Dictamen N° 907

Texto del dictamen

N° 907                            Fecha: 09-I-2020

Se ha dirigido a esta Contraloría General el Prosecretario de la Cámara de Diputados, remitiendo los requerimientos de los diputados señores Ignacio Urrutia Bonilla y Gustavo Sanhueza Dueñas, mediante los cuales solicitan un pronunciamiento acerca de la facultad de los funcionarios municipales de cursar infracciones mediante registro fotográfico sin compañía de Carabineros de Chile, esto en consideración a que habrían tenido conocimiento de que los inspectores de la Municipalidad de Río Claro cursarían infracciones por transitar sin luces encendidas en la ruta 5 sur, tomando fotografías con teléfonos celulares desde la “pasarela Camarico”.

Agregan ambos diputados que una vez cursadas las infracciones señaladas, el municipio enviaría a los dueños de los vehículos un correo con apercibimiento de arresto, lo que consideran que excedería las potestades municipales. 

Asimismo, solicitan que se les remita "el decreto donde se autoriza a dicha municipalidad y a su alcalde a cursar dichas infracciones”, así como “la autorización de la autopista concesionada para que puedan tomar fotografías desde una pasarela perteneciente a dicha empresa”.

Requerida al efecto, la Municipalidad de Río Claro informó que los inspectores municipales estarían facultados para fiscalizar el cumplimiento de la obligación de que los vehículos que circulen por rutas interurbanas lleven sus luces encendidas, lo que podrán verificar personalmente a través de sus sentidos, siendo la imagen fotográfica solo un respaldo de su labor. Agrega la entidad edilicia, que el implemento utilizado para registrar las infracciones no correspondería a celulares, sino a cámaras fotográficas profesionales de propiedad del municipio.

Por su parte, solicitado informe al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, este señaló, en lo que interesa, que los inspectores municipales corresponden a aquellos funcionarios legalmente habilitados para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 18.290, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte esa Cartera, para lo cual podrán usarse equipos de registro y de detección de infracciones. Agrega que en la especie no se cuenta con antecedentes para ponderar si los teléfonos celulares cumplen con lo dispuesto en el decreto N° 196, de 2013, del mismo Ministerio, que reglamenta estándares técnicos y de uso para los mencionados equipos.

De la misma manera, requerido su parecer a Carabineros de Chile, esa entidad informó que los inspectores municipales se encuentran habilitados para cursar las infracciones de la especie, con independencia de esa misma institución, sin resultar necesaria la participación de funcionarios policiales para cumplir tal cometido.

Al respecto, cabe señalar que con arreglo a lo establecido en el N° 15 del artículo 200 de la ley N° 18.290 -de Tránsito-, son infracciones o contravenciones graves “Conducir un vehículo sin luces en las horas y circunstancias en que las exige esta ley o sus reglamentos”.

A su vez, el artículo 9°, inciso final, del decreto N° 22, de 2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -que dispone requisitos que deben cumplir los sistemas de frenos, luces, señalizadores, aparatos sonoros, vidrios, dispositivos de emergencia y rueda de repuesto con que deberán contar los vehículos motorizados, fija características a casco para ciclistas y reglamenta uso de teléfono celular en vehículos motorizados-, prescribe que “Los vehículos motorizados, cuando circulen por rutas interurbanas, incluso cuando estas rutas atraviesan zonas urbanas, deberán hacerlo con sus luces de circulación diurnas encendidas; en caso de no contar con dichas luces, deberán hacerlo con sus luces bajas encendidas”.

A continuación, es del caso indicar que en conformidad al inciso primero del artículo 4° de la Ley de Tránsito, Carabineros de Chile y los inspectores fiscales y municipales son los encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere dicha ley, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades, debiendo denunciar, al Juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan. 

Luego, el inciso tercero del mismo artículo dispone que para los efectos de llevar a cabo la labor de supervigilancia antes señalada, podrán utilizarse equipos de registro y de detección de infracciones, en la forma que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Agrega, su inciso cuarto, que “Los equipos de registro de infracciones podrán consistir en películas cinematográficas, fotográficas, fonográficas u otras formas de reproducción de la imagen y del sonido y, en general, en medios aptos para producir fe”.

El inciso sexto del precepto en estudio, establece que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones expedirá el reglamento que contemple los estándares técnicos que los referidos equipos deberán cumplir para el resguardo de su confiabilidad y certeza, y establecerá las condiciones en que han de ser usados para que las imágenes u otros elementos de prueba que de ellos se obtengan puedan servir de base para denunciar infracciones o contravenciones, instrumento que consta en el decreto N° 196, de 2013, de esa Cartera de Estado.

Enseguida, el inciso octavo del referido artículo 4°, dispone que los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja sólo podrán ser operados por Carabineros de Chile, y por los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas, en los casos allí descritos.

Por su parte, es dable recordar que el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.287 -que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local-, indica que los Carabineros e inspectores fiscales o municipales que sorprendan infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los Jueces de Policía Local, deberán denunciarlas al juzgado competente y citar al infractor para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando el día y hora, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

En consideración a dicho contexto normativo, la jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscalizador, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 3.420 y 17.200, ambos de 2001, ha reconocido la facultad de los inspectores municipales de supervisar el cumplimiento de la normativa de tránsito y, en ejercicio de esta potestad, dichos funcionarios pueden utilizar equipos de registro y detección de infracciones en la forma que la normativa señala.

Asimismo, se aprecia que los inspectores municipales no requieren, en el ejercicio de la labor fiscalizadora en estudio, contar con la presencia de Carabineros de Chile, la que solo es requerida para la operación de equipos de registro y detección en lo que respecta a las infracciones relativas a velocidad y luz roja.

Luego, cabe aclarar que el uso de tales equipos de detección y registro no es necesario para el ejercicio de la labor fiscalizadora de carabineros e inspectores municipales, pudiendo cursar las infracciones por las cuales se consulta sin contar con estos, sin perjuicio de que tales equipos contribuyan a generar instrumentos probatorios para el respectivo procedimiento ante el Juzgado de Policía Local pertinente; aspecto respecto del cual, tal como señalan los dictámenes N°s. 14.550, de 2000, y 3.420, de 2001, de este origen, no procede que este Organismo de Control se pronuncie, dado que se refiere al mérito probatorio de tales registros de imagen, materia que se encuentra sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Por consiguiente, la sola presencia de los inspectores municipales en el lugar en que estos han detectado la comisión de las infracciones de que se trata, resulta suficiente para que tales servidores efectúen la denuncia al juzgado competente, citando a audiencia al infractor, indicando día y hora, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

Ahora bien, en cuanto a la situación referida sobre las supuestas notificaciones por correo bajo apercibimiento de arresto efectuadas por los inspectores municipales, es del caso señalar que en esta ocasión no se acompañan antecedentes que den cuenta de ello, por lo que no es posible pronunciarse al respecto.

Finalmente, resulta menester aclarar -en lo que importa a este pronunciamiento- que el reseñado artículo 4°, inciso primero, de la Ley de Tránsito, es, precisamente, el que habilita a los inspectores municipales para supervigilar el cumplimiento de lo dispuesto en su artículo 200, N° 15, en relación con el artículo 9°, inciso final, del decreto N° 22, de 2006, ambos ya mencionados, y para denunciar al tribunal competente las contravenciones a esos preceptos, a lo que es dable agregar que aquel inciso no establece la exigencia de contar con autorizaciones como las que indican los singularizados parlamentarios. 

Saluda atentamente a Ud.


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República