Dictamen N° 85432

Texto del dictamen

N° 85.432 Fecha: 30-XII-2013	

La División de Auditoría Administrativa ha remitido la presentación de los diputados Ricardo Rincón González y Gabriel Silber Romo, por la cual piden que se informe sobre la legalidad de las actuaciones del Instituto Nacional de Deportes de Chile -IND- en materia de fiscalización de los gastos efectuados en iniciativas sufragadas con donaciones de la ley N° 19.712, desde el año 2011 a la fecha.
Del mismo modo, consultan si es procedente que dicha institución permita que con esas liberalidades se financien gastos administrativos y de mantención de los recintos deportivos de propiedad de las organizaciones receptoras o que sean ocupados por estas a título de comodato, concesión o administración, y asimismo, que haya contemplado a los denominados proyectos de deporte laboral entre aquellos susceptibles de recibir esos aportes. 
Requerido de informe, el Director Nacional del IND junto con describir la intervención que le corresponde al Instituto en relación con la aplicación de la franquicia tributaria y la rebaja del impuesto a que dan derecho las referidas dádivas, se refirió al examen que esa entidad realiza en la materia. Además, expuso los argumentos en virtud de los cuales estima que las expensas y proyectos cuestionados por los parlamentarios recurrentes pueden ser objeto de los donativos de la especie. 
Por su parte, a solicitud de esta Entidad de Control, el Director del Servicio de Impuestos Internos sostuvo que las facultades que la precitada ley N° 19.712 le entrega a dicho organismo versan sobre la forma de acreditar las donaciones con fines deportivos; de establecer las formalidades de los documentos que deben emitirse para que procedan los beneficios tributarios respectivos, y de controlar que los recursos recibidos no se destinen a fines o a proyectos distintos de aquellos para los cuales se hizo la liberalidad.
En relación con la primera parte de la presentación, se remitirán los antecedentes pertinentes a la División de Auditoría Administrativa de este Organismo Contralor, para que dentro de sus planes de fiscalización considere la revisión de las actuaciones del IND en relación con el control de los gastos realizados en los proyectos que han recibido dádivas al amparo de la reseñada ley N°*19.712, desde el año 2011.
Puntualizado lo anterior, y en lo que se refiere a la decisión del IND de permitir que con las liberalidades en estudio se financien gastos administrativos y de mantención de recintos deportivos, debe considerarse que el artículo 62 del aludido cuerpo legal, consagra un crédito tributario en beneficio de los contribuyentes que efectúen donaciones en dinero para financiar proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos indicados en las letras a), b), c) o d) del artículo 43 del mismo texto, bajo las condiciones y modalidades que precisa.
De acuerdo al último precepto enunciado, los propósitos apuntados son “Financiar, total o parcialmente, planes, programas, actividades y proyectos de fomento de la educación física y de la formación para el deporte, como asimismo, de desarrollo de la ciencia del deporte y de capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos de las organizaciones deportivas”; “Fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de financiamiento, el deporte escolar y recreativo”; ”Apoyar financieramente al deporte de competición comunal, provincial, regional y nacional”, y “Apoyar financieramente al deporte de proyección internacional y de alto rendimiento”, respectivamente.
Para tener derecho al aludido beneficio, el artículo 63 de la antedicha ley N° 19.712 exige, entre otros requisitos y en lo que atañe a la consulta, que las liberalidades hayan sido efectuadas a las organizaciones deportivas que detalla su artículo 32, “cuyo proyecto se encuentre incorporado en el registro que para estos efectos llevará la Dirección Regional respectiva”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de esa normativa. 
A su turno, el numeral 2) del artículo 64 del texto examinado, dispone que “El proyecto podrá referirse a la adquisición de bienes corporales destinados permanentemente al cumplimiento de las actividades del donatario con fines deportivos, a gastos específicos con ocasión de actividades determinadas o para el funcionamiento de la institución donataria”, lo que es reiterado por el artículo 47 del decreto N° 46, de 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y de las Donaciones con Fines Deportivos Sujetas a Franquicia Tributaria.
Añade el artículo 48 de esta última preceptiva, que “En todo caso, el proyecto no podrá contemplar el financiamiento, en todo o en parte, de programas de competiciones o espectáculos realizados por organizaciones deportivas sobre la base de la participación de deportistas profesionales; salvo tratándose de eventos de carácter benéfico u otros de similar naturaleza en los que tales deportistas actúen a título gratuito. Asimismo, los donatarios no podrán ser personas jurídicas que persigan fines de lucro”.
De lo expuesto, es posible observar que para acceder a la franquicia tributaria de que se trata, las donaciones deben hacerse a las organizaciones deportivas que la normativa en estudio detalla y estar destinadas a financiar proyectos que, cumpliendo con las exigencias que se establecen en la preceptiva transcrita, tengan como objetivo el fomento, el desarrollo y el apoyo del deporte, así como también la adquisición, construcción, ampliación o reparación de recintos deportivos, permitiendo que dentro de ese marco se solventen expensas específicas con ocasión de actividades determinadas o el funcionamiento de la institución donataria.
Siendo así, es posible colegir que los gastos administrativos y de mantención de los recintos deportivos donde las entidades receptoras desarrollan sus fines propios cumplen con los supuestos antes descritos, en tanto son necesarios para la marcha de aquellas, por lo que no se advierten inconvenientes para que el IND los haya considerado como objeto de las donaciones de la ley N° 19.712.
Ello, por cierto, en la medida que esas expensas se encuentren contempladas dentro de un proyecto que forme parte del registro público que lleva para tal efecto la dirección regional respectiva, y que se cumplan los demás requisitos que la normativa analizada ha previsto.
Lo anterior, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia le corresponde al Servicio de Impuestos Internos -especialmente en cuanto a determinar la posibilidad de que una organización deportiva específica pueda ser beneficiaria de las liberalidades analizadas-, de conformidad con los artículos 6°, letra A, N° 1°, del decreto ley  N° 830, de 1974, sobre Código Tributario y 7°, letra b), del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, que contiene su ley orgánica (aplica dictamen N°*49.740, de 2002).
En lo que se refiere a los denominados proyectos de deporte laboral -que según los ocurrentes no pueden ser objeto de las liberalidades en estudio porque permitirían costear actividades que benefician mayoritariamente a los trabajadores del contribuyente que efectúa el donativo-, cabe considerar que acorde con el numeral 3) del artículo 63 de la citada ley N° 19.712, para que el aporte respectivo otorgue el derecho al beneficio contemplado en el artículo 62 de la misma, no debe ceder “en beneficio de una organización formada por personas que estén relacionadas con el donante por vínculos patrimoniales o que, mayoritariamente, tengan vínculos de parentesco con el donante”.
En igual orden de ideas, el artículo 11 de la ley N° 19.885 -que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos-, preceptúa que “Las instituciones que reciban donaciones acogidas a la presente ley o a otras que otorguen un beneficio tributario al donante, no podrán efectuar ninguna prestación en favor de éste, directa o indirectamente, en forma exclusiva, en condiciones especiales o exigiendo menos requisitos que los que exijan en general”, agregando a continuación que “Tampoco podrán efectuar dichas prestaciones en favor de los empleados del donante, de sus directores, o del cónyuge o los parientes consanguíneos, hasta el segundo grado, de todos éstos, ya sea directamente o a través de entidades relacionadas en los términos señalados en el artículo 100 de la ley N° 18.045”. 
Pues bien, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que mediante su oficio N° 1.570 de 2011, el Servicio de Impuestos Internos informó al IND que los programas de deporte laboral, a pesar de permitir la participación de empleados del donante, no vulneran lo dispuesto en el transcrito artículo 11, siempre que los mismos no se dirijan a dichos trabajadores en forma exclusiva, ni se les otorguen condiciones especiales o menos requisitos que los que se exijan en general para todos los participantes.
 Habida consideración de lo expuesto, cabe concluir que, en la medida que se respeten las condiciones descritas, los programas de deporte laboral no contravienen la normativa examinada.
Transcríbase al diputado señor Gabriel Silber Romo, al Instituto Nacional de Deportes de Chile, al Servicio de Impuestos Internos y a la División de Auditoría Administrativa de este Organismo. 
Saluda atentamente a Ud.


Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República