INA-STC

Texto completo

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CINCUENTA Y SEIS




2021

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 10.475-2021


[3 de agosto de 2021]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 1°, INCISO
SEGUNDO, DE LA LEY Nº 18.216


VISTOS:

Requerimiento, norma impugnada, gestión judicial en que incide y tramitación

A fojas 1, Margarita de las Mercedes Montero Fariña, ha presentado un requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo,
de la Ley N° 18.216, en el proceso penal RUC N° 1700157280-6, RIT N° 6188-2020,
seguido ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

La requirente se encuentra imputada por delitos de tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y tenencia ilegal de municiones.

El requerimiento se acogió a trámite y declaró admisible por la respectiva Sala de este
Tribunal Constitucional, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del
procedimiento en la gestión judicial en que incide.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados,
así como a las demás partes de la gestión pendiente, fue evacuada presentación por el
Ministerio Público, solicitando el rechazo del requerimiento, en razón de que el actor
no cumple con los requisitos previstos en normas no impugnadas de la Ley N° 18.216,
para acceder a penas sustitutivas.




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CINCUENTA Y SIETE




Traídos los autos en relación, se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación
pública y los alegatos certificados por el Relator, quedando adoptado el acuerdo y la
causa en estado de sentencia.



Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La parte requirente enuncia que los preceptos reprochados contravienen el artículo 1°
de la Constitución Política. Al establecer que las personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos, se tiene que ningún ser humano es más que otro, dado que la
igualdad como valor constitucional se torna en una opción ético social básica que el
Estado debe propugnar y concretar, cuestión que no se materializaría al establecer la
pena privativa de libertad como única opción a aplicar por el juzgador oral.

Acto seguido, la aplicación de las normas contraviene el principio de igualdad ante la
ley, establecido en el artículo 19, numeral 2°, constitucional, concretizado en el valor
de la no discriminación. Se prohíbe la existencia de estatutos legales con derechos y
obligaciones diferentes atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente
personal, que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores
todos que se enlazan con los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

En tercer lugar, desde el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución, el
actor expone que las normas reprochadas atentan contra el derecho de toda persona a
un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas
proporcionales con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir
entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal del Estado. Conforme
enuncia, la proporcionalidad de las penas se relaciona con la igualdad en la aplicación
del derecho.

Finalmente, señala que el precepto contenido en el artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley N° 18.216, limita las facultades del juez de optar en fase de ejecución, por la pena
más idónea en consideración del caso concreto, de una forma no permitida por la
Carta Fundamental.



Y CONSIDERANDO:

PRIMER CAPÍTULO

CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERO. Que, conforme enuncia la parte requirente en su presentación de fojas
1, solicita a esta Magistratura declarar la inaplicabilidad del artículo 1°, inciso
segundo, de la Ley N° 18.216, por resultar contrario a la Constitución Política en la
gestión pendiente señalada en la parte expositiva;




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CINCUENTA Y OCHO




SEGUNDO. Que, teniendo presente lo anterior, se debe resolver un conflicto
constitucional que presenta similares características a diversos pronunciamientos
previos en torno a requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por lo
que no resulta necesario reiterar en su integridad las argumentaciones que sirvieron
para acoger la impugnación que la parte requirente efectúa al artículo 1°, inciso
segundo, de la Ley N° 18.216;

TERCERO. Que esta Magistratura en oportunidades anteriores ha sostenido un
criterio similar, puesto que no se ve afectado el efecto relativo de las sentencias que el
Tribunal Constitucional debe dictar con atención a las particularidades del caso
concreto, cuando a raíz de la reiteración de requerimientos de inaplicabilidad
semejantes y aún idénticos, en que el asunto controvertido, las pretensiones en
conflicto y los fundamentos alegados son básicamente los mismos. En dicha
circunstancia, como resulta obvio, las sentencias han de ser igualmente análogas
cumpliendo los parámetros esenciales del numeral 2° del artículo 19 de la
Constitución. Conforme ya se sostuvo en causa Rol N° 1068, cuando son numerosos
los casos similares que deben ser resueltos, motivos de racionalidad procesal y
oportunidad de decisión hacen aconsejable omitir la mera reiteración, en cada caso,
de extensos y complejos razonamientos que no serán sustancialmente distintos a los
anteriormente invocados, en circunstancias que, por la amplia publicidad de las
sentencias y la estabilidad de la jurisprudencia, es posible remitirse a ella sin que se
justifique reiterar toda la argumentación vertida en derecho, siendo aconsejable, más
bien, enunciar las argumentaciones generales que sostienen la línea jurisprudencial ya
desarrollada por esta Magistratura, tanto en sus votos de mayoría como disidentes,
conforme el caso de autos que debe ser resuelto en virtud de sus atribuciones
constitucionales. Es parte de la igual protección en el ejercicio de los derechos de todos
los justiciables, reconocida en el inciso primero del numeral 3° del artículo 19 de la
Constitución, esta estabilidad de la jurisprudencia previa;



SEGUNDO CAPÍTULO

IMPUGNACIÓN ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216

CUARTO. ADVERTENCIA INICIAL. Todos los Ministros que están por acoger el
requerimiento en lo referido al artículo 1º, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, lo hacen
en virtud de las mismas infracciones constitucionales, pero entre ellos existen
diferencias en cuanto a la orientación argumentativa utilizada. A continuación, se
expone de manera resumida uno de los dos tipos de razonamiento, para, luego,
desarrollar en extenso la otra fundamentación;

QUINTO. Que, una primera línea argumentativa, desarrollada, a vía ejemplar, en la
STC Rol Nº 3062, plantea como elemento de juicio inicial, que el derecho a punir o ius
puniendi, no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado.




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En tal sentido, y como consideración inicial, se sostiene que dicho derecho a punir
corresponde no sólo al Estado, sino a la sociedad para la defensa de la propia
existencia contra los hechos dañosos de los sujetos que cometen ilícitos. Se resalta que,
a partir del valor fundamental de la dignidad humana, el cual tiene reconocimiento
constitucional, se sustentan múltiples principios limitadores del ius puniendi que
pueden reconocerse en diversos preceptos de la Carta Fundamental, tales como los
artículos 19, Nºs 1º, 2º, 3º y 7º (letras g y h), entre otros. Se destaca que detrás del
fenómeno de la constitucionalización del derecho penal se encuentra la idea de que
las normas constitucionales deben interpretarse a partir de criterios sistemáticos y
teleológicos, no exclusivamente literales o gramaticales;

SEXTO. Que, en consideración a diversos principios constitucionales, entre ellos el
principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad humana, y al hecho
de que la pena es, básicamente, privación o restricción de derechos personales o de
bienes protegidos por la norma jurídica, la acción punitiva del Estado no debe
propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de
la sociedad que infringió la ley. Por consiguiente, la opción de privar de libertad al ser
humano debe adoptarse sólo si es estrictamente necesario y respecto de las conductas
delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia. Lo
anterior permite entender por qué el legislador no puede prescindir, al establecer las
reglas de punición de delitos, de la finalidad de reinserción social de los condenados,
lo que implica el uso racional de la privación de libertad y la mejor protección de las
víctimas;

SÉPTIMO. Que, unido a lo anterior, la aplicación de las penas sustitutivas de aquellas
privativas de libertad no es sinónimo de impunidad. De hecho, éstas tienen el carácter
de pena y operan con una intensidad importante, como ocurre, por ejemplo, como la
reclusión parcial o la libertad vigilada intensiva. Las penas alternativas tienen el
carácter de penas en cuanto restringen, en mayor o menor medida, la libertad personal
y tienen por objetivo el control de las personas condenadas, su reinserción social y no
reincidencia. No se trata de un “beneficio” otorgado al condenado, sino de una
sanción, que a su vez se impone en forma sustitutiva a la pena privativa de la libertad,
pudiendo ser revocada en el evento de ser incumplida. La Ley N°20.603 reforzó el
carácter punitivo de las medidas establecidas en la Ley N°18.216, eliminando su
denominación de alternativas para denominarlas “penas sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad”;

OCTAVO. Que, de acuerdo a lo expuesto, la disposición que restringe la aplicación
de las penas sustitutivas de privación de libertad resulta desproporcionada e
inequitativa respecto de personas condenadas e incluso por delitos de mayor
gravedad; además es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección
de la víctima que tiene la pena. En efecto, se recuerda que históricamente los sistemas
de prisión no han sido capaces de lograr la rehabilitación de las personas sujetas a




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SESENTA




régimen carcelario. Las penas sustitutivas en cambio, constituyen medidas de mayor
equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el
interés de la sociedad en la seguridad pública;

NOVENO. Que, una segunda línea argumentativa sigue lo razonado por este
Tribunal Constitucional en las STC Roles N°s 2995, 3053, 3127, 3149, 3172, 3173, 3174,
3177, 3185, 3187 y 3198, refiriendo que la exclusión total del delito de los beneficios de
la Ley 18.216, vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en los
artículos 19, N°s 3° (inciso sexto) y 2° de la Constitución;

DÉCIMO. Que, una manifestación de dicho estándar es el principio de
proporcionalidad de las penas, en virtud del cual la severidad de éstas debe estar
relacionada con la gravedad del delito y/o de la conducta delictiva.

En las sentencias ya enunciadas, esta Magistratura ha estimado que cualquiera sea el
medio que el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva,
éste no puede prescindir de la gravedad del delito expresado a través del quantum de
la pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la naturaleza del
delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para apreciar qué tan grave es
éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad de un ilícito es el
quantum de la pena;

DECIMOPRIMERO. Que, en consecuencia y siguiendo dicha línea argumental, se
sostuvo que dicho parámetro tiene sustento en la Constitución, así como en el Código
Penal y en la misma Ley N°18.216. Ilustrativo de lo primero son aquellas disposiciones
constitucionales que establecen efectos negativos mayores (como ocurre con la
suspensión del derecho de sufragio o la pérdida de la ciudadanía) cuando la pena en
abstracto sobrepasa el umbral de “pena aflictiva”, es decir, condenas privativas de
libertad desde tres años y un día en adelante. El Código Penal también reconoce
expresamente que “(l)os delitos, atendida su gravedad, se dividen crímenes, simples delitos
y faltas (...)” (Artículo 3°, en relación con el 21), lo cual, en último término, se traduce
en un quantum o tiempo de duración de la pena en abstracto (artículo 56). Y, a mayor
abundamiento, la misma Ley N°18.216 distingue la procedencia de diferentes penas
sustitutivas recurriendo, como criterio ineludible, al quantum de la pena concreta
(reflejo, a su vez, de la pena abstracta ajustada – en términos simples – por el grado de
culpabilidad del responsable). No se trata de una proporcionalidad matemática (algo
inviable), pero sí de un escalonamiento de rangos en que es posible distinguir un
patrón general de proporcionalidad;

DECIMOSEGUNDO. Que, así, del examen cuantitativo en virtud del cual se compara
el delito atribuido al requirente con el resto de los delitos excluidos del beneficio de
sustitución de penas privativas de libertad es posible advertir una sustancial
desproporción. En efecto, el quantum de su penalidad abstracta y concreta es muy
menor en consideración a los otros, lo que configura una situación de irracionalidad
y desproporción incompatible con la Constitución, lo que lleva a acoger la




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impugnación formulada por la parte requirente al artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley N° 18.216, en el contexto de su aplicación a la enunciada gestión pendiente.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y
decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución
Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE
INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, POR LO QUE SE
DECLARA INAPLICABLE EL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO,
DE LA LEY N° 18.216, EN EL PROCESO PENAL RUC N° 1700157280-
6, RIT N° 6188-2020, SEGUIDO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO DE
GARANTÍA DE SANTIAGO. EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL
CORRESPONDIENTE, REMÍTASE AL TRIBUNAL DE JUICIO
ORAL EN LO PENAL COMPETENTE. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.



DISIDENCIAS



Acordada con el voto en contra del Ministro señor GONZALO GARCÍA PINO, y de la
Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, quienes estuvieron por rechazar el
requerimiento, en consideración al voto disidente ya reproducido en extenso en
sentencias Roles N°s 2959 y 2995, y sintetizado en Roles N°s 8684, 8689, 9081, entre
otras.

En los varios centenares de sentencias dictadas por este Tribunal respecto de la
impugnación al artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, hemos sostenido que
el impedimento de acceso a las penas sustitutivas es constitucional según diversos
criterios interpretativos: que éstas no operan automáticamente por el solo ejercicio de
la ley; que la política criminal la fija el legislador dentro de los límites constitucionales;
que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece límites para la
política criminal pero no crea derechos a penas sustitutivas; que no existe en nuestro
ordenamiento un derecho subjetivo de los condenados en un proceso penal a la
aplicación de una pena sustitutiva; que no se puede impugnar la aplicación efectiva




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SESENTA Y DOS




de las penas sin cuestionar la estructura punitiva de todo el sistema penal; y, que no
se tiene, en la especie, un trato discriminatorio propiamente tal que vulnere la
igualdad ante la ley.



El Ministro señor NELSON POZO SILVA estuvo por rechazar la impugnación al
artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, únicamente debido a las
argumentaciones vertidas latamente en centenares de votos disidentes y
prevenciones previas, en que ha estimado la compatibilidad con la Constitución de
la anotada disposición en atención a las características de la gestión pendiente,
como en STC Roles N°s 9015, 9089, 9137, 9163, entre otras.

1°. El Estado Democrático de Derecho justifica la intervención penal en la medida que
la pena cumpla fines como la retribución, prevención general positiva o la
resocialización. Las penas alternativas ostentan el carácter de penas en cuanto
restringen, en mayor o menor medida, la libertad personal y tienen por objetivo el
control de las personas condenadas, su reinserción social y no reincidencia. No se trata
de un “beneficio” otorgado al condenado, sino de una sanción que, a su vez, se impone
en forma sustitutiva a la pena privativa de la libertad, pudiendo revocarse en el evento
de ser incumplida.

Dado el carácter fragmentario del Derecho Penal, el ius puniendi y las penas privativas
de libertad están reservados para sancionar las conductas delictivas más graves que
afecten bienes jurídicos de la más alta importancia. La Ley N°20.603 reforzó el carácter
punitivo de las medidas establecidas en la Ley N°18.216, eliminando su denominación
de alternativas para denominarlas “penas sustitutivas a las penas privativas o
restrictivas de libertad”.

2°. En el caso concreto que constituye la gestión pendiente, y en el proceso de
individualización de la pena, el requirente incumple con los requisitos previstos en
los artículos 4°, 8, 15, y 15 bis, de la Ley 18.216, en cuanto a la procedencia de la
sustitución de las penas privativas o restrictivas de libertad, produciéndose al efecto
la falta de un requerimiento básico o sustancial para su sustituibilidad en el caso
concreto, lo que determina el rechazo de la inaplicabilidad requerida.



El Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ estuvo por rechazar el
requerimiento, atendido que, conforme a la prognosis de pena planteada en estos
autos, resulta plausible sostener, según las circunstancias del caso concreto, que no
resultará aplicable el precepto legal impugnado.



PREVENCIÓN




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SESENTA Y TRES




El Ministro señor RODRIGO PICA FLORES previene que estuvo por acoger la
impugnación al artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, compartiendo los
considerandos 5°, 7°, 10° y 11, de la sentencia de autos, conforme la prevención que
consta, entre otras, en las STC Roles N°s 8980, 9001, 9010, y 9042, y teniendo presente
que el principio de resocialización en la funcionalidad de las penas, que además deben
ser proporcionadas. Desde tal perspectiva la pena determinada por el legislador,
reglamentada en la Ley N° 18.216, podría resultar desproporcionada y disfuncional
en modalidad de cumplimiento efectivo, en función de las circunstancias médicas y
etarias de la requirente, cuestión que habrá de ser examinada por el juez del fondo,
junto a la determinación de procedencia de penas sustitutivas, debiendo tenerse
presente que la preceptiva impugnada le impide conocer y ponderar tales
antecedentes para resolver acerca de la pena alternativa, vulnerándose entonces el
artículo 76 de la Constitución Política.



Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 10.475-21-INA.


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta,
Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, por sus Ministros señores IVÁN
ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN,
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA Y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ,
señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ Y RODRIGO PICA FLORES.
Se certifica que el Ministro señor NELSON POZO SILVA concurre al acuerdo y fallo, pero
no firma por encontrarse con permiso.
Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señores Ministros
concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias
físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la
emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga
Meza.


Firmado digitalmente
María Luisa Firmado digitalmente por
María Luisa Brahm Barril

María Angélica por María Angélica
Barriga Meza
Brahm Barril Fecha: 2021.08.03
18:41:33 -04'00'
Barriga Meza Fecha: 2021.08.04
10:10:51 -04'00'




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