FIJA EL TEXTO DE LA LEY N° 10.383, DE 8 DE AGOSTO DE 1952, REFUNDIDO CON EL DE SUS MODIFICACIONES, INCLUSIVE LAS CONTENIDAS EN LA LEY N° 16.840, DE 24 DE MAYO DE 1968

Artículo 1° Se declara obligatorio el seguro contra los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, para todas las personas que se indican y en las condiciones que se establecen en la presente ley. Del cumplimiento de los seguros y demás fines de esta ley estarán encargados la actual Caja de Seguro Obligatorio, institución con personalidad jurídica que, en adelante, se llamará Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, que se crea por la presente ley. El Servicio de Seguro Social estará encargado, además, del cumplimiento de los beneficios de indemnización por años de servicios y asignación familiar para obreros, de acuerdo con las disposiciones de los decretos con fuerza de ley número 243, de 23 de julio de 1953, del Ministerio de Hacienda, publicado el 3 de agosto de 1953 y número 245, de 23 de julio de 1953, del Ministerio de Hacienda, publicado el 31 de julio de 1953.

Artículo 2° Todos los obreros que ganen un salario estarán sometidos al régimen de previsión que contra los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte establece esta ley. Quedan, también, obligados al seguro, los obreros postulantes o aprendices de cualquier trabajo, industria u ocupación. En los casos que estos asegurados no perciban salarios, las imposiciones se calcularán en la forma establecida en el artículo 8° y serán de cargo exclusivo del patrón. Quedan, igualmente, sometidos a esta obligación, los trabajadores independientes, como artesanos, artistas, pequeños industriales, pequeños comerciantes fijos o ambulantes o personas que realizan oficios o prestan servicios directamente al público, en calles, plazas, portales o almacenes, siempre que su renta anual total no exceda de tres ingresos mínimos anuales. Los asegurados que por cualquier causa dejaren de tener la obligación del seguro y siempre que no estén afectos a otro sistema de previsión, podrán continuar acogidos a esta ley de acuerdo con las normas que fije el reglamento. Para los efectos de esta ley, se entiende por salario la remuneración efectiva que perciba o se pague al obrero, en dinero, especies determinadas o regalías contractuales o extracontractuales, por trabajo a destajo, horas extraordinarias, gratificaciones, participaciones en los beneficios, bonificaciones o cualesquiera retribuciones accesorias. Sólo se exceptúan, las asignaciones regidas por el decreto con fuerza de ley número 245, de 23 de julio de 1953, del Ministerio de Hacienda, publicado el 31 de julio de 1953. En el caso de pagos de beneficios sociales que se concedan por montos globales, tales como aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias, etc., su monto se distribuirá en el total del período al cual corresponda. La parte del salario no pagada en dinero será avaluada por el Consejo del Servicio de Seguro Social.

Artículo 3° El Servicio de Seguro Social entregará a todo asegurado una libreta personal e intransferible, que deberá contener los elementos necesarios para identificarlo claramente. En ella, los patrones deberán colocar las estampillas o sellos que adquieran para pagar las imposiciones, las cuales sólo podrán corresponder a las cantidades indicadas en los artículos 2° y 8°. Todo patrón deberá exigir al contratar un obrero su correspondiente libreta y si no la tuviere, deberá inscribirlo en la oficina correspondiente del Servicio de Seguro Social, a más tardar en los seis días siguientes de aquél en que éste haya empezado a trabajar, si se tratare de faenas situadas dentro de los límites urbanos en que funcione la oficina respectiva o dentro de los quince días siguientes, sí se tratare de faenas situadas fuera de dichos límites. Dentro de estos mismos plazos, los patrones deberán inscribir a los obreros aprendices que contraten. El seguro se iniciará con esta inscripción; sin embargo, si el patrón hubiere integrado oportunamente en el Servicio de Seguro Social las imposiciones de un obrero no inscrito, se entenderá iniciado desde la fecha de la primera imposición. El Servicio otorgará nueva libreta en los casos de pérdida o destrucción de la misma. El asegurado deberá, a satisfacción del Servicio, justificar la pérdida o acreditar la destrucción. En estos casos, se reconocerán las imposiciones contenidas en la libreta extraviada o destruida que el Servicio pueda verificar en la forma que estime satisfactoria. El Servicio mantendrá a cada imponente una cuenta individual en la que se anotarán el tiempo y los salarios, rentas y subsidios sobre los cuales se hubiere hecho imposiciones. Los datos anotados en la cuenta individual servirán de antecedentes para conceder los respectivos beneficios que contempla la ley. El Servicio de Seguro Social, previo informe favorable de la Superintendencia de Seguridad Social, podrá dictar las normas necesarias para reemplazar el procedimiento de recaudación, pago y contabilización de imposiciones por otro a base de nóminas, planillas u otros sistemas. En el ejercicio de esta facultad podrá eliminar la libreta de imposiciones, dictar las normas necesarias para su reemplazo y modificar los actuales sistemas de cuentas individuales, como también establecer el otorgamiento de los documentos que sean necesarios proporcionar al imponente, de acuerdo con las modalidades que exija el cambio del sistema.

Artículo 3° bis Si las imposiciones no se efectuaron oportunamente, el Servicio de Seguro Social deberá admitirlas cuando se acredite la prestación de servicios afectos a su régimen por medio de una sentencia ejecutoriada, dictada en juicio en el que él haya sido parte. El Servicio también podrá admitir las imposiciones a que se refiere el inciso precedente y cuyo pago no haya sido posible obtener de acuerdo a las normas generales, cuado la prestación de los servicios afectos a su régimen se acredite por alguno de los modos siguientes: 1.- Con un certificado de la Dirección del Trabajo, fundado en informe favorable de su Departamento de Inspección, o 2.- Con el informe favorable de los servicios inspectivos del Servicio de Seguro Social. El Servicio resolverá en cada caso previo informe de su Departamento Jurídico y de su resolución podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad Social. Sólo se podrá aceptar imposiciones por períodos posteriores al 6 de diciembre de 1952, que correspondan a servicios prestados con posterioridad a la inscripción del trabajador como asegurado. Excepcionalmente podrá admitirse el integro de imposiciones por servicios prestados como trabajador dependiente con anterioridad a la inscripción, cuando la efectividad de los servicios se acredite mediante prueba instrumental o con un principio de prueba por escrito, de fecha cierta y contemporáneo a dichos servicios. La sola declaración del trabajador, del empleador o de ambos en conjunto no constituirán, en caso alguno prueba suficiente para tener por establecida la efectividad de los servicios. En ningún caso podrá admitirse el integro de imposiciones por períodos que en conjunto excedan de cinco años. Las imposiciones se calcularán y pagarán sobre los salarios o rentas reajustados según la proporción que tenían con el sueldo vital o el ingreso mínimo de la época de los servicios si éstos se prestaron con posterioridad al 1° de enero de 1974, y deberán mantener esa proporción respecto del ingreso mínimo vigente al momento del pago. En ningún caso se considerarán salarios o rentas inferiores al cincuenta por ciento de dicho ingreso mínimo. Para los efectos del inciso anterior, se aplicarán las tasas de cotización vigentes a la fecha de la resolución que admita el integro y se cobrará el interés legal. Las imposiciones integradas en conformidad a este artículo se considerarán efectuadas oportunamente para todos los efectos legales. El reglamento establecerá el procedimiento de prueba de los servicios y las demás modalidades aplicables al integro de estas imposiciones.

Artículo 4° Se entiende por salario base mensual de un asegurado, la cifra que resulta de dividir por sesenta la suma de los salarios, rentas y subsidios sobre los cuales haya hecho imposiciones durante los cinco años calendario anteriores a la fecha del siniestro. Si el asegurado se hubiese inscrito en el Servicio de Seguro Social en cualquiera de esos cinco años, el cuociente se determinará dividiendo la suma de salarios, rentas y subsidios sobre los cuales se haya impuesto, por el número de meses transcurridos desde la inscripción hasta el siniestro. Para calcular el salario base mensual, se amplificarán previamente las imposiciones anteriores a los tres últimos años calendario contenidos en los cinco que señala el inciso precedente, en la proporción en que haya aumentado el salario medio de subsidio del año calendario que antecede a la fecha del siniestro, respecto al de cada uno de los años cuyas imposiciones se amplifican. La suma obtenida, después de aplicar las reglas de los dos incisos anteriores, se amplificará por la relación entre el salario medio de subsidios del año que precede al de iniciación de la pensión y el del que precede al año del siniestro. Se entiende por salario medio de subsidios, el cuociente entre las sumas de salarios diarios que corresponden al primer día de los subsidios concedidos a cada uno de los nuevos beneficiarios de estas prestaciones y el número de las mismas personas.

Artículo 5°.- Se denomina salario medio de pensiones, el cuociente entre la suma de los salarios base mensuales de las pensiones de invalidez, de vejez y de viudas de activos y el número de personas que obtuvieron esos beneficios. Este valor se calculará para el total de dichas pensiones concedidas en un año y regirá, aproximado a la decena de pesos o de milésimos de escudos más cercana, durante todo el año siguiente.

Artículo 6°.- Se entiende por densidad de imposiciones, el cuociente entre el número de semanas con imposiciones efectuadas y el número de semanas transcurridas en un determinado período.

Artículo 7°.- Las prestaciones en dinero establecidas en la presente ley son incompatibles entre sí y el beneficiario deberá optar por una de ellas. Se exceptúan: a) La cuota mortuoria; b) El goce simultáneo del auxilio de lactancia que determina el inciso segundo del artículo 32° y del subsidio que fijan los artículos 27° y 28°, y c) El goce simultáneo de pensión de viudez o de invalidez parcial y el de subsidios; en el caso de pensión de invalidez parcial, el subsidio es compatible, únicamente, si se basa en imposiciones que correspondan a salarios ganados después de la fecha inicial de dicha pensión.

Artículo 8°.- Las imposiciones, patronal y obrera, de los asegurados que estén cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio o con sus deberes militares en tiempo de guerra, serán de cargo del Estado y se pagarán de acuerdo con el ingreso mínimo del mes de agosto del año en que se formule el respectivo Presupuesto Anual de la Nación. Los asegurados que estén procesados o cumpliendo condena y que trabajen en los establecimientos carcelarios, deberán seguir imponiendo, ya sea como asegurados independientes o con aporte de la institución o persona para quien trabajaren, en su caso. Durante el tiempo que un asegurado apatronado estuviere incapacitado temporalmente para prestar sus labores a consecuencia de un accidente del trabajo, el patrón o la respectiva institución aseguradora, en su caso, estarán obligados a efectuar el total de las imposiciones en el Servicio de Seguro Social, sobre la base del subsidio que perciba el accidentado.

Artículo 9° Durante el período en que el asegurado reciba subsidio de enfermedad o pensión de invalidez, estará obligado a someterse a los exámenes, tratamientos indicaciones médicas que se le señalen; si rehusare hacerlo sin causa justificada, se le suspenderá el pago de la pensión o subsidio durante el tiempo que rehusare someterse a las prescripciones médicas. No obstante, en los casos de intervenciones quirúrgicas, los afectados podrán reclamar, dentro de quince días, de las decisiones a que se refiere el inciso anterior, ante una Comisión de Reclamos, que funcionará de acuerdo con las disposiciones de esta ley y de su reglamento y que estará formada por el Director General de Previsión Social, actual Superintendente de Seguridad Social, que la presidirá, por el médico Jefe de la Sección Médica, actual Departamento Médico, de la misma Dirección, actual Superintendencia, y por un médico designado por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Colegio Médico. En los demás casos, un tribunal, formado por dos médicos de la respectiva Zona de Salubridad y un representante de los obreros designado en la forma que determine el reglamento, resolverá los inconvenientes que se susciten de la aplicación del presente artículo.

Artículo 10°.- Para los efectos de controlar y verificar el cumplimiento de la presente ley, los inspectores del Servicio de Seguro Social, inspectores de subsidios y verificadores de salarios del Servicio Nacional de Salud, podrán visitar las oficinas y locales de trabajo y exigir la exhibición de las libretas de seguro, libros de salarios y todos los documentos relacionados con el pago de salarios, subsidios e imposiciones. Cuando sean requeridos, por medio de notificación, los patrones o sus representantes y los trabajadores independientes, deberán presentar en las oficinas del Servicio respectivo, las libretas u otra documentación que sea exigida. Los inspectores estarán sujetos a la prohibición y a las sanciones que establece el artículo 662 del Código del Trabajo.

Artículo 11° El Servicio de Seguro Social será administrado por un Consejo Directivo, que tendrá la siguiente composición: a) El Ministro de Salud Pública y Previsión Social, actual Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien lo presidirá; b) El Director General del Servicio de Seguro Social, quien lo presidirá en ausencia del Ministro; c) El Director General del Servicio Nacional de Salud; d) Tres representantes del Presidente de la República; e) Tres representantes patronales, elegidos por el Presidente de la República de ternas propuestas por las siguientes instituciones: Uno, por la Sociedad de Fomento Fabril; Uno, por la Sociedad Nacional de Minería, y Uno, por las sociedades agrícolas, de las ternas que enviarán para tal fin, los directorios de las siguientes instituciones: Sociedad Agrícola del Norte, Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno y Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia, y f) Tres representantes de los obreros, que sean imponentes del Servicio de Seguro Social, los que serán designados por el Presidente de la República, de ternas propuestas por la directiva de los sindicatos con personalidad jurídica, que tengan más de setecientos cincuenta obreros afiliados. Los obreros que figuren en las ternas serán elegidos en votación unipersonal. Será miembro, además, del Consejo, el Superintendente de Seguridad Social, en los términos que señala el artículo 9° de la ley 13.211, de 21 de noviembre de 1958. Los consejeros durarán tres años en sus funciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la República podrá poner término anticipadamente, por decreto supremo, a las funciones de los consejeros a que se refiere la letra d) de este artículo. Las ternas a que se refieren las letras e) y f) de este artículo, deberán ser enviadas al Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, actual Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por las instituciones respectivas, dentro de los sesenta días siguientes a las fechas en que sean requeridas por dicha Secretaría de Estado. Las designaciones previstas en las letras e) y f) las efectuará el Presidente de la República de entre las personas que figuren en las ternas presentadas oportunamente. Si para la provisión de alguno de los cargos de consejeros a que se refieren dichas letras, no se presentare ninguna terna, el Presidente de la República hará la designación eligiendo libremente entre los miembros de las organizaciones respectivas. El quórum para sesionar será de cinco miembros a lo menos. La composición que en el presente artículo se da al Consejo es sin perjuicio de lo establecido en la ley 8.707, de 4 de diciembre de 1946, publicada el 19 de diciembre de 1946.

Artículo 12° El Consejo tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Administrar y fiscalizar el Servicio, percibir sus ingresos, administrar sus bienes, otorgar los beneficios que establece este título, con excepción de aquellos a que se refieren los artículos 23°, 25°, 26°, 27°, 28°, 31° y 32°, y resolver las peticiones de asegurados y patrones; b) Contratar préstamos y arrendar, aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales, hipotecar y enajenar toda clase de bienes y constituir prendas; c) Aprobar y modificar la planta del personal. Hacer los nombramientos, ascensos y remociones de acuerdo con las normas establecidas en el estatuto orgánico para los funcionarios de las instituciones semifiscales. Tanto la aprobación de la planta como sus modificaciones, deberán ser ratificadas por decreto supremo. El personal que se destine, que se contrate o se nombre para atender los servicios de asignación familiar o indemnización por años de servicios para los obreros, creados por los decretos con fuerza de ley 243, de 23 de julio de 1953, del Ministerio de Hacienda, publicado el 3 de agosto de 1953 y 245, de 23 de julio de 1953, del Ministerio de Hacienda, publicado el 31 de julio de 1953, formarán parte de la planta de funcionarios del Servicio de Seguro Social y estarán sujetos, en todo, a las disposiciones legales y régimen jurídico establecidos para estos últimos funcionarios. Su nombramiento, no obstante, se hará de acuerdo con las normas del artículo 73°; d) Acordar las inversiones de los fondos de acuerdo con la presente ley. El Consejo no podrá acordar donaciones, gratificaciones o indemnizaciones que no estuvieren expresamente autorizadas en la presente ley o en leyes sociales; e) Dictar, con informe del Director General, los reglamentos internos para el funcionamiento del Servicio; f) Hacer las avaluaciones a que se refiere el artículo 2°. Estos acuerdos deberán adoptarse con un quórum de los dos tercios del Consejo. Las avaluaciones de carácter general y sus modificaciones se publicarán en tres días distintos en un diario de Santiago; las de carácter particular, se notificarán por carta certificada a los interesados. Se podrá reclamar de estas resoluciones al Consejo Directivo dentro de los quince días siguientes a la última publicación o notificación, según el caso. Durante la sustanciación del reclamo, no se suspenderán los efectos de la resolución reclamada; g) Percibir y liquidar, cuando proceda y para los efectos de entregarlo al Servicio Nacional de Salud, los bienes a que se refiere la letra h) del artículo 65°; h) Conceder licencias al Director General y nombrar reemplazantes durante su ausencia de acuerdo con la ley; i) Pronunciarse sobre los balances generales, previa visación de la Dirección General de Previsión Social, actual Superintendencia de Seguridad Social, y j) Pronunciarse, anualmente, sobre el presupuesto de entradas y gastos.

Artículo 13°.- El balance y el presupuesto anual deberá hacerse de acuerdo con las normas que fije el Presidente de la República. El Director General de Previsión Social, actual Superintendente de Seguridad Social, podrá vetar los acuerdos del Consejo que considere contrarios a la ley y a los intereses de la institución y deberá ratificar el presupuesto y el balance. Las observaciones deberán ser hechas por escrito dentro del plazo de cinco días, a contar del momento de la aprobación del acta. Para las observaciones que incidan en el presupuesto y el balance, este plazo será de treinta días. El Consejo podrá insistir, por los dos tercios de los consejeros en ejercicio, en el acuerdo observado, que en este caso deberá ser cumplido.

Artículo 14°.- El Director General será personalmente responsable de todos los actos que realice en el ejercicio de sus funciones, que no sean la ejecución de los acuerdos del Consejo, y tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos del Consejo y fiscalizar todas las operaciones del Servicio; b) Representar al Servicio, judicial y extrajudicialmente. El Director General podrá delegar esta representación en el Fiscal; c) Proponer, oportunamente, al Consejo, el presupuesto de entradas y gastos, la planta del personal y los nombramientos, ascensos y remociones del mismo; d) Conceder licencia a los empleados y requerir el acuerdo del Consejo cuando excedan de un mes en cada año; e) Presentar al Consejo, al comienzo de cada ejercicio, un estado de las operaciones verificadas en el período anterior y acompañar los balances generales de dichas operaciones; f) Aplicar administrativamente las multas y sanciones consultadas en la presente ley; g) Entregar al Servicio Nacional de Salud los recursos a que se refieren las letras a) y h) del artículo 65°, y h) Delegar, con aprobación del Consejo, parte de sus atribuciones en empleados superiores del Servicio, sin que esta delegación signifique liberarlo de responsabilidad, en los actos que en virtud de ella ejecuten dichos empleados.

Artículo 15°.- El Director General deberá presentar el balance de las operaciones dentro del plazo de 60 días siguientes al término del ejercicio anual correspondiente. Si no diese cumplimiento a esta obligación, la Dirección General de Previsión Social, actual Superintendencia de Seguridad Social, establecerá sumariamente las responsabilidades que afecten a los funcionarios por este atraso y procederá a practicar el balance.

Artículo 16° En los casos que se establezca que los gastos de administración del Servicio han sido superiores a los que la ley autoriza para el período correspondiente, la Dirección General de Previsión Social, actual Superintendencia de Seguridad Social, determinará los miembros del Consejo y funcionarios responsables que autorizaron el exceso del gasto, para los efectos de aplicar las sanciones legales pertinentes. Lo dispuesto en el inciso anterior no se hará efectivo, si esos gastos resultan superiores al porcentaje que en esta ley se establece, debido a que, por causas eventuales, haya bajado la suma total de los salarios sobre los cuales se aplica ese porcentaje. El Presidente de la República ordenará que se proceda al reemplazo del consejero que deje de serlo en la forma que corresponda.

Artículo 17° Para los efectos de la Administración del Servicio de Seguro Social, el país podrá dividirse en provincias, departamentos, comunas o agrupaciones de comunas. Podrá, además, el Servicio establecer regiones o zonas geográficas considerando los planes generales de la política de seguridad social.

Artículo 18° En toda localidad en que funcione una agencia del Servicio de Seguro Social, se constituirá un Consejo Local que tendrá la siguiente composición: a) Cuatro representantes de los obreros, elegidos en votación directa y secreta por los miembros de los sindicatos respectivos, legalmente establecidos, y b) Un representante de los pensionados, designados por las respectivas Asociaciones con personalidad jurídica en votación directa y secreta. El Consejo Directivo podrá establecer Consejos Delegados en las provincias, agrupaciones provinciales o regiones que determine, y que estarán constituidos por cinco miembros de igual representatividad que los integrantes de los Consejos Locales y serán elegidos por éstos. El reglamento determinará la forma en que se procederá a la elección de los representantes de los Consejos Locales y de los Consejos Delegados, estableciendo un procedimiento que dé efectiva proporcionalidad a las diferentes corrientes de opinión. Los Consejeros durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Los representantes obreros conservarán la propiedad de sus cargos en las respectivas empresas y no podrán ser separados de ellos sino por causa calificada de suficiente por el Tribunal del Trabajo. Esta inamovilidad se prorrogará hasta seis meses después de haber cesado en su cargo de representante. Los Consejeros no percibirán dieta por el desempeño de estas funciones.

Artículo 19°.- Los consejeros cesarán en sus cargos, si renunciaren por escrito, si fueren sometidos a proceso por delito común, si fueren sometidos a un procedimiento concursal de liquidación, si tuvieren litigios con el Servicio o por ausentarse del territorio por más de sesenta días, sin autorización del respectivo Consejo. Los consejeros que cesaren en sus cargos, deberán reemplazarse de inmediato, efectuando las designaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo precedente.

Artículo 20° Los Consejos Locales tendrán las siguientes atribuciones: a) Supervigilar la marcha de la institución en la respectiva provincia o región y proponer al Consejo Directivo o al Director General, según el caso, las medidas conducentes a mejorar los servicios; b) Fiscalizar el desempeño de los funcionarios, pudiendo solicitar al Consejo Directivo la instrucción del sumario correspondiente, medida que el Consejo deberá cumplir dentro del plazo de treinta días de formulada la denuncia. El Consejo Delegado tendrá como atribuciones todas aquellas que le delegue el Consejo Directivo, sin perjuicio de ejercer las que, en conformidad con las letras a) y b) de este artículo, correspondan a los Consejos Locales. El Consejo Directivo fijará las normas a que deben someterse los Consejos Locales y los Consejos Delegados para cumplir con lo dispuesto en este artículo. Los Consejo Locales y los Consejos Delegados funcionarán en las Agencias del Servicio; serán presididas por aquél de sus miembros que éstos elijan, actuará como su secretario el Agente respectivo y podrán requerir de éste el personal que sea necesario para su buen funcionamiento.

Artículo 21°.- Los fondos destinados a cumplir lo dispuesto en el artículo 50°, se distribuirán entre las distintas regiones en relación al monto total de los salarios por los cuales se ha impuesto en cada una de ellas.

Artículo 22° Los acuerdos que tomen los Consejos Locales relativos a la letra c) del artículo 20°, como también aquellos otros que estimen útil divulgar, deberán hacerse publicar en el periódico de mayor circulación de la provincia o región respectiva. Los imponentes podrán reclamar de sus resoluciones al Consejo Directivo del Servicio y los consejeros estarán sujetos a las mismas sanciones que los miembros de este Consejo. Los acuerdos que adopten los Consejos Delegados en virtud de la delegación a que se refiere el artículo 20°, deberán ponerse en conocimiento de la Superintendencia de Seguridad Social para los efectos de que este organismo proceda a su fiscalización, en la forma que determine el reglamento.

Artículo 23°.- Los imponentes tendrán derecho a recibir y el Servicio, por medio de la institución que tenga a su cargo la atención médica, estará obligado a proporcionar las prestaciones médicas y dentales que incluyen: a) El examen sistemático y obligatorio de salud establecido en la ley 6.174, de 31 de Enero de 1938, publicada el 9 de Febrero de 1938, y su reglamento orgánico, en la forma y con la periodicidad que lo determine el Consejo del Servicio Nacional de Salud. Este examen será destinado a descubrir los estados iniciales de las enfermedades crónicas, en los individuos aparentemente sanos; b) Asistencia médica, que incluye tratamiento médico y quirúrgico en servicios de atención externa, a domicilio o en establecimientos cerrados, según sea el caso, y c) Atención dental, en la forma que determine el reglamento. Los asegurados y sus familias tendrán derecho a elegir, dentro del personal de la institución, al profesional que deba atenderlos en las condiciones que establezca un reglamento especial, dictado previo informe del Colegio Médico.

Artículo 24°.- Para tener derecho a gozar de las prestaciones que señala el artículo anterior, se requiere estar al día en el pago de las imposiciones. Desde su salida del empleo y hasta el término de los tres meses calendario siguientes, se considerará al día al asegurado que hubiere dejado de cotizar por encontrarse en cesantía involuntaria. Los asegurados independientes deberán tener imposiciones ininterrumpidas en los tres meses calendario que precedan a aquél en que soliciten la atención médica.

Artículo 25° Las cónyuges de los asegurados que reúnan las condiciones señaladas en el artículo anterior, tendrán derecho a las mismas prestaciones médicas establecidas en el artículo 23°, incluyendo las que correspondan a las atenciones propias del embarazo, parto y puerperio. La madre que amamante a su hijo tendrá derecho a recibir alimentos suplementarios en la forma que lo determine el reglamento.

Artículo 26° Los hijos legítimos, naturales, ilegítimos a que se refieren los números 1° y 2° del artículo 280° del Código Civil y adoptivos del asegurado que reúna las condiciones del artículo 24°, menores de quince años, tendrán derecho a las siguientes prestaciones médicas: a) Desde el nacimiento hasta cumplir dos años de edad, atención médica preventiva y curativa que incluye tratamiento médico y quirúrgico gratuito en servicios externos o de atención cerrada, así como los alimentos terapéuticos y suplementarios que necesite, en la forma que lo establezca el reglamento, y b) Desde los dos años, atención médica que incluya tratamiento médico y quirúrgico gratuito en servicios de atención externa. Si requiere hospitalización, la institución que tenga a su cargo la atención médica podrá cobrar una suma no superior al costo de la alimentación que se le proporcione.

Artículo 27° Si el asegurado estuviere incapacitado para trabajar por enfermedad o accidente que no sea del trabajo, por un tiempo superior a tres días, recibirá un subsidio de enfermedad que será igual, por cada día que exceda de tres, al promedio del salario diario sobre el cual haya impuesto en los últimos seis meses calendario. Este promedio se determinará dividiendo por ciento ochenta el total de salarios o rentas a que correspondan las imposiciones de dicho período. De esta cantidad se descontará el quince por ciento para el pago de imposiciones. Las imposiciones del quince por ciento darán iguales derechos que las imposiciones sobre salarios.

Artículo 28°.- Del mismo monto será el subsidio de reposo establecido en la ley número 6.174, de 31 de Enero de 1938, publicada el 9 de Febrero de 1938, y su reglamento orgánico.

Artículo 29°.- Para tener derecho a gozar de los subsidios que establecen los artículos 27° y 28°, se requerirá estar al día en el pago de las imposiciones, tener un mínimo de seis meses de afiliación y, además, un mínimo de trece semanas de imposiciones en los últimos seis meses calendario. Se considerará al día al asegurado cuya falta de imposiciones se deba al hecho de encontrarse en huelga legalmente declarada. En este caso, el monto del subsidio se calculará sobre el promedio sobre el cual se haya impuesto en los seis meses calendario anteriores a la huelga.

Artículo 30°.- El beneficiario de subsidio puede ser declarado inválido en cualquier momento, pero si no lo fuese dentro de las primeras cincuenta y dos semanas de estar recibiendo la prestación, al término de ellas, será sometido a examen para determinar si debe ser declarado inválido o continuar en goce del subsidio. En este último caso, la prestación será prolongada hasta por veintiséis semanas más. Se exceptuarán los casos de enfermedades que, según el reglamento, tengan un curso prolongado y que permitan recuperación de más largo plazo los que deberán ser sometidos a examen cada tres meses para establecer si continúan recibiendo subsidios o se acogen a pensión.

Artículo 31°.- Las aseguradas tendrán derecho a recibir durante el embarazo, parto y después de éste, las prestaciones señaladas en el artículo 23°, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 24°.

Artículo 32°.- Las aseguradas que cumplan con las condiciones mencionadas en el artículo 29° tendrán derecho a un subsidio igual al establecido en el artículo 27°, por un período de seis semanas antes y seis semanas después del parto, a condición de que en este período no ejecuten labor remunerada o técnicamente inconveniente. Si el cuidado del niño lo requiere, el Servicio Nacional de Salud prolongará por seis semanas más el subsidio maternal post-natal. A partir de la séptima semana y mientras amamanten a su hijo, las aseguradas tendrán derecho a recibir alimentos suplementarios en la forma que determine el reglamento o, en su defecto, un auxilio de lactancia equivalente al veinticinco por ciento del monto bruto del subsidio establecido en el artículo 27°.

Artículo 33°.- Se considerará inválido absoluto al asegurado que quede incapacitado para procurarse por medio de un trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación, una remuneración equivalente, por lo menos, a un treinta por ciento del salario habitual que gana un trabajador sano en condiciones análogas de trabajo y en la misma localidad. Pero si la incapacidad permite al asegurado obtener una remuneración superior al treinta por ciento e inferior al sesenta por ciento de dicho salario habitual, el asegurado se considerará inválido parcial, siempre que la reducción de capacidad se origine en afecciones de los sistemas nervioso, incluyendo órganos de los sentidos, circulatorio, broncopulmonares y mio-ósteo-articular de acuerdo con las disposiciones del reglamento que dicte el Consejo Directivo.

Artículo 34°.- Tendrán derecho a una pensión de invalidez los asegurados que reúnan los siguientes requisitos: a) Sean declarados inválidos de acuerdo con la definición establecida en el artículo anterior por causa que no conceda derecho a pensión por accidente del trabajo; b) Tengan, a lo menos, cincuenta semanas de imposiciones; c) Tengan una densidad de imposiciones no inferior a cuatro décimos en el período que determine el salario base mensual; d) Tengan una densidad de imposiciones no inferior a cinco décimos en el período de afiliación, requisito que no se exigirá a las aseguradas, y e) Sean menores de sesenta y cinco años al comenzar la invalidez. Cuando el asegurado tenga más de cuatrocientas semanas de imposiciones, no se le exigirán las densidades indicadas en las letras e) y d).

Artículo 35°.- La pensión mensual de invalidez absoluta se compondrá de un monto básico igual al cincuenta por ciento del salario base mensual definido en el artículo 4°, aumentada en un uno por ciento de dicho salario por cada cincuenta semanas en que se hubiere impuesto en exceso sobre las primeras quinientas semanas de imposiciones, con un límite máximo del setenta por ciento del salario base mensual. El pensionado tendrá derecho, además, a una asignación de un diez por ciento del salario medio de pensiones definido en el artículo 5°, por cada hijo legítimo, natural o adoptivo, menor de quince años o inválido no pensionado de cualquier edad. Se exceptúan de esta asignación los hijos que el asegurado adopte después de haberse iniciado la tramitación de su invalidez. Cuando un hijo no viva a expensas del asegurado, la asignación será entregada a la persona o institución que se haga cargo de aquél, en las condiciones que determine el reglamento. Los asegurados que disfruten de pensión de invalidez, que tengan hijos mayores de quince y menores de dieciocho años de edad, que prosigan estudios satisfactorios de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento, podrán seguir percibiendo el diez por ciento estipulado en el inciso primero. Los pensionados tendrán derecho, asimismo, a cobrar asignación familiar por su mujer legítima, en las condiciones establecidas en el decreto con fuerza de ley número 245, de 23 de Julio de 1953, del Ministerio de Hacienda, publicado el 31 de Julio de 1953. La pensión mensual de invalidez parcial será igual a la mitad de la establecida en el inciso primero. Sobre el monto total de estas pensiones se descontará el cinco por ciento como imposición, la que se computará tanto para establecer los derechos a las prestaciones de los artículos 23°, 25°, 26°, 31° y 40°, como para determinar las densidades de imposiciones; además se computará para los efectos de cumplir los mínimos de la letra b) del artículo 37°, siempre que no sea simultánea con imposiciones sobre salarios o renta. En ningún caso, la pensión de invalidez podrá ser inferior a un mil pesos mensuales o un escudo mensual.

Artículo 36° Al beneficiario de pensión de invalidez absoluta que pase al estado de invalidez parcial, se le reducirá la pensión a la mitad. En el caso inverso, el asegurado tendrá derecho a una pensión igual al doble de la que tenía, más los aumentos de uno por ciento establecidos en el artículo 35° que deriven sólo de las imposiciones sobre salarios y subsidios no consideradas en el cálculo de la pensión que se duplica; estos aumentos se determinarán tomando como salario base mensual el que corresponda a dichas imposiciones. Si un ex-pensionado de invalidez se reinvalidare y hubiese estado en goce de pensión anterior dentro del lapso que determina su nuevo salario base mensual, se reanudará el pago de dicha pensión, aplicando, previamente, las reglas del inciso 1° de este artículo y los reajustes establecidos en el artículo 47° que se habrían efectuado en el período de validez intermedia. Pero si la pensión asi determinada resultare distinta a la que obtendría el inválido aplicando al referido salario base mensual los porcentajes establecidos en el artículo 35°, se le otorgará la del monto más alto. Cualquier pensión de invalidez terminará desde que el beneficiario recupere su capacidad de trabajo.

Artículo 37° Tendrán derecho a una pensión vitalicia de vejez, los asegurados que reúnan los siguientes requisitos: a) Hayan cumplido sesenta y cinco años de edad los hombres y cincuenta y cinco años de edad las mujeres; b) Tengan un mínimo de ochocientas semanas de imposiciones, salvo las aseguradas, para las cuales este mínimo será de quinientas semanas de imposiciones, y c) Tengan una densidad de imposiciones no inferior a cinco décimos en el período de afiliación, requisito que no se exigirá a los asegurados que reúnan, al menos, mil cuarenta semanas de imposiciones. El monto de las pensiones de vejez se determinará en la misma forma que el de las pensiones de invalidez absoluta. Dicho monto estará sujeto a una imposición del cinco por ciento, que dará derecho exclusivamente a las prestaciones médicas y a cuota mortuoria. Los beneficiarios de pensión de vejez recibirán, además, las asignaciones por hijos y las asignaciones familiares por la mujer legítima establecidas en el artículo 35° y sujetas a lo que dicho artículo dispone. Si dentro del período que determina el salario base mensual, el asegurado con derecho a pensión de vejez hubiere recibido pensión de invalidez, éste se estimará como inválido absoluto y se aplicarán las normas del artículo 36°. A los beneficiarios de pensión de invalidez absoluta que cumplieren sesenta y cinco años, se les liquidarán los aumentos del uno por ciento establecidos en el artículo 35°, que correspondan a imposiciones no consideradas en el cálculo de dicha pensión, aplicando las normas que fija al respecto el artículo 36°. En ningún caso, la pensión podrá ser inferior a la suma de un mil pesos mensuales o un escudo mensual.

Artículo 38°- La edad establecida en la letra a) del artículo anterior se disminuirá un año por cada cinco años que el asegurado hubiere realizado trabajos pesados definidos en el reglamento, siempre que al otorgarse la pensión tenga un mínimo de mil doscientas semanas de imposiciones. Esta disminición no podrá ser superior a cinco años. No obstante, los asegurados que hubieren realizado los trabajos pesados a que se refiere el inciso primero en las actividades mineras y de fundición, tendrán derecho a que la edad establecida en la letra a) del artículo anterior se les disminuya en dos años por cada cinco en que hubieren trabajado en dichas faenas, hasta un máximo de diez años.

Artículo 39°.- La pensión anual de vejez se aumentará en diez por ciento de la suma de las imposiciones personales que correspondan a salarios ganados por el respectivo beneficiario estando en goce de la pensión, por cada ciento cincuenta semanas de dichas imposiciones. El aumento será de cinco por ciento si el beneficiario cotiza como independiente. Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de invalidez absoluta que cumplan los requisitos fijados en las letras a) y b) del inciso primero del artículo 37°, sobre las mismas imposiciones hechas con posterioridad al aumento señalado en el inciso final de dicho artículo.

Artículo 39° bis.- Para los efectos del inciso segundo del artículo 37°, se abonará a las beneficiarias de pensión de vejez, cincuenta y dos semanas de imposiciones por cada hijo y ciento cuatro semanas más, si son viudas. Estos aumentos se concederán en la medida que el monto de las pensiones no exceda de la pensión máxima de vejez.

Artículo 40°.- DEROGADO.-

Artículo 41°.- La viuda del asegurado fallecido tendrá derecho a percibir una pensión equivalente al cincuenta por ciento de la que percibía el causante, o de la que éste habría tenido derecho a percibir si hubiera sido inválido absoluto. Las viudas que contrajeren matrimonio perderán el derecho a pensión. Sin embargo, tendrán derecho a que se les pague, por una sola vez, el equivalente de dos años de su pensión si son menores de cincuenta y cinco años.

Artículo 42° La viuda no tendrá derecho a pensión: a) Si el causante falleció antes de cumplir seis meses de matrimonio o tres años si el matrimonio se verificó siendo pensionado de vejez o de invalidez absoluta; estas limitaciones no se aplicarán si el fallecimiento se debió a accidente o la viuda quedó encinta o hay hijos menores, y b) Si tiene derecho a pensión de acuerdo con las disposiciones legales sobre accidentes del trabajo.

Artículo 43°.- De las pensiones de viudez y orfandad se descontará un cinco por ciento como imposición, la que dará derecho, exclusivamente, a las prestaciones médicas y a cuota mortuoria.

Artículo 44°.- Cada uno de los hijos legítimos, naturales, ilegítimos a que se refieren los números 1° y 2° del artículo 280° del Código Civil y adoptivos, menores, de quince años o inválidos de cualquier edad, de un asegurado fallecido, tendrá derecho a una pensión de orfandad equivalente al veinte por ciento del salario medio de pensiones definido en el artículo 5°. La pensión de orfandad se otorgará, únicamente, si el asegurado murió por causa distinta a accidente del trabajo y, al fallecer, cumplía las condiciones que establecen las letras b), c) y d) del artículo 34°. Cuando se tratare de hijos estudiantes, de acuerdo con lo que determine el reglamento, la edad de quince años será ampliada hasta dieciocho años.

Artículo 45°.- Cuando los hijos no vivan a expensas del cónyuge sobreviviente, las pensiones de orfandad que les correspondan serán entregadas a las personas o instituciones que los tengan a su cargo, en las condiciones que determine el reglamento.

Artículo 46°.- El viudo inválido que haya vivido a expensas de su cónyuge asegurada, tendrá derecho a pensión en idénticas condiciones que la viuda.

Artículo 47°.- El primero de Enero de cada año se reajustarán las pensiones de invalidez, vejez y viudez que establecen los artículos anteriores, en el porcentaje en que hubiere aumentado el salario medio de subsidios del año precedente sobre el del año que antecede a aquél en que la pensión fue iniciada o tuvo su último reajuste, siempre que dicho aumento fuere superior al quince por ciento. Las pensiones de orfandad y las asignaciones por hijos se reajustarán de modo que, en cada año, sean las primeras iguales al veinte por ciento del salario medio de pensiones definido en el artículo 5° y las segundas, iguales al diez por ciento de dicho salario medio. El Consejo del Servicio de Seguro Social podrá aumentar el monto mínimo de las pensiones fijado en esta ley, si durante dos años seguidos se produjere el reajuste que establece este artículo. Este aumento no podrá exceder al cincuenta por ciento del porcentaje medio de reajuste experimentado por las pensiones en los años señalados. El acuerdo del Consejo deberá ser ratificado por decreto supremo.

Artículo 48°.- Derogado.

Artículo 49°.- Todo asegurado que ingrese o reingrese a este régimen y hubiere sido imponente de otra u otras instituciones de previsión, deberá aportar al Servicio, sin interés, una cuota del nueve por ciento sobre la base del último sueldo anual ganado y en relación con la antigüedad que tuvo en esas instituciones. El asegurado deberá declarar los servicios prestados bajo otro régimen de previsión. No se computarán los períodos simultáneos, cotizados en el Servicio Social y en cualesquiera otros regímenes de previsión, ni los anteriores al otorgamiento de pensiones concedidas por estos últimos, excepto las de invalidez que hubieren cesado de pagarse por término de la incapacidad de los respectivos beneficiarios. Al asegurado que haya hecho el aporte que fija el inciso anterior, le reconocerá el Servicio este aporte para todos los efectos legales. Para los efectos de este artículo, el organismo de previsión respectivo certificará el monto del último sueldo anual y los períodos en que cotizó el imponente. El Director General del Servicio queda facultado para requerir a los diversos organismos de previsión el traspaso directo de las imposiciones del asegurado hasta concurrencia del valor adeudado y aquéllos tendrán la obligación de efectuar los trapasos. El Presidente de la República, a propuesta del Consejo, reglamentará las condiciones de pago del aporte del nueve por ciento señalado en el inciso primero.

Artículo 50°.- Los fondos a que se refiere el inciso primero, letra d), del artículo 59° serán entregados, en dinero efectivo, por semestres vencidos, a la Caja de la Habitación, actual Corporación de la Vivienda, en los meses de Enero y Julio de cada año. Este pago deberá hacerlo directamente el Director General del Servicio de Seguro Social, sin necesidad de acuerdo del Consejo, y su omisión le acarreará las responsabilidades administrativas y las sanciones legales correspondientes. El Consejo Directivo determinará, anualmente, la parte del excedente a que se refiere el inciso segundo del artículo 59°, que será entregada a la Caja de la Habitación, actual Corporación de la Vivienda, y la parte cuya administración será entregada a los respectivos Consejos Locales, para préstamos a los imponentes para la adquisición o construcción de casas de habitación. La Caja de la Habitación, actual Corporación de la Vivienda, directamente o por medio de empresas constructoras, construirá con estos recursos, para el Servicio de Seguro Social, en los lugares que éste determine y conforme a sus directivas generales, el mayor número posible de habitaciones de tipo mínimo, en conformidad a la ordenanza que para viviendas económicas consulta la ley número 7.600, de 8 de Octubre de 1943, publicada el 20 de Octubre de 1943, y rectificada el 28 de Octubre de 1943. Esta casas serán vendidas a los asegurados con garantía hipotecaria sobre el respectivo bien raíz.

Artículo 51°.- El beneficio que establece el artículo 50° se concederá solamente a los imponentes que estén al día en el pago de sus imposiciones y que no hayan adquirido, ni ellos ni sus cónyuges, casa habitación por intermedio de alguna caja de previsión o de la Caja de la Habitación, actual Corporación de la Vivienda. La prioridad para conceder el beneficio de venta de casas entre los que la soliciten, se establecerá considerando las siguientes condiciones: a) El tiempo de imposición; b) La densidad de imposición; c) Las cargas familiares, y d) El no poseer casa habitación. El precio, interés y demás condiciones en que venderá estas casas a los asegurados, serán fijados por el reglamento, no pudiendo el interés ser inferior al cinco por ciento anual. La tasa de amortización mínima será de dos por ciento, aumentada en números enteros hasta el valor máximo posible, de modo que el dividendo total y la prima para el seguro de desgravamen hipotecario no excedan, en conjunto, al treinta y cinco por ciento del salario imponible del asegurado o grupo familiar. Si el salario medio de subsidios aumentare, esta tasa inicial acrecerá en uno por ciento por cada quince por ciento de aumento del salario medio de subsidios con respecto al vigente en el momento que se otorgue el préstamo y siempre que hubieren transcurrido, al menos, dos años desde el primero de Enero siguiente a la concesión del préstamo o desde el último aumento. El precio de las casas vendidas, a medida que se perciba, se destinará nuevamente a los fines establecidos en el artículo 50°.

Artículo 52°.- El seguro de desgravamen hipotecario, para las casas que se vendan en conformidad a lo dispuesto en el artículo 50°, será obligatorio para los adquirentes menores de cuarenta y dos años.

Artículo 54°.- Los asegurados independientes deberán imponer, mensualmente, el quince por ciento de sus rentas, las que no podrán ser estimadas, para este efecto, como inferiores al salario mínimo para la industria y el comercio, ni superiores al límite establecido por el artículo 2°. Para las aseguradas, el límite inferior será la mitad del que establece el inciso precedente.

Artículo 55°.- Los aportes del Estado deberán pagarse en dinero, por duodécimas partes mensuales, y, para este efecto, se consultará en la ley de presupuestos la cantidad necesaria.

Artículo 56°.- El pago de las imposiciones se hará efectivo por el patrón en el momento del ajuste del salario, por medio de estampillas o sellos que se colocarán en las libretas a que se refiere el artículo 3° de la presente ley. Corresponde al Director General practicar la liquidación de las imposiciones adeudadas por los patrones que infringieren lo dispuesto en el inciso anterior. Sin perjuicio de los reclamos a que se refiere el inciso siguiente, la liquidación tendrá mérito ejecutivo y el procedimiento judicial de cobro se ajustará a las disposiciones de los artículos 574 y siguientes del Código del Trabajo. La resolución del Director General que fije el valor de las imposiciones adeudadas, se notificará por carta certificada al interesado y de esta resolución se podrá reclamar ante los tribunales del trabajo, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación. Los reclamos se tramitarán de acuerdo con los preceptos de la letra c) del párrafo 2° del Título I del Libro IV del Código del Trabajo, en lo que fueren compatibles con las disposiciones de este artículo. El juez respectivo no dará curso a la apelación que se interpusiere contra su sentencia que desecha el reclamo, si no se acompañare el comprobante de haber consignado a la orden del juzgado las cantidades que el fallo ordenó pagar.

Artículo 57°.- Para los efectos del pago de las imposiciones, los salarios y rentas se aproximarán, en el momento de su liquidación, a la centena más próxima. La obligación patronal de pagar las imposiciones se extiende al total de las remuneraciones imponibles pagadas por el patrón, aun cuando, por cualquiera causa, no fuere posible acreditarlas en las respectivas cuentas individuales de los obreros.

Artículo 58° El Servicio de Seguro Social podrá encargar a los servicios de correos, los cuales estarán obligados a hacerlo, la venta de estampillas destinadas al pago de las imposiciones, debiendo entregar al Servicio, quincenalmente, los valores recibidos. Con acuerdo de su Consejo Directivo y aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social, el Servicio podrá también y en casos especiales, encomendar a otras personas, naturales o jurídicas, la venta de estampillas a comisión, pero conservando siempre el control y la responsabilidad de tales ventas. Queda prohibida la venta de estampillas a las personas no autorizadas expresamente por el Servicio para venderlas, aunque tales personas sean funcionarios del propio Servicio o Correos. Los que compraren o vendieren estampillas infringiendo la prohibición anterior, serán castigados con las penas de presidio o relegación menores en cualesquiera de sus grados y multa de uno a cuatro sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago. La pena se elevará en un grado si las estampillas hubieren sido usadas o inutilizadas con anterioridad, y en dos, si fueren falsas. El que hiciere desaparecer de las estampillas del Servicio de Seguro Social la marca que indica que ya han servido, y el que expendiere, adquiriere o usare estampillas de las cuales se ha hecho desaparecer dicha marca, será castigado con la pena de presidio o relegación menores en sus grados medio a máximo y multa de uno a cuatro sueldos vitales anuales, escala A) del departamento de Santiago. El que falsificare o adulterare punzones, cuños, cuadros, timbres, matrices, clichés, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de estampillas o para el sellado de las libretas del Servicio de Seguro Social o el que hiciere uso indebido de ellos, será castigado con la pena de presidio o relegación mayores en sus grados mínimo a medio y multa de uno a cuatro sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago. El que tomare parte en la emisión de las estampillas o en el timbraje de las libretas y el que usare como legítimas las estampillas o sello falsificados o adulterados, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de uno a cuatro sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago.

Artículo 59° Los recursos del Servicio de Seguro Social se destinarán, exclusivamente, a los fines establecidos en la presente ley y se distribuirán, en la forma que a continuación se indica, expresando las cantidades en porcentajes de la suma total de salarios, rentas de independientes y subsidios, sobre los cuales se hacen imposiciones: a) Para los gastos por pensiones, asignaciones por hijos, rehabilitación de asegurados inválidos y cuotas mortuorias: el diez por ciento de la suma total de salarios, rentas de independientes y subsidios, sobre los cuales se hacen imposiciones; las imposiciones sobre pensiones, y la imposición adicional que se fije por faenas de trabajos pesados. Para gastos de rehabilitación de asegurados inválidos, se destinará hasta el cinco por mil de dicho nueve por ciento; b) el 4,58% a atención médica, subsidios y auxilios de lactancia, que el Servicio entregará al Fondo Nacional de Salud, con cargo a los recursos que le proporcione el Fisco. c) No más de un entero y dos décimos por ciento, a gastos administrativos, sin considerar como tales los que exija la aplicación de los artículos 51° y 52°, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley 243, de 23 de julio de 1953, del Ministerio de Hacienda, publicado el 3 de agosto de 1953 y en el artículo 10° del decreto con fuerza de ley 245, de 23 de julio de 1953, del Ministerio de Hacienda, publicado el 31 de julio de 1953. Los porcentajes a que se refiere esta letra financiarán, en conjunto, los gastos administrativos que origine el mantenimiento y desarrollo del Servicio de Seguro Social en el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 1° de esta ley, y d) DEROGADA.-

Artículo 60°.- Las cantidades que reciba la Caja de la Habitación, actual Corporación de la Vivienda, del Servicio de Seguro Social no estarán afectas a los porcentajes y cantidades señalados en los artículos 19° y 55° de la ley número 7.600, de 8 de Octubre de 1943, publicada el 20 de Octubre de 1943, y rectificada el 28 de Octubre de 1943.

Artículo 61°.- A los patrones que infringieren la obligación establecida en los incisos segundo y tercero del artículo 3°, se les aplicará una multa que, como mínimo, será equivalente a la cuarta parte de las imposiciones no pagadas antes de inscribir al trabajador y, como máximo, a cuatro veces dichas imposiciones. El patrón que no pagare oportunamente las imposiciones de sus trabajadores asegurados, sufrirá una multa que, como mínimo, será equivalente a la cuarta parte de las imposiciones adeudadas y, como máximo, a cuatro veces el monto de esas imposiciones. A las personas que infrinjan lo dispuesto en el inciso primero del artículo 3° en el inciso segundo del artículo 58°, se les aplicará una multa, cuyo valor máximo será equivalente a dos veces el sueldo vital de Santiago que había en vigor al cometerse la infracción. Igual multa, sin perjuicio de la sanción señalada al delito por el Código Penal, sufrirán las personas que obtengan o traten de conseguir prestaciones o aumentar su monto por medio de la alteración o falsificación de documentos, empleo de libretas o partes de libretas ajenas, declaraciones falsas, suplantación de personas o simulación de hechos necesarios para el goce de la prestación. La multa que fija el inciso anterior se aplicará, también, por las infracciones a preceptos de esta ley o de su reglamento que no tuvieren sanción especial en la presente ley. Las multas se aplicarán por el Director General, mediante resoluciones, que podrán ser conjuntas con las señaladas en el artículo 56°, y que tendrán mérito ejecutivo; el procedimiento judicial de cobro, los reclamos y su tramitación, se ceñirán a lo dispuesto en el artículo 56° para los cobros de imposiciones adeudadas. El Director General podrá rebajar o condonar cualquier multa, siempre que se haya pagado, si correspondiere, las imposiciones adeudadas.

Artículo 61° bis.- Las imposiciones que los patrones no paguen al Servicio en la oportunidad que establece el inciso primero del artículo 56°, devengarán un interés penal de uno y medio por ciento mensual, por cada mes o fracción de mes de atraso, sin perjuicio de las demás sanciones que esta ley señala. Será aplicable al cobro y pago de los intereses, lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 61°.

Artículo 62°.- DEROGADO.-

Artículo 63° Este Servicio tendrá las funciones, atribuciones y obligaciones que las leyes que se indican encargan a los siguentes organismos: a) Al Servicio Nacional de Salubridad, por decreto con fuerza de ley número 226, de 15 mayo de 1931, del Ministerio de Bienestar Social, publicado el 29 de mayo de 1931, y demás leyes y reglamentos vigentes. b) A la Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social, por la ley 5.115 de 30 de abril de 1932, publicada el 11 de mayo de 1932, y demás leyes y reglamentos vigentes referentes a la misma; c) Al Servicio de Seguro Social, por los artículos 9°, 23°, 25°, 26°, 27°, 28°, 30°, 31° y 32° de la presente ley; d) A la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia, por los decretos con fuerza de ley 6/4.817, de 26 de agosto 1942, de Ministerio del Interior, publicado el 9 de septiembre de 1942 y 20/1.412, de 7 de octubre de 1942, del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, publicado el 31 de octubre de 1942; e) A la Dirección General del Trabajo, actual Dirección del Trabajo, al Director General del Trabajo, actual Director del Trabajo, y a los funcionarios de su dependencia, a excepción de los tribunales del trabajo, de acuerdo con el Código del Trabajo y demás leyes y reglamentos que lo complementan, en materia de higiene y seguridad industrial; f) Al Instituto Bacteriológico de acuerdo con las leyes 4.557, de 29 de enero de 1929, publicada el 31 de enero de 1929; 5.078, de 4 de marzo de 1932, publicada el 15 de marzo de 1932, y 5.894, de 25 de agosto de 1936, publicada el 5 de septiembre de 1936, y g) A los servicios médicos y sanitarios de las municipalidades, salvo las funciones que el reglamento determine que continúen correspondiendo a las municipalidades, de acuerdo con el artículo 26° del Código Sanitario.

Artículo 64°.- Derogado.-

Artículo 65°.- El Servicio Nacional de Salud se financiará con los siguientes recursos: a) Con la cuota que le entregará el Servicio de Seguro Social en virtud de lo dispuesto en la letra b) del inciso primero del artículo 59°; b) Con la renta líquida de sus bienes propios. Esta norma no alcanzará a la parte de esa renta que por disposición especial, testamentaria o de donación, tenga un objetivo determinado que no sea de carácter médico o asistencial; c) Con los fondos que el presupuesto fiscal debe destinar anualmente a los Servicios de Beneficiencia y Asistencia Social, a la Dirección General de Sanidad, a la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia, a la Sección Técnica de Higiene y Seguridad Industriales de la Dirección General del Trabajo y al Instituto Bacteriológico de Chile. En el futuro, los respectivos ítem serán refundidos en un solo capítulo, que constituirá un gasto fijo del presupuesto fiscal; d) Con las contribuciones, arbitrios, participaciones y subvenciones creadas o señaladas por las leyes a favor de la Beneficencia Pública; e) Con ingresos de sus propios servicios; f) Con las sumas adicionales que, anualmente, se destinen para el Servicio en la ley de presupuestos; g) Con los recursos o arbitrios de los servicios que se incorporen de acuerdo con el artículo 64°; h) Con los legados y donaciones que se le hicieren y con las herencias que se le dejaren. Estas donaciones no estarán sujetas, para su validez, al trámite de la insinuación, cualquiera que sea su cuantía. Las herencias, legados y donaciones que se dejaren o hicieren a los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social y a cualquiera de sus establecimientos, se entenderán hechos al Servicio Nacional de Salud, quien adquirirá en dominio los bienes objeto de la liberalidad, con la obligación de destinar esos bienes, su renta o el producto líquido de su enajenación, en favor del establecimiento señalado por el donante o testador o a cumplir la finalidad indicada por éste. La regla del inciso anterior se aplicará también a las donaciones, herencias y legados que se hicieren o dejaren a cualquier establecimiento o repartición del Servicio Nacional de Salud, e i) Con la parte de la cantidades que deban consultarse en los presupuestos de las municipalidades para actividades médicas y sanitarias de acuerdo con la Ley de Rentas Municipales y que el reglamento destine para atender las funciones médicas y sanitarias que la letra g) del artículo 63° encomienda al Servicio Nacional de Salud. Los recursos a que se refiere la letra a) serán entregados al Servicio Nacional de Salud por el Servicio de Seguro Social, anualmente, en la forma que determine el reglamento. Estos pagos deberá hacerlos directamente el Director General del Servicio de Seguro Social, sin necesidad de acuerdo del Consejo, y su omisión le acarreará las responsabilidades administrativas y la sanciones legales correspondientes. Los recursos a que se refieren las letras e), d), f) y g) serán entregados al Servicio, directamente, por el Fisco o por quien correspondiere. Los recursos a que se refiere la letra i) serán entregados por los representantes legales de los organismos obligados al pago, con la misma responsabilidad y sanciones establecidas en el inciso segundo.

Artículo 66°.- Pasarán a depender del Servicio Nacional de Salud, todos los bienes muebles o inmuebles que se encuentren adscritos a las instituciones o servicios que se incorporen a él. Sin embargo, los bienes muebles o inmuebles pertenecientes a los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social ingresarán en dominio al patrimonio del Servicio Nacional de Salud, por el solo ministerio de la ley, y su uso, goce y disposición quedarán sujetos a las leyes y reglamentos orgánicos propios de dicho Servicio.

Artículo 67°.- El Servicio Nacional de Salud será persona jurídica, de administración autónoma, dependerá del Ministerio de Salubridad, actual Ministerio de Salud Pública, y se regirá por las disposiciones de la presente ley y por los reglamentos que se dicten en conformidad a ella y estará sometido al control administrativo y técnico, en lo que no se refiera a funciones derivadas del Código Sanitario, de la Dirección General de Previsión Social, actual Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades.

Artículo 68°.- Derogado.

Artículo 69°.- Derogado.

Artículo 70°.- Los bienes raíces del Servicio Nacional de Salud o de los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social incorporados al dominio de aquél, adquiridos por donación, herencia o legados, y afectos a condiciones o modos, con o sin cláusula resolutoria, que impidan, embaracen, dificulten o entraben su enajenación, podrán ser libremente enajenados, siempre que el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Salud, por la mayoría absoluta de sus miembros hábiles, disponga el cumplimiento de la respectiva condición o modo, en cuanto fuere posible, en forma análoga o que satisfaga en lo sustancial los fines de la donación o asignación. El acuerdo del Consejo deberá ser aprobado judicialmente. El tribunal respectivo se pronunciará con el sólo mérito de los antecedentes que le proporcione el Servicio, sin citación de los interesados y oyendo al Defensor Público. La misma norma será aplicable en los casos en que el testador no haya determinado suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo.

Artículo 71° El Director General del Servicio Nacional de Salud será médico chileno, con más de diez años de profesión, designado por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado. Tendrá la representación judicial y extrajudicial del Servicio Nacional de Salud. El cargo de Director General deberá servirse a tiempo completo, con exclusión de cualquier otra función, salvo la docencia.

Artículo 72° Derogado.

Artículo 73° La designación y remoción del personal técnico se hará siempre previo concurso o sumario, según el caso. Los cargos que determine el reglamento deberán servirse a tiempo completo, con exclusión de cualquiera otra función remunerada ajena al Servicio; las actividades docentes del personal que desempeñe estos cargos deberán ser especialmente autorizadas por el Consejo. En la provisión de estos cargos se preferirá a los que, a juicio del Director General y del Consejo, reúnan mejores condiciones de idoneidad.

Artículo 74° Derogado. DL 2763 1979 ART 62

Artículo 75°.- Dentro del cálculo que efectuará el Servicio Nacional de Salud, deberá contemplar una cantidad no inferior a un décimo de la cuota del Servicio de Seguro Social para auxilios en especies de lactantes, madres que amamanten a sus hijos y niños menores de catorce años de los asegurados y sus familiares, especialmente en leche o productos lácteos. Asimismo, deberá contemplar una cantidad no inferior a dos décimos de dicha cuota para el pago de subsidios que establece esta ley y, por lo menos, sumas iguales a la consultada en el presupuesto de los distintos servicios sanitarios integrantes para el año mil novecientos cincuenta y uno, a acciones sanitarias. De las nuevas entradas se destinará, por lo menos, un veinte por ciento a esta última finalidad.

Artículo 76° Las empresas, sindicatos o asociaciones patronales u obreras que demuestren mejores condiciones que el Servicio Nacional de Salud para tomar a su cargo las prestaciones que establece esta ley por enfermedad y maternidad, tendrán derecho a convenir con el Servicio de Seguro Social, previa conformidad del Servicio Nacional de Salud, el otorgamiento de dichas prestaciones, sobre la base de la entrega, por parte del Servicio de Seguro Social, de hasta un cuatro por ciento de los salarios de sus respectivos obreros. "Las Instituciones Armadas tendrán derecho a convenir con el Servicio de Seguro Social, y previa conformidad del Servicio Nacional de Salud, el otorgamiento de dichas prestaciones sobre la base de la entrega por parte del Servicio de Seguro Social de hasta un 10% de los salarios respectivos. Las cantidades que entregue el Servicio de Seguro Social se restarán de los aportes que debe hacer en dicho Servicio. Estos servicios médicos serán supervigilados por el Servicio de Seguro Social y por el Servicio Nacional de Salud, y estarán obligados a someterse a las normas técnicas que se les impartan y quedarán exentos del pago de la cifra de negocios por los servicios que presten al Servicio de Seguro Social o al Servicio Nacional de Salud, en lo que se refiere a la inversión del diez por ciento correspondiente a servicios médicos.

Artículo 77°.- Se declaran inembargables los bienes del Servicio de Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud destinados al funcionamiento de sus servicios administrativos y médicos.

Artículo 78° Se faculta al Presidente de la República para modificar en los territorios de Aysen y Magallanes, por las peculiares condiciones de trabajo existentes, los plazos y el número de imposiciones que exige la presente ley a los imponentes del Servicio de Seguro Social para gozar de sus beneficios. Asimismo, se le faculta para aumentar, hasta en uno por ciento de los salarios, las imposiciones patronales y obreras en esa zona.

Artículo 79° Las acciones para cobrar los subsidios en dinero que establecen los artículos 27° y 32° de la presente ley, prescribirán en el plazo de seis meses. En el plazo de dos años prescribirán las acciones para cobrar las mensualidades que habrían correspondido de las pensiones de invalidez, vejez, viudez y orfandad, y la cuota mortuoria. Los plazos especiales de prescripción establecidos en los incisos precedentes se interrumpirán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.523° del Código Civil, que rige las prescripciones de corto tiempo. Las acciones no contempladas en los incisos anteriores prescribirán en el plazo de diez años.

Artículo 80°.- El personal de los Servicios de Seguro Social y Nacional de Salud estará sometido al Estatuto de la Administración Civil del Estado, en cuanto fuere compatible con las disposiciones de esta ley, y al régimen de previsión de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Los obreros de dichos servicios quedarán sometidos a las disposiciones del Código del Trabajo y a las leyes que lo complementan y al régimen de previsión establecido en la presente ley. Los profesionales que sirvan como funcionarios en los servicios a que se refiere esta ley, se regirán por las disposiciones especiales que para ellos establezcan las leyes dictadas con tal efecto. Inclúyese, para todos los efectos legales, a la Dirección General de Previsión Social, actual Superintendencia de Seguridad Social, entre los servicios enumerados en el inciso primero del artículo 2° de la ley número 10.223, de 17 de Diciembre de 1951, a partir de la vigencia de dicha ley.

Artículo 81° La exención del impuesto de la cifra de negocios beneficiará al Servicio Nacional de Salud y a las personas naturales o jurídicas que, en virtud de un contrato o una autorización, sustituyan al Servicio de Seguro Social o al Servicio Nacional de Salud o al Servicio Médico Nacional de Empleados en la prestación de los beneficios establecidos por la presente ley. Tanto el Servicio de Seguro Social como el Servicio Nacional de Salud gozarán del privilegio de pobreza en los juicios en que sean parte, ante cualquier tribunal que se tramiten. Los créditos de estos dos Servicios en contra de cualquier persona serán considerados como privilegiados de la primera clase, de igual categoría que los indicados en la tercera causa del artículo 2472° del Código Civil.

Artículo 82° Esta ley comenzará a regir ciento veinte días después de su publicación en el "Diario Oficial", salvo lo dispuesto en el último inciso del artículo 80° y lo dispuesto en el artículo 4° transitorio, último inciso del artículo 7° transitorio y en el artículo 11° transitorio. Se derogan la ley 4.054, de 8 de septiembre de 1924, publicada el 26 de septiembre de 1924, y todas las disposiciones legales que sean contrarias a la presente ley.

Artículo 83° Los miembros del Consejo Directivo del Servicio de Seguro Social y del Consejo Nacional del Servicio Nacional de Salud, recibirán una dieta del mismo monto del que las leyes fijan para los consejeros de instituciones semifiscales.

Artículo 84° El Instituto Bacteriológico conservará su personalidad jurídica, con el solo fin de realizar la venta al público de los excedentes de sus productos, de ejercer los derechos que le corresponden en su calidad de socio de la Industria Nacional de Vitaminas y Alimentación Ltda., y de administrar y vender los bienes no destinados a su funcionamiento. Su representante legal será el Director. Las entradas propias que obtenga el Instituto en el ejercicio de su personalidad jurídica se entregarán al Servicio Nacional de Salud, el cual deberá destinar de ellas una cantidad no inferior al diez por ciento a la ampliación y renovación de las instalaciones del Instituto, y una cantidad igual al cinco por ciento al estímulo de la investigación científica en sus laboratorios y a la bonificación de su personal profesional con título universitario no incluido en los beneficios del Estatuto Médico. El Instituto Bacteriológico, en cuanto persona juridíca, será supervigilado por el Servicio Nacional de Salud y se regirá únicamente por la presente ley y por la reglamentación que dicte el Presidente de la República.

Artículo 85°.- Las disposiciones del Estatuto Médico Funcionario que limitan la jornada de trabajo y la remuneración, no serán aplicables al Director General de Previsión Social, actual Superintendente de Seguridad Social, al Director General del Servicio de Seguro Social, ni al Director General del Servicio Nacional de Salud.

Artículo 86°.- El Servicio Nacional de Salud aprobará, previo informe de los jefes zonales, la dotación de cada establecimiento. Estas plantas se confeccionarán sobre la base de los índices de rendimiento de atención profesional y de las condiciones regionales. Los índices docentes serán aprobados por el Consejo Universitario. En el presupuesto corriente del Servicio Nacional de Salud se incluirán, como anexo, las dotaciones de los establecimientos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS