TC Rol 11511

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CIENTO TREINTA Y DOS




Santiago, trece de agosto de dos mil veintiuno.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 28 de julio de 2021, Lucas José Morey Martínez, acciona
de inconstitucionalidad respecto de los artículos 7, inciso segundo, 8, 10 y 11 del
Auto Acordado para los Remates Judiciales de Bienes Inmuebles mediante el Uso
de Videoconferencia en Tribunales, contenido en el Acta N° 13, de 11 de enero de
2021, de la Corte Suprema, para que incida en el proceso Rol C-16.046-2017, seguido
ante el Decimocuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se
diera cuenta del requerimiento ante la Primera Sala;

3°. Que, examinando el requerimiento al tenor del artículo 54 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esta Sala ha constatado que concurre
la causal de inadmisibilidad prevista en su numeral 4°. Siguiendo lo razonado en
resolución de inadmisibilidad recaída en causa Rol N° 11.016-21, el requirente no
argumenta con precisión la manera en que el auto acordado cuestionado afecta el
ejercicio de sus derechos constitucionales respecto de las garantías que estima
vulneradas, lo que imposibilita, desde ya, el análisis en sede de admisión a trámite;

4°. Que, se impugnan diversas disposiciones del Auto Acordado para los
Remates Judiciales de Bienes Inmuebles mediante el Uso de Videoconferencia en
Tribunales, contenido en el Acta N° 13, de la Corte Suprema, de 11 de enero de
2021, publicado en el Diario Oficial el día 22 del mismo mes y año. Se tiene que el
requerimiento fue presentado por la parte de una gestión judicial seguida ante el
Decimocuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago;

5°. Que, la inconstitucionalidad requerida se presenta respecto de un auto
acordado que regula la realización de remates durante la vigencia del estado
constitucional de catástrofe por la contingencia sanitaria, lo que ha demandado en
nuestro ordenamiento jurídico diversas adecuaciones para, por una parte, asegurar
la continuación del servicio judicial y el cumplimiento de la garantía de tutela
judicial efectiva resguardando el debido proceso, a tiempo que, por otra parte, se
protege la vida y salud de las personas.

Analizando la contrariedad a la Constitución que implica la aplicación del
cuerpo normativo impugnado, la requirente señala que se vulneran los artículos 6°
y 7° (fojas 15); 19 N°s 3, inciso sexto (señalado como inciso quinto a fojas 16), y 63
N° 3 (fojas 16); 19 N° 26 (fojas 18); 19 N° 24 (fojas 19); y 19 N° 2 (fojas 26);

6°. Que, por lo anterior, las vulneraciones constitucionales se centran en
transgresión a los principios de juridicidad y reserva legal en materias propias de
codificación y en la exigencia de justo y racional procedimiento, en vulneración al




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contenido esencial de las garantías constitucionales, al derecho de propiedad, y a la
igualdad ante la ley;

7°. Que, conforme se fallara en Rol N° 11.016-21, considerando las
alegaciones constitucionales que el requerimiento de autos desarrolla, éste adolece
de la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4° del artículo 54 de la
anotada ley orgánica constitucional. Analizado el libelo, éste no indica “la manera en
que el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente”;

8°. Que, el anotado requisito, formulado en términos negativos por el
legislador orgánico constitucional, busca no sólo que se precise y desarrolle la
contrariedad constitucional que supone la aplicación en una concreta gestión, juicio
o procesal penal pendiente, de un determinado auto acordado (Rol N° 1924-11, c.
10°), sino que, junto a ello, la impugnación que se presente activando la
competencia del artículo 93, inciso primero, N° 2, de la Constitución, se funde en el
contraste del auto acordado (uno o más de sus preceptos), con un concreto derecho
fundamental previsto en la Constitución, no así con cualquier norma de ésta.

Según se razonó en resolución recaída en Rol N° 7024-19, c. 10°, a esta
Magistratura le compete examinar desde la fundamentación que desarrolla el
requirente la aptitud que tengan los preceptos del auto acordado cuestionado para
afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de quien presenta la cuestión de
inconstitucionalidad con el importante efecto de, eventualmente, a través de una
sentencia estimatoria, derogar dicho cuerpo normativo según lo exige el artículo 94,
inciso tercero, parte final, de la Constitución;

9°. Que, por ello, no basta para cumplir con el requisito del artículo 54 N° 4
de la ley orgánica constitucional la mera mención a la afectación de una garantía
fundamental, sino que, junto con lo anterior, según se razonó en la resolución de
inadmisibilidad de causa Rol N° 7024-19, c. 19°, debe acreditarse objetivamente por
quien formula la cuestión de inconstitucionalidad que la derogación permite “evitar
el resultado gravoso denunciado por el actor”. Esta precisa cuestión es la que no se
cumple en la especie, lo que lleva necesariamente a la declaración, desde ya, de
inadmisibilidad;

10°. Que, las alegaciones se centran en las ya anotadas presuntas
afectaciones a las garantías fundamentales de la actora, pueden explicarse en una
argumentación concatenada a partir de la vulneración a la igualdad ante la ley que
implicaría, a través de un procedimiento que no cumple con las garantías de
racionalidad y justicia, afectar su derecho de propiedad por la aplicación de un auto
acordado dictado por la Corte Suprema que permite realizar subastas de inmuebles
por vías telemáticas en el contexto de la contingencia sanitaria en curso, invadiendo
las facultades del legislador. Por ello, realizando un análisis de estas garantías es
que la afectación al derecho de propiedad es la que generaría la vulneración
constitucional de mayor entidad, en tanto a través de un actuar procedimental que




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la requirente estima contrario a la Constitución es que se le privaría de tal derecho
consagrado en la Carta Fundamental en su artículo 19 N° 24;

11°. Que, según se razonó en resolución de inadmisibilidad recaída en causa
Rol N° 11.016-21, la sentencia que dicta el Tribunal civil que actualmente conoce de
la gestión pendiente, no puede, al alero de nuestro ordenamiento constitucional,
privarle del dominio de un bien inmueble sobre el cual ha recaído traba de
embargo. Por ello, tampoco, dicha sentencia puede tener la entidad suficiente para
amagarle la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta
Fundamental. En el juicio ejecutivo no se discute su propiedad respecto de un bien
raíz; por el contrario, se persigue el cumplimiento de una obligación. Según recordó
la STC Rol N° 8800-21, c. 7°, “la Constitución, en su artículo 19 N° 24°, asegura a todas
las personas el derecho de propiedad, en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes,
corporales e incorporales, habilitando al legislador en los términos dispuestos en su inciso
segundo y prescribiendo, en el inciso tercero, que “[n]adie puede, en caso alguno, ser privado
de lo suyo (…)”, salvo mediante procedimiento expropiatorio, con las fases y requisitos que
allí se contemplan y los que se agregan en los incisos cuarto y quinto del numeral 24°”.

Como se recordó en la anotada STC Rol N° 8800-21, la Constitución de 1925,
en su texto original del artículo 10 N° 10, posibilitaba la privación del dominio por
expropiación o sentencia judicial, referencia esta última eliminada por la Ley N°
16.615, de 1967, orientación mantenida en la Carta hoy vigente, puesto que, dado el
carácter declarativo que tiene la sentencia que dicta un Tribunal en el ámbito de su
competencia, ésta no puede privar del dominio (Historia de la Ley N° 16.615.
Biblioteca del Congreso Nacional. [en línea:
[https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/36897/6/H
L16615.pdf], p. 818).

Al discutirse la redacción de la garantía del artículo 19 N° 24 en la actual
Constitución, esta cuestión se discutió expresamente, plasmando la decisión del
Constituyente: “(…) [e]n cuanto a las sentencias judiciales, hubo unanimidad para estimar
que ella no era una causal de privación del derecho de propiedad, porque en la sentencia
judicial, normalmente, el tribunal no constituye derecho sino que declara derecho. De modo
que ahí no se está privando a nadie de su derecho, sino que el tribunal, dirimiendo una
contienda entre partes, está resolviendo a quien corresponde el derecho en un determinado
caso. Y si se trata de juicio ejecutivo y de la venta forzada en virtud del derecho de prenda
general del acreedor, no se está privando del derecho de dominio al titular, sino que hay una
compraventa, hay un consentimiento prestado en una forma especial, porque se estima que
un deudor, en el momento de contraer una obligación y entregar en prenda general su
patrimonio, conforme al sistema que establece nuestro Código Civil, desde ya está
consintiendo en que si no paga su obligación, la propiedad será vendida, y el precio aplicado
al cumplimiento de su obligación, con lo cual no se produce privación del derecho” (Sesión
N° 149ª, celebrada el 2 de septiembre de 1975) (STC Rol N° 8800-20, cc. 8°-9°. En iguales
términos y refiriéndose a los antecedentes históricos de la redacción de la norma




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constitucional en vigor, entre otras, STC Roles N°s 6611-19, c. 23°; 3086-16, c. 23°;
2644-14, c. 62°; 2643-14, c. 62°; 2312-12, c. 9°; 1260-08, c. 5°);

12°. Que, lo anterior es reconducible al caso concreto que constituye la
gestión relacionada con el requerimiento de inconstitucionalidad presentado. La
cuestión sometida al conocimiento y resolución de esta Magistratura se vincula con
la afectación que supondría a la actora, como manifestación de la vulneración a la
igualdad ante la ley y al debido proceso y a los principios de juridicidad y
legalidad, ser privada de su propiedad por realizarse la subasta de un inmueble por
vía remota, en el marco de un proceso seguido ante el Decimocuarto Juzgado de
Letras en lo Civil de Santiago.

La gestión seguida contra la actora consiste en el cumplimiento incidental de
una sentencia ejecutoriada, trabándose embargo respecto del bien raíz que se señala
a fojas 7 y por el cual se propusieron bases de remate;

13°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad deducido
adolece de la causal prevista en el artículo 54 N° 4, de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal. La cuestión de inconstitucionalidad que se
desarrolla en el requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación del
auto acordado cuestionado implique una vulneración de su derecho de propiedad
debido a un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la
realización de una subasta pública a través de medios remotos. No se explica cómo
la derogación intentada, por el contrario, tendría la entidad para restablecer la
supremacía constitucional y evitar la vulneración a las específicas garantías que se
anotan en el libelo presentado, en tanto el proceso seguido en su contra no puede,
según lo señalado, privarle de su dominio;

14°. Que, por todas las razones precedentes, ha de declararse la
inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Lucas
José Morey Martínez respecto de diversas disposiciones contenidas en el Auto
Acordado dictado en enero de 2021, por la Corte Suprema, para los Remates
Judiciales de Bienes Inmuebles mediante el Uso de Videoconferencia en Tribunales.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 2°, de la Constitución Política y en los artículos 54, N° 4 y demás
pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de
fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Archívese.




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Rol N° 11.511-21-CAA.


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus
Ministros señores Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez,
Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Pica Flores.
Firma el señor Presidente de la Sala, y se certifica que los demás señores
Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no
encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las
medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.


Firmado
Firmado
Iván Enrique digitalmente por Iván
María Enrique Aróstica
digitalmente por Aróstica Maldonado
Angélica María Angélica
Barriga Barriga Meza Maldonado Fecha: 2021.08.16
14:51:14 -04'00'
Fecha: 2021.08.16
Meza 15:04:23 -04'00'




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Notificaciones (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: lunes, 16 de agosto de 2021 15:44
Para: fpinochet@kastpinochet.cl; mgutierrez@kastpinochet.cl; curquietal@zcabogados.cl;
FRANCISCOPINOCHETCANTWELL@GMAIL.COM
Asunto: Comunica Resolución Rol 11511-21
Datos adjuntos: 63327_1.pdf



Sres. Francisco José Pinochet Cantwell, Carlos Antonio Urquieta
Salazar, y Manuel Antonio Gutiérrez Martínez por la requirente;
Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura
en el proceso Rol N° 11511-21-INA, sobre requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por Lucas José Morey Martínez
respecto de los artículos 7, inciso segundo, 8, 10 y 11, del Auto
Acordado para los remates judiciales de bienes inmuebles mediante el
uso de videoconferencia en tribunales, contenido en el Acta N° 13, de
la Excelentísima Corte Suprema, de 11 de enero del 2021, en el
proceso Rol C-16.046-2017, seguido ante el Decimocuarto Juzgado de
Letras en lo Civil de Santiago.
Ruego acusar recibo
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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