Dictamen N° 3426

Texto del dictamen

N° 3.426 Fecha: 14-I-2016
El Alcalde de la Municipalidad de Aysén solicita se reconsidere el dictamen N° 53.651, de 2015, que concluye que esa entidad edilicia, inclusive con posterioridad a su intervención en la etapa de evaluación del proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, del que es titular la empresa Energía Austral SpA, se encontraba impedida de celebrar un convenio con ésta y aceptarle una donación, lo que aconteció en los años 2014 y 2015, respectivamente, pues ello, a lo menos en forma potencial, afecta la imparcialidad exigida por la ley N° 18.575 al municipio, en este caso, para cumplir la labor que la normativa ambiental le asigna.
El recurrente fundamenta su petición en que no corresponde aplicar el texto actual de la ley N° 19.300 ni el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contenido en el decreto N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, dada la fecha de ingreso del proyecto a dicho sistema, SEIA. De este modo, no sería posible afirmar que al municipio todavía le quepa participación en el respectivo procedimiento y que, por ende, se configure una infracción al principio de probidad administrativa, cuya existencia, por lo demás, debería determinarse a través de un debido proceso.
En efecto, el estudio de impacto ambiental de la especie ingresó al SEIA el 13 de agosto de 2009 y la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén el 16 de septiembre de 2013 emitió la pertinente resolución de calificación ambiental N° 180. Así, al 26 de enero de 2010 –data de publicación de la ley N° 20.417 que introdujo modificaciones a la ley N°19.300, de Bases Generales de Medio Ambiente–, la evaluación de impacto ambiental del proyecto de que se trata se encontraba en tramitación y, por ende, tal como el interesado expresa, en virtud del inciso tercero del artículo primero transitorio de aquel texto legal, el procedimiento continuó de acuerdo a las normas vigentes al momento de su ingreso.
No obstante, la precedente circunstancia en nada altera la conclusión del dictamen que se controvierte, dado que tanto los artículos 9°, inciso final; 14, letra a); 20, inciso final y 23 de la ley N° 19.300, según su texto vigente a la fecha en que ingresó el aludido estudio de impacto ambiental al SEIA, como los artículos 22, 23 a 27, 29 y 46 del decreto N° 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que a dicha época contenía el reglamento del SEIA, aluden, en las etapas de evaluación y recursiva, a la participación de organismos del Estado con atribuciones ambientales sectoriales en la evaluación de estudios de impacto ambiental, entre los cuales se encuentran precisamente las municipalidades. 
Ello se basa en que las municipalidades pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la protección del medio ambiente y, además, pueden colaborar en la fiscalización y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente dentro de los límites comunales, al tenor de la letra b) del artículo 4° e inciso tercero del artículo 5° de la ley N° 18.695, respectivamente (aplica los dictámenes N°s. 6.650, de 2002; 53.321, de 2004, y 9.624, de 2005).
Pues bien, consta que la Municipalidad de Aysén intervino en diversas ocasiones en la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo. Además, que, una vez dictada la mencionada resolución de calificación N° 180, de 16 de septiembre de 2013, se dedujeron en su contra diferentes recursos de reclamación, los que hasta esta fecha se encuentran en tramitación. De esta manera, debe reiterarse que dicho órgano de la Administración debía inhibirse de celebrar un convenio con la empresa Energía Austral SpA y de aceptar una donación suya, en los años 2014 y 2015, puesto que todavía podía requerirse su intervención en el proyecto del cual es titular esa sociedad.
A mayor abundamiento, es del caso recordar que el oficio N° 439, de 2010, de la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y el dictamen N° 6.518, de 2011, de este origen, establecieron que las autoridades de los municipios de esa región que intervengan en la evaluación de los proyectos hidroeléctricos a que aluden esos documentos, entre los cuales se encuentra el de la especie, deben abstenerse de celebrar convenios o de recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tuvieran o pudieran tener interés en la calificación ambiental de dichas actividades, predicamento que concuerda plenamente con lo concluido en el pronunciamiento cuya reconsideración se solicita. 
Finalmente, en lo que atañe a la exigencia del debido proceso que el recurrente menciona, cabe señalar que el dictamen N° 53.651, de 2015, precisó que la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo debe proceder a la instrucción de un sumario administrativo en la Municipalidad de Aysén, cuya finalidad es, precisamente, determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos analizados.
El procedimiento disciplinario aludido se encuentra regulado en el Título VIII de la ley N° 10.336 y en las instrucciones impartidas por la resolución N° 510, de 2013, de este Organismo Contralor, Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la República, normativa que contempla las instancias tendientes a garantizar el debido proceso que el interesado hace valer, resultando pertinente añadir que el artículo 10 del último texto citado impone al fiscal instructor el deber de siempre actuar con estricta sujeción a dicho principio.
En mérito de lo expuesto, se reitera el criterio sustentado en el dictamen N° 53.651, de 2015, y se complementa en los términos indicados.
Transcríbase al Ministro del Medio Ambiente, al Director Regional de Aysén del Servicio de Evaluación Ambiental, al Concejo de la Municipalidad de Aysén, a la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y a la División de Municipalidades de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud. 

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República