Dictamen N° 45894

Texto del dictamen

N° 45.894 Fecha: 24-VIII-2009

Mediante el pase interno N° 225 de 2009, la División de Municipalidades ha remitido el proyecto de oficio que atiende la presentación formulada por el Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, quien consulta si la autorización previa del Ministerio de Hacienda que exige el artículo 14 de la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal, es aplicable al acuerdo que celebren el expropiante y el expropiado sobre el pago a plazo de la indemnización respectiva.

Al respecto, esta División Jurídica cumple con manifestar que no concuerda con lo concluido por el citado proyecto, en cuanto a que para celebrar un convenio de pago diferido de la indemnización por expropiación de un inmueble, deberá requerirse previamente la autorización del Ministerio de Hacienda, que establece la disposición legal precedentemente citada.

Sobre la materia, corresponde tener presente que el articulo 19, N° 24, de la Constitución Política, garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. En particular, su párrafo tercero señala que "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.  El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.". Agrega el párrafo cuarto de este N° 24 que "A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.".

En armonía con el precepto constitucional recién citado, el artículo 33, inciso segundo, de la ley N° 18.695 -Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2006, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-, establece que para los efectos de dar cumplimiento a las normas del plan regulador comunal, las municipalidades estarán facultadas para adquirir bienes raíces por expropiación, los que se declararán de utilidad pública. Por su parte, la letra f) del artículo 65 de la mencionada preceptiva orgánica constitucional, establece que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al plan regulador comunal, en tanto que la letra b) del articulo 79 del mismo texto legal, previene que al concejo le corresponderá "Pronunciarse sobre las materias que enumera el artículo 65 de esta ley.".

Luego, es menester tener en consideración que el artículo 1° de la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones -contenida en el decreto ley N° 2.186 de 1978-, dispone, sin perjuicio naturalmente de lo prescrito por el citado artículo 19, N° 24, de la Constitución Política de la República, que toda expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, cualquiera que sea la ley que la autorice o la institución que la decrete, se sujetará al procedimiento establecido en dicho texto. En especial, sus Títulos I, II, III, IV y V regulan, respectivamente, los actos preparatorios y la determinación provisional de la indemnización; el acto expropiatorio y sus efectos inmediatos; la fijación definitiva de la indemnización; el pago de la indemnización y sus efectos; y la toma de posesión del bien expropiado y la inscripción del acto expropiatorio, etapas que están sujetas a la publicidad establecida por la ley.

A su turno, el articulo 6° previene que el Presidente de la República dispondrá la expropiación por decreto supremo y, en el caso de las entidades públicas desconcentradas o descentralizadas, se hará mediante resolución de éstas, previo acuerdo adoptado en conformidad a las normas legales por las que se rijan.

Seguidamente, es conveniente señalar que el monto provisional de la expropiación se determinará por la comisión especial que establece el artículo 4° del mencionado decreto ley y que la indemnización definitiva se fijará de común acuerdo o por el tribunal competente en su caso. En la primera situación, que es la que interesa para efectos de atender la consulta del recurrente, el expropiante y el expropiado podrán convenir el monto de aquélla, su forma y plazo de pago, incluso la dación en pago de bienes determinados.

Ahora bien, y en lo que resulta pertinente para el presente informe, el artículo 14 de la ley N° 20.128 establece que los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263 de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que originen obligaciones de pago a futuro por la obtención de la propiedad o el uso o goce de ciertos bienes, y de determinados servicios.

Al respecto cabe considerar que la disposición indicada se encuentra inserta en el Titulo II denominado "Normas sobre Gestión de Activos y Pasivos del Sector Público" y tiene por finalidad que la Secretaría de Estado aludida disponga oportunamente de información sobre los compromisos financieros y presupuestarios, necesaria para la toma de decisiones, y el uso y asignación eficiente de los recursos públicos, en conformidad con la normativa de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

Seguidamente, se advierte que, en, lo pertinente, el citado artículo 14 dice relación con la celebración de contratos o convenios con el objeto de adquirir la propiedad o el uso o goce de determinados bienes necesarios para el cumplimiento de las funciones de los órganos y servicios regidos por el decreto ley N° 1.263 de 1975, cuyo precio y modalidad de pago se acordará en el marco de la oferta del mercado, con sujeción a la normativa que rija al respectivo organismo.

Como puede observarse, la autorización previa del Ministerio de Hacienda, que exige el mencionado artículo 14 respecto de los contratos o convenios que originen obligaciones de pago a futuro, dice relación con acuerdos de voluntades que difieren esencialmente en cuanto a sus fundamentos jurídicos, finalidad, efectos y procedimientos, del acuerdo sobre pago a plazo del monto de la indemnización que celebren el expropiante y el expropiado en virtud de lo establecido en el articulo 19, N° 24, inciso cuarto, de la Constitución Política y en el artículo 11 del decreto ley N° 2.186 de 1978.

Conforme con lo anteriormente expuesto y a las disposiciones constitucionales y legales analizadas, a juicio de esta División Jurídica, el artículo 14 de la ley N° 20.128 no resulta aplicable al pago a plazo de la indemnización por expropiación que disponga Presidente de la República o los organismos públicos legalmente autorizados -como ocurre con las municipalidades-, pago que no corresponde al precio del bien inmueble expropiado sino que a la reparación patrimonial por la pérdida de ese bien.


Por orden del Contralor General de la República
Julio Pallavicini Magnere
Abogado Jefe de la División Jurídica