Dictamen N° 11818

Texto del dictamen

N° 11.818	        Fecha: 03-III-2010


El Instituto de Previsión Social ha requerido la respuesta de una reconsideración que se habría solicitado en relación con la fecha inicial de la pensión de viudez de la señora Rosa Amelia Rivera Valdés, viuda del Notario Público don Mario Osvaldo Bravo Ramírez.

Sobre el particular, debe recordarse, en primer término, que mediante la resolución N° AP-2001, de 2008, del entonces Instituto de Normalización Previsional, se reliquidó la pensión de viudez otorgada a la señora Rivera Valdés, fijándose como fecha de vigencia de ese beneficio el 2 de mayo de 2007, esto es, a contar del día siguiente al fallecimiento de su cónyuge. 

Dicho acto de concesión fue devuelto por esta Entidad de Control, a través de los oficios N°s. 43.493 y 47.136, ambos de 2008, en los que se hizo presente que el aludido montepío debía regir desde el primer día del mes siguiente al deceso del causante, es decir, a partir del 1 de junio de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 19.454 y en el artículo 114 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en cuya virtud, cuando un funcionario fallece en actividad, los beneficiarios allí indicados tendrán derecho a percibir la remuneración que a éste corresponda hasta el último día del mes en que ocurra el deceso.

Enseguida, con fecha 7 de enero de 2009, la indicada resolución fue reingresada a este Organismo Contralor, conjuntamente con el oficio N° 3.319, de 2008, del referido instituto previsional, con el objeto de que se aprobara la señalada data de vigencia, en razón de los fundamentos allí expuestos, documento cursado el 24 de marzo de 2009, por compartirse el criterio sustentado en el aludido oficio conductor, circunstancia que esta Contraloría General entendió como suficiente respuesta al requerimiento formulado a través del mencionado oficio.

Lo anterior, considerando que el artículo 6° de la ley N° 19.454 dispone que el entonces Instituto de Normalización Previsional y las Mutualidades de Empleadores de la ley N° 16.744 pagarán las pensiones hasta el último día del mes del fallecimiento del titular, agregando, en su inciso segundo, que las pensiones de sobrevivencia causadas en los regímenes previsionales administrados por el señalado Instituto y aquellas de la ley N° 16.744, se devengarán a contar del primer día del mes siguiente al del deceso del causante. 

En este sentido, cabe mencionar que, examinando esta normativa a la luz de lo dispuesto por el artículo 22 del Código Civil, es dable concluir que, en el mismo contexto del inciso primero de la citada disposición legal, la alusión a las pensiones de sobrevivencia que hace su inciso segundo sólo incluye a los beneficios causados por titulares que, a la data de su fallecimiento, se encontraban pensionados.  

De este modo, y en relación a los trabajadores que a la data de su muerte se encontraban en servicio activo, es menester distinguir dos situaciones, la de los funcionarios públicos, regidos por el Estatuto Administrativo, y las de los imponentes que no están sujetos a dicha normativa, entre los que se encuentran quienes ejercen su actividad de forma independiente, como los notarios públicos, calidad esta última que revestía el señor Mario Osvaldo Bravo Ramírez. 

Respecto de los primeros, es dable establecer que las pensiones que ellos originan, deben pagarse a contar del primer día del mes siguiente a la fecha de su fallecimiento, dado que el artículo 114 del Estatuto Administrativo dispone que las personas allí indicadas tienen derecho a percibir la remuneración que a éste correspondiere hasta el último día del mes en que ocurriere su deceso.

Ahora bien, teniendo en cuenta que para los causahabientes de los segundos no existe tal prerrogativa, es posible inferir, tal como lo señalara la regla general del artículo 38 del D.F.L. N° 1.340 bis, de 1930, Ley Orgánica de la antigua Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, que esta clase de beneficio se defiere desde el día del fallecimiento del imponente en el caso que éste no se encuentre sujeto al referido Estatuto Administrativo, dado que de no aplicarse ese criterio, se produciría un período de tiempo en que no se devengaría sueldo ni pensión de sobrevivencia, sin perjuicio de añadir que en esta Entidad de Control no se encuentra pendiente trámite alguno relacionado con la situación previsional de la señora Rosa Amelia Rivera Valdés.

Finalmente, se hace presente que el expediente previsional respectivo fue devuelto a esa Institución conjuntamente con el acto administrativo antes individualizado. 



Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República