INA-STC

Texto completo

0000029
VEINTE Y NUEVE




2021

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 10.604-2021


[29 de julio de 2021]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 1°, INCISO
SEGUNDO, DE LA LEY Nº 18.216


VISTOS:



Requerimiento, norma impugnada, gestión judicial en que incide y tramitación

A fojas 1, Ronald Alfredo Castro Mora deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, en
el proceso penal RUC N° 1800494492-1, RIT N° 2921-2018 del Decimoquinto Juzgado
de Garantía de Santiago.

El requirente se encuentra imputado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego
y municiones, y de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias o drogas
estupefacientes o psicotrópicas.

El requerimiento se acogió a trámite y declaró admisible por la respectiva Sala de este
Tribunal Constitucional, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del
procedimiento en la gestión judicial en que incide.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados así
como a las demás partes de la gestión pendiente, no fueron evacuadas presentaciones.

Traídos los autos en relación, se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación
pública y los alegatos certificados por el Relator, quedando adoptado el acuerdo y la
causa en estado de sentencia.




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TREINTA




Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La parte requirente enuncia la norma cuestionada contraviene el artículo 1° de la
Constitución. Al establecer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, se tiene que ningún ser humano es más que otro, dado que la igualdad como
valor constitucional se torna en una opción ético social básica que el Estado debe
propugnar y concretar, cuestión que no se materializaría al establecer la pena
privativa de libertad como única opción a aplicar por el juzgador oral.

Acto seguido, la aplicación de la norma contraviene el principio de igualdad ante la
ley, establecido en el artículo 19, numeral 2°, constitucional, concretizado en el valor
de la no discriminación. Se prohíbe la existencia de estatutos legales con derechos y
obligaciones diferentes atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente
personal, que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores que
se enlazan con los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

En tercer lugar, desde el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución, se
expone que la norma reprochada atenta contra el derecho de toda persona a un
procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas proporcionales
con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir entre la gravedad
del hecho juzgado con la reacción penal del Estado. La proporcionalidad de las penas
se relaciona con la igualdad en la aplicación del derecho.

Finalmente, señala que el precepto cuestionado limita las facultades del juez de optar
por la pena más idónea en consideración al caso concreto, de una forma no permitida
por la Carta Fundamental.



Y CONSIDERANDO:

PRIMER CAPÍTULO

CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERO. Que, conforme enuncia la parte requirente en su presentación de fojas
1, solicita a esta Magistratura declarar la inaplicabilidad del artículo 1°, inciso
segundo, de la Ley N° 18.216, por resultar contrario a la Constitución Política en la
gestión pendiente señalada en la parte expositiva;

SEGUNDO. Que, teniendo presente lo anterior, se debe resolver un conflicto
constitucional que presenta similares características a diversos pronunciamientos
previos en torno a requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por lo
que no resulta necesario reiterar en su integridad las argumentaciones que sirvieron
para acoger la impugnación que la parte requirente efectúa al artículo 1°, inciso
segundo, de la Ley N° 18.216;




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TERCERO. Que esta Magistratura en oportunidades anteriores ha sostenido un
criterio similar, puesto que no se ve afectado el efecto relativo de las sentencias que el
Tribunal Constitucional debe dictar con atención a las particularidades del caso
concreto, cuando a raíz de la reiteración de requerimientos de inaplicabilidad
semejantes y aún idénticos, en que el asunto controvertido, las pretensiones en
conflicto y los fundamentos alegados son básicamente los mismos. En dicha
circunstancia, como resulta obvio, las sentencias han de ser igualmente análogas
cumpliendo los parámetros esenciales del numeral 2° del artículo 19 de la
Constitución. Conforme ya se sostuvo en causa Rol N° 1068, cuando son numerosos
los casos similares que deben ser resueltos, motivos de racionalidad procesal y
oportunidad de decisión hacen aconsejable omitir la mera reiteración, en cada caso,
de extensos y complejos razonamientos que no serán sustancialmente distintos a los
anteriormente invocados, en circunstancias que, por la amplia publicidad de las
sentencias y la estabilidad de la jurisprudencia, es posible remitirse a ella sin que se
justifique reiterar toda la argumentación vertida en derecho, siendo aconsejable, más
bien, enunciar las argumentaciones generales que sostienen la línea jurisprudencial ya
desarrollada por esta Magistratura, tanto en sus votos de mayoría como disidentes,
conforme el caso de autos que debe ser resuelto en virtud de sus atribuciones
constitucionales. Es parte de la igual protección en el ejercicio de los derechos de todos
los justiciables, reconocida en el inciso primero del numeral 3° del artículo 19 de la
Constitución, esta estabilidad de la jurisprudencia previa;

SEGUNDO CAPÍTULO

IMPUGNACIÓN ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216

CUARTO. ADVERTENCIA INICIAL. Todos los Ministros que están por acoger el
requerimiento en lo referido al artículo 1º, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, lo hacen
en virtud de las mismas infracciones constitucionales, pero entre ellos existen
diferencias en cuanto a la orientación argumentativa utilizada. A continuación, se
expone de manera resumida uno de los dos tipos de razonamiento, para, luego,
desarrollar en extenso la otra fundamentación;

QUINTO. Que, una primera línea argumentativa, desarrollada, a vía ejemplar, en la
STC Rol Nº 3062, plantea como elemento de juicio inicial, que el derecho a punir o ius
puniendi, no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado.
En tal sentido, y como consideración inicial, se sostiene que dicho derecho a punir
corresponde no sólo al Estado, sino a la sociedad para la defensa de la propia
existencia contra los hechos dañosos de los sujetos que cometen ilícitos. Se resalta que,
a partir del valor fundamental de la dignidad humana, el cual tiene reconocimiento
constitucional, se sustentan múltiples principios limitadores del ius puniendi que
pueden reconocerse en diversos preceptos de la Carta Fundamental, tales como los
artículos 19, Nºs 1º, 2º, 3º y 7º (letras g y h), entre otros. Se destaca que detrás del
fenómeno de la constitucionalización del derecho penal se encuentra la idea de que




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las normas constitucionales deben interpretarse a partir de criterios sistemáticos y
teleológicos, no exclusivamente literales o gramaticales;

SEXTO. Que, en consideración a diversos principios constitucionales, entre ellos el
principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad humana, y al hecho
de que la pena es, básicamente, privación o restricción de derechos personales o de
bienes protegidos por la norma jurídica, la acción punitiva del Estado no debe
propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de
la sociedad que infringió la ley. Por consiguiente, la opción de privar de libertad al ser
humano debe adoptarse sólo si es estrictamente necesario y respecto de las conductas
delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia. Lo
anterior permite entender por qué el legislador no puede prescindir, al establecer las
reglas de punición de delitos, de la finalidad de reinserción social de los condenados,
lo que implica el uso racional de la privación de libertad y la mejor protección de las
víctimas;

SÉPTIMO. Que, unido a lo anterior, la aplicación de las penas sustitutivas de aquellas
privativas de libertad no es sinónimo de impunidad. De hecho, éstas tienen el carácter
de pena y operan con una intensidad importante, como ocurre, por ejemplo, como la
reclusión parcial o la libertad vigilada intensiva. Las penas alternativas tienen el
carácter de penas en cuanto restringen, en mayor o menor medida, la libertad personal
y tienen por objetivo el control de las personas condenadas, su reinserción social y no
reincidencia. No se trata de un “beneficio” otorgado al condenado, sino de una
sanción, que a su vez se impone en forma sustitutiva a la pena privativa de la libertad,
pudiendo ser revocada en el evento de ser incumplida. La Ley N°20.603 reforzó el
carácter punitivo de las medidas establecidas en la Ley N°18.216, eliminando su
denominación de alternativas para denominarlas “penas sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad”;

OCTAVO. Que, de acuerdo a lo expuesto, la disposición que restringe la aplicación
de las penas sustitutivas de privación de libertad resulta desproporcionada e
inequitativa respecto de personas condenadas e incluso por delitos de mayor
gravedad; además es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección
de la víctima que tiene la pena. En efecto, se recuerda que históricamente los sistemas
de prisión no han sido capaces de lograr la rehabilitación de las personas sujetas a
régimen carcelario. Las penas sustitutivas en cambio, constituyen medidas de mayor
equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el
interés de la sociedad en la seguridad pública;

NOVENO. Que, una segunda línea argumentativa sigue lo razonado por este
Tribunal Constitucional en las STC Roles N°s 2995, 3053, 3127, 3149, 3172, 3173, 3174,
3177, 3185, 3187 y 3198, refiriendo que la exclusión total del delito de los beneficios de
la Ley 18.216, vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en los
artículos 19, N°s 3° (inciso sexto) y 2° de la Constitución;




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DÉCIMO. Que, una manifestación de dicho estándar es el principio de
proporcionalidad de las penas, en virtud del cual la severidad de éstas debe estar
relacionada con la gravedad del delito y/o de la conducta delictiva.

En las sentencias ya enunciadas, esta Magistratura ha estimado que cualquiera sea el
medio que el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva,
éste no puede prescindir de la gravedad del delito expresado a través del quantum de
la pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la naturaleza del
delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para apreciar qué tan grave es
éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad de un ilícito es el
quantum de la pena;

DECIMOPRIMERO. Que, en consecuencia y siguiendo dicha línea argumental, se
sostuvo que dicho parámetro tiene sustento en la Constitución, así como en el Código
Penal y en la misma Ley N°18.216. Ilustrativo de lo primero son aquellas disposiciones
constitucionales que establecen efectos negativos mayores (como ocurre con la
suspensión del derecho de sufragio o la pérdida de la ciudadanía) cuando la pena en
abstracto sobrepasa el umbral de “pena aflictiva”, es decir, condenas privativas de
libertad desde tres años y un día en adelante. El Código Penal también reconoce
expresamente que “(l)os delitos, atendida su gravedad, se dividen crímenes, simples delitos
y faltas (...)” (Artículo 3°, en relación con el 21), lo cual, en último término, se traduce
en un quantum o tiempo de duración de la pena en abstracto (artículo 56). Y, a mayor
abundamiento, la misma Ley N°18.216 distingue la procedencia de diferentes penas
sustitutivas recurriendo, como criterio ineludible, al quantum de la pena concreta
(reflejo, a su vez, de la pena abstracta ajustada – en términos simples – por el grado de
culpabilidad del responsable). No se trata de una proporcionalidad matemática (algo
inviable), pero sí de un escalonamiento de rangos en que es posible distinguir un
patrón general de proporcionalidad;

DECIMOSEGUNDO. Que, así, del examen cuantitativo en virtud del cual se compara
el delito atribuido al requirente con el resto de los delitos excluidos del beneficio de
sustitución de penas privativas de libertad es posible advertir una sustancial
desproporción. En efecto, el quantum de su penalidad abstracta y concreta es muy
menor en consideración a los otros, lo que configura una situación de irracionalidad
y desproporción incompatible con la Constitución, lo que lleva a acoger la
impugnación formulada por la parte requirente al artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley N° 18.216, en el contexto de su aplicación a la enunciada gestión pendiente.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y
decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución
Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,




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TREINTA Y CUATRO




SE RESUELVE:



I. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO POR RONALD ALFREDO CASTRO MORA, POR LO QUE
SE DECLARA INAPLICABLE EL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE
LA LEY N° 18.216, EN EL PROCESO PENAL RUC N° 1800494492-1, RIT N°
2921-2018 DEL DECIMOQUINTO JUZGADO DE GARANTÍA DE
SANTIAGO. EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL
CORRESPONDIENTE REMÍTASE AL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN
LO PENAL COMPETENTE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.



DISIDENCIAS

Acordada con el voto en contra del Ministro señor GONZALO GARCÍA PINO, quien
estuvo por rechazar el requerimiento, en consideración al voto disidente ya
reproducido en extenso en sentencias Roles N°s 2959 y 2995, y sintetizado en Roles
N°s 8684, 8689, 9081, entre otras.

En los varios centenares de sentencias dictadas por este Tribunal respecto de la
impugnación al artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, he sostenido que el
impedimento de acceso a las penas sustitutivas es constitucional según diversos
criterios interpretativos: que éstas no operan automáticamente por el solo ejercicio de
la ley; que la política criminal la fija el legislador dentro de los límites constitucionales;
que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece límites para la
política criminal pero no crea derechos a penas sustitutivas; que no existe en nuestro
ordenamiento un derecho subjetivo de los condenados en un proceso penal a la
aplicación de una pena sustitutiva; que no se puede impugnar la aplicación efectiva
de las penas sin cuestionar la estructura punitiva de todo el sistema penal; y, que no
se tiene, en la especie, un trato discriminatorio propiamente tal que vulnere la
igualdad ante la ley.



El Ministro señor RODRIGO PICA FLORES estuvo por rechazar la impugnación al
artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, teniendo presente las consideraciones
que señalara en el voto desarrollado, entre otras, en STC Roles N°s 8682, 8697, 8747,
8832, 8932, y 8976, que contiene las siguientes ideas centrales:

1°. La pena es el trato que el legislador ha determinado dar a ciertas conductas del ser
humano por considerarlas disvalorables. Concebida como retribución jurídica, se




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TREINTA Y CINCO




sujeta a principios jurídicos universales como la intervención mínima, interdicción de
la arbitrariedad y el principio de proporcionalidad, entendido como relación de
equilibrio entre la sanción impuesta y la conducta imputada, que se extiende como
garantía a todo el orden punitivo estatal, y materializa el derecho constitucional de
igualdad ante la ley, sujeta a una función resocializadora propia de un Estado de
Derecho que reconoce al ser humano como un fin en sí mismo, con la garantía de su
dignidad intrínseca como valor fundamental.

Por otra parte, este sentenciador no sustentará la existencia de un derecho subjetivo a
la pena alternativa, sin perjuicio de partir de la base que tras la entrada en vigencia de
la Ley N° 20.603, el sistema de penas alternativas pasó a ser la prima ratio del orden
penal.

2°. Por lo anterior, si los delitos y requisitos establecidos en la Ley N° 18.216 son el
carácter de prima ratio del sistema de pena alternativa y la última ratio es el presido
efectivo, el examen de constitucionalidad de las excepciones a penas alternativas se
hace a la luz de la razonabilidad y justificación de los mismas, el cual, al referirse a la
política criminal, ha de estar marcado por la deferencia razonada al legislador y el
reconocimiento de su campo de decisión regulatoria autónoma en materia de la
reserva de ley de penas.

3°. La inaplicabilidad es un control concreto de constitucionalidad de la ley, por lo que
cobran relevancia las características del caso concreto. De los antecedentes de la
gestión pendiente, se tiene que los delitos que se imputan al requirente se enmarcan,
conforme se razonó previamente, en la potestad del legislador para excluir la
posibilidad de acceso a pena sustitutiva, dado el reproche extra que contiene el ilícito
que constituye la imputación, posibilitando que, en el análisis constitucional, la
disposición en examen no sea desproporcionada ni cercene la igualdad ante la ley.

Así, no puede considerarse discriminatorio ni carente de razonabilidad legislativa que
el legislador establezca formas de presidio efectivo en delitos por violencia de género,
uso de armas prohibidas o robadas, tráfico ilícito o producción de drogas o sustancias
estupefacientes, entre otros, motivo por el cual el requerimiento debe ser rechazado.
Debe agregarse que lo anterior no guarda relación con la proyección de la eventual
pena que pudiera decretarse sobre el requirente, materia propia de ser determinada
por el Tribunal competente en lo penal, y no por esta Magistratura al confrontar la
regla cuestionada con la Constitución.



Redactaron la sentencia la señora y los señores Ministros que la suscriben.




Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.




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TREINTA Y SEIS




Rol N° 10.604-21-INA.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta,
Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores IVÁN
ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN,
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ,
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores
Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en
dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas
ante la emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga
Meza.



María Angélica Firmado digitalmente por María Luisa Firmado digitalmente por
María Luisa Brahm Barril
María Angélica Barriga Meza

Barriga Meza Fecha: 2021.07.29 14:58:22
-04'00'
Brahm Barril Fecha:
-04'00'
2021.07.29 12:34:08




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