TC Rol 12684

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CIENTO CUARENTA Y SIETE




Santiago, once de agosto de dos mil veintidós.


VISTOS Y CONSIDERANDO:
1°. Que, la parte requirente ha solicitado a esta Magistratura
Constitucional que se tenga a su parte por desistida de la acción de
inaplicabilidad deducida en solicitud de fecha 11 de julio de 2022, según consta
a fojas 141;
2°. Que a los efectos previstos en el inciso tercero del artículo 46 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el Tribunal
confirió traslado a las demás partes y a los órganos constitucionales;
3°. Que no fueron evacuados traslados por las demás partes y los
órganos constitucionales interesados;
4°. Que, según consta en certificación de fojas 140, fue adoptado
acuerdo en autos con fecha 28 de junio de 2022, esto es, con anterioridad a la
presentación de fojas 141, referida en la considerativa 1°;
5°. Que, en consecuencia, corresponde a esta Magistratura resolver la
procedencia de una solicitud de desistimiento una vez adoptado acuerdo
respecto de la impugnación de autos;
6°. Que, en lo pertinente el artículo 46 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, señala expresamente en su inciso
tercero que “Declarada su admisibilidad, dichos órganos y personas podrán
expresar al Tribunal su voluntad de desistirse. En tal caso, se dará traslado
del desistimiento a las partes y se comunicará a los órganos constitucionales
interesados, confiriéndoles un plazo de cinco días para que formulen las
observaciones que estimen pertinentes”. A su vez, el inciso cuarto de la misma
disposición señala que “El desistimiento será resuelto y producirá los efectos
previstos en las normas pertinentes del Título XV del Libro Primero del
Código de Procedimiento Civil, en lo que sea aplicable”;
7°. Que, al tenor literal de la disposición previamente transcrita, resulta
manifiesto que no existe una limitación temporal establecida legalmente para
el desistimiento de la parte requirente, por lo que resulta ajustado a derecho
acceder a la petición de la actora de fojas 141, resultando ello por lo demás
coherente con la naturaleza jurídica propia de una acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad la cual materializa el ejercicio de un interés privado de
carácter disponible.
A mayor abundamiento, ello coincide con la línea de pronunciamientos
de esta Magistratura Constitucional en la tramitación de desistimientos tras
adopción de acuerdos, como ha tenido lugar en causas Roles N°s 12.565-21 y
12.813-22 INA, entre otros.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley
Orgánica de esta Magistratura,
SE RESUELVE:
Ha lugar a la solicitud de fojas 141. Téngase a la parte requirente
por desistida y, en consecuencia, por terminado el presente proceso
constitucional.
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CIENTO CUARENTA Y OCHO




Álcese la suspensión decretada en autos.


Acordado con el voto en contra de los Ministros señores
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO,
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y la Suplente de Ministro señora
NATALIA MUÑOZ CHIU por las siguientes razones:
1°. Que, el Tribunal Constitucional está encargado, en forma exclusiva,
de garantizar la supremacía constitucional cuando conoce de un requerimiento
de inaplicabilidad, a través de un control jurisdiccional de carácter represivo y
concreto, de preceptos legales, con el objeto de determinar si su aplicación, en
una gestión pendiente, produce o no un resultado contrario a la Constitución
(STC 794, c. 6°). Para que “la acción de inaplicabilidad pueda prosperar, debe
estarse siempre en presencia de un conflicto de constitucionalidad, esto es,
frente a una contradicción directa, clara y precisa, entre determinado
precepto legal que se pretenda aplicar en el caso concreto, con la propia
Constitución” (STC 5442, c. 4°).
2°. Que, el ejercicio de esta atribución envuelve, por lo tanto, un interés
público comprometido, por cuanto el examen que realiza esta Magistratura, al
conocer un requerimiento de inaplicabilidad, es de carácter normativo, el cual,
si bien es concreto -para determinar si la aplicación de la norma legal en una
gestión pendiente produce o no un resultado inconstitucional-, se dirige en
contra de la ley que, de ser acogido el requerimiento, conducirá a inaplicar el
respectivo precepto legal, pudiendo servir de base, conforme a lo dispuesto en
el artículo 93 inciso primero N° 7° de la Carta Fundamental, a un posterior
pronunciamiento de inconstitucionalidad que lo derogue, denotando así que la
sentencia estimatoria no tiene sólo interés para quienes son parte en la gestión
pendiente;
3°. Que, en efecto, si bien el control previo y concreto de la ley, a través
de la declaración de inaplicabilidad, es diverso al de inconstitucionalidad, el
primero ya constituye una advertencia al legislador de que un precepto legal
vigente, aplicado conforme a ciertas circunstancias de un caso concreto,
produce un efecto inconstitucional. De lo anterior resulta que existe una íntima
ligazón entre la sentencia estimatoria de inaplicabilidad y la declaración de
inconstitucionalidad en abstracto de la ley, lo cual conduce a que su resolución
produzca un impacto público que escapa al mero interés particular de quien
acciona ante el Tribunal Constitucional.
Como se ha sostenido, “La inaplicabilidad es un proceso que debe ser
conocido por el Tribunal Constitucional, que presenta por las altas razones de
interés público que concurren, características que la hacen diferenciarse de
los procesos que se siguen ante los tribunales ordinarios de justicia”
(Mosquera, Mario y Maturana, Cristián (2010). Los recursos procesales, Ed.
Jurídica de Chile, p. 507).
Por ello, contra la sentencia que la resuelva, no procederá recurso
alguno, lo cual es consecuencia de la alta jerarquía que tiene el Tribunal
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CIENTO CUARENTA Y NUEVE




Constitucional como máximo intérprete de la Carta Fundamental, conforme
con lo dispuesto en su artículo 94.
4°. Que, así las cosas, no resulta posible, a nuestro juicio, tratar el
desistimiento en términos idénticos a los contemplados en la legislación
procesal civil, hallándose especialmente regulado en el artículo 46 de nuestra
Ley Orgánica Constitucional, por lo que es menester resolverlo conforme a los
principios y normas que regulan la acción de inaplicabilidad, en los términos
expuestos en los considerandos anteriores, lo que nos conduce a sostener que
ya no cabe acogerlo, interpretando lo que al efecto dispone el artículo 3° inciso
segundo de aquella Ley Orgánica Constitucional, si es que se ha producido la
vista de la causa y ésta se encuentra en estado de sentencia con Ministro
redactor ya designado, como sucede en este caso.
Más todavía si el requirente no ha expresado motivos, salvo un mejor
estudio de los antecedentes (fs. 141), para plantear el desistimiento en estos
autos;
5°. Que, mientras en el artículo 148 del Código de Procedimiento se
establece que, después de notificada la demanda, podrá el actor, en cualquier
estado del juicio, desistirse de ella ante el tribunal que conozca del asunto y, si
se hace oposición o sólo se acepta condicionalmente, el Tribunal resolverá si
continúa o no el juicio o la forma en que debe tenerse por desistido al actor, en
el caso de nuestra Ley Orgánica Constitucional, el artículo 46 preceptúa que del
desistimiento se dará traslado a las partes y se comunicará a los órganos
constitucionales interesados y que, en cualquier caso, será resuelto por esta
Magistratura, es decir, aun sin que se haya producido oposición de la
contraparte, debemos pronunciarnos acerca de la solicitud de desistimiento;
6°. Que, adicionalmente, cabe tener presente que, según el Auto
Acordado sobre Ingresos, Formación de Tabla y Vista de Causas de esta
Magistratura, de 3 de diciembre de 2009, para los efectos de computar el plazo
para dictar sentencia definitiva, “se entenderá que la tramitación de la causa ha
concluido o esta encuentra totalmente tramitada, cuando se certifica dicha
circunstancia por el relator respectivo” (Párrafo IV N° 24).
Pues bien, en tal sentido la causa Rol N° 12.684 se encuentra totalmente
tramitada, ya que, en ella, luego que el requerimiento fuera declarado
admisible, se evacuaron los traslados respectivos, se incorporó al rol de asuntos
y, acto seguido, a la tabla del Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 28 de
junio de 2022, fue examinada ese día por el Pleno de Ministros, previa vista de
la causa, oyéndose los alegatos de los abogados anunciados, se adoptó el
acuerdo y, en fin, se designó al Ministro redactor, todo lo cual fue certificado
por el Relator;
7°. Que, en consecuencia, de acuerdo con el interés público que se
encuentra comprometido en las acciones de inaplicabilidad de preceptos
legales y que excede, por lo tanto, el mero elemento subjetivo y particular de los
intereses de la parte requirente, atendido el estado de la causa, estimamos que
procede dictar la sentencia, negando lugar al desistimiento solicitado.
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CIENTO CINCUENTA




Notifíquese y comuníquese.
Archívese.


Rol N° 12.684-21-INA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 18/08/2022



Cristián Letelier Aguilar Nelson Pozo Silva
Fecha: 18/08/2022 Fecha: 17/08/2022



José Ignacio Vásquez Márquez María Pía Silva Gallinato
Fecha: 18/08/2022 Fecha: 17/08/2022



Miguel Angel Fernández González Rodrigo Pica Flores
Fecha: 18/08/2022 Fecha: 17/08/2022



Daniela Beatriz Marzi Muñoz Natalia Marina Muñoz Chiu
Fecha: 18/08/2022 Fecha: 18/08/2022


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Nancy Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señores Cristián
Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez, señora María
Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández González, Rodrigo Pica Flores,
señora Daniela Marzi Muñoz y señora Natalia Muñoz Chiu.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga
Meza.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 18/08/2022




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