TC Rol 11175

Texto completo

0000048
CUARENTA Y OCHO




Santiago, nueve de agosto de dos mil veintiuno.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 9 de junio de 2021, Agrícola Capilla Palacios Limitada,
Rodrigo Alexis Molina Jara y Marisol Marcela García de la Cruz, accionan de
inconstitucionalidad respecto del Auto Acordado para los Remates Judiciales de
Bienes Inmuebles mediante el Uso de Videoconferencia en Tribunales, contenido en
el Acta N° 13, de 11 de enero de 2021, de la Corte Suprema, para que incida en el
proceso Rol C-10.713-2019, seguido ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se
diera cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, acogiéndolo a tramitación por
resolución que rola a fojas 43, de 29 de junio de 2021;

3°. Que, luego, examinando el requerimiento al tenor del artículo 54 de la
Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esta Sala ha constatado que
concurre la causal de inadmisibilidad prevista en su numeral 4°. Siguiendo lo
razonado en resolución de inadmisibilidad recaída en causa Rol N° 11.016-21, el
requirente no argumenta con precisión la manera en que el auto acordado
cuestionado afecta el ejercicio de sus derechos constitucionales respecto de las
garantías que estima vulneradas;

4°. Que, se impugnan diversas disposiciones del Auto Acordado para los
Remates Judiciales de Bienes Inmuebles mediante el Uso de Videoconferencia en
Tribunales, contenido en el Acta N° 13, de la Corte Suprema, de 11 de enero de
2021, publicado en el Diario Oficial el día 22 del mismo mes y año. Al tenor de los
requisitos de admisión a trámite del artículo 52 de la ley orgánica constitucional de
este Tribunal, se tiene que el requerimiento fue presentado por la parte de una
gestión judicial seguida ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago;

5°. Que, la inconstitucionalidad requerida se presenta respecto de un auto
acordado que regula la realización de remates durante la vigencia del estado
constitucional de catástrofe por la contingencia sanitaria, lo que ha demandado en
nuestro ordenamiento jurídico diversas adecuaciones para, por una parte, asegurar
la continuación del servicio judicial y el cumplimiento de la garantía de tutela
judicial efectiva resguardando el debido proceso, a tiempo que, por otra parte, se
protege la vida y salud de las personas.

Analizando la contrariedad a la Constitución que implica la aplicación del
cuerpo normativo impugnado, la requirente señala que se vulneran los artículos 1°;
6°; 7°; 19 Nº 2; 19 Nº 3, incisos segundo y sexto, 19 N°s 24 y N°26 (fojas 20);




1
0000049
CUARENTA Y NUEVE




6°. Que, por lo anterior, las vulneraciones constitucionales se centran en
transgresión a los principios de supremacía constitucional y de reserva legal (fojas
7); en el “déficit de ponderación que la Excma. Corte Suprema tuvo al momento de
confeccionar el cuerpo normativo tachado de inconstitucional” (fojas 8); vulneración
al derecho de propiedad (fojas 10); a la exigencia de debido proceso legal (fojas 11);
a los principios de publicidad e inmediación (fojas 13); igualdad ante la ley (fojas
17); y la garantía de contenido esencial de los derechos (fojas 18);

7°. Que, conforme se fallara en Rol N° 11.016-21, considerando las
alegaciones constitucionales que el requerimiento de autos desarrolla, éste adolece
de la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4° del artículo 54 de la
anotada ley orgánica constitucional. Analizado el libelo, éste no indica “la manera en
que el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente”;

8°. Que, el anotado requisito, formulado en términos negativos por el
legislador orgánico constitucional, busca no sólo que se precise y desarrolle la
contrariedad constitucional que supone la aplicación en una concreta gestión, juicio
o procesal penal pendiente, de un determinado auto acordado (Rol N° 1924-11, c.
10°), sino que, junto a ello, la impugnación que se presente activando la
competencia del artículo 93, inciso primero, N° 2, de la Constitución, se funde en el
contraste del auto acordado (uno o más de sus preceptos), con un concreto derecho
fundamental previsto en la Constitución, no así con cualquier norma de ésta.

Según se razonó en resolución recaída en Rol N° 7024-19, c. 10°, a esta
Magistratura le compete examinar desde la fundamentación que desarrolla el
requirente la aptitud que tengan los preceptos del auto acordado cuestionado para
afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de quien presenta la cuestión de
inconstitucionalidad con el importante efecto de, eventualmente, a través de una
sentencia estimatoria, derogar dicho cuerpo normativo según lo exige el artículo 94,
inciso tercero, parte final, de la Constitución;

9°. Que, por ello, no basta para cumplir con el requisito del artículo 54 N° 4
de la ley orgánica constitucional la mera mención a la afectación de una garantía
fundamental, sino que, junto con lo anterior, según se razonó en la resolución de
inadmisibilidad de causa Rol N° 7024-19, c. 19°, debe acreditarse objetivamente por
quien formula la cuestión de inconstitucionalidad que la derogación permite “evitar
el resultado gravoso denunciado por el actor”. Esta precisa cuestión es la que no se
cumple en la especie, lo que lleva necesariamente a la declaración, desde ya, de
inadmisibilidad;

10°. Que, las alegaciones se centran en las ya anotadas presuntas
afectaciones a las garantías fundamentales de la actora, pueden explicarse en una
argumentación concatenada a partir de la vulneración a la igualdad ante la ley que
implicaría, a través de un procedimiento que no cumple con las garantías de
racionalidad y justicia, afectar su derecho de propiedad por la aplicación de un auto
acordado dictado por la Corte Suprema que permite realizar subastas de inmuebles




2
0000050
CINCUENTA




por vías telemáticas en el contexto de la contingencia sanitaria en curso, invadiendo
las facultades del legislador. Por ello, realizando un análisis de estas garantías es
que la afectación al derecho de propiedad es la que generaría la vulneración
constitucional de mayor entidad, en tanto a través de un actuar procedimental que
la requirente estima contrario a la Constitución es que se le privaría de tal derecho
consagrado en la Carta Fundamental en su artículo 19 N° 24;

11°. Que, según se razonó en resolución de inadmisibilidad recaída en causa
Rol N° 11.016-21, la sentencia que dicta el Tribunal civil que actualmente conoce de
la gestión pendiente, no puede, al alero de nuestro ordenamiento constitucional,
privarle del dominio de un bien inmueble sobre el cual ha recaído traba de
embargo. Por ello, tampoco, dicha sentencia puede tener la entidad suficiente para
amagarle la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta
Fundamental. En el juicio ejecutivo no se discute su propiedad respecto de un bien
raíz; por el contrario, se persigue el cumplimiento de una obligación. Según recordó
la STC Rol N° 8800-21, c. 7°, “la Constitución, en su artículo 19 N° 24°, asegura a todas
las personas el derecho de propiedad, en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes,
corporales e incorporales, habilitando al legislador en los términos dispuestos en su inciso
segundo y prescribiendo, en el inciso tercero, que “[n]adie puede, en caso alguno, ser privado
de lo suyo (…)”, salvo mediante procedimiento expropiatorio, con las fases y requisitos que
allí se contemplan y los que se agregan en los incisos cuarto y quinto del numeral 24°”.

Como se recordó en la anotada STC Rol N° 8800-21, la Constitución de 1925,
en su texto original del artículo 10 N° 10, posibilitaba la privación del dominio por
expropiación o sentencia judicial, referencia esta última eliminada por la Ley N°
16.615, de 1967, orientación mantenida en la Carta hoy vigente, puesto que, dado el
carácter declarativo que tiene la sentencia que dicta un Tribunal en el ámbito de su
competencia, ésta no puede privar del dominio (Historia de la Ley N° 16.615.
Biblioteca del Congreso Nacional. [en línea:
[https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/36897/6/H
L16615.pdf], p. 818).

Al discutirse la redacción de la garantía del artículo 19 N° 24 en la actual
Constitución, esta cuestión se discutió expresamente, plasmando la decisión del
Constituyente: “(…) [e]n cuanto a las sentencias judiciales, hubo unanimidad para estimar
que ella no era una causal de privación del derecho de propiedad, porque en la sentencia
judicial, normalmente, el tribunal no constituye derecho sino que declara derecho. De modo
que ahí no se está privando a nadie de su derecho, sino que el tribunal, dirimiendo una
contienda entre partes, está resolviendo a quien corresponde el derecho en un determinado
caso. Y si se trata de juicio ejecutivo y de la venta forzada en virtud del derecho de prenda
general del acreedor, no se está privando del derecho de dominio al titular, sino que hay una
compraventa, hay un consentimiento prestado en una forma especial, porque se estima que
un deudor, en el momento de contraer una obligación y entregar en prenda general su
patrimonio, conforme al sistema que establece nuestro Código Civil, desde ya está
consintiendo en que si no paga su obligación, la propiedad será vendida, y el precio aplicado




3
0000051
CINCUENTA Y UNO




al cumplimiento de su obligación, con lo cual no se produce privación del derecho” (Sesión
N° 149ª, celebrada el 2 de septiembre de 1975) (STC Rol N° 8800-20, cc. 8°-9°. En iguales
términos y refiriéndose a los antecedentes históricos de la redacción de la norma
constitucional en vigor, entre otras, STC Roles N°s 6611-19, c. 23°; 3086-16, c. 23°;
2644-14, c. 62°; 2643-14, c. 62°; 2312-12, c. 9°; 1260-08, c. 5°);

12°. Que, lo anterior es reconducible al caso concreto que constituye la
gestión relacionada con el requerimiento de inconstitucionalidad presentado. La
cuestión sometida al conocimiento y resolución de esta Magistratura se vincula con
la afectación que supondría a la actora, como manifestación de la vulneración a la
igualdad ante la ley y al debido proceso y a los principios de juridicidad y
legalidad, ser privada de su propiedad por realizarse la subasta de un inmueble por
vía remota, en el marco de un proceso seguido ante el Cuarto Juzgado de Letras en
lo Civil de Santiago.

La gestión seguida contra la actora consiste en un juicio ejecutivo en que se
le requirió de pago respecto de un título que contendría una obligación adeudada,
“título ejecutivo (que) para ser tal debe dar cuenta de una obligación indubitada” (Romero
Seguel, Alejandro (1999). “La sentencia que causa ejecutoria como título ejecutivo”.
En Revista Chilena de Derecho, Vol. 26, p. 190). Y el título se hace valer a través de un
juicio ejecutivo, precisamente, porque a través del mismo se reclama el
cumplimiento de una obligación de dar valiéndose de uno de los instrumentos que
expresamente contempla la ley (artículo 434, inciso primero, del Código de
Procedimiento Civil), por contener un derecho indubitable al que se le atribuye la
suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la obligación en él
contenida (Sentencia Corte Suprema en Rol N° 27.648-20, c. 3°);

13°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad deducido
adolece de la causal prevista en el artículo 54 N° 4, de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal. La cuestión de inconstitucionalidad que se
desarrolla en el requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación del
auto acordado cuestionado implique una vulneración de su derecho de propiedad
debido a un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la
realización de una subasta pública a través de medios remotos. No se explica cómo
la derogación intentada, por el contrario, tendría la entidad para restablecer la
supremacía constitucional y evitar la vulneración a las específicas garantías que se
anotan en el libelo presentado, en tanto el juicio ejecutivo seguido en su contra no
puede, según lo señalado, privarle de su dominio;

14°. Que, por todas las razones precedentes, ha de declararse la
inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Agrícola
Capilla Palacios Limitada, Rodrigo Alexis Molina Jara y Marisol Marcela García De
la Cruz respecto del Auto Acordado dictado en enero de 2021, por la Corte
Suprema, para los Remates Judiciales de Bienes Inmuebles mediante el Uso de
Videoconferencia en Tribunales.




4
0000052
CINCUENTA Y DOS




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 2°, de la Constitución Política y en los artículos 54, N° 4 y demás
pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.



Notifíquese. Archívese.

Rol N° 11.175-21-CAA.


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus
Ministros señores Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez,
Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Pica Flores.
Firma el señor Presidente de la Sala, y se certifica que los demás señores
Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no
encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las
medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.


Iván Enrique Firmado digitalmente
por Iván Enrique
María Firmado digitalmente
por María Angélica Aróstica Aróstica Maldonado
Fecha: 2021.08.09
Angélica Barriga Meza
Maldonado 09:54:55 -04'00'
Fecha: 2021.08.09
Barriga Meza 09:55:15 -04'00'




5
0000053
CINCUENTA Y TRES


Notificaciones (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: lunes, 9 de agosto de 2021 11:02
Para: abogadomarcovillagra@gmail.com; silva.abogado2005@gmail.com
Asunto: Comunica Resolución Rol 11175-21
Datos adjuntos: 62867_1.pdf



Sr. Marco Antonio Villagra Martínez por la requirente;
Sr. Oscar Agustín Silva Pizarro en representación del demandante
Multiaval S.A.G.R.
Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura
en el proceso Rol N° 11175-21-INA, sobre requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por Agrícola Capilla Palacios Limitada,
Rodrigo Alexis Molina Jara y Marisol Marcela García De la Cruz
respecto del Auto Acordado para los remates judiciales de bienes
inmuebles mediante el uso de videoconferencia en tribunales,
contenido en el Acta N° 13, de la Excelentísima Corte Suprema, de 11
de enero del 2021, en el proceso Rol C-10.713-2019, seguido ante el
Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
Ruego acusar recibo
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




1
0000054
CINCUENTA Y CUATRO


Notificaciones (MOO)

De: Notificaciones (MOO) <notificaciones@tcchile.cl>
Enviado el: lunes, 9 de agosto de 2021 11:04
Para: 'jcsantiago4@pjud.cl'; 'jlazcano@pjud.cl'; 'aschade@pjud.cl'
CC: 'msanchez@tcchile.cl'; 'ofuentes@tcchile.cl'; 'notificaciones.tc@gmail.com'; 'Marco
Ortuzar Orellana'
Asunto: Comunica Inadmisibilidad
Datos adjuntos: 11175 Inadmisibilidad.pdf



Señor
Juan José Lazcano Ruiz
Secretario (S)
4°Juzgado de letras en lo Civil de Santiago.

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N°
11175-21-INA, sobre requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Agrícola
Capilla Palacios Limitada, Rodrigo Alexis Molina Jara y Marisol Marcela García De la Cruz
respecto del Auto Acordado para los remates judiciales de bienes inmuebles mediante el
uso de videoconferencia en tribunales, contenido en el Acta N° 13, de la Excelentísima
Corte Suprema, de 11 de enero del 2021, en el proceso C-10.713-2019, seguido ante el
Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

Ruego acusar recibo
Atentamente


Marco Ortúzar Orellana
Oficial Segundo
Tribunal Constitucional
Fono: (56-2) 272 19 222
Huérfanos 1234
Santiago – Chile




1