APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL DECRETO LEY N° 869, DE 1975, Y DE LA LEY N° 18.611, QUE REGULAN EL REGIMEN DE PENSIONES ASISTENCIALES

Artículo 1°.- El régimen de pensiones asistenciales establecido en el decreto ley N° 869, de 1975, se regirá por las normas contenidas en ese cuerpo legal, en el artículo 18 de la ley N° 18.600, en la ley N° 18.611 y las consignadas en el presente reglamento,

Artículo 2°.- Para los efectos de la aplicación de las disposiciones de este reglamento, se entenderá: a) Por "beneficiario", el beneficiario de la pensión asistencial, y b) Por "Intendente", el Intendente de la región que corresponde a la Municipalidad en cuya comuna tenga su domicilio el beneficiario.

Artículo 3°.- Podrán ser beneficiarios de pensión asistencial: a) Los inválidos mayores de 18 años de edad; b) Las personas mayores de 65 años de edad, y c) Los deficientes mentales a que se refiere la ley N° 18.600, cualquiera sea su edad y por intermedio de las personas que los tengan a su cargo, siempre que no sean causantes del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020.

Artículo 4°.- Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos: a) Ser carente de recursos, en los términos que se señalan en el artículo 6°, y b) Tener una residencia continua en el país de, por lo menos, tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 5°.- Se considera inválida a la persona que, en forma presumiblemente permanente, está incapacitada para desempeñar un trabajo normal o que haya sufrido una disminución de su capacidad de trabajo, de manera que no esté en condiciones de procurarse lo necesario para su subsistencia y siempre que tal invalidez no origine derecho a percibir pensión por accidente del trabajo o por otro régimen de seguridad social. Se entiende que una persona se encuentra incapacitada para desarrollar un trabajo normal o que ha sufrido una disminución de su capacidad de trabajo, cuando, por causas hereditarias, congénitas o adquiridas, carece o ha perdido, de modo presumiblemente permanente, dos tercios o más de sus funciones corporales o mentales o de su capacidad de ganancia, en términos que le impidan el desarrollo de las actividades propias de la vida atendido su edad y su sexo.

Artículo 6°.- Se entenderá que carece de recursos, quien no tenga ingresos propios sean provenientes de remuneraciones o rentas, de cualquier origen o procedencia, o que teniéndolos, sean inferiores al 50% de la pensión mínima establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la ley N° 15.386 y siempre que, en ambos casos, además, el promedio de los ingresos de su núcleo familiar sea también inferior a dicho porcentaje. Constituyen el núcleo familiar, el eventual beneficiario y las personas que, unidas o no por vínculo de parentesco, conviven en forma permanente bajo un mismo techo, integrando una unidad económica frente a los problemas de su subsistencia. El promedio de los ingresos del núcleo familiar será el cuociente entre el ingreso total de las personas que lo constituyen y el número de ellas.

Artículo 7°.- Se presumirá que una persona tiene recursos propios, cuando su nivel de vida sea manifiestamente superior al que le correspondería con un ingreso inferior al 50% de la pensión mínima mencionada en el artículo anterior.

Artículo 8°.- La pensión se solicitará en formularios especiales cuyo formato fijará la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 9°.- La solicitud deberá presentarse en cualquier época del año, adjuntando los siguientes documentos: a) Tratándose de invalidez, certificación de su invalidez, la que efectuará la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud correspondiente, previo examen médico que se practicará, en cada caso, en forma gratuita. b) Certificado de nacimiento o bautismo, en su caso, a fin de acreditar la edad del beneficiario. En defecto de lo anterior, lo será mediante un certificado de edad fisiológica expedido por el Servicio de Salud; c) Declaración jurada del beneficiario, que acredite la circunstancia indicada en la letra a) del artículo 4° y acerca de si es o no titular de otra pensión de cualquier naturaleza. En caso que origine la referida prestación, el beneficiario ejercerá en dicha declaración jurada la opción a que se refiere el artículo 30. Tratándose de deficientes mentales, las circunstancias antes indicadas y el hecho que se encuentran bajo el cuidado permanente de la persona por intermedio de la cual soliciten el beneficio, deberán acreditarse mediante declaración jurada o certificación, según corresponda. d) Documentos que, a juicio del Intendente, acrediten satisfactoriamente el requisito de residencia del beneficiario, y e) Respecto de los beneficiarios indicados en la letra c) del artículo 3°, deberá acompañarse el certificado a que se refiere la ley N° 18.600, que acredite la deficiencia mental.

Artículo 10.- La carencia de recursos se evaluará considerando la información de la Encuesta de Estratificación Social a que se refiere el reglamento sobre subsidio familiar.

Artículo 11.- Los antecedentes a que se refieren los artículos 9° y 10°, serán sometidos al Intendente respectivo, para su resolución.

Artículo 12.- El Intendente verificará el cumplimiento de los requisitos para postular a la pensión asistencial mediante los antecedentes a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de que pueda disponer la realización de informes, encuestas u otras diligencias que le permitan llegar a la convicción de que se reúnen las exigencias respectivas.

Artículo 13.- Para la selección de beneficiarios, los Intendentes deberán considerar el nivel socioeconómico de cada postulante de acuerdo con la información de la Encuesta de Estratificación Social.

Artículo 14.- Los postulantes serán seleccionados mensualmente de acuerdo con el puntaje obtenido en la Encuesta de Estratificación Social. Para tales efectos, los Intendentes, considerando los respectivos puntajes confeccionarán una lista ordenando los postulantes de menor a mayor nivel socioeconómico.

Artículo 15.- El Intendente podrá otorgar nuevas pensiones en el período comprendido entre febrero y noviembre de cada año, hasta el número mensual que se haya asignado a su región de acuerdo con las normas contempladas en el título IV. El Intendente asignará las pensiones considerando el orden de prelación de los postulantes en la lista a que se refiere el artículo 14, debiendo dictar la resolución correspondiente. Las nóminas de beneficiarios a quienes se hubiere otorgado pensión se publicarán mensualmente dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de dictación de la resolución, en lugares visibles al público.

Artículo 16.- El Intendente podrá delegar la facultad a que se refiere el artículo anterior en funcionario de su dependencia que designe al efecto conforme a lo establecido en el artículo 43 de la ley N° 18.575.

Artículo 17.- Las resoluciones a que se refiere el artículo 15 se inscribirán en extracto en un registro especial que se llevará en cada Intendencia, el que será público. El referido extracto contendrá, a lo menos, el número y fecha de la resolución del Intendente en orden correlativo y los nombres, apellidos y domicilios del beneficiario.

Artículo 18.- Las solicitudes de pensión que no fueren acogidas favorablemente atendida la limitación a que se refiere el inciso primero del artículo 15, se considerarán vigentes durante los nueve meses siguientes al de su presentación.

Artículo 19.- La pensión asistencial se devengará a contar del mes siguiente a aquel en que haya sido dictada la resolución que concede el beneficio y durará tres años. Su pago se efectuará por el Servicio de Seguro Social o la entidad que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.611.

Artículo 20.- Para los efectos del artículo anterior, los Intendentes deberán enviar mensualmente a la entidad pagadora las nóminas de beneficiarios, indicándose a lo menos el número y fecha de las resoluciones mediante las cuales se concedieron dichos beneficios.

Artículo 21.- La entidad pagadora fijará las fechas de pago de las pensiones, las que podrán cancelarse por mes vencido. Para tal efecto, podrá emitir órdenes de pago nominativas e intransferibles para ser cobradas en las instituciones y en la forma establecida en el artículo 15 de la ley N° 17.671, pudiendo además celebrar convenios conforme a lo dispuesto en el artículo 5° del DFL. N° 115, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En caso de no cobro del beneficio al menos durante tres meses consecutivos, la entidad pagadora deberá comunicar tal circunstancia al Intendente con el objeto que determine si procede su revisión.

Artículo 22.- El monto de las pensiones asistenciales será de $ 4.429 mensuales.

Artículo 23.- Las pensiones asistenciales vigentes al 31 de diciembre de cada año se reajustarán a partir del mes de enero siguiente en el 100% de la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el Organismo que lo reemplace, habida entre el mes de noviembre del año anteprecedente y el de octubre del año anterior a la fecha en que opere el reajuste respectivo.

Artículo 24.- Para la renovación y revisión de la pensión, se aplicarán las mismas normas que rigen su concesión. Si procediere mantener el beneficio su monto no podrá ser inferior al que percibía el beneficiario.

Artículo 25.- El Intendente podrá en cualquier oportunidad revisar las pensiones y extinguirlas cuando deje de concurrir alguno de los requisitos legales y reglamentarios establecidos para su otorgamiento o mantención. El beneficiario deberá comunicar al Intendente el hecho que ha dejado de concurrir algún requisito para causar la pensión. El Intendente dictará la correspondiente resolución extinguiendo la pensión y dará aviso por escrito al beneficiario, el que deberá ser enviado con un mes de anticipación en caso que la extinción derive del no cumplimiento del requisito de carencia de recursos. El derecho a pensión caducará, además, ante la negativa del beneficiario a someterse a las prescripciones indicadas por el Servicio de Salud respectivo para lograr su recuperabilidad y también en caso de obtención de residencia del beneficiario en país extranjero.

Artículo 26.- Extinguido el derecho, el Intendente dispondrá en la resolución de extinción la cancelación de la inscripción del registro señalado en el artículo 17. La resolución se comunicará a la entidad pagadora del beneficio.

Artículo 27.- Al fallecimiento del beneficiario se extinguirá todo derecho derivado del régimen de pensión asistencial.

Artículo 28.- Periódicamente, el Intendente deberá verificar si se mantienen los requisitos invocados para obtener la pensión, pudiendo solicitar la revisión de la declaración de invalidez efectuada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud respectivo. Se suspenderá su pago cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes relativos al beneficio que le requiera el Intendente o la entidad pagadora del mismo o cuando no se someta a los exámenes de orden médico que deba efectuar el servicio de Salud, el cual comunicará de inmediato tal circunstancia.

Artículo 29.- las pensiones asistenciales serán incompatibles con cualquiera otra pensión, sea de gracia, de régimen previsional, de contratos de seguros u otras.

Artículo 30.- No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la persona que goce de otra pensión y que cumpla con los requisitos establecidos para tener derecho a pensión asistencial, podrá obtener esta última, siempre que renuncie a aquella de que sea beneficiario. La persona que estando en goce de pensión asistencial cumpla con los requisitos para obtener pensión en algún régimen previsional, podrá optar por ésta. En ambos casos, la opción deberá efectuarse en la respectiva solicitud debiendo la institución correspondiente poner este hecho en conocimiento de aquélla a quien afecte.

Artículo 31.- Todo aquel que percibiere indebidamente la pensión asistencial, proporcionando datos o antecedentes falsos será sancionado conforme al artículo 467 del Código Penal. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán, además, un interés mensual del 1%.

Artículo 32.- El Intendente fijará la fecha a partir de la cual se ha percibido indebidamente el beneficio, debiendo comunicarlo a la entidad pagadora, la que determinará el monto de lo indebidamente percibido, procediendo a su cobranza.

Artículo 33.- Los beneficiarios de pensión asistencial tendrán derecho a asistencia médica gratuita en los términos establecidos en la ley N° 18.469 y su reglamento.

Artículo 34.- Los beneficiarios de pensión asistencial no pueden ser invocados como causantes de asignación familiar. Asimismo, perderán su calidad de causantes del referido beneficio, aquellos que pasen a ser beneficiarios de pensión asistencial. No obstante lo anterior, tales pensionados podrán ser beneficiarios de asignación familiar respecto de sus descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Unico de Prestaciones Familiares.

Artículo 35.- Las pensiones asistenciales se pagarán con cargo al Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, el cual se financiará con el aporte fiscal que anualmente se establezca en la Ley de Presupuestos y con el aporte contemplado en el artículo 2° de la ley N° 18.141. Los aportes que realicen las instituciones de previsión conforme a la norma citada en el inciso anterior, se efectuarán con cargo a los recursos que destinen al financiamiento del pago de pensiones. Estos aportes se efectuarán mensualmente de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia.

Artículo 36.- En el mes de diciembre de cada año, mediante decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con la firma de los Ministros de Hacienda y del Interior y bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", los recursos del Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales se distribuirán presupuestariamente en trece fondos, correspondiendo uno a cada región del país. En el mismo decreto se fijará además, el número máxino de nuevos beneficios a conceder mensualmente en cada región durante el período febrero a noviembre de cada ejercicio anual, ambos meses inclusive, no pudiendo concederse nuevos beneficios en los meses de enero y diciembre de cada año.

Artículo 37.- Anualmente y dentro de la primera quincena del mes de enero, los Intendentes considerando la realidad socioeconómica local, mediante resolución, deberán determinar el número de nuevas pensiones asistenciales a conceder en cada mes del año, considerando el número mensual de nuevos beneficios asignados a su región en el decreto supremo a que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberá establecer un número constante de nuevos beneficios a conceder en cada mes, entre febrero y noviembre de cada año. En todo caso, durante el respectivo ejercicio presupuestario los Intendentes podrán modificar las referidas resoluciones disminuyendo el número de nuevas pensiones asistenciales a conceder, debiendo establecer una nueva cantidad constante mensual de beneficios para el resto del año. Las referidas resoluciones y sus modificaciones estarán exentas del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y regirán a partir del primer día del mes siguiente al de su dictación. En todo caso, deberán ser remitidas con sus antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social para su aprobación, la que deberá pronunciarse dentro de quince días desde su recepción, entendiéndose aprobadas si no se emitiese pronunciamiento dentro de ese plazo.

Artículo 38.- El Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N° 1,263, de 1975 y sus modificaciones y será administrado por la Superintendencia de Seguridad Social, correspondiéndole además su control presupuestario, Organismo que impartirá instrucciones que serán obligatorias para quienes participen en la administración del régimen de pensiones asistenciales, aplicándose al efecto las disposiciones orgánicas de la referida Superintendencia sin perjuicio de las atribuciones que le competen a la Contraloría General de la República.

Artículo 39.- A petición de la Superintendencia de Seguridad Social, el Banco del Estado de Chile abrirá una cuenta corriente subsidiaria de la Cuenta Unica Fiscal para el manejo de los recursos del Fondo a que se refiere este Título. Esta cuenta tendrá, a su vez, las cuentas auxiliares que sean necesarias para facilitar el movimiento de sus fondos y establecer los controles adecuados.

Artículo 40.- A la Superintendencia de Seguridad Social le corresponderá la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el régimen de pensiones asistenciales, sin perjuicio de las atribuciones que le competen a la Contraloría General de la República. Las instrucciones que imparta la referida Superintendencia serán obligatorias para todas las entidades que participen en la administración del régimen, correspondiéndole exclusivamente al Ministerio del Interior la fiscalización y control respecto de las funciones que competan a los Intendentes Regionales.

Artículo 41.- Derógase el decreto supremo N° 72, de 17 de febrero de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de 10 de mayo del año recién indicado.

Artículo transitorio.- En los decretos supremos a que se refieren los artículos 8° del decreto ley N° 869, de 1975 y 3° transitorio de la ley N° 18.611, deberá establecerse para cada región un número mínimo de pensiones asistenciales otorgadas con anterioridad al 1° de julio de 1987, que deberán revisar mensualmente los Intendentes entre febrero y noviembre de cada año, conforme al artículo 7° transitorio de esta última ley y a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social. El Servicio de Seguro Social deberá proceder a individualizar a los beneficiarios sujetos a la aludida revisión, sin perjuicio que los Intendentes propongan modificaciones al efecto. Los Intendentes deberán resolver mensualmente el total de casos asignados a su región e informar al respecto dentro del mismo mes al Servicio de Seguro Social, individualizando los beneficios que se mantuvieron y los que se extinguieron. El Intendente que no cumpla íntegramente el programa de revisión establecido para un mes, sólo podrá conceder pensiones en dicho mes a personas que habiendo sido revisado su beneficio conforme al programa indicado, reúnen los requisitos para su mantención de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que rigen la materia. La revisión de la mantención del estado de invalidez que hubiere dado origen a pensiones asistenciales, se realizará independientemente de lo dispuesto en los incisos anteriorees, correspondiéndole a la Superintendencia de Seguridad Social efectuar esta función, entidad que deberá comunicar de oficio al Intendente respectivo y al ente pagador, su resolución respecto de cada caso, a objeto de que se ponga término de inmediato al beneficio en caso que la resolución así lo indique. Si como resultado de las revisiones procediere mantener las respectivas pensiones, éstas se considerarán como nuevos beneficios para todos los efectos legales. No obstante, su monto no podrá ser inferior a aquel que estaba percibiendo el beneficiario.