Dictamen N° E26306

Texto del dictamen

Nº E26306                                  Fecha: 11-VIII-2020

Don Marcelo Veloso Aguilar, Presidente del Servicio de Bienestar de Funcionarios de Salud de la Municipalidad de Renaico, solicita que se determine si procede el pago del saldo pendiente del aporte municipal que se adeudaría a dicho organismo entre los años 2015 y 2018, toda vez que, según indica, durante ese lapso la aludida entidad edilicia solo le habría concedido un monto equivalente a 2,5 unidades tributarias mensuales -UTM-, por cada afiliado, en circunstancias de que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1° y 3° de la ley N° 19.754, procedía otorgarle el mismo aporte que se entregó al Servicio de Bienestar Municipal, el que fue equivalente a 4 UTM, por afiliado.

Requerido, el referido municipio informa, en síntesis, que si bien es efectivo que recién en el año 2019 equiparó el aporte entregado al Servicio de Bienestar de Salud con aquel concedido al Servicio de Bienestar Municipal, en su opinión, no procede disponer el pago retroactivo de las diferencias que se reclaman, por cuanto ese beneficio se financia con su presupuesto anual. Agrega que, por lo demás, dicha circunstancia no fue reclamada en su oportunidad.

Sobre el particular, corresponde anotar que el inciso primero del artículo 1° de la citada ley N° 19.754 autoriza a las municipalidades del país para otorgar prestaciones de bienestar, entre otros, a los funcionarios regidos por la ley N° 19.378 -que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal-, con el objeto de propender al mejoramiento de las condiciones de vida del personal y sus cargas familiares y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano del mismo.

Cabe precisar que originalmente dicha norma no contemplaba como posible beneficiario de las aludidas prestaciones al personal regido por la ley N° 19.378 -Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal-, cuya inclusión se produjo a través de la modificación introducida por la ley N° 20.647, publicada el 8 de enero de 2013, a la ley N° 19.754.

A su vez, la referida ley modificatoria agregó un nuevo inciso tercero al mismo artículo, el cual dispone que “cada entidad administradora regida por la ley N° 19.378, podrá constituir un sistema propio de prestaciones de bienestar para los trabajadores que pertenecen a dicha entidad, dictándose al efecto su propio reglamento conforme al artículo 2°, y aplicándose en todo lo demás las normas de este cuerpo legal, salvo que se indique lo contrario”.

Enseguida, el inciso cuarto del artículo 1° de la ley N° 19.754 -también incorporado por la ley N° 20.647-, agrega que de constituirse un sistema de prestaciones de bienestar separado, el aporte municipal deberá ser igual al que se otorga al sistema de prestaciones de bienestar vigente en la municipalidad respectiva; sin embargo, los beneficios que se contemplen en el reglamento deberán estar estrictamente ajustados a las disponibilidades presupuestarias de cada uno de los sistemas en forma independiente.

Por su parte, el artículo 3° del texto legal en comento indica que para el financiamiento de las actividades de bienestar social, las municipalidades determinarán anualmente el aporte que realizarán por cada afiliado activo, considerándose los correspondientes recursos en el presupuesto municipal. El aporte que establezca no podrá ser inferior a 2,5 UTM ni superior a 4,0 UTM, añadiendo que los recursos correspondientes deberán considerarse en registros contables especiales dentro del respectivo presupuesto municipal.

Como se puede advertir de los anotados preceptos, para los entes edilicios constituye un imperativo legal el otorgamiento de idénticas contribuciones, por afiliado activo, a los servicios de bienestar municipal propiamente tales y a aquellos creados en forma separada por algún organismo administrador regido por la mencionada ley N° 19.378 (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 52.915, de 2014 y 19.679, de 2015, de este origen).

Ante estas circunstancias, cabe concluir que, tal como lo informó la Municipalidad de Renaico, esta incumplió dicho deber cuando, luego de la creación del Servicio de Bienestar de sus Funcionarios de Salud, desde el año 2015 y hasta el año 2018, entregó a ese organismo un aporte inferior a aquel que concedió, durante ese mismo periodo, a su Servicio de Bienestar Municipal, razón por la que procede que la referida entidad edilicia pague a la brevedad los saldos adeudados a la institución recurrente.

No obsta para esto último, el hecho de que el aporte de que se trata sea financiado con el presupuesto municipal para un año determinado, puesto que, tal como lo ha afirmado la jurisprudencia administrativa de esta Institución Fiscalizadora contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 22.781, de 2003, y 27.241, de 2009, ello solo se relaciona con el adecuado nivel de correspondencia que debe existir entre el tipo de beneficios que ofrezca el servicio de bienestar y los recursos con que estos se financian, sin que se adviertan aspectos de orden jurídico que impidan el cumplimiento de la señalada obligación legal.

Tampoco exime su observancia el hecho de que la referida situación no se haya reclamado con anterioridad, ya que, a falta de norma expresa, la devolución del saldo impago de los mencionados aportes se encuentra sujeta al plazo de prescripción general que prevé el artículo 2.515 del Código Civil, el que contempla un plazo de cinco años para exigir el cumplimiento de ese derecho.

Saluda atentamente a Ud.


Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de la República