TC Rol 11016

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DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO




Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.



A fojas 58, estese a lo que se resolverá.

A fojas 59, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí, estese a lo que
se resolverá; al segundo otrosí, ténganse por acompañados; al tercer otrosí, como se
pide; al cuarto y quinto otrosíes, téngase presente.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 19 de mayo de 2021, Inmobiliaria Armonía S.A., acciona
de inconstitucionalidad respecto del Auto Acordado para los Remates Judiciales de
Bienes Inmuebles mediante el Uso de Videoconferencia en Tribunales, contenido en
el Acta N° 13, de 11 de enero de 2021, de la Corte Suprema, para que incida en el
proceso Rol C-6567-2018, seguido ante el Quinto Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se
diera cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, el que fue acogido a trámite
con fecha 4 de junio de 2021, a fojas 53;

3°. Que, luego de lo anterior y examinando el requerimiento al tenor del
artículo 54 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esta Sala se ha
formado convicción de que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en su
numeral 4°. El requerimiento no argumenta con precisión la manera en que el auto
acordado cuestionado afecta el ejercicio de sus derechos constitucionales respecto
de las garantías que estima vulneradas, conforme se razonará a continuación.



I.- Del requerimiento de inconstitucionalidad y las solicitudes formuladas

4°. Que, se impugna por la parte requirente, Inmobiliaria Armonía S.A., en
virtud de la competencia otorgada por la Constitución en su artículo 93, inciso
primero, N° 2, el Auto Acordado para los Remates Judiciales de Bienes Inmuebles
mediante el Uso de Videoconferencia en Tribunales, contenido en el Acta N° 13, de
la Corte Suprema, de 11 de enero de 2021, publicado en el Diario Oficial el día 22
del mismo mes y año, cuyo texto íntegro se acompaña a fojas 36 del expediente;

5°. Que, al tenor de los requisitos de admisión a trámite del artículo 52 de la
ley orgánica constitucional de este Tribunal, se tiene que el requerimiento fue
presentado por la parte de una gestión judicial que corresponde a un juicio
ejecutivo en tramitación ante el Quinto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
Conforme el certificado que rola a fojas 52, la requirente de inconstitucionalidad es
la parte ejecutada en dicha gestión y se encontraba, a 1 de junio de 2021, fijada




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DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO




audiencia de remate “vía zoom para el día 8 de junio del año en curso a las 15:00 Hrs.”,
respecto de un inmueble, actuación solicitada por la ejecutante “mediante plataforma
zoom, u otra análoga, y no de manera presencial como lo explicita el Código de
Procedimiento Civil” (fojas 2);

6°. Que, la inconstitucionalidad que viene a ser requerida por Inmobiliaria
Armonía S.A. se presenta respecto de un auto acordado que regula, precisamente, la
realización de remates durante la vigencia del estado constitucional de catástrofe
por la contingencia sanitaria, lo que ha demandado en nuestro ordenamiento
jurídico diversas adecuaciones para, por una parte, asegurar la continuación del
servicio judicial y el cumplimiento de la garantía de tutela judicial efectiva
resguardando el debido proceso, a tiempo que, por otra parte, se protege la vida y
salud de las personas.

Analizando la contrariedad a la Constitución que implica la aplicación del
cuerpo normativo impugnado, la requirente señala que éste “invade aspectos propios
del dominio legal que es propia de la codificación adjetiva civil que -de acuerdo al artículo 63
de la Constitución- al legislador le corresponde” (fojas 8), agregando que “no se limita a
través de su auto acordado a dictar ciertas condiciones operativas para poder en práctica las
normas del Código de Procedimiento Civil, sino que, sin autoridad alguna, dicta normas
complementarias a las ya previstas por el citado Código y va mucho más allá,
transformándose en legislador de facto” (fojas 9).

Agrega la requirente que la dictación del auto acordado cuestionado “no es
idónea, necesaria, ni proporcionada, en sentido estricto” (fojas 11), en tanto, explica, no se
garantiza la libre puja que debe guiar la realización de una subasta, puesto que los
postores deberán cumplir con una serie de requisitos para participar que no están
previstos de forma general en el Código de Procedimiento Civil, lo que afecta las
garantías del deudor ejecutado que asegura la Constitución en su artículo 19 N°s 2,
3 y 24 (fojas 13). Acota que se contraviene la publicidad, principio fundamental de
la jurisdicción y la inmediación, “al no estar presente todos los postores y en presencia del
juez, este no puede controlar si hay colusión o no entre ellos, que pueden lograr fácilmente
mediante el uso de programa de mensajerías en sus teléfonos celulares” (fojas 13).

Por ello la requirente expone que la garantía del debido proceso se ve
amagada por la aplicación del auto acordado cuestionado. Se deja a la parte
ejecutada “en la indefensión, o a lo menos, en una posición muy desventajosa al no
cumplirse con las normas del debido proceso las que tiene por objeto -en el fondo- la
celebración de una audiencia en donde fluya una puja real para obtener un justo precio”
(fojas 19). Explica que si la subasta no se ajusta al debido proceso se afecta su
derecho de propiedad (fojas 11). A lo anterior también alega vulneración a la
igualdad ante la ley al crearse un procedimiento no previsto en la misma, por lo que
deviene en arbitrario, puesto “que no obedece a ningún tipo de parámetro objetivo para
efectos de establecerla” (fojas 20);




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7°. Que, acogido a tramitación el requerimiento y confiriéndose traslado a
las demás partes de la gestión pendiente, fueron formuladas observaciones por el
ejecutante del juicio ejecutivo seguido contra la requirente, a fojas 59. En su
presentación, la parte de Edmond Baraqui Mauad señala que la actora de
inconstitucionalidad, al sostener el libelo de estos autos, contraría los actos que ha
llevado a cabo en el juicio ejecutivo, toda vez, que amparada en el auto acordado
que cuestiona de inconstitucionalidad, fue que solicitó modificaciones a las bases de
remate (fojas 61), por lo que la acción deducida no se sustentaría en su actuar en la
gestión invocada;

8°. Que, incluida la causa en cuenta de la Primera Sala para resolver su
admisibilidad, en Sesión de 16 de junio de 2021 se estimó que ésta no satisface el
requisito previsto en el artículo 54 N° 4 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, en tanto, de la alegación de la actora
referida a la afectación de sus derechos constitucionales por aplicación directa del
auto acordado cuestionado, no se concluye que de dicho cuerpo normativo es que
se genere dicha afectación y su derogación, por el contrario, sea necesaria para
impedir dicha vulneración.



II.- De la inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad

9°. Que, conforme se desarrolló precedentemente, pueden sintetizarse en
tres las vulneraciones constitucionales que el requerimiento desarrolla por la
aplicación, en un juicio ejecutivo, del Auto Acordado de la Corte Suprema para los
Remates Judiciales de Bienes Inmuebles mediante el Uso de Videoconferencia en
Tribunales, dictado y publicado en el D.O. de enero de 2021: afectación a la
igualdad ante la ley, al debido proceso y al derecho de propiedad, en sede de las
garantías que contemplan los numerales 2°, 3°, inciso sexto, y 24°, del artículo 19 de
la Constitución;

10°. Que, examinando los requisitos del artículo 54 de la ley orgánica
constitucional de esta Magistratura para la declaración de inadmisibilidad de una
cuestión de inconstitucionalidad de un auto acordado, los numerales 1°, 2° y 3°,
aluden a cuestiones que no se vislumbran en la presentación deducida por
Inmobiliaria Armonía S.A., en tanto consta efectivamente que es parte legitimada
para accionar como ejecutada en un juicio ejecutivo que se sigue en su contra ante
un Tribunal civil, en que se ha fijado, según se anotó, audiencia de subasta de un
inmueble. A lo anterior se agrega que, según lo sostiene la requirente, el auto
acordado, debidamente acompañado, no ha sido declarado acorde a la Constitución
en una sentencia previa y se invoque en autos un vicio ya desestimado;

11°. Que, por el contrario, a juicio de esta Sala, el requerimiento adolece de la
causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4° del artículo 54 de la anotada ley
orgánica constitucional. Analizado el libelo, éste no indica “la manera en que el auto
acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente”;




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DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE




12°. Que, el anotado requisito, formulado en términos negativos por el
legislador orgánico constitucional, busca no sólo que se precise y desarrolle la
contrariedad constitucional que supone la aplicación en una concreta gestión, juicio
o procesal penal pendiente, de un determinado auto acordado (Rol N° 1924-11, c.
10°), sino que, junto a ello, la impugnación que se presente activando la
competencia del artículo 93, inciso primero, N° 2, de la Constitución, se funde en el
contraste del auto acordado (uno o más de sus preceptos), con un concreto derecho
fundamental previsto en la Constitución, no así con cualquier norma de ésta.

Según se razonó en resolución recaída en Rol N° 7024-19, c. 10°, a esta
Magistratura le compete examinar desde la fundamentación que desarrolla el
requirente la aptitud que tengan los preceptos del auto acordado cuestionado para
afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de quien presenta la cuestión de
inconstitucionalidad con el importante efecto de, eventualmente, a través de una
sentencia estimatoria, derogar dicho cuerpo normativo según lo exige el artículo 94,
inciso tercero, parte final, de la Constitución;

13°. Que, por ello, no basta para cumplir con el requisito del artículo 54 N° 4
de la ley orgánica constitucional la mera mención a la afectación de una garantía
fundamental, sino que, junto con lo anterior, según se razonó en la resolución de
inadmisibilidad de causa Rol N° 7024-19, c. 19°, debe acreditarse objetivamente por
quien formula la cuestión de inconstitucionalidad que la derogación permite “evitar
el resultado gravoso denunciado por el actor”. Esta precisa cuestión es la que no se
cumple en la especie, lo que lleva necesariamente a la declaración de
inadmisibilidad;

14°. Que, las alegaciones del requerimiento si bien se centran en tres
presuntas afectaciones a las garantías fundamentales de la actora, pueden explicarse
en una argumentación concatenada a partir de la vulneración a la igualdad ante la
ley que implicaría, a través de un procedimiento que no cumple con las garantías de
racionalidad y justicia, afectar su derecho de propiedad por la aplicación de un auto
acordado dictado por la Corte Suprema que permite realizar subastas de inmuebles
por vías telemáticas en el contexto de la contingencia sanitaria en curso. Por ello,
realizando un análisis de estas tres garantías es que la última de éstas, la afectación
al derecho de propiedad, es la que generaría la vulneración constitucional de mayor
entidad, en tanto a través de un actuar procedimental que la requirente estima
contrario a la Constitución es que se le privaría de tal derecho consagrado en la
Carta Fundamental en su artículo 19 N° 24;

15°. Que, la sentencia que dicta el Tribunal civil que actualmente conoce de
la gestión pendiente en que la actora enfrenta un juicio ejecutivo como parte
ejecutada, no puede, al alero de nuestro ordenamiento constitucional, privarle del
dominio de un bien inmueble sobre el cual ha recaído traba de embargo. Por ello,
tampoco, dicha sentencia puede tener la entidad suficiente para amagarle la
garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.




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En el juicio ejecutivo no se discute su propiedad respecto de un bien raíz; por el
contrario, se persigue el cumplimiento de una obligación. Según recordó la STC Rol
N° 8800-21, c. 7°, “la Constitución, en su artículo 19 N° 24°, asegura a todas las personas
el derecho de propiedad, en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes, corporales e
incorporales, habilitando al legislador en los términos dispuestos en su inciso segundo y
prescribiendo, en el inciso tercero, que “[n]adie puede, en caso alguno, ser privado de lo suyo
(…)”, salvo mediante procedimiento expropiatorio, con las fases y requisitos que allí se
contemplan y los que se agregan en los incisos cuarto y quinto del numeral 24°”.

Como se recordó en la anotada STC Rol N° 8800-21, la Constitución de 1925,
en su texto original del artículo 10 N° 10, posibilitaba la privación del dominio por
expropiación o sentencia judicial, referencia esta última eliminada por la Ley N°
16.615, de 1967, orientación mantenida en la Carta hoy vigente, puesto que, dado el
carácter declarativo que tiene la sentencia que dicta un Tribunal en el ámbito de su
competencia, ésta no puede privar del dominio (Historia de la Ley N° 16.615.
Biblioteca del Congreso Nacional. [en línea:
[https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/36897/6/H
L16615.pdf], p. 818).

Al discutirse la redacción de la garantía del artículo 19 N° 24 en la actual
Constitución, esta cuestión se discutió expresamente, plasmando la decisión del
Constituyente: “(…) [e]n cuanto a las sentencias judiciales, hubo unanimidad para estimar
que ella no era una causal de privación del derecho de propiedad, porque en la sentencia
judicial, normalmente, el tribunal no constituye derecho sino que declara derecho. De modo
que ahí no se está privando a nadie de su derecho, sino que el tribunal, dirimiendo una
contienda entre partes, está resolviendo a quien corresponde el derecho en un determinado
caso. Y si se trata de juicio ejecutivo y de la venta forzada en virtud del derecho de prenda
general del acreedor, no se está privando del derecho de dominio al titular, sino que hay una
compraventa, hay un consentimiento prestado en una forma especial, porque se estima que
un deudor, en el momento de contraer una obligación y entregar en prenda general su
patrimonio, conforme al sistema que establece nuestro Código Civil, desde ya está
consintiendo en que si no paga su obligación, la propiedad será vendida, y el precio aplicado
al cumplimiento de su obligación, con lo cual no se produce privación del derecho” (Sesión
N° 149ª, celebrada el 2 de septiembre de 1975) (STC Rol N° 8800-20, cc. 8°-9°. En iguales
términos y refiriéndose a los antecedentes históricos de la redacción de la norma
constitucional en vigor, entre otras, STC Roles N°s 6611-19, c. 23°; 3086-16, c. 23°;
2644-14, c. 62°; 2643-14, c. 62°; 2312-12, c. 9°; 1260-08, c. 5°);

16°. Que, lo anterior es reconducible al caso concreto que constituye la
gestión relacionada con el requerimiento de inconstitucionalidad presentado. La
cuestión sometida al conocimiento y resolución de esta Magistratura se vincula con
la afectación que supondría a la actora, como manifestación de la vulneración a la
igualad ante la ley y al debido proceso, ser privada de su propiedad por realizarse
la subasta de un inmueble por vía remota, en el marco de un juicio ejecutivo
seguido en su contra.




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DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE




Lo anterior no puede sostenerse para sortear la fase de admisibilidad. El
Tribunal que conoce de la gestión pendiente, el Quinto Juzgado de Letras en lo Civil
de Santiago, a vía ejemplar, por resolución de 30 de mayo de 2019, a fojas 90,
resolvió que el ejecutado ha podido comparecer en tiempo para hacer valer sus
derechos, lo que se manifiesta en que ha incidentado de nulidad de todo lo obrado,
ha recurrido de apelación respecto de actuaciones que no ha estimado ajustadas a
derecho (fojas 91), y ha recurrido de hecho cuando no le han sido concedido
recursos (fojas 94). Todavía más, y desestimando las excepciones que la ejecutada
opuso, por resolución que rola a fojas 108 y siguientes, de 25 de noviembre de 2019,
se ordenó “seguir adelante la ejecución hasta hacer entero y cumplido pago de su acreencia
a la ejecutante”.

La anotada resolución explica lo razonado: la gestión seguida contra la
actora consiste en un juicio ejecutivo en que se le requirió de pago respecto de un
título que contendría una obligación adeudada, “título ejecutivo (que) para ser tal debe
dar cuenta de una obligación indubitada” (Romero Seguel, Alejandro (1999). “La
sentencia que causa ejecutoria como título ejecutivo”. En Revista Chilena de Derecho,
Vol. 26, p. 190). Y el título se hace valer a través de un juicio ejecutivo, precisamente,
porque a través del mismo se reclama el cumplimiento de una obligación de dar
valiéndose de uno de los instrumentos que expresamente contempla la ley (artículo
434, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil), por contener un derecho
indubitable al que se le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento
forzado de la obligación en él contenida (Sentencia Corte Suprema en Rol N° 27.648-
20, c. 3°);

17°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad deducido
adolece de la causal prevista en el artículo 54 N° 4, de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal. La cuestión de inconstitucionalidad que se
desarrolla en el requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación del
auto acordado cuestionado implique una vulneración de su derecho de propiedad
debido a un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la
realización de una subasta pública a través de medios remotos. No se explica cómo
la derogación intentada, por el contrario, tendría la entidad para restablecer la
supremacía constitucional y evitar la vulneración a las específicas garantías que se
anotan en el libelo presentado, en tanto el juicio ejecutivo seguido en su contra no
puede, según lo señalado, privarle de su dominio;

18°. Que, por todas las razones precedentes, ha de declararse la
inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por
inmobiliaria Armonía S.A. respecto del Auto Acordado dictado en enero de 2021,
por la Corte Suprema, para los Remates Judiciales de Bienes Inmuebles mediante el
Uso de Videoconferencia en Tribunales.




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Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 2°, de la Constitución Política y en los artículos 54, N° 4 y demás
pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1. Álcese la
suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 11.016-21-CAA.


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus
Ministros señores Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez y
Miguel Ángel Fernández González.
Firma el señor Presidente de la Sala, y se certifica que los demás señores
Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no
encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las
medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.
Firmado digitalmente
Iván Enrique por Iván Enrique Aróstica
Firmado digitalmente
Aróstica Maldonado
María Fecha: 2021.06.29
por María Angélica Maldonado 11:03:38 -04'00'
Angélica Barriga Meza
Fecha: 2021.06.29
Barriga Meza 11:04:00 -04'00'




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DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO


Notificaciones (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: martes, 29 de junio de 2021 12:15
Para: enehmec@gmail.com; DOKSENBERG@OSYCIA.CL
Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 11016-21
Datos adjuntos: 58776_1.pdf



Sr. Elías Christian Nehme Carpanetti por la requirente
Sr. Daniel Oksenberg González y Jorsua Arancibia Lobos en
representación de , Edmond Pedro Baraqui Mauad
Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura
en el proceso Rol N° 11016-21-INA, sobre requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por Inmobiliaria Armonía S.A.
respecto del Auto Acordado para los remates judiciales de bienes
inmuebles mediante el uso de videoconferencia en tribunales,
contenido en el Acta N° 13, de la Excelentísima Corte Suprema, de 11
de enero del 2021, en el proceso Rol C-6567-2018, sobre juicio
ejecutivo, seguido ante el Quinto Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago.
Ruego acusar recibo
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS


Notificaciones (MOO)

De: Notificaciones (MOO) <notificaciones@tcchile.cl>
Enviado el: martes, 29 de junio de 2021 12:17
Para: 'jcsantiago5@pjud.cl'; 'jcdiaz@pjud.cl'; 'mjorquera@pjud.cl'; 'mcramos@pjud.cl';
'ncfernandez@pjud.cl'
CC: 'notificaciones.tc@gmail.com'; 'María Angélica Barriga Meza'; 'nmoran@tcchile.cl';
'mortuzar@tcchile.cl'
Asunto: Comunico Inadmisibilidad y alzamiento de la suspensión
Datos adjuntos: 11016 Inadmisibilidad.pdf



Señora Magistrada
María Soledad Jorquera Binner

Señora
María Cristina Ramos Jara
Oficial Primero

Quinto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago

Junto con saludarle, adjunto y remito a usted resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol
N° 11016-21-INA, sobre requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Inmobiliaria Armonía S.A.
respecto del Auto Acordado para los remates judiciales de bienes inmuebles mediante el uso de videoconferencia
en tribunales, contenido en el Acta N° 13, de la Excelentísima Corte Suprema, de 11 de enero del 2021, en el
proceso Rol C-6567-2018, sobre juicio ejecutivo, seguido ante el Quinto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
Para su conocimiento y fines pertinentes.
Ruego acusar recibo


Cordialmente
Marco Ortúzar Orellana
Oficial Segundo
Tribunal Constitucional
Fono: (56-2) 272 19 222
Huérfanos 1234
Santiago – Chile


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