TC Rol 10774

Texto completo

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OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO
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Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiuno.



VISTOS:


A fojas 1, con fecha 20 de abril de 2021, Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la
República; Rodrigo Cerda Norambuena, Ministro de Hacienda; Juan José Ossa Santa
Cruz, Ministro Secretario General de la Presidencia, y Patricio Melero Abaroa,
Ministro del Trabajo y Previsión Social, conforme al artículo 93 N° 3 de la
Constitución Política, formulan requerimiento de inconstitucionalidad respecto del
“proyecto que modifica la Carta Fundamental, para establecer y regular un
mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos previsionales, en las
condiciones que indica (Boletines N°S 13.950-07, 14.054-07 y 14.095-07 refundidos), y
que mediante un artículo único agrega una nueva disposición Quincuagésima
Transitoria a la Constitución;


Respecto de las cuestiones de constitucionalidad sobre proyectos de ley, de reforma
constitucional y tratados en tramitación legislativa, el artículo 63 de la Ley Nº 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, dispone que para ser admitido
a tramitación:
“El requerimiento deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
de derecho que le sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la cuestión de
constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación de las normas que se estiman transgredidas.
Al requerimiento deberán acompañarse, en su caso, copias íntegras de las actas de
sesiones de sala o comisión en las que se hubiere tratado el problema y de los instrumentos,
escritos y demás antecedentes invocados.
En todo caso se acompañará el proyecto de ley, de reforma constitucional o tratado,
con indicación precisa de la parte impugnada”;


A fojas 3 y siguientes se transcribe el proyecto de reforma constitucional impugnado,
que corresponde al texto aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara
de Diputadas y Diputados y remitido al Senado, por oficio de 15 de abril de 2021,
igualmente acompañado a fojas 341 de autos, y que es del siguiente tenor:

“Artículo único.- Agrégase la siguiente disposición transitoria en la Constitución

Política de la República:


“QUINCUAGÉSIMA. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número
6, excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción
constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorízase
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OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
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a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a
realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 1O por ciento de los fondos
acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias,
estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un
mínimo de 35 unidades de fomento.

En el evento de que el 1O por ciento de los fondos acumulados sea inferior a 35 unidades de
fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados
en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 unidades de fomento, el afiliado
podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y
no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier
forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la
compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio del derecho de subrogación legal
del alimentario o su representante y de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas
originadas por obligaciones alimentarias de conformidad a lo previsto en la ley Nº 21.254.

Con el objeto de exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias, el juez de
familia competente autorizará al alimentario, a petición de éste, de su representante legal o
curador ad litem, a subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud
de retiro de fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias regidas por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que permite esta reforma
y la ley Nº 21.248, hasta por la totalidad de la deuda. En el evento de que existan varios
alimentarios en distintas causas y los fondos autorizados a retirar no fueren suficientes para el
pago de cada deuda alimentaria, el tribunal que conozca de la causa más antigua vigente en la
cual se decretó retención deberá prorratear, para determinar el monto de cada deuda
alimentaria que se pagará con el fondo retirado por subrogación del afiliado alimentante o
voluntariamente. Si las deudas alimentarias fueren inferiores al fondo que este artículo
autoriza a retirar, el afiliado no perderá su derecho respecto del remanente.

Las administradoras de fondos de pensiones, dentro de tres días hábiles, deberán informar a los
tribunales el o los correos electrónicos que los afiliados tienen registrados en dichas
instituciones para pedir el retiro de fondos previsionales autorizados por esta
Constitución. El tribunal deberá notificar al afiliado mediante correo electrónico todas las
resoluciones que se dicten en la causa, dentro de tres días hábiles desde que se efectuó tal
petición. Para todos los efectos legales, esta notificación se entenderá efectuada el mismo día en
que se despache. La entrega de los fondos retenidos por deudas alimentarias se efectuará dentro
de los siguientes diez días hábiles contados desde que venciere el plazo que el alimentante tiene
para oponerse a la liquidación; o bien, si ha existido oposición, desde que la resolución que se
pronuncia sobre ella se encuentre firme y ejecutoriada. En el caso de que el total de la deuda
exceda el monto máximo de retiro permitido, la subrogación se autorizará hasta por ese monto.
Autorizada la subrogación, el juez, de oficio, deberá liquidar la deuda, en su caso prorratear/a,
y señalar los datos de la cuenta bancaria que haya determinado o determine para efectos del
pago del retiro. Ejecutoriada la liquidación y su prorrateo, si correspondiere, el alimentario o
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OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
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quien lo represente podrá concurrir directamente a la administradora de fondos de pensiones
respectiva, la que deberá aceptar la solicitud de retiro con la sola exhibición de una copia simple
de la sentencia que autoriza la subrogación y la liquidación del crédito, y el certificado que la
tuvo por ejecutoriada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la resolución que ordene el pago con fondos
acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del
alimentante por los montos de retiro autorizados tanto por esta reforma como por la ley Nº
21.248, que se encuentren retenidos por disposición judicial, con arreglo a lo dispuesto en
los.me ncionadostextos legales, deberá indicar el monto especifico que ordena pagar por
concepto de pensiones alimenticias devengadas y adeudadas, identificar la cuenta bancaria a la
cual la administradora de fondos de pensiones deberá realizar la transferencia, y señalar
expresamente el plazo en que la referida administradora deberá proceder al pago. Asimismo,
dicha resolución incluirá la orden de alzar la respectiva medida de retención respecto de las
sumas retenidas que excedan del monto por el que se ordena el pago, con indicación, además, de
que dicho alzamiento no empece respecto de otras órdenes de retención que hubieren sido
decretadas en otras causas sobre los mismos montos de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias del alimentante.

El tribunal ordenará que la resolución por la que dispone el pago sea notificada a la
administradora de fondos de pensiones respectiva en el más breve plazo y por medios
electrónicos. Por su parte, la resolución se entenderá notificada a las partes del proceso desde
que se incluya en el estado diario electrónico disponible en la página web del Poder Judicial, de
conformidad con el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil.

La administradora de fondos de pensiones deberá efectuar la transferencia a la cuenta bancaria
señalada en la resolución en un plazo no superior a diez días hábiles, contado desde que aquélla
le es notificada.

Si se hubieren dictado dos o más órdenes de retención respecto de los fondos acumulados en la
cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias por los montos de retiro
autorizados tanto por esta reforma como por la ley Nº 21.248, y dichos fondos no fueren
suficientes para el pago de cada deuda alimentaria, concurrirán sobre este monto en la misma
proporción de cada crédito sobre la suma total de las acreencias. Para ello, el juez de cada causa
podrá ordenar indistintamente el pago de cada acreencia hasta el monto correspondiente a la
proporción respectiva. Para ello deberá siempre consultar en forma previa sobre los montos de
las demás acreencias a los tribunales que hubieren dictado las otras órdenes de retención y
dejará constancia de dichos antecedentes y del cálculo de la proporción en la resolución por la
que ordene el pago. Asimismo, deberá señalar en ella expresamente que el alzamiento de la
respectiva medida de retención respecto de las sumas retenidas que excedan del monto por el
que se ordena el pago no empece respecto de las demás órdenes de retención que hubieren sido
decretadas en otras causas respecto de los mismos montos de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias del alimentante.

Los fondos retirados a los cuales hace referencia la presente disposición transitoria no
constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, serán pagados
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OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las
administradoras de fondos de pensiones. Los afiliados podrán solicitar este retiro de sus fondos
hasta 365 días después de publicada la presente reforma, con independencia de la vigencia del
estado de excepción constitucional de catástrofe decretado.

Los afiliados podrán efectuar la solicitud de este retiro de fondos en una plataforma con soporte
digital, telefónico y presencial que al efecto dispongan las administradoras de fondos de
pensiones, asegurando un proceso eficiente y sin demoras. Los fondos que en aplicación de esta
disposición le correspondieren al afiliado se transferirán automáticamente a la "Cuenta 2"
sin comisión de administración o de seguros ni costo alguno para él, o a una cuenta bancaria o
de instituciones financieras y cajas de compensación, según lo determine el afiliado. Los retiros
que se efectúen conforme a esta disposición serán compatibles con las transferencias directas,
beneficios, alternativas de financiamiento y, en general, las medidas económicas que la ley o las
disposiciones reglamentarias establezcan a causa del COVID-19. No podrá considerarse el
retiro de fondos para el cálculo de las demás medidas adoptadas en razón de la crisis o
viceversa. Se considerará afiliado al sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº
3.500, de 1980, a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquéllas que sean
beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia. La entrega de los fondos
acumulados y autorizados a retirar se efectuará en un plazo máximo de quince días hábiles,
contado desde la presentación de la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de
pensiones. La implementación del sistema de transferencias de fondos y otras medidas que se
efectúen en virtud de esta disposición no tendrán costo alguno para los afiliados. Además, las
administradoras de fondos de pensiones deberán enviar a la Superintendencia de Pensiones, y
al Banco Central cuando corresponda, todo antecedente del cumplimiento de las medidas que se
efectúen con motivo de la aplicación de la presente disposición. La observancia, fiscalización y
sanción de las obligaciones de las administradoras de fondos de pensiones contenidas en la
presente disposición le corresponderá a la autoridad competente dentro de sus atribuciones
legales.

Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública,
el tiempo en que éste sea prorrogado y los 365 días posteriores a su término, los pensionados
por renta vitalicia podrán, por una vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas
hasta por el monto equivalente al diez por ciento de los fondos originalmente traspasados a la
respectiva compañía de seguros, estableciéndose como monto máximo de pago por adelantado
ciento cincuenta unidades de fomento.

El pago por adelantado de las rentas será único y su valor se descontará a prorrata de las rentas
que resten por pagar al asegurado vitalicio, utilizando para dicho cálculo las condiciones
vigentes en el momento del traspaso de sus fondos previsionales a la compañía de seguros
respectiva.

El procedimiento de solicitud, la exención de todo tipo de gravámenes e impuestos y las demás
regulaciones, que no se opongan al presente artículo, se ajustarán a lo prescrito en la
disposición trigésima novena transitoria de esta Constitución. El procedimiento para exigir el
pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias se sujetará a la ley.
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Estarán impedidos de solicitar el retiro a que se refiere esta disposición las personas cuyas
rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de esta
Constitución, con excepción de los trabajadores a honorarios. Para efectos de verificar lo
anterior, en el momento de realizar la solicitud, el afiliado deberá presentar ante la respectiva
administradora de fondos de pensiones una declaración jurada simple en la cual dé cuenta que
no se encuentra en la situación descrita.

Quienes hubieren hecho ejercicio del derecho establecido en esta disposición podrán aumentar
en un punto porcentual la cotización obligatoria señalada en el artículo 17 del decreto ley Nº
3.500, de 1980, al 11 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles, por un período
mínimo de un año a contar del mes siguiente a aquel en que comuniquen la decisión a la
administradora de fondos de pensiones a la que estén afiliados, y hasta por el plazo que estimen
pertinente, debiendo asimismo comunicar a la administradora su decisión de revertir el
aumento en la cotización. Esta cotización adicional se regirá por todas las disposiciones
aplicables a la cotización legal obligatoria.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes hubieren hecho ejercicio del derecho a retiro establecido en
esta disposición, podrán recibir un aporte fiscal a la cuenta individual por cada año en que se
postergue la pensión. El monto del aporte fiscal establecido en este inciso y la forma en que se
percibirá serán determinados en una ley de quórum calificado. ".



A fojas 2 y 3, se cita el precedente de este Tribunal Constitucional recaído en la STC
Rol N° 9797-21-CPT, y se afirma que “el Proyecto constituye un abierto intento de
desconocer y de incumplir la sentencia que este Excmo. Tribunal dictara en el
proceso Rol 9797-2020, en la medida que los mismos actores y quienes fueron parte
en aquel proceso constitucional, ahora, en los sustancial, inician un proyecto de
reforma prácticamente idéntico al anterior. Al proceder de este modo, se afecta la
vinculación directa de las sentencias del Excmo. Tribunal Constitucional y la función
de garante de la supremacía constitucional que le ha sido atribuida, como intérprete
final de la Constitución. Ello constituye una infracción especial a los artículos 6 y 7
en relación con el artículo 94 de la Constitución”.


A continuación, se postulan cinco capítulos de inconstitucionalidad. A saber:
- Primera Infracción Constitucional: al artículo 127 de la Constitución, en la
tramitación de la reforma de las disposiciones transitorias de la Constitución.
- Segunda Infracción Constitucional: al derecho a la seguridad social del artículo 19
Nº 18 de la Constitución.
- Tercera Infracción Constitucional: al estatuto de la iniciativa exclusiva legislativa
del Presidente de la República, del artículo 65, incisos tercero y cuarto Nº 1 y 6 de
la Constitución.
- Cuarta Infracción Constitucional: al derecho de propiedad y la igualdad ante las
cargas públicas, del artículo 19 N°s 20 y 24 de la Constitución.
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- Quinta Infracción Constitucional: al artículo 94 de la constitución.


Consta de los antecedentes que, en primer trámite constitucional, en la Cámara de
Diputadas y Diputados, ante la Comisión de Constitución, en sesión 333, de 1° de
abril de 2021, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa,
planteó cuestión de constitucionalidad, señalando que “Las mociones
parlamentarias sobre reforma constitucional refundidas, vulneran el Capítulo XV de
la Constitución, en particular el artículo 127, y en relación a los artículos 1°, 5°, 6°, 7°,
19 N° 18, 63 N° 14, 65, inciso cuarto N°s 1 y 6, de la Constitución.” (fojas 41 a 43, y
285 a 287 de autos). Asimismo, en primer trámite constitucional, en la Cámara de
Diputadas y Diputados, ante la Comisión de Constitución, en sesión 338, de 15 de
abril de 2021, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa,
planteó cuestión de constitucionalidad en los mismos términos (fojas 43 y 44, y 333
de autos).


Concluye el requerimiento, a fojas 136, solicitando a esta Magistratura
Constitucional Se sirva tener por formulado el presente requerimiento de
inconstitucionalidad, admitirlo a tramitación, declarándolo admisible y, en
definitiva, acogerlo, para que declare contrarios a los artículos 1°, inciso cuarto, 5°,
6°, 7°, 19 N° 18, 20 y 24, y 65 incisos tercero y cuarto N° 1 y 6, todos de la
Constitución Política de la República y todos en relación al artículo 127 de la misma,
como también los artículos 68 y 94 de la Constitución, el proyecto que modifica la
Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de
fondos previsionales, en las condiciones que indica.


Con fecha 27 de abril de 2021 se dio cuenta al Pleno del requerimiento deducido,
quedando adoptado el acuerdo respecto de su admisión a trámite (certificado a fojas
851).



Y CONSIDERANDO:



I. ACERCA DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL EN ESTA SEDE


1°. El artículo 93, numeral 3° de la Constitución Política otorga
competencia jurisdiccional de tipo contenciosa a esta Magistratura, para resolver
mediante el proceso las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la
tramitación de un proyecto de ley, de reforma constitucional o de acuerdo
aprobatorio de un tratado internacional, con el objetivo que dicha
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inconstitucionalidad no haga nacer una norma viciada en cuanto a su
constitucionalidad.

2°. Por su parte el artículo 63 de la ley orgánica de esta Magistratura
determina requisitos específicos de admisión a trámite, para identificar y delimitar el
conflicto del que conocerá este Tribunal en el proceso que eventualmente abra, en el
marco de competencias y requisitos de procesabilidad tasados y restringidos, que
por ende no pueden ser interpretados de forma extensiva.

3°. Ello convoca a recordar que la jurisdicción constitucional es llamada a
la resolución de conflictos jurídicos en materias reguladas por la Constitución
mediante el proceso, en ejercicio de la jurisdicción, lo cual exige diferenciar el control
político del jurídico y además especificar y determinar el estricto carácter jurídico del
conflicto planteado, ya que si ello no es verificado, no se está en presencia de una
materia de competencia de un tribunal constitucional, sino en presencia de una
discrepancia de valoración política. En efecto, el control jurídico exige un parámetro
objetivado, que no es otro que la propia Constitución, y es por ello que en los
presupuestos de admisión a trámite se exige una precisa indicación de la infracción
constitucional, lo que presupone determinar un estándar de constitucionalidad
fundado directamente en normas y su significado, para alegar posteriormente que el
mismo se encuentra infringido, y la forma en que ello se ha producido en el proceso
legislativo.

4°. En contraposición a lo anterior, el control político, ubicado dentro de
los frenos y contrapesos al ejercicio del poder propios del sistema democrático,
corresponde a los órganos que ejercen funciones de tipo político, electos en las urnas
a tal efecto, y se canalizará por los mecanismos propios del régimen democrático
plasmado en un Estado Constitucional. Los órganos de control jurídico no tienen
por función deliberar en dicha órbita, sino que examinar actos jurídicos particulares
para determinar su apego o alejamiento del marco jurídico que delimita el ejercicio
del poder, para contrastarlos con un parámetro de control escrito y objetivado
llamado normas jurídicas, en este caso, en un ejercicio de control de
constitucionalidad, en un sentido estrictamente técnico jurídico, que conlleva la
exclusión del control de mérito, bondad u oportunidad de decisiones políticas, el
cual en un caso como este cabe dentro de la órbita deliberativa de los órganos
colegisladores.

5°. En consecuencia, mediante el proceso jurisdiccional se resuelven
conflictos de relevancia jurídica, por un tribunal y en el estricto marco de su
competencia, en este caso tasada y establecida constitucionalmente, a lo cual se
agrega el marco procedimental, de admisión y admisibilidad establecido en su
corresondiente ley orgánica, todo lo cual, en el lenguaje del artículo 7° de la
Constitución, delimita los casos y formas en los que este tribunal ha de actuar dentro
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de su competencia. Por otra parte, las cuestiones de discrepancia de mérito político
han de ser resueltas dentro de los canales deliberativos, decisionales y
transaccionales que el régimen democrático establece en la Constitución Política de
la República, erigiéndose como un verdadero sistema autocompositivo y mediador
de conflictos políticos y de producción legislativa, marco en el cual solo podrán ser
ventilados en un tribunal aquellos de estricta dimensión jurídica.

6°. A lo anterior cabe agregar que si bien existe norma expresa (artículo 3º
inciso segundo de la Ley Nº 17.997) que consagra la inexcusabilidad como mandato
en materia de justicia constitucional, ello no debe ser entendido como una carta
blanca para conocer todo tipo de cuestiones, pues el primer presupuesto de la regla
de inexcusabilidad es que la materia del conflicto formulado sea de competencia del
tribunal, y el segundo es que su jurisdicción sea requerida en forma legal, todo lo
cual reconduce a que esta Magistratura analice en esta etapa de admisión a trámite el
cumplimiento de los fundamentos y presupuestos necesarios para entrar al
conocimiento de una cuestión que ha de ser de naturaleza jurídico-constitucional.

7°. Precisamente, es en este contexto de análisis de los requisitos para la
admisión a trámite en el cual parece discutible la existencia de una cuestión de
constitucionalidad concreta, susceptible de ser analizada -al menos en este
momento- considerando la etapa en que se encuentra, las negociaciones existentes
entre los colegisladores que permita destrabar la controversia y, aún más,
encontrándose aún pendiente el ejercicio del veto presidencial que podría tener
efectos modificatorios respecto de la iniciativa legal.

8°. Es en el marco de las diferenciaciones anteriormente expuestas que se
observa diferencia entre el trabajo de un tribunal ejerciendo jurisdicción y el del de
una hipotética tercera cámara legislativa -si existiera- y es en tal sentido las normas
sobre apertura del proceso deben ser leídas y comprendidas, y así la admisión a
trámite es un verdadero examen de reconocimiento de los elementos, caracteres,
límites y sentido del conflicto planteado, constituyendo el examen de los
presupuestos de admisión a trámite la verificación del carácter de control jurídico de
competencia de este Tribunal acerca del conflicto que cualquier requirente plantee.

9°. Cabe expresar así que el Derecho Procesal Constitucional (jurisdicción
constitucional o justicia constitucional) importa la proscripción y superación de la
autotutela en materia de conflictos político-constitucionales, para ser sustituida por
un debido proceso que deberá concluir con una resolución fundada jurídicamente. A
la vez, ello tiene un límite y una significación: la jurisdicción contenciosa y sus
procesos solo pueden referirse a conflictos específicos, delimitados y de clara
dimensión jurídicos, exigiendo alto estándar de legitimación activa, competencia,
formulación y delimitación.
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10°. Como se verá, al no acoger a tramitación el requerimiento
presidencial, este Tribunal no está excusándose de conocer, sino que simplemente
está constatando que el conflicto no se encuentra asentado jurídicamente de manera
definitiva con los elementos planteados en el requerimiento que formularlo en esos
términos es parte de las cargas procesales de quien requiera la intervención de éste
órgano jurisdiccional, ya que de otra forma el conocimiento de la cuestión planteada,
habiéndose aperturado el debate legislativo sobre la misma materia y entre los
mismos órganos, actuando como colegisladores, llevaría a este tribunal decidir
políticamente y no jurídicamente en sentido estricto, lo cual excede la órbita de un
conflicto de aquellos que este tribunal debe conocer, siendo la etapa de admisión a
trámite la correspondiente a la identificación del conflicto planteado en este tipo de
procesos.



II. EN CUANTO A LA FORMULACIÓN DEL CONFLICTO EN EL
REQUERIMIENTO DE FOJAS 1

11°. Que este Tribunal, en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales, ha
entrado a conocer y resolver un requerimiento de inconstitucionalidad, interpuesto
por S.E. el Presidente de la República, referido a un conjunto de cuestiones de
constitucionalidad respecto del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental,
para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos
previsionales, en las condiciones que indica (Boletines N° 13.950-07, 14.054-07, y
14.095-07 refundidos).

12°. Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal en esta etapa procesal sólo corresponde resolver si se
dan o no por verificados los requisitos jurídicos y procesales que aquélla dispone
para admitirlo a tramitación y, eventualmente, de cumplirse, poder entrar a conocer
y resolver el fondo de lo formulado en el requerimiento tras emplazar y oir a los
otros órganos legitimados. En consecuencia, en esta etapa procesal no corresponde al
Tribunal pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del
proyecto de reforma constitucional.

13°. Así, es necesario precisar que al verificar el examen de admisión a
trámite del requerimiento el Tribunal no toma ni puede tomar en cuenta la existencia
o la bondad de una política pública determinada, ni menos su mérito, ni tampoco
realizar la cuantificación de una crisis económica o social, pues este examen es
estrictamente jurisdiccional y jurídico procesal. En efecto, es menester recalcar que lo
que este tribunal es competente para enfrentar son las “cuestión de
constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley”,
como expresa y limitadamente lo establece el artículo 93, numeral 3°, de la
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Constitución Política al delimitar su competencia de control de constitucionalidad y
resolución de conflictos constitucionales.

14°. En tal orden de cosas, cabe recordar lo señalado precedentemente, en
cuanto a que la competencia que se le atribuye a este Tribunal en el numeral 3° del
artículo 93 de la Constitución, en concordancia con el artículo 63 de la Ley Nº 17.997,
es de naturaleza tasada y limitada a resolver sobre “todas las cuestiones que se
susciten durante la tramitación de un proyecto de ley de reforma constitucional”, lo
que exige delimitar con precisión el conflicto que el Tribunal conocerá, pues no
puede extender su competencia a temas no comprendidos en la traba de la Litis,
quedando fuera de ella cuestiones de mérito legislativo y conflictos diferentes de los
calificables como jurídico-constitucionales.

15°. En cuanto al presente proceso, al igual como ocurrió a propósito del
anterior requerimiento de inconstitucionalidad (Rol 9797), del proyecto de reforma
constitucional que permitía un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales de
cuentas de capitalización individual, la Presidencia de la República viene
nuevamente a requerir ante esta Magistratura la inconstitucionalidad del proyecto
de reforma constitucional que busca autorizar un tercer retiro de fondos desde las
cuentas aludidas, pretendiendo que se resuelva en este proceso una controversia con
el Congreso, al cual le atribuye una serie de vicios, tanto de forma en la tramitación
del proyecto, expresados en una eventual transgresión de las normas que regulan el
proceso de reforma constitucional (en particular al artículo 127 constitucional), así
como algunos en el fondo, ante lo que sería una transgresión al artículo 19 Nº 18° de
la Carta Fundamental, relativo al derecho a la seguridad social.

16°. En este sentido, a partir de estas dos eventuales infracciones
constitucionales centrales, el requirente deriva una serie de otros cuestionamientos
que pondrían en entredicho la constitucionalidad del proyecto. A lo anterior, se
suman las objeciones de constitucionalidad a la posibilidad de que los pensionados o
sus beneficiarios por renta vitalicia puedan adelantar el pago de sus rentas hasta por
un 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantengan en la
respectiva compañía de seguros, con un límite máximo de 150 UF. En este último
caso se plantean como posibles vulneraciones, una transgresión a la garantía del
derecho de propiedad respecto de los dineros que han sido traspasados en virtud de
un acuerdo contractual desde los pensionados a las compañías aseguradoras, así
como una vulneración a la igualdad de las cargas públicas al imponer un sacrificio
patrimonial sobre tales compañías, el que deben soportar sin mayores
compensaciones, además de una infracción al artículo 68 constitucional.

17°. En este sentido, regido el presente proceso por el principio dispositivo
y sujeto a traba de litis determinada, en el requerimiento se alegan
inconstitucionalidades de forma, pero posteriormente se constata que lo requerido es
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el texto del proyecto, según se desprende de fojas 2, al señalar que el objeto del
requerimiento es “que este Excmo. Tribunal declare la inconstitucionalidad del
proyecto” y en la parte petitoria del requerimiento “que declare contrarios a los
artículos 1° inciso cuarto, 5°, 6°, 7°, 19, N°s 18, 20° y 24°, y 65 incisos tercero y cuarto
N° 1 y 6, todos de la Constitución Política y todos en relación al artículo 127 de la
misma, como también los artículos 68 y 94 de la Constitución, el proyecto…”. En su
sentido natural y obvio, la voz “el proyecto” alude al texto de la iniciativa, es decir a
su texto, lo que es coherente con lo expresado en la parte petitoria y con lo señalado
a fojas 2.

18°. Cabe señalar que el requerimiento se centra en la invocación de vicios
de constitucionalidad de forma, que como tales se refieren a cuestiones que en
ocasiones pueden ser calificables como de atribución, procedimentales o de
solemnidades de derecho público, referidos a actos más que textos de normas, como
podrían ser alegaciones de invasión de iniciativa exclusiva, quorum impropio e
idoneidad de las disposiciones transitorias como fuentes del derecho. En este
sentido, no puede preterirse que los denominados vicios de constitucionalidad de
forma, al consistir en infracciones atributivas, procedimentales o de formalidades
específicas, en todos los casos establecidas por normas constitucionales, durante el
proceso de generación de una determinada fuente del derecho, se traducen en actos
del proceso de generación de la norma, en los cuales recae la potencial irregularidad
que se alegue, la que no necesariamente se ve expresada en el texto normativo, sino
más bien en su génesis, no arrancando exclusivamente el vicio desde el texto
normativo. En tal sentido, es prístino que los vicios de constitucionalidad de forma
alegados no son solo vicios “de texto” de la norma, entendiendo como tales aquellos
que se desprendan de la sola lectura del texto de la norma cuestionada, en
enunciados normativos que pugnen con el texto de la Constitución. Así, en el
proceso legislativo chileno consisten en vicios de forma la presentación de un
proyecto, la invasión de iniciativa exclusiva, la formulación de indicaciones
misceláneas a un proyecto en trámite, la omisión de quórums especiales, etc.

19°. Al contrario, para la detección de vicios de forma ha de examinarse
completamente la historia de la norma, desde la presentación de la iniciativa,
pasando por las actas en las que conste el quorum de aprobación, los boletines de
indicaciones, etc., debiendo explorarse el iter legis, señalándose por la doctrina que
“[…] en consecuencia, la inconstitucionalidad de forma no está presente en el texto o
enunciado normativo, ni en la interpretación que los autores o la jurisprudencia puedan
elaborar del mismo” (VERDUGO RAMIREZ, Sergio. INAPLICABILIDAD Y VICIOS
DE FORMA: ¿UN PROBLEMA RESUELTO?. Rev. derecho (Valdivia) [online]. 2010,
vol.23, n.2 [citado 2021-04-27], pp.83-112. Disponible en:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
09502010000200005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0950.
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http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502010000200005). En tal sentido el artículo 93,
numeral 3°, de la Constitución Política es claro, en orden a incluir como objeto de
impugnación no “el texto” del proyecto, sino “las cuestiones sobre
constitucionalidad que se susciten durante la tramitación” de un proyecto,
incluyendo así los conflictos de constitucionalidad de forma, que no emanan
necesariamente del texto.

20°. Adicionalmente, no debe olvidarse que el control de
constitucionalidad a priori de proyectos de normas establecido en el numeral 3° del
artículo 93 es una potestad tasada, contenciosa, regida además por el principio de
competencia específica, restringida, de última ratio e incompatible con el control de
mérito, de lo que redunda que sus presupuestos de admisión a trámite no pueden
ser interpretados extensivamente.

21°. En tal sentido, la alegación de vicios de constitucionalidad de forma, a
efectos de cumplir los presupuestos de admisión a trámite del artículo 63 de la
Constitución Política, exige determinar claramente el objeto de impugnación, pues el
objeto de control de constitucionalidad será ese y no otro, y en el presente caso no
puede omitirse que en el requerimiento lo impugnado no son actuaciones del
proceso de tramitación del proyecto, sino su texto.

22°. Cabe señalar que, en específico, la “cuestión de constitucionalidad”
que se ha suscitado durante la tramitación de este proyecto de ley sería una suerte de
un examen global, integral, macro e integrado del proyecto de reforma
constitucional, lo cual forzosamente tendría que hacerse cuestionándolo a la luz del
proyecto de ley de reforma presentado por el Presidente de la República sobre la
misma materia. En este sentido, no puede perderse de vista que tanto el objeto de
control como los efectos normativos del presente proceso se refieren solamente al
proyecto cuestionado, pero no puede preterirse que, para entender el conflicto que
se expresa en requerimiento de fojas 1, la cuestión resulta ser más amplia, puesto que
uno de los pilares estructurales que lo sustenta es el cómo se entendió el voto de
acogimiento en empate de la sentencia Rol N° 9797 de este Tribunal y cómo ello
empalma con el proyecto cuestionado actualmente y con el proyecto de ley sobre la
misma materia presentado por el Poder Ejecutivo, puesto que así se englobarían los
asuntos que se aluden en el conflicto.



III. ACERCA DE CÓMO SE ALEGAN LOS VICIOS DE
CONSTITUCIONALIDAD DE FORMA.

23°. Las pretendidas invasiones a iniciativa exclusiva, quorum y
presentación de un proyecto desechado que se alegan, no tienen conexión necesaria
con la impugnación del texto del proyecto, sino que forzosamente se han de referir a
0000893
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
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las actuaciones específicas del proceso de generación de la norma, constituyente
derivado en este caso, y no simplemente legislativo.

24°. La cuestión de la distinción entre el texto y los actos del proceso
legislativo, en tanto materia de conflicto de constitucionalidad en esta sede, ha sido
reconocida tanto por el propio Poder Ejecutivo -requirente en este caso- como por
este mismo Tribunal (véase por ejemplo, el proceso Rol N° 2025 de esta
Magistratura, en el cual se declaró la inconstitucionalidad de la actuación ejecutada
por el Senado y la consecuente modificación introducida al nuevo artículo 197 bis,
que se incorpora al Código del Trabajo, mediante el Proyecto de Ley que crea el
permiso post natal parental y modifica dicho Código, Boletín No 7526-13, por
contradecir los artículos 6°, 7° y 65 de la Constitución Política).

25°. Que, de esta forma, al referir los vicios de forma alegados al texto del
proyecto y no a las actuaciones del proceso de reforma constitucional en el que se
producirían, no se indica en forma precisa la cuestión de constitucionalidad
planteada y no se permite a este Tribunal conocer e identificar los pretendidos vicios
sobre los que tendría que pronunciarse.



IV. EN CUANTO AL TEXTO DEL PROYECTO PLANTEADO COMO
OBJETO DE CONTROL

26°. Adicionalmente, en cuanto a los eventuales vicios referidos al texto de
las normas del proyecto de ley, a fojas 14 y ss. del requerimiento se contiene un
capítulo denominado “Antecedentes del Proyecto”, dando cuenta descriptiva de los
hitos de tramitación y modificaciones al texto, hasta llegar al segundo trámite
constitucional en el Senado y concluir a fojas 41. Es del caso señalar que no se señala
en dicho capítulo cuál sería el texto preciso impugnado (ya asentado en el petitorio y
a fojas dos, en la que se pide la declaración de inconstitucionalidad de texto). No
obstante ello, no habiéndose formulado modificaciones al requerimiento, cabe
suponer que el “texto” cuestionado sería el vigente del proyecto al momento de
requerir la inconstitucionalidad con fecha 20 de abril de 2021, conociendo la parte
requirente que el mismo fue modificado, según consta de los escritos acompañando
documentos y solicitando oficios con posterioridad a la presentación del
requerimiento, pero sin que el mismo fuese modificado.

27°. En tal perspectiva, cabe mencionar que el texto del proyecto de
reforma constitucional, al momento de examinar los presupuestos de admisión a
trámite, no es el mismo que al requerir de inconstitucionalidad, por lo cual el objeto
de control, materia del conflicto, no es actual, presupuesto esencial del ejercicio de la
jurisdicción, que no puede ser preterido.
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OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
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28°. Es decir, el objeto del presente conflicto, que es determinado,
formulado y planteado por la parte requirente, no se refiere a las actuaciones
conexas y necesarias para la configuración de los vicios de constitucionalidad de
forma alegados, además de que el texto del proyecto no es el mismo al día de
formulación del requerimiento y al día de la cuenta de admisión a trámite, puesto
que el texto actualizado es el correspondiente a la reforma constitucional aprobada
por el Congreso Nacional.

29°. En efecto, las modificaciones introducidas por la Comisión De
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, aprobadas con
posterioridad a la presentación del requerimiento, tanto en segundo como en tercer
trámite constitucional, inciden en los siguientes incisos del proyecto anterior:

- Inciso duodécimo, reemplazado, por el siguiente: “A partir de la publicación
en el Diario Oficial de esta reforma y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o
sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria,
adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por
ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en
la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope
máximo de ciento cincuenta unidades de fomento.” (Indicaciones Nºs. 11 y 12.
Aprobadas con enmiendas por mayoría 4x1).

- Inciso décimo tercero, sustituido, por el siguiente: “El retiro que efectúen los
pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto
mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual
porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado.” (Indicación
Nº 14. Aprobada con enmiendas por mayoría 4x1).

- A continuación, intercalar un inciso décimo cuarto, nuevo, del siguiente
tenor: “Las reglas relativas a la intangibilidad y naturaleza de estos recursos, la
tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impagas y la
información a las autoridades correspondientes, incluida la Comisión para el
Mercado Financiero, contenidas en los incisos precedentes de esta reforma, serán
aplicables a las solicitudes de anticipos que efectúen los pensionados o sus
beneficiarios por rentas vitalicias. Con todo, el pago de los fondos solicitados se
efectuará al pensionado o sus beneficiarios en un plazo máximo de 30 días corridos,
contados desde la recepción de la solicitud. La Comisión para el Mercado Financiero
dictará las instrucciones necesarias para la aplicación de los incisos precedentes.”
(Indicación Nº 15. Aprobada con enmiendas por mayoría 4x1).

30°. Este Tribunal no puede, sin incurrir en ultra petita, subsidiar el
requerimiento ni modificar el objeto de la litis planteado, extendiendo el examen de
constitucionalidad a un texto diferente del impugnado ni a actos que no han sido
específicamente cuestionados. Adicionalmente, el ejercicio de la jurisdicción supone
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OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
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que el conflicto que se ha de conocer y resolver ha de ser “actual”, pues es el objeto
del proceso, y si el texto del proyecto ha sido cuestionado in integrum y además ha
cambiado, es evidente que ya no es el correspondiente al proyecto, por lo que cabe
concluir que el conflicto planteado ha perdido actualidad por modificación de su
objeto.

31°. Dentro de los requisitos de existencia o presupuestos necesarios de
todo proceso jurisdiccional se encuentra su objeto, que en materia contenciosa es un
conflicto actual a resolver, el que además debe estar dotado de relevancia jurídica, en
la medida que el objetivo de la función jurisdiccional es la resolución de conflictos,
de tal manera que si los elementos de los mismos desaparecen o mutan, el objeto de
ejercicio de la jurisdicción decae, lo que hace que la misma pierda sus presupuestos,
incluso de forma sobrevenida, al variar el objeto del conflicto.

32°. De esta forma, el presente proceso carece hoy de objeto, en la medida
que el conflicto a resolver ha dejado de ser actual por motivos sobrevenidos (el
cambio del texto del proyecto cuestionado), motivo por el cual corresponde no
acoger a tramitación el presente requerimiento.

33°. Por lo ya señalado los antecedentes sobre los cuales argumenta la
parte requirente resultan incompletos, ya que -pudiendo hacerlo antes de que este
Tribunal se pronunciara sobre la admisión a trámite del requerimiento- no
complementó, aclaró ni modificó su presentación para pronunciarse sobre las
innovaciones que contiene el actual proyecto, siendo una carga procesal suya hacer
las distinciones entre las normas originalmente reprochadas y las que ahora contiene
el proyecto, por lo que no queda clara cuál es la cuestión de constitucionalidad sobre
la que esta Magistratura debe pronunciarse. De este modo el requerimiento no
cumple con el requisito de contener una exposición clara de los hechos y
fundamentos de derecho que le sirven de apoyo y de indicar en forma precisa la
parte impugnada del proyecto, como exige el art. 63 de la Ley Orgánica
Constitucional de este Tribunal Constitucional.



V. ACERCA DE LA RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD
FORMULADA

34°. Por otra parte, en la reserva de constitucionalidad formulada -de la
que se da cuenta a fojas 41- no se contienen todas las infracciones a la constitución
que se alegan en el presente requerimiento, en la medida que la reserva transcrita
alude solamente a los arts. 19, numerales 18° y 24°, 65, 94 y 127 y hay alegaciones de
inconstitucionalidad adicionales en el requerimiento, referidas a otras normas
constitucionales y a “precedente” de la sentencia Rol N° 9797. Cabe mencionar que
la reserva de constitucionalidad, cuando se formula, cumple la función de dar un
0000896
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
16




debate de constitucionalidad ad intra en el propio Congreso Nacional, para que tales
cuestiones sean discutidas y abordadas, reforzando el carácter de última ratio del
control de constitucionalidad que desarrolla esta Magistratura, reconociendo que la
deliberación legislativa dentro de los márgenes constitucionales adopta, prima facie,
un verdadero cariz de mecanismo autocompositivo de resolución de conflictos y que
solo tras no resultar eficaz emergerán la jurisdicción y el proceso para su solución.



VI. ACERCA DE LA ALEGACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE
INFRACCIÓN A PRECEDENTE

35°. Adicionalmente, a fojas 122 y siguientes se alega como infringido el
efecto de la sentencia de empate Rol N° 9797 de esta Magistratura, a partir del
artículo 94 de la Constitución, pre suponiendo, como cuestión de fondo, un efecto de
cosa juzgada extra proceso y extra proyecto cuestionado en dicha causa. En ese
sentido, si la alegación se sustenta en aquella parte del artículo 94 de la Constitución
Política que señala que “Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no
podrán convertirse en ley”, cabe señalar que la tramitación del proyecto no ha
concluido con la promulgación del mismo, sino que se encuentra pendiente el plazo
para ejercer la atribución presidencial de veto (ejercicio que puede terminar con la
sustitución o supresión del proyecto, pues puede ser total y supresivo, o bien total y
sustitutivo), establecida en el artículo 73 de la Constitución Política. Respecto a tal
circunstancia, cabe traer a colación lo razonado por esta Magistratura en resolución
dictada en el proceso Rol N° 6662-19-CPT, en tanto “El Tribunal Constitucional tiene
una función jurisdiccional de garantía de la supremacía constitucional o, como se expresó en
estrados, de "defensa de la Constitución", pero ello no lo convierte en un suprapoder
omnímodo puesto que la Constitución asigna, distribuye y arbitra atribuciones y
competencias a un conjunto mucho más amplio de órganos del Estado”, agregando que “
Entre las funciones asignadas a partir de la ley de reforma constitucional N° 20.050, compete
a todos los órganos del Estado "garantizar el orden institucional de la República" (inciso
primero del artículo 6° de la Constitución)” y que “Con ello, el constituyente nos recuerda,
respecto de tan emblemático papel, que no se trata solamente de una dimensión retórica sino
que de la garantía y defensa de la Constitución. Con ello, se sostiene la noción de que la suma
de comportamientos leales al ordenamiento democrático profundiza su respeto y desarrollo.
Lo anterior, tiene un conjunto denso de deberes sobre los cuales no cabe, en esta oportunidad,
pronunciarse. Sin embargo, estamos contestes en que una de las maneras en que se garantiza
el orden institucional de la República es mediante el respeto a los procedimientos que nos
hemos dado y a los ámbitos de competencia que dimanan de los artículos 6° y 7° de la Carta
Fundamental. Ese es un punto de partida razonable para obtener resultados
constitucionalmente valiosos” (cons. 19).
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OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
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36°. En este sentido, la alegación de infringirse la fuerza de un precedente
pre exige una construcción conceptual necesaria si es que ello es un conflicto
constitucional: la elaboración argumental de un sistema de precedentes a partir de
normas constitucionales sobre la materia, expresando los fundamentos de un
estándar de constitucionalidad, la infracción de normas específicas y explicitando
cómo se produce, nada de lo cual se hace en el requerimiento, que además omite
parte del artículo 94 de la Constitución, pues se argumenta que su texto dispone que
“ Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse
en ley”, pero se omite señalar expresamente que a continuación se incluye la frase
explicativa “en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate”, omitiendo
además que en Chile los criterios plasmados en sentencias de órganos
jurisdiccionales pueden legítimamente cambiar en casos sucesivos, en el marco de la
legítima actividad hermenéutica del derecho. Adicionalmente, tal ejercicio
argumental se hace desde una sentencia de empate, dando el carácter de “precedente
constitucional” a un voto de empate que es sentencia por la vía de un voto dirimente
que se establece no por la Constitución sino por ley orgánica del Tribunal, además
de que tal sentencia recayó en un proyecto de reforma constitucional que autorizaba
un segundo retiro de los fondos previsionales, que había sido rechazado por la
Cámara revisora y cuya tramitación se paralizó por haberse dictado la ley N° 21.295 -
promovida por el propio Poder Ejecutivo que había presentado el requerimiento en
contra del proyecto de reforma- cuerpo legal que también autorizaba tal retiro.

37°. Adicionalmente, el propio Poder Ejecutivo, requirente en estos autos-
al igual como sucedió cuando propició la ley que permitió a los afiliados a una AFP
efectuar un segundo retiro del 10% de sus fondos previsionales- presentó un
proyecto de ley sobre la misma materia e idea matriz que se contiene en el
cuestionado en estos autos, ejerciendo así la atribución de iniciativa en materia de
ley para aperturar el mismo debate que se tacha de inconstitucional en esta sede.

38°. En efecto, con fecha 26 de abril se ha presentado en la Cámara de
Diputados el “MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL
QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 21.295 Y
ESTABLECE UN RETIRO EXTRAORDINARIO DE FONDOS PREVISIONALES Y
RECUPERACIÓN DE AHORROS PREVISIONALES EN LAS CONDICIONES QUE
INDICA”, N° 061-369. De ello deriva que el poder ejecutivo ya ha ejercido la
iniciativa legislativa, sin que pueda entonces existir al día de hoy la posibilidad de
sostener una eventual infracción constitucional en la discusión de tal materia, sin
preterir que diversos aspectos cuya constitucionalidad son objeto de reproche en el
presente requerimiento de inconstitucionalidad, particularmente los relativos a una
afectación al sistema de seguridad social emanado del numeral 18° del artículo 19 de
la Constitución, que se configuraría por destinar aquellos fondos a una finalidad
diversa de la protección a las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o
0000898
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
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sobrevivencia parecen contradecirse, por cuanto la iniciativa presidencial
recientemente presentada formula similares consecuencias y contenidos normativos,
cuestión sobre la cual no se emitirá pronunciamiento de constitucionalidad en esta
oportunidad al no abrirse proceso y al no ser el nuevo proyecto objeto de control.

39°. Entonces, mediante la tramitación de un proyecto de ley de su autoría,
que contiene la misma idea matriz del proyecto de reforma constitucional
cuestionado, el Ejecutivo requirente resulta desdiciéndose de sus reproches de
constitucionalidad a través de un acto propio suyo.

40°. Es en este punto que se hace aún más necesaria la satisfacción de la
carga procesal de modificación del requerimiento para haber logrado actualizar, o
bien precisar con claridad y permanencia el objeto de control de la litis planteada al
requerir, puesto que al perder actualidad y modificarse la norma, aparece que no es
un conflicto que haya terminado de delimitarse. A este respecto, la presentación del
proyecto de ley ¿Cómo es posible debatir sobre la vulneración al derecho a la
seguridad social y a las rentas vitalicias si por iniciativa del mismo órgano requirente
se estaría permitiendo que los mismos mecanismos cuestionados se reproduzcan en
otro proyecto de ley, más aún citando como precedente un voto de empate que se
refiere expresamente a tales cuestiones en la destinación de los fondos previsionales?
Es evidente entonces se convoca al Tribunal a razonar y fundamenta y a las cámaras
a legislar fuera de los estándares de constitucionalidad que el propio requerimiento
busca sustentar .

41°. Estamos en presencia no solo de una necesidad de actualizar el objeto
de control al texto finalmente resultante del proyecto, sino que además a ello debió
agregarse fundamentación sustantiva, en los términos del artículo 63 de la ley
orgánica de esta Magistratura, que se hiciera cargo de lo señalado en el
razonamiento precedente, lo cual no es una agregación de minucias ni detalles, pues
resulta ser la argumentación de derecho parte del núcleo ineludible de la
formulación del conflicto constitucional en los términos del numeral 3° del art. 93,
numeral 3° de la Constitución Política, pues el planteamiento de los vicios de
aludidos ha sido oscurecido por hechos propios: la presentación de un proyecto de
ley que no se incorporó a este expediente constitucional y que se refería a similar
materia y con similar regulación, por lo cual la formulación del conflicto se ha
deconstruido sobrevenidamente.
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OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
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VII. ACERCA DEL ESTÁNDAR ARGUMENTATIVO DE UN
REQUERIMIENTO SOBRE PROYECTO DE REFORMA
CONSTITUCIONAL

42°. Adicionalmente, el presente proceso se refiere al control de
constitucionalidad de un proyecto de reforma constitucional, es decir, a los límites
materiales del poder constituyente, que, sea originario o derivado, es la más alta
manifestación del derecho de autodeterminación de los pueblos en el marco de un
sistema democrático. Es por ello que, estando contemplada tal atribución de control
para este Tribunal en el artículo 93, numeral 3°, de la Constitución, el estándar
argumentativo y de formulación de un conflicto de constitucionalidad de control de
reforma constitucional requiere de alta precisión y específica delimitación, de forma
inequívoca y clara, pues tal atribución convive con el poder de reforma
constitucional de los órganos constituyentes derivados. En ese mismo sentido, es la
dimensión jurídica de la Constitución aquello que este tribunal ha de garantir, y lo
anterior cobra especial relevancia si el proyecto en cuestión ha sido aprobado con un
quorum holgadamente superior a los 2/3 máximos exigidos en cada cámara para una
reforma a la constitución, lo que obliga a plantear el conflicto con la precisión
necesaria.

43°. Junto a lo anterior, se reitera que el conflicto formulado ha perdido
actualidad, en la medida que lo que se presenta como contexto para el análisis de la
presente controversia de constitucionalidad carece de certezas, configura un
conflicto de escenario hipotético y deja a esta Magistratura teniendo que decidir
respecto de cuestiones que, en la práctica, el mismo requirente pretende concretar a
través de una iniciativa legislativa de similares características. En este sentido,
nuestra facultad jurisdiccional debe ser ejercida respecto de conflictos actuales y no
eventuales, pues esta Magistratura carece de atribuciones de jurisdicción consultiva
o de mera certeza en esta sede, debiendo honrar los límites de las potestades
entregadas por la Constitución en el artículo 93, en específico su numeral 3°, y
teniendo especial consideración el respeto irrestricto al ordenamiento constitucional
y la trascendencia de sus decisiones, atendidos sus efectos dentro del orden
constitucional, político, jurídico y social, siendo, por tanto, inconsistente con tal
estándar el pronunciarse respecto de situaciones hipotéticas o carentes de
certidumbre, que no favorecen el resguardo del orden constitucional ni la protección
de la labor encomendada por la propia Carta Fundamental a esta Magistratura.

44°. Que el voto por acoger de la sentencia de empate rol 9797 que se cita
como precedente, citándola parcializadamente y respecto de solo alguna de las
cuestiones que aborda, abordó cuestiones que no eran parte de las líneas
jurisprudenciales de este Tribunal, y tuvo dos votos antagónicos de 5 Magistrados
cada uno, sin que en el requerimiento se señale cómo ni por qué uno de ellos tendría
0000900
NOVECIENTOS
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fuerza de precedente más allá del voto dirimente, y sin hacerse cargo de las
argumentaciones contenidas en el otro voto de empate, en especial las referidas a la
formulación del requerimiento. En tal sentido, no puede darse por satisfechos los
presupuestos argumentativos de admisión a trámite.

45°. Que, debe reiterarse que en esta etapa procesal, de acogimiento a
tramitación, no corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la
denunciada inconstitucionalidad del Proyecto de Ley reclamado, sino que le
compete examinar -únicamente- la completitud e integridad del presente
requerimiento presidencial. El artículo 63 de la Ley N° 17.997, orgánica
constitucional de esta Magistratura, al respecto, exige que un requerimiento de esta
índole debe contener “una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho
que le sirven de apoyo”; lo que demanda un grado todavía mayor de condensación y
densidad cuando el Jefe de Estado deduce -como ocurre en esta ocasión- una acción
que afecta a un señalado acto parlamentario, e incide en una materia en que ya se ha
mediado un previo veredicto constitucional. Siendo este último antecedente -la STC
Rol N° 9797-20- el que el escrito presentado por S.E. el Presidente de la República no
ha tenido a bien considerar completa ni suficientemente;

46°. Que, en efecto, la recién citada sentencia no puede leerse como
teniendo por objeto dirimir solamente lo que sería una suerte de contienda de
competencia entre el Jefe de Estado y el Congreso Nacional, en que se zanjara quién
de los dos podía impulsar una ley relativa al retiro de los fondos previsionales
amparados por la Constitución y el DL N° 3.500, de 1980.

47°. En realidad, en vez de zanjar lo que correspondería a uno o lo que se
proscribe al otro, la aludida sentencia de empate fue clara y tajante, el voto por
acoger argumentó claramente en orden a que tales fondos son intangibles para el
legislador, puesto que tendrían un destino predeterminado, no siendo lícito darles
otra aplicación pública diferente de aquellas que justificaron su creación, a menos
que se establezca un nuevo estado de necesidad, de esos que -naturalmente- aquejan
a las personas en forma habitual (considerando 26°). Fruto de ello es que, para el
Tribunal Constitucional, no correspondería entonces que estos fondos previsionales
se dediquen a paliar los efectos de un virus contagioso, que configura una situación
excepcional, a raíz de la cual la autoridad ha prohibido a las personas trabajar
(cuestión que en el voto de rechazo fue controvertida, argumentándose acerca de la
diferencia de los temas regulados a nivel constitucional y a nivel de ley, y cuiuál
sería consecuencialmente el estándar de constitucionalidad para analizar eventuales
infracciones).

48°. Si el Ejecutivo estimó que esta distracción de fondos solo aplicaba
para impedir una ley nacida en el Congreso Nacional, en tanto cuestión de forma, y
no a una ley nacida por iniciativa presidencial, alegando a la vez una vulneración al
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NOVECIENTOS UNO
21




derecho a la seguridad social, de modo que los parlamentarios no podrían hacer lo
que él sí está haciendo en un proyecto de ley paralelo, está en su derecho; pero debió
especificarlo así en su requerimiento, sin reservas al aludir a dicha STC Rol N° 9797
como un “precedente”, a fin de delimitar la congruencia del planteamiento y los
contornos jurídicos exactos de la controversia, argumentándolo en los términos del
artículo 63 de la ley orgánica de este Tribunal.

49°. En síntesis, el pretendido “precedente”, es citado parcialmente, solo
en algunas partes del voto por acoger la inconstitucionalidad, que entonces sustentó
la decisión por voto dirimente, pero sin hacerse cargo u omitiendo lo desfavorable
que en él se contiene, y por cierto omitiendo hacerse cargo de lo razonado por la otra
mitad del tribunal.


VIII. OTRAS CONSIDERACIONES

50°. Al margen de las cuestiones de constitucionalidad planteadas, y sin
perjuicio del debate de fondo que podría haberse realizado ante esta Magistratura, el
presente requerimiento de inconstitucionalidad nos vuelve a enfrentar con un
legítimo cuestionamiento en orden a determinar la verdadera controversia existente
detrás de esta presentación del Ejecutivo. Lo anterior, porque no resulta desconocida
la situación de constante disputa entre los colegisladores (Ejecutivo – Congreso)
respecto a las iniciativas legislativas en múltiples materias, pero en particular en lo
relativo a los mecanismos para hacer frente a las dificultades económicas y sociales
que sufre el país.

51°. En tal sentido, no debemos perder de vista que el elemento rector que
guía el ejercicio de potestades por nuestra Magistratura, es el de hacer garantizar
mediante la jurisdicción la supremacía de la Constitución vigente, en el marco de los
principios de primacía de la constitución y de garantía institucional del sistema
constitucional. A ese respecto, no se debe perder de vista que este texto señala
expresamente en su Capítulo I, referido a Las Bases de la Institucionalidad, que
consagra el principio de respeto por la dignidad del ser humano, señalando además,
“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a
todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta
Constitución establece”.

52°. El tenor de lo indicado deja en evidencia un verdadero mandato que
recae sobre todos los órganos que componen el Estado, cual es actuar en aras de la
dignidad, servicialidad y del bien común, mandato que lamentablemente no es
siempre atendido debidamente, en particular cuando los órganos que integran los
diversos poderes del Estado no interactúan armoniosa ni fructíferamente en ejercicio
0000902
NOVECIENTOS DOS
22




de sus poderes en tal dirección, sin lograr vías de entendimiento en el ejercicio de las
funciones colegisladoras. Precisado lo anterior, cabe indicar que al igual como
ocurrió con el proyecto de segundo retiro del 10% de fondos de AFP resuelto en el
proceso Rol N° 9797, se intenta revestir del carácter de conflicto de
constitucionalidad sola la falta de entendimiento, coordinación, dialogo y
colaboración entre los colegisladores. Esto es un conflicto político que se trae al
Tribunal Constitucional para resolverlo con votos y no con la necesaria deliberación
democrática entre los poderes ejecutivo y legislativo, queda de manifiesto cuando el
Ejecutivo interpone un requerimiento de inconstitucionalidad frente a la iniciativa
del Legislativo, mientras en paralelo, es aquel mismo poder del Estado el que
presenta una iniciativa legal destinada al mismo objetivo. Es frente a ello que cabe
preguntarse si resulta inexcusable, pertinente y hasta competente la intervención de
esta magistratura, órgano jurisdiccional, ante un conflicto de tipo político que puede
ser resuelto por los propios colegisladores mediante la tramitación de otros
proyectos, el veto y la calificación de urgencias.



IX. CONCLUSIÓN

53°. Que, por todo lo expuesto, no pueden darse por establecidos los
presupuestos de admisión a trámite del artículo 63 de la ley orgánica constitucional
de esta Magistratura respecto del requerimiento de fojas 1, en tanto establece que el
libelo debe contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho,
así como señalar en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el
vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas
que se estiman transgredidas correspondiendo resolver que el requerimiento no se
acoge a tramitación.




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº
3º, e incisos cuarto a sexto, de la Constitución Política de la República y lo prescrito
en los artículos 61 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional,
0000903
NOVECIENTOS TRES
23




SE RESUELVE:

1) QUE NO SE ACOGE A TRAMITACIÓN EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO

A LO PRINCIPAL DE FOJAS 1. TÉNGASE POR NO PRESENTADO PARA

TODOS LOS EFECTOS LEGALES. A LOS OTROSÍES, A TODO, A SUS

ANTECEDENTES Y ESTÉSE A LO RESUELTO.

2) A fojas 515, 572, 651, 657, 662, 680, 685, 715, 721, 725, 803, 832, 840 y 845, a todo, a

sus antecedentes y estése a lo resuelto.

3) Déjase sin efecto la comunicación que rola a fojas 513 que -conforme al artículo

64 de la Ley N° 17.997- le ordenó a S.E. el Presidente de la República abstenerse

de promulgar la parte impugnada del proyecto de reforma constitucional; sin

perjuicio de hacer notar este Tribunal Constitucional la improcedencia de la

promulgación y publicación de la Ley N° 21.330 (Diario Oficial N° 42.941-B, de

Miércoles 28 de Abril de 2021), antes de la expedición y comunicación de la

presente resolución.




DISIDENCIA


Acordada con el voto en contra de los Ministros señora MARÍA LUISA
BRAHM BARRIL (Presidenta) y señores CRISTIÁN LETELIER AGUILAR y MIGUEL
ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quienes estuvieron por acoger a trámite el
requerimiento interpuesto por S.E. el Presidente de la República, por las
consideraciones siguientes:


1°. Que, el requerimiento ha dado cumplimiento a los requisitos que exige el
artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura dado que
contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que le sirven
de apoyo, así como señala, en forma precisa, la cuestión de constitucionalidad y, en
su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las
normas que se estiman transgredidas, acompañando los documentos exigidos por
esa disposición legal;


2°. Que, es un criterio inveterado de este Tribunal, para tener por formulada
una cuestión de constitucionalidad, que se precisen en el requerimiento de la especie
planteada, las normas del proyecto, esto es, que estén claramente señaladas y de qué
modo aquellas infringen determinadamente el texto constitucional. También, que la
0000904
NOVECIENTOS CUATRO
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denuncia de la vulneración esté debidamente fundada, en términos que acredite lo
denunciado y, que la petición concreta que se realice a esta Magistratura
Constitucional sea que declare la inconstitucionalidad del proyecto impugnado,
objeto del requerimiento (STC roles N° 2136 y 2160);


3°. Que, las condiciones o requisitos referidos se cumplen plenamente en el
requerimiento presentado por S.E. el Presidente de la República. A este efecto, para
verificarlo estimamos suficiente, en esta disidencia, insertar los párrafos donde el
propio requirente resume su planteamiento, latamente desarrollado en el escrito de
fs. 1:
“En consecuencia, el Proyecto que impugnamos, infringe la Carta Fundamental de manera
grave y precisa en los términos siguientes:
i. Primera infracción constitucional al artículo 127 de la CPR, en relación con
los artículos 6° y 7° de la CPR. El Proyecto tramitado infringe severamente el capítulo XV
de la Constitución, en particular el artículo 127 de la misma, toda vez que incorpora o
aprueba una disposición transitoria de la Carta Fundamental que no respeta el procedimiento,
las formas ni los quórums que la Constitución exige para reformar sus capítulos y normas.
Con ello, el Proyecto infringe los artículos 6º y 7° de la Carta Fundamental, que garantizan
los principios de supremacía constitucional y de juridicidad a los que toda autoridad se
encuentra subordinados, tal cual fuera manifestado en STC Rol Nº 9797-2020
(considerando 2°). En síntesis, al incorporar una disposición transitoria a la CPR se
deben cumplir tres requisitos copulativos y fundamentales para la validez de dicha
reforma. Primero, toda reforma constitucional debe modificar total o parcialmente,
expresa y formalmente, el texto permanente de la Carta Fundamental, lo que traerá como
consecuencia necesariamente una adición, cambio o supresión de una o varias palabras,
frases, incisos, artículos, párrafos, o capítulos de la Constitución. Segundo, que esta
reforma se lleve a cabo respetando el procedimiento establecido en el Capítulo XV de la
Constitución. Tercero, toda reforma debe traducirse en una enmienda del documento
constitucional, lo que permite diferenciar este mecanismo de las mutaciones
constitucionales y de la actividad del legislador. Por el contrario, la Constitución prohíbe
las reformas implícitas, tácitas o indirectas a su texto. Ello, por lo demás, por cuanto en la
Constitución vigente, y en nuestra tradición constitucional bicentenaria, las
disposiciones constitucionales transitorias no tienen una naturaleza autónoma en
relación al texto permanente de la Constitución, y se refieren a la adecuación de estatutos
jurídicos que entran en vigencia, o resuelven sobre cuestiones de retroactividad o
ultractividad, todas dependientes o funcionales de las reformas constitucionales que son
aprobadas al amparo de la Constitución. Esta argumentación ha sido categóricamente
refrendada por STC Rol Nº 9797-2020, considerandos 2°, 29° y 30°.
ii. Segunda infracción constitucional al derecho a la seguridad social del
artículo 19 Nº 18 de la CPR, en relación al artículo 127 de la CPR. El Proyecto es
0000905
NOVECIENTOS CINCO
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inconstitucional al incorporar, con infracción al artículo 127 de la CPR, reglas que, o bien
buscan ampliar el destino de la cotización obligatoria, o bien que pretenden incidir en la
estructura misma de la cotización obligatoria, lesionando en todos estos casos el sistema
de seguridad social, sin proveer alternativas ni soluciones, defraudando los deberes del
Estado e infringiendo las reglas de cotización afecta a fines de la seguridad social. Así, el
Proyecto "incide" en este derecho fundamental, afectándolo seriamente. A lo anterior, se
suma una infracción adicional: el Proyecto debe votarse -con independencia del resultado
final de la votación- acorde al quórum establecido para dicha disposición (artículo 19 Nº
18 de la CPR), esto es, de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Así, por lo demás
lo resolvió el Tribunal Consti:tucional en STC Rol Nº 9797-2020, considerandos 29º y
30º.
iii. Tercera infracción constitucional al estatuto de la iniciativa exclusiva
legislativa presidencial (artículo 65 incisos tercero y cuarto Nº 6), en relación al
artículo 127, todos de la CPR. El Proyecto infringe el artículo 65 incisos tercero y cuarto
Nº 6 en relación al artículo 127 de la CPR, al incorporar una nueva regla de iniciativa
parlamentaria en materia de seguridad social, como también una nueva regla que invade
la iniciativa exclusiva presidencial en materia de administración financiera y presupuestaria.
La infracción se verifica al introducir una reforma constitucional por medio de una
disposición transitoria de la Carta Fundamental, cuyo objeto es modificar las
atribuciones exclusivas del Presidente de la República en materia legislativa, las que
tienen carácter permanente, consagrando una potestad parlamentaria excepcional,
desconocida en la Constitución vigente, sin respetar el procedimiento de reforma
establecido en el artículo 127 de la Constitución, y sin modificar su texto. El Excmo.
Tribunal Constitucional resolvió en STC Rol Nº 9797- 2020, considerando 22°, que una
iniciativa como ésta, “absorbe una competencia que está expresamente entregada para ser
ejercida solo por medio de una ley de quórum calificado de exclusiva iniciativa
presidencial, sin que a los órganos parlamentarios les sea dable capturarla a pretexto de
acontecer una situación " excepcional".
iv. Cuarta infracción al derecho de propiedad y la igualdad ante las cargas
públicas, del artículo 19 Nº 20 y Nº 24 de la CPR, en relación al artículo 127 de la
CPR. El Proyecto es contrario a la Carta Fundamental por infringir directamente los
artículos 19 Nº 20 y 24, y 127, todos de la Constitución Política, toda vez que la Constitución
protege los derechos personales que emanan de los contratos de seguro asociados a las rentas
vitalicias, cuyo titular son las compañías que se obligan a pagar las pensiones convenidas.
Como ha sostenido el Excmo. Tribunal Constitucional y la doctrina especializada, los derechos
personales surgidos al amparo del contrato, más aún cuando tienen por fundamento u origen
la seguridad social, están amparados por derechos fundamentales de la Constitución,
principalmente el derecho de propiedad (artículo 19 Nº 24 de la CPR) y, ante la falta de una
debida compensación, la igualdad ante las cargas públicas (artículo 19 Nº 20 de la CPR),
imponiendo un sacrificio patrimonial a las compañías aseguradoras que administran estos
0000906
NOVECIENTOS SEIS
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seguros, injustificado y discriminatorio. El Proyecto introduce una nueva regla
constitucional que excepciona esta protección y garantía, en este caso, sin que, para ello, se
haya modificado la Carta Fundamental, en su texto permanente y de manera formal y expresa.
Tampoco se ha respetado el procedimiento previsto por la Constitución. En este caso,
también, se suma una infracción adicional, de naturaleza formal, por cuanto el Proyecto
debe votarse -con independencia del resultado final de la votación- acorde al quórum
establecido para dichas disposiciones (artículo 19 Nº 20 y 24 de la CPR), esto es, de 2/3 de
los diputados y senadores en ejercicio, tal como se dispuso en STC Rol Nº 9797-2020,
considerandos 29º y 30°.
v. Quinta infracción constitucional, al artículo 94 de la CPR, al contravenir,
de manera sustantiva, lo ya resuelto recientemente por el Excmo. Tribunal
Constitucional en STC Rol Nº 9797-2020. El Excmo. Tribunal Constitucional ya
declaró inconstitucional un proyecto de reforma constitucional similar, el "proyecto que
modifica la Carta Fundamental, para establecer y regular un mecanismo excepcional de
retiro de fondos previsionales, en las condiciones que indica (Boletines Nº 13.736-07,
13.749-07 y 13.800-07 refundidos)" (en adelante, "proyecto de reforma constitucional
del segundo retiro") que establecía, mediante disposición transitoria, un mecanismo
excepcional de retiro de fondos previsionales, dado que "la materia de que se trata solo
puede ser objeto de una ley de quórum calificado de iniciativa presidencial",2 y que "la
soberanía del Constituyente derivado se encuentra doblemente limitada, tanto por la sujeción
irrestricta que debe a los principios de juridicidad y de separación de poderes, cuanto por el
respeto integral que se debe a los derechos fundamentales". Se trata de una infracción a un
efecto central de la sentencia de esta Excma. Magistratura y de cualquier órgano
jurisdiccional que se precie de serlo: la vinculación directa de todos aquellos (al menos)
que han sido parte del proceso constitucional de impugnación a lo resuelto en dicha
sentencia.
vi. Sexta infracción constitucional, al artículo 68 de la CPR en relación con
el artículo 127 del mismo texto, que impide la renovación de un proyecto de ley que
fuere desechado en general en la Cámara de origen sino después de un año, en relación
con el artículo 127, inciso tercero, de la misma Carta Fundamental, toda vez que esta regla
hace aplicable a la tramitación de proyectos de reforma constitucional, las normas sobre
formación de la ley” (fs. 8-11);


4°. Que, probablemente, el estándar más exigente para admitir a trámite
requerimientos presentados en relación con la atribución contenida en el artículo 93
inciso primero N° 3° de la Constitución, se encuentra en el Rol N° 6.662, cuya
decisión se fundó, primeramente, en que la cuestión de constitucionalidad planteada
por los requirentes no había sido formulada durante la tramitación parlamentaria, lo
que, ciertamente, no puede aplicarse aquí, como se constata en múltiples piezas del
expediente constitucional, incluyendo los numerosos escritos presentados con
0000907
NOVECIENTOS SIETE
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posterioridad a su ingreso por distintas personas, autoridades y entidades públicas y
privadas.
Asimismo, entonces sostuvimos que el conflicto, de ser tal, se hallaba todavía en
ciernes, lo que tampoco resulta replicable en esta oportunidad, desde que la
discusión se encuentra cabalmente trabada al momento de interponerse el
requerimiento por S.E. el Presidente de la República, lo que, en este caso, constituye
un hecho que bien puede calificarse como público y notorio.
En tercer lugar, en el Rol N° 6.662 se pedía que esta Magistratura resolviera cuál era
el quórum con que debía aprobarse el proyecto y, a raíz de ello, que anulara su
tramitación, retrotrayéndola, sin que se pidiera declarar la inconstitucionalidad por
incumplimiento del quórum constitucionalmente exigido, lo cual tampoco es
procedente aplicar en el caso que ahora hemos debido conocer.
Finalmente, en aquel pronunciamiento, se rechazó la admisión a trámite habida
consideración que, con base en el deber de garantizar el orden institucional de la
República que pesa sobre todos los órganos constitucionales, la solución se
encontraba todavía dentro de ese ámbito como obligación de los colegisladores, lo
cual tampoco puede considerarse en esta oportunidad, desde que el proyecto de
reforma constitucional impugnado ha continuado su tramitación, en segundo y
tercer trámite constitucional, confirmándose la actuación que el requirente objeta;


5°. Que, desde luego, con lo expuesto se cumple, a nuestro juicio, con las
exigencias necesarias para admitir a tramitación el requerimiento, sin que pueda
sostenerse, en sentido contrario, que los cambios que se han incorporado al proyecto
impugnado, en el segundo y tercer trámite parlamentario, serían causa suficiente
para requerir su ampliación, adecuación o, incluso, para exigir que sea presentado
nuevamente y que, por no haberse hecho así, cabría inadmitirlo, puesto que ello
conduciría a agregar un nuevo requisito a lo dispuesto en el artículo 93 inciso cuarto
de la Constitución que exige que el requerimiento “(…) siempre que sea formulado
antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la
aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quinto día del
despacho del proyecto o de la señalada comunicación”;


6°. Que, en este sentido, creemos aplicable aquí lo que esta Magistratura
sostuvo en la resolución que admitió parcialmente a trámite el requerimiento que
dio lugar a la sentencia Rol N° 8.574:
“Que el estándar de formulación de conflictos del artículo 63 aludido, como toda norma sobre
apertura de proceso, no es neutra ni carente de finalidad, pues en esta sede la competencia de
este Tribunal es limitada, tasada y regida por la petición del órgano legitimado, presupuesto
necesario de su actividad jurisdiccional, no pudiendo conocer ni fallar conflictos no
formulados correcta ni suficientemente por las partes;
0000908
NOVECIENTOS OCHO
28




Que, en términos lógicos, lo antes señalado exige que el conflicto sea debidamente explicitado,
planteado y delimitado completa y suficientemente por los requirentes, de forma tal que las
contrapartes y el Tribunal lo comprendan prístina y claramente, siendo sus límites claros e
indiscutibles, para que quede determinada la competencia específica del Tribunal
Constitucional dentro del proceso. Ello se entiende además en el marco del inciso primero del
artículo 7° de la Constitución Política, al ser los casos y formas establecidos por la ley para
abrir proceso y ejercer jurisdicción, a la luz de la garantía constitucional de reserva de ley
procedimental y del proceso previo legalmente tramitado establecidas en el numeral 3° del
artículo 19 de la misma Constitución, un estándar de validez de lo obrado. Estas cuestiones
las plasmó que el legislador orgánico, para el control preventivo contencioso de proyectos de
ley, en la exigencia de los presupuestos de admisión a trámite del artículo 63 aludido, que así
cobran especial relevancia;
Que es dable concluir, en esta etapa procesal y para el solo estándar del artículo 63 anotado,
que la parte requirente plantea, con una claridad suficiente como para ser comprendidos, dos
cuestionamientos a normas de lo que, al momento de requerir, era el texto del proyecto de ley,
a saber, sus artículos 15 y 17, pudiendo estimarse que en esta etapa procesal dichas normas
cumplen el estándar de admisión a trámite” (c. 7° a 9°);


7°. Que, en cualquier caso, las modificaciones introducidas al proyecto de
reforma constitucional, durante su segundo trámite, no resultan tampoco, a juicio de
estos disidentes, significativas en relación al objeto y contenido del requerimiento ni
tampoco alteran, en sí mismas, de manera sustancial, lo aprobado en la Cámara de
Origen, como lo confirma que ésta haya dado su aprobación a las enmiendas en el
tercer trámite;


8°. Que, adicionalmente, se invoca como causal para inadmitir que el
requirente no se habría hecho cargo de la integridad de la sentencia que
pronunciamos en el Rol N° 9.797, especialmente, en lo relativo a sus considerandos
26° y 27°;


9°. Que, desde luego, no es requisito legal -para la admisión a trámite- que el
requirente aborde íntegramente una sentencia previa de esta Magistratura, debiendo
hacerse cargo de todos sus considerandos, los cuales pueden contener
argumentaciones diversas para concluir en la decisión entonces adoptada.
Evidentemente, porque -en la nueva causa- puede estimar que no tienen incidencia
todas esas argumentaciones, sin perjuicio que, existiendo un caso precedente
parecido, análogo o idéntico, resulta plausible que se haga cargo del precedente,
pues lo allí resuelto constituye un parámetro ineludible para esta Magistratura, sea
para reiterarlo, descartarlo por no ser efectiva la identidad o modificarlo, justificando
el cambio de criterio, pero esta carga que pesa sobre el Tribunal no puede ser
0000909
NOVECIENTOS NUEVE
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trasladada -en la admisión a trámite- al requirente, debiendo ser ponderada,
precisamente, al entrar a conocer el fondo de lo planteado.
Más aún si la causal así planteada importa, directa o indirectamente, someter a
control no sólo el proyecto de reforma constitucional impugnado, sino también el
proyecto iniciado por S.E. el Presidente de la República que modifica la Ley N°
21.295 y establece un retiro extraordinario de fondos previsionales y recuperación de
ahorros previsionales en las condiciones que indica, ingresado a tramitación
parlamentaria el 26 de abril de 2021 (Boletín N° 14.209), el cual no ha sido requerido
ante esta Magistratura y que sería la iniciativa que pugnaría con aquellos
considerandos no examinados en el requerimiento de autos;

10°. Que, tratándose el requerimiento de una impugnación a una reforma
constitucional que, eventualmente, pueda alterar aspectos nucleares de las
disposiciones permanentes del Código Político, al contener elementos vinculados a
los derechos fundamentales de las personas y a la organización del Estado, su
examen debe realizarse al tenor estricto de lo dispuesto en el artículo 63 de nuestra
Ley Orgánica, y no a otras consideraciones que entraben avocarse al conocimiento de
tan trascendente cuestión constitucional, de tal manera que, en este caso, el juicio
que recaiga sobre estos aspectos formales, debe ser efectuado en relación con el
asunto de fondo a debatir;


11°. Que, cabe reiterar aquí lo que ya sostuvimos en el Rol N° 9.797:
“(…) al concluir la revisión de la cuestión planteada, es útil repetir cuanto se dijera en STC
Rol N° 591-06, atinente a que, “desde 1970, el ordenamiento constitucional chileno ha
previsto un sistema de solución de conflictos constitucionales que está radicado en este
Tribunal Constitucional, al cual se ha encomendado la interpretación definitiva e inapelable
de la Constitución, interpretación que debe desarrollarse en forma integral, esto es,
considerando tanto la letra como los valores, principios y espíritu de la Carta Fundamental, a
fin de asegurar la vigencia efectiva de la supremacía constitucional, que es la que garantiza,
en definitiva, la eficacia del Estado constitucional de Derecho y el respeto de los derechos
fundamentales de las personas” (considerando 3°) (…).
“Es, en consecuencia, deber de esta Magistratura -concluyó en esa oportunidad como lo hará
de nuevo acá- examinar la cuestión que se le plantea, verificando la calificación jurídica del
acto administrativo impugnado y, si concluye que se cuenta entre las materias de su
competencia, resolver el conflicto, mediante un debido proceso constitucional, restableciendo
la supremacía de la Constitución, en caso de que ella haya sido quebrantada. Proceder de otra
manera careciendo de una justificación más allá de toda duda razonable para hacerlo, dejando
este conflicto sin resolverse, significaría abdicar gravemente de la primera responsabilidad
que cabe al titular del sistema de solución de conflictos de constitucionalidad que ha previsto
nuestra Carta Fundamental, además de constituir un incumplimiento inexcusable del deber
0000910
NOVECIENTOS DIEZ
30




que el artículo 6° de la Constitución impone a todo órgano del Estado de garantizar el orden
institucional de la República” (en idéntico sentido se pronunció la STC Rol N° 2025-11,
considerando 17°)” (c. 31°);


12°. Que, en las democracias constitucionales el control de constitucionalidad
es indispensable para mantener el contenido esencial de los principios estructurales
que se establecen en la Carta Fundamental. Negarse a efectuar dicho control por
razones meramente formales, resulta altamente delicado en esta oportunidad,
atendida la materia planteada por el Presidente de la República ante este Tribunal;


13°. Que, en consideración a los fundamentos señalados, el requerimiento
presidencial tuvo que ser admitido a tramitación, mereciendo ser resuelto en el
fondo por contener denuncias de inconstitucionalidad, a las cuales este Tribunal
Constitucional le compete examinar, por alterar, según el requirente, el orden
institucional de la República.



PREVENCIONES


Los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ
concurren a la sentencia que no acoge a trámite el requerimiento presentado en
autos, teniendo presente además lo siguiente:


1°) Que tampoco el requerimiento del Ejecutivo se ha referido a la STC Rol N° 9797 -
al acoger la inconstitucionalidad-, en aquella parte en que afirmaba que “el estado de
excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del
COVID-19”, que motiva el Proyecto de Ley objetado, no constituye causal
constitucional que permita distraer los fondos previsionales de una manera que, a la
postre, puede terminar por consumirlos o dejarlos exangües para cumplir
efectivamente su destino original. No es éste el medio único o necesario para
“mitigar los efectos sociales derivados de un estado de excepción constitucional”,
como postula el Proyecto de Ley, comoquiera que a estos fines el principio de
subsidiariedad y el deber del Estado de dar protección a la población, recogidos en
la Carta, en su artículo 1°, incisos tercero y cuarto, lo instan a brindar su ayuda
económica a los damnificados” (considerando 27°).
En tal sentido, el solo enunciado anterior permite extraer una consecuencia
obvia: si a raíz de una pandemia y por razones impostergables de salubridad
pública, la autoridad dispone confinamientos masivos y prohíbe a las personas
trabajar, bajo apercibimiento de aplicarles drásticas penas administrativas y penales,
el Estado, autor de la decisión, no puede sino compensar la pérdida de ingresos que
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NOVECIENTOS ONCE
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esta medida conlleva para los afectados, tal como se ha procedido -por contraste- con
los funcionarios públicos y con quienes laboran bajo el régimen del Código del
Trabajo (Ley N° 21.227).
Por supuesto, el Ejecutivo no tiene porqué compartir dicho argumento; aún,
le es dable objetar que lo anterior constituye una cuestión de mérito político, o que
incide en unas complejas variables que maneja el gobierno y son ajenas a la esfera
del Tribunal Constitución. Mas, al no exponerlo así, ni hacerse cargo en los
fundamentos de su actual requerimiento, arriesga no poder considerar la antedicha
STC Rol N° 9797 precisamente como un “precedente”. De modo que esta omisión
impide al Tribunal Constitucional contrastar tal objeción -atendible si se hubiese
formulado- con el mandato ineludible consagrado en el artículo 1°, inciso cuarto, de
la Carta Fundamental, sobre todo atendiendo a que el bien común general
presupone -entre otros aspectos- propender a la mayor realización material de las
personas y con pleno respeto a su derecho para mantener un nivel de ingresos que
condiga con la dignidad de su vivir diario;


2°) Que, al subrayar la falta de fundamentos jurídicos y de hecho en tal aspecto, por
parte del requerimiento presidencial, no se debe confundir ni presumir de ningún
afán por adquirir algún protagonismo indebido por parte del Tribunal
Constitucional, sino que ha de encuadrarse dentro del propósito procesal de
connotar la consiguiente imposibilidad -para el juzgador- de poder ponderar la
coherencia y justificación del requerimiento deducido.
Sostener que el Tribunal Constitucional debió limitarse a declarar la
inconstitucionalidad del Proyecto de Ley, sin más trámite que constatar que la
materia es de reserva presidencial exclusiva, implicaría ignorar que -según el orden
consecutivo legal lógico que impone la Ley N° 17.997- en esta etapa procesal no era
ello lo examinado. Amén de desconocer que esta Magistratura -defensora de una
Constitución con “alto contenido material o dogmático”- no debe, únicamente,
“controlar que las leyes se ciñan al procedimiento y se ajusten a las formalidades
exigidas en su preceptiva, mas no a las normas sustanciales llamadas justamente a
producir efectos jurídicos directos por sobre los actos del legislador”, según lo
sentenciado en el considerando 6° del mismo Rol N° 9797.




Los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO, NELSON POZO SILVA y la señora
MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, concurren a la decisión de inadmitir a trámite el
requerimiento en base a los siguientes fundamentos y consideraciones las que se
suman a los considerandos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 28, 29, 30 36,
39, 40, 41, 43 y 53 del voto principal:
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I.- DECISIÓN CONSTITUCIONAL.


1°. Que históricamente los Tribunales Constitucionales han realizado esfuerzos
argumentativos en sus fallos para dar legitimidad a su posición de garantes últimos
de la Constitución, capaces de imponer su comprensión de la misma a la expresada
por los legisladores democráticamente legitimados (Ruggeri y Salavarria).
Sólo con el avance del proceso de secularización – el paso de la dominación
tradicional a la dominación legal – racional del que habla Max Weber – y con la
afirmación de un fundamento públicamente controlable para la autoridad del juez,
la motivación de las sentencias puede adquirir el sentido de un ejercicio de
justificación a través del cual el juez busca ganar argumentativamente autoridad
frente a las partes y el público, un significado de la exigencia de la motivación que
siguiendo a Taruffo podemos denominar extraprocesal (Daniela Accatino), lo cual
resulta plenamente aplicable al juez constitucional.
Desde otra perspectiva, la motivación pública de las sentencias
constitucionales, adquieren sentido de expresar un compromiso con las razones
generales que fundan una decisión particular y cumple una función instrumental
para dar certeza y previsibilidad del derecho, mediante el ejercicio de los valores
ligados a la tutela judicial.
Por ejemplo, los factores que han llevado a que los magistrados del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, especialmente, cuando deciden casos de Derecho
constitucional, es que “son jueces políticos”. La ratio descendente de decisiones del
Tribunal Supremo en relación con la de los tribunales inferiores puede tener otro
efecto: alimentar la extendida pero poco exacta impresión de que la mayoría de los
casos decidida por el Supremo en nuestros días son casos constitucionales;


2°. En la hipótesis que si el Derecho constitucional está repleto de juicios
políticamente cargados, un magistrado tiene la posibilidad de aceptar sin reservar el
carácter político de la toma de decisiones constitucionales y votar, en los casos que
tiene que resolver, más como el legislador que vota las propuestas de ley o bien,
teniendo cierta vergüenza por ser un político con toga, ponerse un umbral muy alto
para votar la invalidación, a partir de argumentos constitucionales, de un acto
llevado a cabo por otro poder estatal. La primera, la perspectiva del “juez agresivo”
(activismo judicial), aumenta la autoridad que el Supremo tiene en relación con los
otros poderes. A los jueces les gusta referirse a los mismos como “poderes políticos”,
como si la judicatura en sí misma no fuera un poder político del Estado. La segunda
perspectiva, del “juez modesto” (autorrestricción judicial), le dice al Supremo que se
lo piense mucho antes de invalidar la acción llevada a cabo por los otros poderes del
estado (Richard A. Posner).
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NOVECIENTOS TRECE
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Que la mayor parte de la actividad de pensar – incluyendo la de los jueces
que han de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, es una forma de
pensar no analítica – emocional, intuitiva o conforme al sentido común;


3°. En suma, el contenido de la decisión que se deduce está sustentada en ciertas
premisas normativas y fácticas. ¿Es posible que esta aseveración sea correcta? A
partir de Frege, la teoría del significado puso de manifiesto de qué manera se
pueden justificar algunas tesis semánticas que son poco intuitivas, ya que no
resuelven los problemas que se presentan al analizar de forma lógica los argumentos
de un discurso. Asimismo, la formalización de enunciados en todo lenguaje es
guiada por consideraciones de sus condiciones de verosimilitud, y la presencia de
paradojas sirve como criterio de adecuación.
Todo sentenciador está obligado de acuerdo al derecho vigente en el
cumplimiento de su función a utilizar un “modelo ideal”, según el cual las
decisiones de los casos concretos deben ser tomadas en concordancia con el conjunto
de reglas generales previamente determinadas y públicamente legitimadas y
conocidas. Es así que tres principios, conocidos bajo el nombre de
INEXCUSABILIDAD, de JUSTIFICACIÓN y de LEGALIDAD, obligan a los jueces
a resolver todos los casos que se les someten a juzgamiento dentro del límite de su
competencia, mediante decisiones fundadas en normas del sistema jurídico.
Si bien todo sistema jurídico provee del material a través de las normas para
resolver todo caso puesto en su conocimiento, el rol del intérprete en la noción de
justificación o motivación y el contenido que entregan los elementos normativos del
sistema jurídico, conducen a que este sistema “MODELICO”, determine que la
justificación lleve a otorgar un contenido a la decisión que emanara como
consecuencia lógica de las premisas que la fundamentan, pero además las premisas
normativas utilizadas en la justificación de la sentencia deben ser de carácter general.
En resumen, todo conduce a que la obligación del juez de fundar sus sentencias lo
hace a través de una operación de derivación del sistema normativo. La
fundamentación de la sentencia, comprensiva de la subsunción del caso abstracto o
concreto en el caso genérico, la determinación de la solución también de carácter
genérico y la derivación de la solución para el caso concreto a través de las reglas de
inferencias del sistema jurídico. A partir del razonamiento justificatorio, que es un
tipo de silogismo donde la premisa mayor es una norma general, la premisa menor
es un enunciado descriptivo que afirma las circunstancias fácticas mencionadas en la
norma y la conclusión consiste en una norma categórica cuyo contenido es una
particularización de las consecuencias normativas previstas en la norma general.
Para concluir la idea debemos señalar que la relación entre las premisas y la
conclusión es de índole deductiva, de forma tal que la verificación de las
0000914
NOVECIENTOS CATORCE
34




circunstancias fácticas reseñadas en la norma general es condición suficiente para
que se siga la conclusión (parte decisoria de la sentencia).
Con lo expresado y teniendo en consideración, además, las dificultades
lógicas que se presentan en la operación de crear un pensamiento concreto, ha
surgido en el último tiempo una especie de anuncio que ha llevado a que el
razonamiento en general tome una dirección impensada y uno deba aprender a
mirar de nuevo. Todo pensamiento es difuso, puesto que la forma de razonar no es
sistémica sino multisistémica, en un sentido que la operación del sistema jurídico
global, el lenguaje y los soportes asociados: rápidos, fragmentados, onomatopéyicos
y transversales, conlleven a que el razonamiento jurídico sea también un
pensamiento difuso, en el sentido de que es poco atrapable y difícil de fijar, por lo
tanto, su certidumbre estará en la “frontera entre la certeza y la incertidumbre”,
jugando un rol preponderante la racionalidad del razonador, que es la de aquel
sujeto que hemos llamado juez;


4°. Que el rol del juez constitucional es reconocer la fuerza vinculante de la
Constitución, con la función de garantía jurisdiccional en un sistema normativo
emanado de la propia Norma Suprema, ser el intérprete conforme a la Constitución,
aplicando de manera directa la Carta Fundamental y teniendo de esa manera una
influencia indirecta desde la Constitución sobre las relaciones de los órganos
constitucionales que ésta diseña.
En consecuencia, detrás de esta técnica de razonamiento y deducción hay un
deber de imparcialidad que acompaña la función jurisdiccional para su más amplia
legitimidad. Por eso, no requiere jamás de una exposición pública fuera de la
sentencia; ni extenderse a criterios de mérito de una política pública; o a una
valoración de un efecto económico o de respaldo popular ni menos para exponer
una realidad desnuda de poder o de vínculos personales. Teniendo la Constitución
determinadas características amplias nada fuera de ella puede servir para defender
su supremacía;


II.- PRINCIPIO INEXCUSABILIDAD.


5°. Que el concepto de inexcusabilidad deriva del artículo 76 de la Carta
Fundamental y consiste en que, reclamada la intervención de un tribunal, dicho
órgano no puede excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que
resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión.
Reafirma lo aseverado el texto del artículo 3°, de la Ley 17.997, al señalar que:
“El Tribunal solo podrá ejercer su jurisdicción a requerimiento de las personas y los
órganos constitucionales legitimados de conformidad con el artículo 93, de la
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NOVECIENTOS QUINCE
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Constitución Política de la República o de oficio, en los casos señalados en la
Constitución Política de la República y en esta ley.
Reclamada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no
podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva el
asunto sometido a su decisión.”;


6°. Que si bien reconocemos el mandato expreso de inexcusabilidad consagrado a
nivel constitucional y legal, quienes suscriben esta prevención, no podemos sino
compartir el criterio expuesto en el considerando séptimo del voto principal, el cual
expresa los presupuestos exigibles para que opere dicha regla en el ejercicio de la
facultad consagrada en el artículo 93, numero 3, de la Constitución, en relación al
artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Solo
conocemos los conflictos sobre los cuales tenemos competencia y que se presentan en
la forma descrita por la ley;


III.- DÉFICIT DEL CONFLICTO CONSTITUCIONAL DEDUCIDO.


7°. Que del análisis del artículo 93, numeral 3, de la Constitución Política resulta que
el constituyente ha confiado al Tribunal Constitucional la atribución de “Resolver las
cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los
proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la
aprobación del Congreso”. Este tipo de control, si bien reviste el carácter de
preventivo, a diferencia del control de constitucionalidad establecido en el numeral
primero es, esencialmente, facultativo y para que pueda operar debe reunir los
siguientes requisitos: i.- Que exista una cuestión de constitucionalidad; ii.- Que se
suscite durante la tramitación de un proyecto de ley de una reforma constitucional o
de un tratado sometido a la aprobación del Congreso; iii.- Que el requerimiento lo
promueva el Presidente de la República, las Cámaras o una cuarta parte de sus
miembros en ejercicio, y iv.- Que se formule antes de la promulgación de la ley
(inciso cuarto artículo 93 constitucional). Por su parte, el artículo 63 de la Ley
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional señala que: “El requerimiento
deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que le
sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en
su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las
normas que se estiman transgredidas”, y a su turno el artículo 65 del mismo cuerpo
legal indica que: “Si el requerimiento no cumple con las exigencias establecidas en el
artículo 63, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.”;
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NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS
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8°. Que en cuanto al conflicto en desarrollo cabe señalar que, del análisis de la
Constitución actual, resulta prístino que para que el Tribunal ejerza esta atribución
se requiere expresamente la concurrencia del requisito de existencia de una cuestión
de constitucionalidad, en el sentido de que para que opere este requisito, es
necesario que exista además una controversia, ello por cuanto se ha afirmado que
esta Magistratura no es un órgano de consulta.
Las cuestiones de constitucionalidad “han sido entendidas por este Tribunal
como “un desacuerdo, una discrepancia sobre la preceptiva constitucional entre los
órganos colegisladores. Tal discrepancia puede surgir entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo o en el seno mismo del segundo.” [Sentencia de 26 de septiembre
de 1984, Rol Nº 23, considerando cuarto, letra a)]” (STC 1504, c. 11°); agregando que
“la discrepancia que se suscite sobre la preceptiva constitucional en relación a las
normas de un proyecto de ley sea precisa y concreta. Esta condición delimita la
competencia del Tribunal para resolver el asunto sometido a su consideración y
adquiere especial relevancia, si se recuerda que la acción sólo puede ser deducida
por titulares nominativamente señalados por la Carta Fundamental y que el Tribunal
no puede actuar de oficio, debiendo ajustarse su resolución estrictamente al “objeto
pedido” en el requerimiento” [STC 23, c. 4, letra c)].
De conformidad a lo razonado y atendido el tenor literal del artículo 94,
número 3, de la Constitución, se evidencia que para que exista una “cuestión” de
constitucionalidad, debe existir una cosa controvertida que haya sido formulada o
promovida durante la tramitación del proyecto, conflicto que, según se expresa en el
artículo 63 orgánico constitucional del Tribunal Constitucional, debe ser expresado
de forma precisa, es decir, clara y nítida, en el requerimiento que lo somete a su
conocimiento y resolución;


9°. Que, dado lo expresado, la existencia consolidada de un conflicto o cuestión de
constitucionalidad, es requisito sine qua non, debiendo ser la supuesta
inconstitucionalidad invocada patente, manifiesta, palmaria o evidente (STC 2411, c.
4), sin embargo, al tratarse de “un conflicto normativo aun en desarrollo al interior
del Congreso Nacional” sobre el cual “el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo
para solucionar los conflictos suscitados”, no se configura dicha cuestión en los
términos requeridos, ya que como ha señalado esta Magistratura “la deferencia
institucional hacia las cámaras exige que el ordenamiento constitucional y legal
permita dar cauce a estos conflictos normativos formales por las vías primarias que
éste ha diseñado. Entendemos que el requerimiento al Tribunal Constitucional es
algo perfectamente válido, pero es un recurso que, en este caso, todavía no está
habilitado” (STC 6662, c. 13° y 20°);
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NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE
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10°. Que, atendido lo expuesto, se describirán los criterios interpretativos en razón
de los cuales el requerimiento no reúne los requisitos que exigen los artículos 63 y 65
de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en relación con el
artículo 93, numeral 3° de la Constitución.
Primero, nos encontramos en lo que hemos definido como un conflicto
normativo que prematuramente presentó el requirente, respecto de un proyecto de
reforma constitucional que ha variado en sus circunstancias y evolución. En segundo
lugar, la tramitación de dicho proyecto, en torno a su dimensión jurisdiccional, cede
frente a otras vías constitucionales que se dan en el seno de los poderes democráticos
colegisladores, como lo es el artículo 128, de la Carta Fundamental. Que en tercer
lugar, el propio requirente ha presentado un proyecto de ley que recae en las mismas
ideas matrices o fundamentales del proyecto de reforma constitucional en que
recaen las formulaciones de este requerimiento. Y cuarto, que todo lo anterior
conduce, indubitadamente, a la inexistencia de “una cuestión de constitucionalidad”,
no existiendo un problema jurídico a “resolver” (artículo 93, N° 3 de la
Constitución), no siendo atribución de esta Magistratura ejercer una dimensión
consultiva en cuestiones normativas que no está reconocida por la Constitución;


11°. En cuanto al primer criterio interpretativo, cabe hacer anotar que el proyecto
que el requerimiento reprocha ya no tiene el mismo contenido que el que se
encontraba en tramitación ante el Congreso al momento en que esta Magistratura se
pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos para ser admitido a trámite. En
efecto, desde la fecha de su presentación (20 de abril de 2021) el proyecto fue
modificado por el Senado en varias de sus normas, siendo revisado por la Cámara y
aprobado por ambas Corporaciones.
Así el requirente se adelantó al hacer su presentación creando un conflicto
prematuro. Ello lleva a que los antecedentes sobre los cuales argumenta resultan
incompletos por no recaer sobre el proyecto actual, lo cual es implícitamente
reconocido por el propio requirente en el escrito presentado el día 26 de abril de 2021
al acompañar una serie de documentos sobre la historia de la reforma constitucional
-incluyendo el texto definitivo y distinto al que reprocha y que fuera aprobado por
ambas Cámaras- y señalar que no se acompañan todas las sesiones en que se trató el
tema por lo que pide se oficie a la Cámara de Diputados y al Senado para que
acompañen los antecedentes de las dos sesiones que menciona (fs. 725 a 727).
Es una carga procesal del requirente efectuar distinciones entre las normas
originalmente reprochadas y las que contiene el proyecto aprobado por el Congreso
para impugnar estas últimas. En efecto, antes de que esta Magistratura se
pronunciara sobre la admisión a trámite del requerimiento, el requirente tuvo la
oportunidad para complementar, aclarar y modificar su presentación
pronunciándose sobre las innovaciones que contiene el actual proyecto, pero no lo
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NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO
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hizo. Es por lo anterior que no se percibe cuál es la cuestión de constitucionalidad
sobre la que esta Magistratura debe pronunciarse, resultando las impugnaciones de
carácter meramente abstracto. De este modo el requerimiento no cumple con el
requisito de contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho
que le sirven de apoyo y con el de indicar en forma precisa la parte impugnada del
proyecto, como lo exigen los incisos 1° y 3° del art. 63 de la Ley Orgánica
Constitucional de este Tribunal Constitucional.
Ahora bien, la entidad de esa modificación puede ser desestimada por el
requirente. Podríamos incluso pensar que el Tribunal actúe sobre el conflicto
anteriormente presentado y todo lo demás tendría un efecto sobreviniente. Sin
embargo, tal deferencia jurisdiccional se puede dar en los márgenes, pero jamás
sobre la ausencia del conflicto principal;


12°. Que, en cuanto al segundo criterio interpretativo a que nos referimos, cabe
recordar en relación a la tramitación del proyecto de reforma constitucional que se
encuentra pendiente el plazo para ejercer la atribución consagrada en el artículo 128
constitucional. Al respecto, la Constitución Política confiere al Presidente de la
República un importante rol por cuanto está facultado para formular observaciones
al proyecto de reforma constitucional aprobado por ambas Cámaras, rechazando
total o parcialmente el proyecto. Si las Cámaras insisten con el proyecto aprobado
por ellas con los quórum a que se refieren los incisos 2° y 3° del art. 128 el Presidente
incluso puede “consultar a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un
plebiscito respecto de las cuestiones en desacuerdo” (inciso 4°), plebiscito que se
regula por lo dispuesto en el art. 129 de la Constitución. Las reformas a la
Constitución son el producto de la voluntad de dos órganos: el Congreso Nacional y
el Presidente de la República pero, eventualmente, además, de la ciudadanía si ésta
es convocada a pronunciarse mediante un plebiscito. Así, encontrándose pendiente
el ejercicio de dicha atribución, que podría derivar en efectos modificatorios respecto
de la iniciativa de reforma constitucional, el conflicto deviene aún más en carente de
consolidación.
Incluso hoy, tenemos constancia de una cierta precipitación del requirente en
cuanto ha evitado ejercer las potestades descritas, aún cuando debía abstenerse de
promulgar el proyecto de ley cuestionado, debiendo esperar esta misma resolución
de inadmisión;


13°. Que, en esa línea no congruente, con posterioridad a la presentación de este
requerimiento -el día 26 de abril de 2021, es decir, un día antes de que este Tribunal
ser reuniera para revisar sus aspectos formales- el Presidente de la República
presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional que, modificando la ley N° 21.295
-que permitió a los afiliados a las AFP un segundo retiro del 10% de sus fondos
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NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE
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previsionales y que surgió también por iniciativa del Ejecutivo- recae en las mismas
ideas matrices o fundamentales del proyecto de reforma cuestionado. Su artículo
único reconoce que tal proyecto es compatible con lo dispuesto en la mencionada ley
y en la norma 39° transitoria (sobre segundo y primer retiro de fondos,
respectivamente), lo cual resulta contradictorio con las objeciones que el propio
Presidente formula en su requerimiento en contra del proyecto de reforma
constitucional que está revisando esta Magistratura. En efecto, según el requirente
este último proyecto es contrario al derecho a la seguridad social por permitir el uso
de las cotizaciones previsionales para un fin distinto y sin obligación de reintegro,
resulta incongruente, por una parte, que en el nuevo proyecto de ley se avale tanto el
contenido de la ley N° 21.295 como la disposición 39° transitoria (cuya
constitucionalidad no fue objetada por el Presidente) y que, por otra parte,
nuevamente, a través de este nuevo proyecto de ley, se autorice el retiro de fondos
previsionales. Por lo tanto, dentro de la lógica del requerimiento, no se comprende
que el vicio invocado no se extienda también al proyecto de ley que acaba de
presentarse. De lo anterior resulta que la actuación del Ejecutivo es contraria a sus
propios actos, lo cual incide nuevamente en que el requerimiento no cumple con los
requisitos de admisión a trámite, ya que el propio requirente, contradiciendo las
afirmaciones que efectúa en su requerimiento, termina considerando que no existe
perjuicio o agravio de constitucionalidad que deba ser resuelto por esta
Magistratura;


14°. Que, conforme a lo expuesto, y al igual como sucedió con el requerimiento
presentado en contra del proyecto de reforma por el segundo retiro de fondos
previsionales, que derivó en el caso asentado en el fallo STC 9797-20-CPT, el
requerimiento pretende que, en relación al proyecto de retiro de los fondos
previsionales de los afiliados o pensionados de las AFP, el Tribunal Constitucional se
pronuncie como un órgano de naturaleza consultiva, carácter de que adolece, por ser
un órgano jurisdiccional, llamado a resolver una “cuestión de constitucionalidad”, o
sea, un conflicto o discrepancia entre el Ejecutivo y el Parlamento. Así se busca que
este Tribunal exprese una opinión acerca del mérito del proyecto lo cual no le
compete efectuar, debiendo siempre aplicar el principio de deferencia razonada, en
este caso en relación a la actividad del poder constituyente derivado;


15°. De pronunciarse el Tribunal Constitucional respecto de una reforma
constitucional idéntica en contenido y objetivo a la del proyecto de ley presentado,
todo lo que se controvierte en el requerimiento resulta ser meramente consultivo. Al
pedírsele que actúe como un órgano consultivo o asesor, estaría además obligado a
revisar la conveniencia, mérito u oportunidad de la reforma constitucional, lo cual
carece de sentido en esta oportunidad, puesto que el propio actor constitucional
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NOVECIENTOS VEINTE
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encontró en la Constitución otras vías de solución del dilema después de presentado
el requerimiento, como impulsar un proyecto propio o compartir la iniciativa con el
Congreso Nacional.
Es aquí donde se manifiesta con mayor intensidad la exigencia de
actualización del requerimiento, atendido que de ello deriva la inexistencia de un
conflicto decantado y cabe preguntarnos ¿Cómo es posible debatir sobre la
vulneración al derecho a la seguridad social y a las rentas vitalicias permitiendo que
los mismos mecanismos se reproduzcan en otro proyecto de ley similar? Eso es,
precisamente, invitar al Tribunal Constitucional a razonar fuera de su esfera
competencial y subsidiar al requirente rehaciendo el requerimiento.
¡Eso es justamente lo que debió agregar el requirente! No se trata de detalles.
Se trata del núcleo del conflicto constitucional del proyecto en revisión al tenor del
artículo 93, inciso tercero, de la CPR, que no modificó por ninguna parte y que fue
desdibujado por hechos propios: la presentación de un proyecto de ley que no se
incorporó a este expediente constitucional.
Dicho proyecto de ley posterior se suscitó durante la tramitación del primero
como respuesta integrada a la misma “cuestión de constitucionalidad” definida por
el artículo 93, numeral 3°, de la Constitución. El efecto de la declaración eventual de
inconstitucionalidad es sobre un proyecto impugnado, pero la cuestión
constitucional es la controversia completa desarrollada en el diálogo de los dos
proyectos de ley, según ya lo vimos.
Es en virtud de lo razonado que el conflicto decae y eso es una cuestión
normativa, puesto que esta Magistratura no puede resolver en base a hipótesis, sino
que sobre normas y sus efectos;


16°. Que, en definitiva, esta Magistratura decide y no es parte de su imperio absolver
consultas carentes de fuerza vinculante, fácilmente desestimables por decisiones
administrativas del Congreso Nacional o por la forma en que se ejerza la tramitación
por el Presidente de la República. Esta Magistratura obra conforme a derecho
respecto de cuestiones de constitucionalidad concretas y ciertas.
En síntesis, de acuerdo a lo expuesto, no se vislumbra en el requerimiento
una cuestión constitucional que cumpla con las exigencias y características de un
conflicto constitucional según lo prevé el artículo 63, inciso primero de la Ley
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 93,
numeral 3, de la Carta Fundamental;


IV.- SISTEMA DE PRECEDENTES.


17°. No cabe duda que las decisiones de un Tribunal Constitucional que se coloca en
la cúspide del sistema jurisdiccional junto a la Corte Suprema, tiene repercusiones en
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NOVECIENTOS VEINTE Y UNO
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el orden jurídico. Las reelaboraciones del Derecho en sentido objetivo que influyen
de modo innegable en el sistema de fuentes. En otras palabras, las interpretaciones
autorizadas de los contenidos de la Constitución a través de los procesos de control
de normas o la concreción de los derechos, a través de procesos constitucionales,
como los denominó Cappelletti, configuran un conjunto de argumentaciones,
razonamientos y decisiones que ingresan al sistema jurídico bajo distintas
manifestaciones, no siempre homologables al criterio del precedente judicial de los
sistemas del Common Law (Pedro P. Grández, El ascenso de los principios en la
práctica constitucional, Ed. Palestra, Lima, 2016, p. 134);


18°. Que resulta relevante estimar que los tribunales constitucionales de raíz
kelseniana, cuyas decisiones más importantes inciden en la propia Constitución y
sus contenidos se oriente a indagar la necesidad de una teoría propia del precedente.
Es más, la noción de precedente formalmente vinculante aparece refutada en
relación a este órgano al esgrimir que los efectos serán acotados al aspecto señalado
en la competencia controvertida en el referido requerimiento;


19°. Que en el caso que versan estos autos constitucionales, no resulta atinente
invocar la sentencia Rol N° 9797-20-CPT, del 30 de diciembre del 2020, puesto que
ella corresponde a un laudo en que se ejerció el voto dirimente por la Presidente de
esta Magistratura ante un empate cinco a cinco en el fallo en cuestión.
Careciendo de efecto vinculante y tratándose además de una sentencia
dividida, ni siquiera resulta posible considerarlo a efectos de un criterio
interpretativo y orientador en la materia, sino que estamos frente a lo que podemos
denominar criterios controversiales fruto de una deliberación que carece de la lógica
del precedente, atendido que el juez constitucional posee la libertad de determinar
cuáles de sus observaciones son “ratio decidendi” y cuáles son “obiter dictum”. En
idéntico sentido, sería propio de un verdadero peligro que en nuestro sistema se
estimase como precedente vinculante del Tribunal Constitucional sus sentencias
pretéritas, dado que esa sería más bien una fórmula de desvirtuar la propia
naturaleza del Derecho constitucional, abierto siempre como disciplina a los debates
y permanentes innovaciones que evitan la petrificación en su función interpretativa;


V.- FALTA DE TAXATIVIDAD CONSTITUCIONAL.


20°. A partir de conflictos genuinos de derecho los dilemas juegan un papel en los
sistemas jurídicos. Los dilemas no son de cotidiana ocurrencia en los sistemas
jurídicos. Lariguet (Dilemas Constitucionales, L. Zucca, G Lariguet, D. Martínez
Zorrillas y S. Álvarez, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 37- 65) dice que: “No
acechan tras toda decisión judicial que involucre derechos fundamentales. La
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NOVECIENTOS VEINTE Y DOS
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mayoría de esos conflictos son espurios y eso puede de hecho demostrarse mirando
más de cerca las tensiones entre derechos. En la literatura más amplia sobre los
derechos, la noción de conflicto es usada de modo impreciso e incluso me atrevería a
decir responsable. Tener un derecho debe significar tener una pretensión protegida
hacia algo valioso. Si esta pretensión está abierta a demasiadas calificaciones y
pretensiones opuestas, deviene vacía de sentido.”
La identificación de dilemas concretos liberará el discurso de los derechos de
cargas innecesarias en el nivel de la justificación de las pretensiones normativas
basadas en derechos;


21°. Pareciera en una aproximación que la cuestión que interesa a los juristas es la
posibilidad de resolver esos conflictos. Para tales efectos, se debe separar la etapa de
comprensión de los conflictos de la solución. De esta manera la solución siempre
será precedida por la comprensión del conflicto, de modo que los derechos jurídicos
existen sin necesidad de ser declarados por los tribunales.
La existencia de un conflicto aparece denotada, sin embargo, a la idea de que
podemos solucionar los conflictos genuinos resulta necesario distinguir entre los
meros conflictos morales y aquellos que son jurídicos debiendo recurrirse al tema de
la racionalidad jurídica para su solución;


22°. Que, definiendo los conflictos genuinos lo esencial del problema radica en la
argumentación de modo que los dilemas constitucionales pueden forzarnos a
reconsiderar algunas antiguas concepciones que mantenemos en relación con la
adjudicación de derechos. Por ejemplo, podemos querer repensar la ampliamente
compartida convicción de que todos los derechos fundamentales conviven
armónicamente sin entrar en conflicto.
Lo favorable es que una primera ventaja al centrarnos en los dilemas
constitucionales es que podemos identificar las formas más puras de conflicto entre
derechos fundamentales; en consecuencia, seremos capaces de distinguir de modo
más efectivo entre los conflictos genuinos y los espurios (aparentes). La segunda
ventaja es que, habiendo identificado precisamente el objeto de estudio o análisis, es
posible mejorar nuestra comprensión conceptual de los conflictos genuinos mediante
la formulación de una tipología de dichos dilemas;


23°. Que existirá una “taxatividad constitucional” al establecerse una distinción
fundamental: un conflicto entre derechos fundamentales puede ser genuino o
aparente. Su principal diferencia es que los conflictos genuinos de derechos
fundamentales implican inconsistencias normativas (antinomias). Los conflictos
espurios consisten en aquellas situaciones de conflicto entre derechos fundamentales
en lo que ocurre como consecuencia de la falta de recursos escasos. Un paradigma de
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NOVECIENTOS VEINTE Y TRES
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conflicto aparente es, el hecho de que un hospital no pueda ayudar a curar un
paciente, debido a la falta de recursos, porque este ha sido destinado a la
construcción de una nueva escuela, no siendo esta situación de conflicto sensu stricto
entre derecho a la salud y derecho a la educación. Ello obedece a que la elección
entre ambos es una cuestión política, pues los recursos son asignados mediante una
elección que no corresponde a una situación de conflicto de derechos sino más bien a
una decisión del órgano político, que escapa a la esfera jurisdiccional;


24°. Que estos previnientes vienen en considerar que el requerimiento de fojas 1 y ss.
no debe ser admitido a trámite, por no cumplir los estándares que establecen los
artículos 63 y 65 de la Ley 17.997, en relación al artículo 93, número 3, de la Carta
Fundamental.



El Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN rechaza la admisión a trámite del
requerimiento en virtud de las siguientes consideraciones:


1°. Este requerimiento tiene un defecto “formal” que no presentaba el
requerimiento presidencial anterior, el que no ha sido enmendado oportunamente.
Cualquier consideración referida a las necesidades de las personas es ajena a lo que
debe resolver este Tribunal. La argumentación jurídica de este Ministro para
inadmitir a trámite hoy es coherente con su posición por admitir a trámite en el
primer requerimiento presidencial. Ha habido requerimientos anteriores (como el de
“reforma laboral”) en el que se han suscitado defectos similares, pero que -a
diferencia de éste- han sido adecuadamente corregidos por los abogados.

2°. El defecto consiste en que el texto del proyecto de reforma constitucional
impugnado por el requerimiento no coincide completamente con el texto del
proyecto evacuado por el Congreso Nacional. Es decir, con posterioridad a la
presentación del requerimiento hubo modificaciones en el texto cuya
inconstitucionalidad se ha pedido que este Tribunal declare. Esta falta de
coincidencia o desactualización puede ser corregida, pero -como explicaremos- debe
hacerse oportunamente, lo que no ocurrió. Se ha generado, así, un vicio que impide
la admisión a trámite del requerimiento en consideración al estándar establecido en
el artículo 63, inciso primero, oración final, de la Ley Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional. Un requerimiento que no es acogido a tramitación “se tendrá
como no presentado” (artículo 65), por lo tanto, para superar la objeción de falta de
coincidencia ha de presentarse un nuevo requerimiento debidamente actualizado.

3°. La necesidad de actualizar un requerimiento debido a modificaciones
legislativas posteriores a la fecha de su presentación es una hipótesis que no es
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inusual. La discordancia de textos es una posibilidad que surge debido a que un
requerimiento puede presentarse en cualquier momento durante la tramitación del
proyecto de ley o de reforma constitucional (artículo 93, inciso primero, Nº 3º, de la
Constitución) y a que el requerimiento no suspende su tramitación (artículo 93,
inciso sexto).

4°. La regulación del procedimiento establecido para este tipo de cuestiones
sobre constitucionalidad de proyectos, iluminada por la jurisprudencia de este
Tribunal y la práctica procesal a través de los años, permite identificar ciertos
criterios para subsanar requerimientos desactualizados. En lo esencial, el requirente
debe presentar un escrito de rectificación antes de la admisión a trámite1, o después
de la admisión a trámite y antes de la vista de la causa, lo que dependerá de cuándo
se produce el cambio del articulado2.

5°. En este caso, es un hecho cierto que ha habido un cambio en el articulado y
que éste se ha producido antes de la admisión a trámite. Incluso más, dado que el
proyecto de reforma constitucional ya fue aprobado por el Congreso, el Presidente
de la República tiene certeza que -salvo que él mismo decida vetar el proyecto- el
articulado no sufrirá modificaciones. Por lo tanto, para haberse admitido a
tramitación el requerimiento, primero debió haberse presentado un escrito pidiendo
la rectificación del requerimiento y, segundo, dicho trámite debió haberse hecho
antes de que el Tribunal Constitucional resolviera la admisión a trámite. Nada de lo
anterior ocurrió.

6°. Ilustrativo de la práctica jurisdiccional sobre la materia es lo ocurrido tiempo
atrás en un caso procesalmente similar a éste. Nos referimos a la causa rol Nº 3016,
requerimiento parlamentario que impugnó normas del proyecto de ley que reformó
el Código del Trabajo. En dicha oportunidad también se produjo una discordancia

1 Ver, por ejemplo, las causas roles Nºs 3016, 3118 y 9930. Respecto no ya del escrito
rectificatorio, sino de otros antecedentes que se exige acompañar, el Tribunal ha autorizado
su presentación con posterioridad a la presentación del requerimiento, pero siempre antes de
su admisión a trámite (ver, por ejemplo, las causas roles Nºs 3729, 5735 y 7896).
2 La posibilidad de rectificar el texto del requerimiento para hacerlo coincidente con cambios
al proyecto ocurridos con posterioridad a la resolución de admisión a trámite es algo sobre lo
cual hay escasa jurisprudencia. Se trata de la causa rol Nº 8574 en la que un grupo de
senadores interpusieron un requerimiento en el que existía plena coincidencia entre éste y el
texto del proyecto a la fecha de la resolución que admitió a trámite. Con posterioridad, el
Ejecutivo presentó observaciones (veto) al proyecto aprobado que hicieron modificar su
texto. Ante esto, el representante de los senadores presentó antes de la vista de la causa un
escrito solicitando la complementación del requerimiento (no existía certeza sobre si el
Presidente vetaría o no). A pesar que en opinión de este Ministro era razonable que se
acogiera la petición, el Tribunal resolvió rechazar la solicitud. Como puede verificarse, son
numerosas las diferencias entre el caso recién comentado y el actual requerimiento
presidencial.
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entre el requerimiento y el texto del articulado al momento de resolverse la admisión
a trámite. El abogado de los requirentes -coincidentemente el mismo que patrocina
éste- presentó un escrito de “complementación del requerimiento” antes de la
resolución sobre su admisión a trámite. Y el Tribunal Constitucional, previo a
decretar la admisión a trámite, resolvió tener por “rectificado” el requerimiento.

7°. Dicho de otra manera, si ha pasado a ser un hecho cierto que el texto cambió
y que esto ocurrió antes de la admisión a trámite (uno de los dos momentos
decisivos en una tramitación de esta naturaleza), el requirente tiene dos opciones: (i)
presentar un escrito pidiendo la rectificación del requerimiento antes de la admisión
a trámite; o (ii) asumir el efecto de una declaración de no admisión a trámite y
presentar un nuevo requerimiento en tiempo y forma3.

8°. En la causa rol 9797, correspondiente al anterior requerimiento presidencial,
el debate suscitado en la etapa de admisión a trámite giró en torno a un tema distinto
al que hemos identificado en esta causa como vicio que impide su admisión a
trámite. En efecto, en aquella ocasión los Ministros disidentes (con una postura
distinta a la mía -la cual he mantenido en el tiempo) sostuvieron que el
requerimiento fue presentado prematuramente y que, dado el rechazo por el Senado,
era previsible que el texto impugnado sufriera modificaciones o, incluso, fuera
archivado dada la irrupción de un proyecto equivalente patrocinado por el
Ejecutivo. Esta aproximación argumentativa se encontraba, además, en un contexto
fáctico distinto: en aquella ocasión la discusión del proyecto de reforma
constitucional estaba aún en curso y no existió un texto alternativo distinto a aquel
en que se basó el requerimiento. En suma, lo que subyace a la postura de quienes
estuvieron por no admitir a trámite el requerimiento pasado (rol 9797) es su rechazo
a resolver un conflicto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un
proyecto cuyo texto no se encuentra afinado (es decir, que puede variar y que, por lo
tanto, torna al requerimiento en uno especulativo).

9°. Recordémoslo nuevamente, a diferencia de lo sucedido en la admisión a
trámite del primer requerimiento, en el presente caso ya existía certeza sobre la
existencia de un texto aprobado al momento de la adopción de una decisión sobre la
admisión a trámite. Por lo tanto, debió haberse actualizado el requerimiento para
hacerlo coincidir con el texto aprobado, lo que no ocurrió.

10°. EN CONCLUSIÓN, existe una incongruencia no enmendada, ni menos
oportunamente, entre las normas que se impugnan (y su fundamento) y las normas
del proyecto en su texto actual. Es decir, no se cumple con el requisito exigido en el

3 La Constitución se encarga de detallar el plazo final para su interposición: “siempre que sea
formulado antes de la promulgación (…) y, en caso alguno, después de quinto día del despacho del
proyecto (…)” (artículo 93, inciso cuarto).
0000926
NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS
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artículo 63, inciso primero, de la Ley Nº 17.997, en particular en lo referido a la
oración final, para acoger a tramitación el requerimiento.




Redactó la presente resolución el Ministro señor RODRIGO PICA FLORES; y la
disidencia y las prevenciones, la señora y los señores Ministros que respectivamente
las suscriben.


Notifíquese, comuníquese y archívese.
Rol N° 10774-21-CPT.


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta,
Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores IVÁN
ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN,
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ,
señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.
Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y
señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en
dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas
dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el País.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.



María Angélica Firmado digitalmente por
María Angélica Barriga Meza
María Luisa Firmado digitalmente por
María Luisa Brahm Barril
Barriga Meza Fecha:
-04'00'
2021.04.29 19:40:42
Brahm Barril Fecha: 2021.04.29
19:29:14 -04'00'
0000927
NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE


Notificaciones TC (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 20:18
Para: notificacionestc@minsegpres.gob.cl; ggomez@gpgabogados.cl;
jfgarcia@gpgabogados.cl; fgarces@minsegpres.gob.cl; conetto@minsegpres.gob.cl
Asunto: Comunica no admite a trámite Rol 10774-21
Datos adjuntos: 53679_1.pdf



Sres. Gastón Gómez Bernales y José Francisco García García, en
representación de S.E. El Presidente de La República:

Comunico y remito adjunto a ustedes resolución dictada por esta
Magistratura en el proceso Rol N° 10774-21, sobre requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por S.E. el Presidente de la República
respecto del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental, para
establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de
los fondos previsionales, en las condiciones que indica (Boletines N°
13.950-07, 14.054-07, y 14.095-07 refundidos).
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




1
0000928
NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO


Notificaciones TC (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 20:24
Para: ramirez.arrayas.jose.a@gmail.com; X.PALOMINOS.S@GMAIL.COM;
ASAAVEDRAVEAS@GMAIL.COM; TJORDAN@ADABOGADOS.CL;
tomas.jordan@ajpabogados.cl; CONYTOBAR@GMAIL.COM;
AMQUINTANAB@GMAIL.COM; abogadohectoranabalon@gmail.com;
GGOMEZ@GPGABOGADOS.CL; BSANTANDER@ZCABOGADOS.CL; jclaude@aach.cl;
afermandois@fermandois.cl; PZENTENO@BZYCIA.CL;
CATALINA.PEREZ@CONGRESO.CL; anitamartinezc@gmail.com; vhorvath@hdfo.cl;
nacevedo@hdfo.cl; bernardonorambuena@gmail.com
Asunto: Comunica no admite a trámite Rol 10774-21
Datos adjuntos: 53680_1.pdf



Sra. Valentina Horvath Gutiérrez y Sr. Nicolás Acevedo Vega, en
representación de grupo de H. Diputadas y Diputados de la
República:

Sra. Valentina Horvath Gutiérrez, en representación de grupo de H.
Senadores de la República:

Señor José Antonio Ramírez Arrayas, en representación de don
Heraldo Muñoz y Partido por la Democracia:

Sr. Xavier Palominos Segovia, en representación de los H. Diputados
Jaime Mulet y Esteban Velásquez y del Partido Federación
Regionalista Verde Social:

Sr. Antonio Saavedra Veas, en representación del H. Diputado
Gabriel Silber Romo:

Sr. Tomás Jordán Díaz, en representación del H. Diputado Daniel
Verdessi Belemmi y de la Bancada de Diputados del Partido
Demócrata Cristiano:

Sra. María Constanza Tobar Castro, en representación de la H.
Senadora Ximena Rincón González:

Sr. Augusto Quintana Benavides, en representación del Partido
Demócrata Cristiano:


1
0000929
NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE

Sr. Héctor Anabalón Zurita, en representación de Partido Humanista:

Sres. Arturo Fermandois Vöhringer y Boris Marcelo Santander
Cepeda, en representación de Asociación de Aseguradores de Chile
A.G.:

Sr. Pablo Zenteno Muñoz, en representación de la Central Unitaria de
Trabajadores de Chile:

Sra. Ana Martínez Chamorro, en representación de la H. Diputada
Catalina Pérez Salinas y del Partido Revolución Democrática:

Sr. Bernardo Norambuena Castro en representación de Asociación
Gremial de Comerciantes de Ferias, Persas y Mensualeros de
Pudahuel:

Comunico y remito adjunto a ustedes resolución dictada por esta
Magistratura en el proceso Rol N° 10774-21, sobre requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por S.E. el Presidente de la República
respecto del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental, para
establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de
los fondos previsionales, en las condiciones que indica (Boletines N°
13.950-07, 14.054-07, y 14.095-07 refundidos).
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




2
0000930
NOVECIENTOS TREINTA


Notificaciones TC (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 20:25
Para: secretaria@senado.cl; constsen@senado.cl; jsaona@senado.cl
CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com
Asunto: Comunica no admite a trámite Rol 10774-21
Datos adjuntos: 53681_1.pdf



Señor
Raúl Guzmán Uribe
Secretario General
Senado de la República




En el marco del Convenio de comunicación Senado de la República -
Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir adjunta
resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 10774-
21 CPT, sobre requerimiento de inconstitucionalidad presentado por
S.E. el Presidente de la República respecto del proyecto de ley que
modifica la Carta Fundamental, para establecer y regular un
mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos previsionales,
en las condiciones que indica (Boletines N° 13.950-07, 14.054-07, y
14.095-07 refundidos).

Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




1
0000931
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO


Notificaciones TC (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 20:27
Para: tc_camara@congreso.cl; jsmok@congreso.cl; mramos@congreso.cl
CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com
Asunto: Comunica no admite a trámite Rol 10774-21
Datos adjuntos: 53682_1.pdf



Señor
Miguel Landeros Perkic
Secretario
Cámara de Diputadas y Diputados


En el marco del Convenio de comunicación Cámara de Diputadas y
Diputados - Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir
adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N°
10774-21 CPT, sobre requerimiento de inconstitucionalidad
presentado por S.E. el Presidente de la República respecto del
proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental, para establecer y
regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos
previsionales, en las condiciones que indica (Boletines N° 13.950-07,
14.054-07, y 14.095-07 refundidos).

Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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