TC Rol 1128

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CIENTO OCHENTA Y OCHO


Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 15 de mayo de 2026, Comercializadora y Servicios
Recaso SpA. acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
del artículo 8° N° 9 inciso primero de la Ley N° 18.101, sobre
arrendamiento de predios urbanos, y del artículo 44 del Código de
Procedimiento Civil, para que ello incida en la causa Rol Civil-1251-2026,
seguida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala.

3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores, ha resuelto que si un requerimiento de inaplicabilidad adolece
de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar,
resulta inconducente que la Sala respectiva efectúe un examen previo de
admisión a trámite, procediendo que la misma declare derechamente la
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, resoluciones recaídas en
causas Roles N°s 13.620, 15.076, 15.112 y 17.091);

4°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de
esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible;

5°. Que la gestión invocada corresponde a un recurso de hecho
deducido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en el
marco de un juicio de terminación de arrendamiento seguido ante el 2°
Juzgado Civil de Concepción. En dicho proceso, el tribunal de primera
instancia rechazó un incidente de nulidad procesal de la notificación de la
demanda y declaró improcedente la apelación subsidiaria deducida en su
contra, fundándose en el artículo 8° N° 9 de la Ley N° 18.101. La requirente
sostiene que la notificación cuya nulidad solicitó fue practicada el 23 de
abril de 2026 en circunstancias en que ya había sido notificada
materialmente el 21 de abril de 2026 y había comparecido formalmente al
juicio en esa misma fecha;

6°. Que la requirente funda el conflicto constitucional en que la
aplicación conjunta del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil y del
artículo 8° N° 9 de la Ley N° 18.101 vulnera los artículos 19 N°s 3 y 26 de la
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CIENTO OCHENTA Y NUEVE


Constitución, por cuanto el primero habría sido aplicado sin que
concurriera su presupuesto habilitante al practicarse la notificación
sustitutiva cuando la parte ya había sido habida y notificada y el segundo
impediría someter esa decisión a revisión por un tribunal superior;

7°. Que, del examen del requerimiento, esta Sala advierte que el
libelo adolece de dos déficits argumentativos que impiden tener por
fundado plausiblemente un conflicto constitucional.

En primer término, el requerimiento no desarrolla de manera
suficiente el agravio constitucional concreto que la aplicación de los
preceptos impugnados produciría en el caso particular del requirente. El
libelo sostiene que la coexistencia de dos notificaciones practicadas en
fechas distintas genera una incertidumbre sobre cuándo quedó
válidamente emplazada. Sin embargo, la propia requirente reconoce haber
sido notificada materialmente el 21 de abril de 2026 y haber comparecido
formalmente al juicio en esa misma fecha. Desde esa premisa, el
requerimiento no explica de qué manera concreta el derecho de defensa
resultó efectivamente afectado en la gestión pendiente, ni por qué la
existencia de una segunda notificación posterior le irrogó un perjuicio
constitucionalmente relevante en el ejercicio de sus cargas procesales;

8°. Que, en segundo término, el conflicto que el requirente somete a
esta Magistratura no es, en su núcleo, uno de constitucionalidad concreta
de la ley, sino un asunto de legalidad relativo a la ritualidad procedimental
de la gestión sub lite. En efecto, lo que se plantea es que el artículo 44 del
Código de Procedimiento Civil fue aplicado sin que concurriera su
presupuesto habilitante al practicarse la notificación sustitutiva cuando la
parte ya había sido habida y que el artículo 8° N° 9 de la Ley N° 18.101
impide someter esa decisión a revisión superior. Dicha determinación
corresponde a cuestiones propias del ámbito de control jurisdiccional que
ejerce la judicatura ordinaria, y precisamente sobre ellas versa el recurso
de hecho que constituye la gestión pendiente. Esa labor no puede ser
sustituida por esta Magistratura a través de la acción de inaplicabilidad,
que no constituye una instancia para revisar decisiones judiciales ni para
corregir los eventuales errores interpretativos del juez del fondo (STC Roles
N°s 493, 2465, 14.945, 15.021, 15.079, 15.084 y 15.936);

9°. Que, por todo lo expuesto, el requerimiento deducido no cuenta
con fundamento plausible para sortear el requisito previsto en el artículo
84 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
y así será declarado.
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CIENTO NOVENTA




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA: Derechamente inadmisible el requerimiento
deducido a lo principal, de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Archívese.

Rol N° 17.600-26-INA.




Miguel Angel Fernández González
Fecha: 25/05/2026



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 25/05/2026 Fecha: 25/05/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 25/05/2026




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