Dictamen N° 4829

Texto del dictamen

N° 4.829 Fecha: 9-II-2000
Universidad de Chile hace presente que, a su juicio, la acreditación de determinados requisitos exigidos para el ingreso de profesores a esa Casa de Estudios Superiores, podría ser simplificado en los términos que indica, por lo que, para tales fines, solicita un pronunciamiento de esta Entidad Fiscalizadora sobre el particular.
Al efecto, señala que el requisito de salud podría acreditarse con la certificación de un médico acompañada de un examen practicado en algún laboratorio particular; el nivel educacional, debería ser demostrado con una simple fotocopia del certificado de título que se encuentre legalizada por algún notario público y, en cuanto a la situación militar del postulante, estima que debería suprimirse la exigencia del plazo de duración del pertinente certificado.
Sobre el particular, esta Contraloría General debe expresar, en primer término, que el artículo 13 de Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, previene, en lo que interesa, que para ingresar a la Administración se deberá cumplir con los requisitos generales que determine el respectivo estatuto y con los que establece el Título III de ese cuerpo legal, además de los exigidos para el cargo que se provea.
A su vez, el artículo 11 de Ley N° 18.834, prescribe que para los efectos del referido ingreso, será necesario, entre otros requisitos, tener salud compatible con el desempeño del cargo, haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley y haber cumplido con las normas sobre reclutamiento, cuando fuere procedente. 
En este sentido, es dable señalar que el artículo 12 del mencionado estatuto administrativo, previene que el requisito de salud deberá acreditarse mediante certificación del Servicio de Salud respectivo, de lo que se desprende que corresponde a estos organismos, y en la forma por ellos establecida, efectuar la acreditación en estudio, por lo que resulta improcedente que el cumplimiento de dicha exigencia, pueda ser comprobado a través del procedimiento señalado por la peticionaria.
Por otra parte, según el mismo precepto, el requisito de poseer el nivel educacional o título profesional o técnico se acreditará mediante documentos o certificados oficiales auténticos.
Agrega la misma disposición, que el requisito de título profesional o técnico, se acreditará mediante los títulos conferidos en la calidad de profesional o técnico, de conformidad a las normas legales que rijan en materia de educación superior.
Como puede advertirse, el cumplimiento de la exigencia en análisis, debe ser comprobado a través de los documentos originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el funcionario competente para otorgar el documento original o para certificar acerca del contenido de éste, según lo dispuesto en los artículos N°s. 1.698 y siguientes del Código Civil y tal como lo ha declarado, por lo demás una reiterada jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los Dictámenes N°s. 100.684, de 1973; 4.489, de 1988 y 18.968, de 1994. 
Además, debe anotarse que la autorización notarial o Ia protocolización de este tipo de documentos, no les otorga validez para los fines indicados, como quiera que tal certificación sólo se refiere a la existencia material del título o diploma copiado o fotocopiado, pero no al hecho de haber sido emitido por la autoridad que lo suscribe, dado que no se trata de un instrumento en cuyo otorgamiento haya participado el notario respectivo.
No obsta a lo anterior, lo dispuesto en el artículo único de Ley N° 19.088, que permite presentar los originales de los documentos que sean requeridos, o copias o fotocopias autorizadas de ellos y dejar fotocopias simples de los mismos, previo cotejo que efectúe el funcionario administrativo receptor, toda vez que ello dice relación con las actuaciones que se realicen y presentaciones que se formulen ante las autoridades que la norma indica y sólo respecto de los asuntos que expresamente se mencionan.
Enseguida, en lo que concierne a la circunstancia de haber cumplido con la ley de reclutamiento, debe anotarse que el artículo 6° del Decreto N° 244, de 1979, de Guerra, Reglamento Complementario del decreto ley de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, N° 2.307 *, de 1978, prescribe que “el cumplimiento del decreto ley se acreditará con el documento de situación militar, expedido por el cantón de reclutamiento correspondiente al domicilio del interesado”, agregando que “el Director General dispondrá lo referente al formato y período de validez de dicho documento, que no podrá exceder de 90 días” .
En consecuencia, esta Controlaría General cumple con señalar que los requisitos de que se trata deben acreditarse en conformidad a lo antes expresado, careciendo esta Entidad de Control de facultades para permitir que tales exigencias sean comprobadas a través de otros procedimientos, como tampoco puede alterar la vigencia del mencionado certificado de situación militar.
*Nota:  Donde dice N°2.307, de 1978, debe decir N°2.306, de 1978