que, por el contrario, habría en dicho sumario, una errónea apreciación de los hechos y la falta de ponderación de antecedentes objetivos, como ocurre con el oficio de la Superintendencia de Seguridad Social -que rola a fojas 70 de autos-, que acogió su reclamación por rechazo de licencias médicas, concluyendo que en todos sus permisos, inclusive aquel que sirvió de base para proceder a su destitución, se consideró justificado su reposo.

Por último, solicita que se declare la ilegalidad del procedimiento disciplinario y se ordene su reapertura, además de disponer la instrucción de una investigación sumaria en contra del fiscal de autos, en especial,  por la demora en la tramitación del citado proceso.

Como cuestión previa, cabe indicar que el sumario de la especie fue incoado con el objeto de investigar y determinar las eventuales responsabilidades administrativas originadas en una denuncia, efectuada a esta Contraloría General, en contra de la señora Palma Riveros por haber realizado un viaje al extranjero mientras se encontraba con licencia médica.

Precisado lo anterior, y en relación con la presentación de documentación por parte de la recurrente como medio de prueba ante este Organismo Fiscalizador, cabe advertir que los sumarios administrativos instruidos por las municipalidades son procedimientos reglados, cuya tramitación se encuentra prevista en la citada ley N° 18.883, sin que resulten admisibles en ellos otras diligencias o instancias que los previstos en la normativa dispuesta en ese cuerpo legal, como la solicitada, en esta oportunidad, por la señora Palma Riveros (aplica criterio contenido en el dictamen N° 36.229, de 2013).

Luego, según consta a fojas 63 de autos, se formuló un cargo en contra de la afectada, consistente en no cumplir  con sus obligaciones funcionarias y, en particular, con aquella que dice relación con la observancia del principio de probidad administrativa, al haber obtenido en condiciones abiertamente irregulares la licencia N° 43546073, con un fin distinto del señalado en el artículo 110 de la ley N° 18.883; solicitándola a un profesional distinto al tratante con anterioridad a su salida del país; encontrándose a esa fecha vigente el permiso médico N° 32664936, cuyo término se produjo cuando estaba en el extranjero; y, por constituir un reposo injustificado, que motivó su rechazo por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Ahora bien, en cuanto al reclamo deducido por la interesada, es dable manifestar que, analizados los antecedentes del expediente, se ha podido constatar que, el cargo formulado en contra de aquella no da cabal cumplimiento a los requisitos que se exigen para su validez y eficacia, toda vez que no se verificó la existencia de contravenciones a los deberes estatutarios por parte de la ocurrente (aplica criterio contenido en el dictamen N° 36.229, de 2013).

En efecto, las pruebas producidas en el proceso no resultan suficientes para establecer cuáles fueron los hechos que se estiman como inobservancia de los deberes de la señora Palma Riveros, ya que del análisis del expediente se advierte que no se ha logrado acreditar la obtención irregular de la licencia N° 43546073, extendida por un profesional distinto al tratante, antes de la salida de la imputada fuera del país, con infracción del artículo 110 de la ley N° 18.883 y, rechazada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, considerando que a fojas 33 de autos, se consigna un informe del facultativo a cargo -doctor Rodrigo Moraga Mardones-, que indica que “se le otorgó licencias repetidas, todas con reposo ambulatorio, a fin de favorecer su reinserción social y disminuir las fobias, incentivándose las salidas y actividades lúdicas” y, que a fojas 70, consta que el mencionado permiso médico, fue autorizado, entre otros, mediante el oficio N° 18.128, de 2015, por la Superintendencia de Seguridad Social, único organismo técnico con competencia para resolver los reclamos relativos a la pertinencia de una licencia médica, de conformidad con lo previsto en los artículos 2°, 3° y 38, letra e), de la ley               N° 16.395, modificada por la ley N° 20.691 y, en la jurisprudencia de este origen, contenida, entre otros, en el dictamen N° 52.325, de 2015.

Es más, tales probanzas, que son  contradictorias con los hechos irregulares imputados a la recurrente, no fueron ponderadas en el proceso, como se verifica en la vista fiscal que rola a fojas 75, y en la resolución que rechazó el recurso de reposición de fojas 90.

En ese sentido, cabe agregar que,  siendo la destitución, la máxima medida correctiva que contempla el ordenamiento jurídico, y que por ende implica la desvinculación del servidor del cargo que desempeña, con la consecuencia de quedar imposibilitado de ejercer un oficio público, salvo que medien cinco años, corresponde que ella sea determinada fehacientemente en el procedimiento disciplinario en que ha tenido lugar. Ello conlleva a que, tratándose de la vulneración al principio de probidad administrativa, esta deba importar un grave incumplimiento de los deberes funcionarios, lo que no ha sido acreditado en la especie (aplica criterio contenido en el dictamen N° 49.116, de 2015).

En consecuencia, se acoge el reclamo deducido por la señora Mireya Palma Riveros, por cuanto no se encuentra acreditado el cargo por el cual, en definitiva, la autoridad edilicia la sancionó con la medida disciplinaria de destitución y tampoco se aprecia que la actuación  atribuida a la peticionaria constituya una vulneración al principio de probidad, por lo que la Municipalidad de Recoleta deberá ordenar la reapertura del sumario, retrotrayéndolo a la etapa indagatoria, a fin de probar la o las supuestas infracciones, o bien, disponer la absolución de la recurrente, informando de ello a esta Entidad de Control en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.

Finalmente, y en relación a la demora en la instrucción del sumario de que se trata, es dable expresar que dicha dilación no constituye un vicio que afecte la validez del respectivo procedimiento, ya que no incide en aspectos esenciales del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 142 de la anotada ley N° 18.883, sin perjuicio de la responsabilidad que le compete al instructor y a la unidad jurídica de velar por la correcta y oportuna gestión de estos hasta la vista fiscal, obligación dentro de la cual se entiende incorporada la de dar cumplimiento a los plazos que contempla la normativa legal, tal como lo ha precisado este Organismo de Control, entre otros, en el dictamen N° 7.027, de 2014. 

Por consiguiente, y en atención a que el sumario en examen se ordenó instruir mediante el decreto alcaldicio N° 2.259, de 20 de noviembre de 2014 y, que la vista fiscal de dicho proceso, que rola a fojas 75 de autos, es de fecha 25 de mayo de 2015, corresponde que la autoridad edilicia pondere la procedencia de indagar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los servidores que hayan participado en el retraso aludido, en conformidad con lo establecido en los artículos 141 de la citada ley N° 18.883 y 28 de la ley N° 18.695.

Transcríbase a la señora Mireya Palma Riveros y a la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.

Patricia Arriagada Villouta
Contralor General de la República  
Subrogante