TC Rol 12223

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CUARENTA Y DOS




Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiuno.


VISTOS Y CONSIDERANDO:
1°. Que, con fecha 29 de octubre de 2021, Erich Walter Westermeyer
Thieme ha presentado un requerimiento de inconstitucionalidad respecto de los
artículos 1, 7, inciso segundo, 8, 10 y 11, del Auto Acordado N° 13-2021, de la Excma.
Corte Suprema, en el proceso Rol C-20335-2016, seguido ante el Decimonoveno
Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago;
2°. Que, el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura;
3°. Que el artículo 93, inciso primero, Nº 2º de la Constitución Política, se
complementa con la preceptiva que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo artículo 54 establece en su inciso
segundo, numeral 4°, que un requerimiento deberá ser declarado inadmisible
cuando no se indique la manera en que el auto acordado afecta el ejercicio de los
derechos constitucionales del requirente, en los casos en que sea promovida por
una parte o persona constitucionalmente legitimada;
4°. Que, según consta en autos, la gestión judicial actualmente invocada
dice relación con un juicio ejecutivo seguido ante el 19° Juzgado Civil de Santiago,
en el cual se encuentra pendiente la realización de la subasta pública de un
inmueble del cual es propietario.
5°. Que la requirente denuncia un conflicto constitucional con motivo de la
aplicación de los artículos 1°, 7°, inciso segundo, 8°, 10° y 11°, del Auto Acordado N°
13-2021, de la Corte Suprema, afirmando que: “la realización de remate vía
telemática a través de la Plataforma Zoom, contraviene, no sólo normas legales, sino
que infringe el Principio de Juridicidad y Reserva Legal contenido en la Constitución
Política de la República, ya que, mediante un procedimiento establecido por Auto
Acordado, es decir una norma infra legal, se modifican de facto las normas que al
efecto establece el Código de Procedimiento Civil, la ley adjetiva en materias civiles”
(fojas 9).
Añade que en nuestro ordenamiento jurídico “ninguna magistratura, ninguna
persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan
conferido en virtud de la Constitución o las leyes” (art. 7°, inc. 2°, CPR); lo cual se
encuentra estrechamente vinculado a lo establecido en el art. 6º de la Carta
Fundamental, norma conforme a la cual los órganos públicos, deben someter su acción
a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella” (foja 10).
Denuncia consecuencialmente una infracción al artículo 63 N° 3 de la
Constitución en cuanto el Auto Acordado impugnado ha entrado a regular materias
propias de codificación procesal civil, como asimismo vulneración a su artículo 19 N°
2, 3 y 24 (fojas 12 y 16);




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CUARENTA Y TRES




6°. Que, conforme se fallara en Roles N°s 11.016-21 y 11.449-21,
considerando las alegaciones constitucionales que el requerimiento de autos
desarrolla, éste adolece de la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4° del
artículo 54 de la anotada ley orgánica constitucional. Analizado el libelo, éste no
indica “la manera en que el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos
constitucionales del requirente”;
7°. Que, el anotado requisito, formulado en términos negativos por el
legislador orgánico constitucional, busca no sólo que se precise y desarrolle la
contrariedad constitucional que supone la aplicación en una concreta gestión, juicio
o procesal penal pendiente, de un determinado auto acordado (Rol N° 1924-11, c.
10°), sino que, junto a ello, la impugnación que se presente activando la
competencia del artículo 93, inciso primero, N° 2, de la Constitución, se funde en el
contraste del auto acordado (uno o más de sus preceptos), con un concreto derecho
fundamental previsto en la Constitución, no así con cualquier norma de ésta.
Según se razonó en resolución recaída en Rol N° 7024-19, c. 10°, a esta
Magistratura le compete examinar desde la fundamentación que desarrolla el
requirente la aptitud que tengan los preceptos del auto acordado cuestionado para
afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de quien presenta la cuestión de
inconstitucionalidad con el importante efecto de, eventualmente, a través de una
sentencia estimatoria, derogar dicho cuerpo normativo según lo exige el artículo 94,
inciso tercero, parte final, de la Constitución;
8°. Que, por ello, no basta para cumplir con el requisito del artículo 54 N° 4
de la ley orgánica constitucional la mera mención a la afectación de una garantía
fundamental, sino que, junto con lo anterior, según se razonó en la resolución de
inadmisibilidad de causa Rol N° 7024-19, c. 19°, debe acreditarse objetivamente por
quien formula la cuestión de inconstitucionalidad que la derogación permite “evitar
el resultado gravoso denunciado por el actor”. Esta precisa cuestión es la que no se
cumple en la especie, lo que lleva necesariamente a la declaración, desde ya, de
inadmisibilidad;
9°. Que, las alegaciones se centran en las ya anotadas presuntas
afectaciones a las garantías fundamentales del actor, pueden explicarse en una
argumentación concatenada a partir de la vulneración a la igualdad ante la ley que
implicaría, a través de un procedimiento que no cumple con las garantías de
racionalidad y justicia, afectar su derecho de propiedad por la aplicación de un auto
acordado dictado por la Corte Suprema que permite realizar subastas de inmuebles
por vías telemáticas en el contexto de la contingencia sanitaria en curso, invadiendo
las facultades del legislador. Por ello, realizando un análisis de estas garantías es
que la afectación al derecho de propiedad es la que generaría la vulneración
constitucional de mayor entidad, en tanto a través de un actuar procedimental que
la requirente estima contrario a la Constitución es que se le privaría de tal derecho
consagrado en la Carta Fundamental en su artículo 19 N° 24;




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CUARENTA Y CUATRO




10°. Que, según se razonó en resolución de inadmisibilidad recaída en causa
Rol N° 11.016-21, la sentencia que dicta el Tribunal civil que actualmente conoce de
la gestión pendiente, no puede, al alero de nuestro ordenamiento constitucional,
privarle del dominio de un bien inmueble sobre el cual ha recaído traba de embargo.
Por ello, tampoco, dicha sentencia puede tener la entidad suficiente para amagarle
la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta
Fundamental. En el juicio ejecutivo se persigue el cumplimiento de una obligación.
Según recordó la STC Rol N° 8800-21, c. 7°, “la Constitución, en su artículo 19 N°
24°, asegura a todas las personas el derecho de propiedad, en sus diversas especies
y sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales, habilitando al legislador en
los términos dispuestos en su inciso segundo y prescribiendo, en el inciso tercero,
que “[n]adie puede, en caso alguno, ser privado de lo suyo (…)”, salvo mediante
procedimiento expropiatorio, con las fases y requisitos que allí se contemplan y los
que se agregan en los incisos cuarto y quinto del numeral 24°”.
11°. Como se recordó en la anotada STC Rol N° 8800-21, la Constitución de
1925, en su texto original del artículo 10 N° 10, posibilitaba la privación del dominio
por expropiación o sentencia judicial, referencia esta última eliminada por la Ley N°
16.615, de 1967, orientación mantenida en la Carta hoy vigente, puesto que, dado el
carácter declarativo que tiene la sentencia que dicta un Tribunal en el ámbito de su
competencia, ésta no puede privar del dominio (Historia de la Ley N° 16.615.
Biblioteca del Congreso Nacional. [en línea:
[https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/36897/6/
H L16615.pdf], p. 818).
Al discutirse la redacción de la garantía del artículo 19 N° 24 en la actual
Constitución, esta cuestión se discutió expresamente, plasmando la decisión del
Constituyente: “(…) [e]n cuanto a las sentencias judiciales, hubo unanimidad para
estimar que ella no era una causal de privación del derecho de propiedad, porque en
la sentencia judicial, normalmente, el tribunal no constituye derecho sino que
declara derecho. De modo que ahí no se está privando a nadie de su derecho, sino
que el tribunal, dirimiendo una contienda entre partes, está resolviendo a quien
corresponde el derecho en un determinado caso. Y si se trata de juicio ejecutivo y
de la venta forzada en virtud del derecho de prenda general del acreedor, no se está
privando del derecho de dominio al titular, sino que hay una compraventa, hay un
consentimiento prestado en una forma especial, porque se estima que un deudor,
en el momento de contraer una obligación y entregar en prenda general su
patrimonio, conforme al sistema que establece nuestro Código Civil, desde ya está
consintiendo en que si no paga su obligación, la propiedad será vendida, y el precio
aplicado al cumplimiento de su obligación, con lo cual no se produce privación del
derecho” (Sesión N° 149ª, celebrada el 2 de septiembre de 1975) (STC Rol N° 8800-
20, cc. 8°-9°. En iguales términos y refiriéndose a los antecedentes históricos de la
redacción de la norma constitucional en vigor, entre otras, STC Roles N°s 6611-19,
c. 23°; 3086-16, c. 23°; 2644-14, c. 62°; 2643-14, c. 62°; 2312-12, c. 9°; 1260-08, c.
5°);




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CUARENTA Y CINCO




12°. Que, lo anterior es reconducible al caso concreto que constituye la
gestión relacionada con el requerimiento de inconstitucionalidad presentado. La
cuestión sometida al conocimiento y resolución de esta Magistratura se vincula con
la afectación que supondría al actor, como manifestación de la vulneración a la
igualdad ante la ley y al debido proceso, ser privado de su propiedad por realizarse
la subasta de un inmueble por vía remota, en la gestión sub lite.
13°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad deducido
adolece de la causal prevista en el artículo 54 N° 4, de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal. La cuestión de inconstitucionalidad que se
desarrolla en el requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación del
auto acordado cuestionado implique una vulneración de su derecho de propiedad
debido a un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la
realización de una subasta pública a través de medios remotos. No se explica cómo
la derogación intentada, por el contrario, tendría la entidad para restablecer la
supremacía constitucional y evitar la vulneración a las específicas garantías que se
anotan en el libelo presentado, en tanto el juicio ejecutivo seguido en su contra no
puede, según lo señalado, privarle de su dominio;
14°. Que, por todas las razones precedentes, ha de declararse la
inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad de fojas 1.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 2°, de la Constitución Política y en los artículos 54, inciso segundo, N° 4
y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,


SE RESUELVE:
Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1.


Notifíquese, comuníquese y archívese.
Rol N° 12.223-21-CAA.


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Juan José Romero Guzmán, y los
Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Miguel Ángel Fernández González,
Rodrigo Pica Flores y el Suplente de Ministro, señor Rodrigo Delaveau Swett.
Firma el señor Presidente de la Sala y se certifica que demás señores
Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no
encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las
medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.




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CUARENTA Y SEIS




Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.




Juan José Romero Guzmán María Angélica Barriga Meza
Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional
Fecha: 09/11/2021 Fecha: 09-11-2021




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CUARENTA Y SIETE


Gilda Vera Zamorano

De: tribunalconstitucional.cl <notificaciones@tcchile.cl>
Enviado el: miércoles, 10 de noviembre de 2021 11:26
Para: dback@yarurstange.cl; alarcon.barros@gmail.com;
ALARCON.BARROS@GMAIL.COM
CC: notificaciones.tc@gmail.com
Asunto: Comunica Resolución Rol 12223-21
Datos adjuntos: 70752_1.pdf



Señor abogado Marco Antonio Alarcón Barros, por el requirente:
Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura
en el proceso Rol N° 12223-21, sobre requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por Erich Walter Westermeyer
Thieme respecto de los artículos 1, 7, inciso segundo, 8, 10 y 11, del
Auto Acordado N° 13-2021, de la Excma. Corte Suprema, en el proceso
Rol C-20335-2016, seguido ante el Decimonoveno Juzgado de Letras
en lo Civil de Santiago.
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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