Dictamen N° 7932

Texto del dictamen

N° 7.932 Fecha: 8-II-2011

La Corporación Nacional Forestal solicita un pronunciamiento que determine la improcedencia del otorgamiento, por parte de la Dirección General de Aguas, de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en zonas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Al efecto, alude esa Corporación a diversas disposiciones contenidas en la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, promulgada por decreto N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el decreto  N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba el texto definitivo de la Ley de Bosques; en el decreto ley N° 1.939, de 1977, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Al respecto, es dable señalar en primer término, que, tal como lo manifestó este Ente de Control en su dictamen N° 56.465, de 2008, el ordenamiento jurídico contempla diversas categorías de protección de riquezas naturales ubicadas en el territorio nacional. Así, vgr., se distinguen las reservas forestales, los parques nacionales, los parques nacionales de turismo, las reservas nacionales, los monumentos naturales, y las reservas de regiones vírgenes, todas ellas, categorías que difieren entre sí, en cuanto a su naturaleza y regulación.

En ese contexto, esta Contraloría General debe consignar que la determinación acerca de la procedencia de la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en zonas que son objeto de alguna de dichas formas de protección debe ser analizada en relación a la situación concreta de que se trate.

Por lo mismo, en ausencia de una disposición de carácter general en el ordenamiento jurídico, que establezca explícitamente un impedimento para que la Dirección General de Aguas constituya derechos de aprovechamiento, por la sola circunstancia de incidir en un área sometida a un régimen especial de protección, quienes pretendan cuestionar el ejercicio de dicha competencia ante esta Entidad de Control, deben fundar su presentación en normas jurídicas específicas vinculadas a categorías de protección concreta, lo que no ocurre en la especie.

En efecto, a través de la consulta de la suma no sólo se ha requerido un  pronunciamiento  de  carácter  general –ya que está referido al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado-, sino que, además, los argumentos invocados respecto de la totalidad del aludido sistema, se limitan a hacer mención a normas jurídicas que regulan específicamente sólo algunas categorías de protección. A lo que debe añadirse, que no existe una plena coincidencia entre la categoría que tienen aquellas áreas en que, según la recurrente, se estaría generando la problemática  que plantea, y las categorías de protección cuya regulación jurídica invoca.

En consecuencia, ninguno de los preceptos que se citan en la presentación que se analiza, permiten emitir un pronunciamiento de aplicación general como el que se solicita, ni ellas son suficientes para sostener la tesis que plantea la recurrente en las situaciones concretas que indica.

No obstante lo expresado, cumple con remitir los ejemplares, extraídos de la base de jurisprudencia de este Órgano de Control, del citado dictamen N° 56.465, de 2008, y del N° 35.989, de 2009, relativos a los casos específicos que en los mismos se señala.

Finalmente, en lo que atañe al otro aspecto que se plantea en la solicitud en estudio, cual es la juridicidad de lo dispuesto en el N° 5.1.4 “REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES”, del Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos -aprobado por la resolución exenta N° 3.504, de 2008, de la Dirección General de Aguas-, que prescribe que en el caso de solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales que recaigan en cualquier área bajo protección oficial, según lo dispuesto en el artículo 10, letra p), de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, no requieren contar con la correspondiente Resolución Calificatoria Ambiental en forma previa a la resolución final por parte del servicio, es del caso señalar que, tal como lo manifestó esta Entidad de Fiscalización en su dictamen N° 29.966, de 2010, de conformidad a la última disposición legal citada, lo que se encuentra sujeto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es la ejecución de obras, programas o actividades en los lugares que ahí se indican, circunstancia que no corresponde a la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales, toda vez que ésta emana de un procedimiento destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos que el Código de Aguas consagra para su otorgamiento a través del acto administrativo respectivo.

En consecuencia, y teniendo presente que en razón de lo anterior, se concluyó en el mismo dictamen precitado que para la constitución, por la Dirección General de Aguas, de un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales al interior de un área silvestre protegida, no resulta exigible contar en forma previa con una resolución de calificación ambiental favorable, esta Contraloría General no advierte reproche de legalidad que formular en relación con la precitada disposición del Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República