Dictamen N° 10374

Texto del dictamen

N° 10.374                                   Fecha: 25-VI-2020

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor diputado Andrés Longton Herrera, solicitando un pronunciamiento sobre si procede que las empresas del Estado den preferencia en sus procesos licitatorios a oferentes que contraten trabajadores que residan permanentemente en los territorios de las comunas donde se establecen los proyectos a desarrollar, faenas e instalaciones.

Al respecto, es necesario puntualizar que nuestro ordenamiento jurídico no contiene una normativa que regule de manera general las contrataciones que efectúan las empresas del Estado, salvo lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 4° de la ley N° 19.886 que les prohíbe contratar con las personas y sociedades que allí se indican.

Luego, los procesos licitatorios que efectúen las singularizadas empresas deben llevarse a cabo en conformidad con la normativa aplicable a cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo anterior y en lo que dice relación con la consulta en estudio, cabe mencionar que artículo 10, inciso tercero de la ley N° 19.886 preceptúa que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente. El inciso cuarto añade que reglamento determinará las características que deberán reunir las bases de las licitaciones.

Por su parte, el N° 3 del artículo 23 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, señala que las bases pueden, como contenido adicional, incorporar “criterios y ponderaciones que se asignen a los Oferentes, derivados de materias de alto impacto social”, precisando a continuación que se entenderá de esa condición, entre otras, aquellas materias relacionadas con la descentralización y el desarrollo local. Añade que “estos puntajes o ponderaciones no podrán, en caso alguno, ser los únicos que se consideren para determinar la adjudicación de la oferta más conveniente”.

Como puede advertirse, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de que incluso en las licitaciones que realice la Administración del Estado regida por sus normas en su totalidad, pueda considerarse el desarrollo local como una materia que, dado su impacto social, sea objeto de evaluación, asignando una ponderación o puntaje a la concurrencia del mismo, como sería el caso de la contratación de trabajadores que residan en los lugares donde deban prestarse los servicios.

 En este contexto, es menester concluir respecto de las empresas del Estado -que solo se rige por parte de esa normativa-, que no se advierten inconvenientes para que de estimarlo pertinente, den preferencia en sus procesos licitatorios a oferentes que contraten trabajadores que residan permanentemente en los territorios a que alude la presentación del rubro. 

Saluda atentamente a Ud.,	


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República