TC Rol 12683

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VEINTE




Santiago, siete de enero de dos mil veintidós.


VISTOS
Y CONSIDERANDO:
1°. Que, con fecha 29 de diciembre de 2021, Ester del Carmen López
Carmona, acciona de inconstitucionalidad respecto de los Autos Acordados N° 13-
2021 y N° 263-2021, de la Corte Suprema, para que ello incida en el proceso Rol C-
23.220-2019, seguido ante el Vigesimosegundo Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago;
2°. Que, el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó dar cuenta
del requerimiento ante la Segunda Sala;
3°. Que, examinando el requerimiento al tenor de los artículos 52 y
siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esta Sala ha
constatado, desde ya, que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 4° del artículo 54, por lo que no resulta necesario su análisis en sede de
admisión a trámite. Siguiendo lo razonado en resolución de inadmisibilidad recaída
en causa Rol N° 11.016-21, no se argumenta con precisión la manera en que los
cuerpos normativos cuestionados afectan el ejercicio de sus derechos
constitucionales respecto de las garantías que estima vulneradas;
4°. Que, se impugnan el Auto Acordado para los Remates Judiciales de
Bienes Inmuebles mediante el Uso de Videoconferencia en Tribunales, contenido
en el Acta N° 13, de la Corte Suprema, de 11 de enero de 2021, publicado en el
Diario Oficial el día 22 del mismo mes y año, y el Auto Acordado sobre Remates
Judiciales de Inmuebles por Vía Remota, dictado a través del Acta N° 263, del
anotado Tribunal, de 1 de diciembre del mismo año y que fuera publicado en el
Diario Oficial de 1 de diciembre de 2021.
Al tenor de los requisitos de admisión a trámite del artículo 52 de la ley
orgánica constitucional de este Tribunal, se tiene que el requerimiento fue
presentado por la parte demandada de una gestión judicial seguida ante el
Vigesimosegundo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago;
5°. Que, la inconstitucionalidad requerida se presenta respecto de autos
acordados que han regulado la realización de remates durante la vigencia del
estado constitucional de catástrofe por la contingencia sanitaria y, por otro lado,
han materializado la reforma efectuada a diversos cuerpos legales por la Ley N°
21.394 que, en su artículo 3°, N° 19, literal b), modificó el artículo 485 del Código de
Procedimiento Civil, al disponer que la Corte Suprema deberá “regular, mediante
auto acordado, la forma en que se realizarán los remates por vía remota, debiendo
establecer mecanismos que aseguren la efectiva participación de quienes manifiesten
su voluntad de comparecer de esa forma y que cumplan con los requisitos legales”.




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Analizando la contrariedad a la Constitución que implica la aplicación de los
cuerpos normativos impugnados, la requirente señala que se vulneran los artículos
7°, incisos segundo y tercero; 8°, inciso segundo; 19 N°s 2, 3, 22, 24 y 26; 63 N°s 1,
2, 3 y 20; 64, incisos segundo y quinto; 76; y 77, incisos primero y sexto (fojas 2 y 3);
6°. Que, indica la actora a fojas 4 que el Código Orgánico de Tribunales no
otorga a la Corte Suprema la facultad de regular derechos y garantías
constitucionales, cuestión que estaría reservada a los órganos colegisladores por
tratarse de materias de ley. Por ello, añade a fojas 5, se contravienen los principios
de juridicidad y reserva legal, puesto que mediante normativa que no ostenta
rango legal, se modificarían “de facto” las normas generales del Código de
Procedimiento Civil.
Añade a lo anterior que se lesiona la garantía de igualdad ante la ley, dado
que los “no existen garantías de seguridad mínima en las posturas” (fojas 7);
7°. Que, conforme se fallara, entre otras, en Roles N°s 11.016-21 y 11.449-
21, considerando las anotadas alegaciones, es que el requerimiento deducido
adolece de la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4° del artículo 54 de
la anotada ley orgánica constitucional, en tanto no indica “la manera en que el auto
acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente”;
8°. Que, según se razonó en resolución recaída en Rol N° 7024-19, c. 10°, a
esta Magistratura le compete examinar desde la fundamentación que desarrolla el
requirente la aptitud que tengan los preceptos del auto acordado cuestionado para
afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de quien presenta la cuestión de
inconstitucionalidad con el importante efecto de, eventualmente, a través de una
sentencia estimatoria, derogar dicho cuerpo normativo según lo exige el artículo
94, inciso tercero, parte final, de la Constitución;
9°. Que, por ello, no basta para cumplir con el requisito del artículo 54 N° 4
de la ley orgánica constitucional la mera mención a la afectación de una garantía
fundamental, sino que, junto con lo anterior, debe acreditarse objetivamente por
quien formula la cuestión de inconstitucionalidad que la derogación permite “evitar
el resultado gravoso denunciado por el actor” (resolución de inadmisibilidad de
causa Rol N° 7024-19, c. 19°). Esta precisa cuestión es la que no se cumple en la
especie, lo que lleva necesariamente a la declaración de inadmisibilidad;
10°. Que, las alegaciones se centran en una presunta invasión de la Corte
Suprema al legislador regulando la realización de remates por vía remota, lo que
afectaría los principios de juridicidad y legalidad, contraviene su derecho de
propiedad y vulneraría la igualdad ante la ley desde lo que, señala, se norma en el
Código de Procedimiento Civil;
11°. Que, la sentencia que dicta el Tribunal civil que actualmente conoce de
la gestión pendiente, no puede privarle a la actora del dominio de un bien inmueble
sobre el cual ha recaído traba de embargo (STC Rol N° 11.06-21). Por ello,
tampoco, dicha sentencia puede tener la entidad suficiente para amagarle la




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garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental,
argumentada en autos. En el juicio ejecutivo se persigue el cumplimiento de una
obligación. Según recordó la STC Rol N° 8800-21, c. 7°, “la Constitución, en su
artículo 19 N° 24°, asegura a todas las personas el derecho de propiedad, en sus
diversas especies y sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales, habilitando
al legislador en los términos dispuestos en su inciso segundo y prescribiendo, en el
inciso tercero, que “[n]adie puede, en caso alguno, ser privado de lo suyo (…)”, salvo
mediante procedimiento expropiatorio, con las fases y requisitos que allí se
contemplan y los que se agregan en los incisos cuarto y quinto del numeral 24°”;
12°. Que, lo anterior es reconducible al caso concreto que constituye la
gestión relacionada con el requerimiento de inconstitucionalidad presentado. La
cuestión sometida al conocimiento y resolución de esta Magistratura se vincula con
la afectación que supondría a la actora, como manifestación de la vulneración a la
igualdad ante la ley y al debido proceso y a los principios de juridicidad y legalidad,
enfrentar un proceso de ejecución mediando la subasta de un inmueble por vía
remota, en el marco de un proceso seguido ante el Vigesimosegundo Juzgado de
Letras en lo Civil de Santiago.
La gestión seguida contra la requirente consiste en un juicio ejecutivo de
desposeimiento en contra del tercero poseedor (fojas 1), en que se acciona a través
de un “título ejecutivo (que) para ser tal debe dar cuenta de una obligación
indubitada” (Romero Seguel, Alejandro (1999). “La sentencia que causa ejecutoria
como título ejecutivo”. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 26, p. 190). Y el título se
hace valer a través de un juicio ejecutivo, precisamente, porque a través del mismo
se reclama el cumplimiento de una obligación valiéndose de uno de los
instrumentos que expresamente contempla la ley (artículo 434, inciso primero, del
Código de Procedimiento Civil), por contener un derecho indubitable al que se le
atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la
obligación en él contenida (Sentencia Corte Suprema en Rol N° 27.648-20, c. 3°);
13°. Que, a lo anterior ha de agregarse que con la publicación de la Ley N°
21.394, de 30 de noviembre de 2021, reformando el Código de Procedimiento Civil
al efecto, el legislador dispuso que la Corte Suprema, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, dictara un auto acordado para regular esta forma
de operar, normativa que fuera examinada por este Tribunal en ejercicio de la
competencia de control preventivo de constitucionalidad a través de la STC Rol N°
12.300-21, y declarada orgánica constitucional y conforme con la Constitución.
Por lo expuesto, el requerimiento de inaplicabilidad deducido adolece de la
causal prevista en el artículo 54 N° 4, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
de este Tribunal. La cuestión de inconstitucionalidad que se desarrolla en el
requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación de los autos
acordados cuestionados implique una vulneración de sus derechos fundamentales
a través de un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la
realización de una subasta pública a través de medios remotos. No se explica cómo




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la derogación intentada, por el contrario, tendría la entidad para restablecer la
supremacía constitucional y evitar la vulneración a las específicas garantías que se
anotan en el libelo presentado, en tanto el juicio ejecutivo seguido en su contra no
puede, según lo señalado, privarle de su dominio y la operatividad por vía remota
del procedimiento de remate ha sido dispuesta por el legislador a través de un auto
acordado de la Corte Suprema;
14°. Que, por todas las razones precedentes, ha de declararse la
inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad presentado en autos.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 2°, de la Constitución Política y en los artículos 54, N° 4 y demás
pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,


SE DECLARA:


Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de
fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.


Notifíquese. Archívese.
Rol N° 12.683-21-CAA.


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus
Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar y Nelson Pozo
Silva, y señora María Pía Silva Gallinato.
Firma la señora Presidenta de la Sala, y se certifica que los demás señora y
señores Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no
firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en
cumplimiento de las medidas dispuestas ante la alerta sanitaria existente en el
país.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.



María Firmado digitalmente María Luisa Firmado digitalmente por
María Luisa Brahm Barril
por María Angélica
Angélica Barriga Meza Brahm Barril Fecha:
-03'00'
2022.01.07 12:34:18

Fecha: 2022.01.10
Barriga Meza 11:28:35 -03'00'




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Marco Ortúzar Orellana

De: tribunalconstitucional.cl <notificaciones@tcchile.cl>
Enviado el: lunes, 10 de enero de 2022 11:42
Para: joaquinpobletem@gmail.com
CC: notificaciones.tc@gmail.com
Asunto: Comunica Resolución Rol 12683-21
Datos adjuntos: 76577_1.pdf



Sr. Joaquín Javier Poblete Martínez por la requirente;
Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en
el proceso Rol N° 12683-21, sobre requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por Ester del Carmen López Carmona
respecto de los Autos Acordados N° 13-2021, y N° 263-2021, de la
Excma. Corte Suprema, en el proceso Rol C-23220-2019, seguido ante
el Vigesimosegundo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
Ruego acusar recibo
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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