TC Rol 13020

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SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS




Santiago, quince de noviembre de dos mil veintidós.


VISTOS Y CONSIDERANDO:
1°. Que, la parte requirente ha solicitado a esta Magistratura
Constitucional que se tenga a su parte por desistida de la acción de
inaplicabilidad deducida en solicitud de fecha 21 de octubre de 2022, según
consta a fojas 679;
2°. Que, asimismo, la parte demandante en la gestión judicial invocada
ha solicitado a esta Magistratura Constitucional que se tenga a su parte por
desistida de la acción de inaplicabilidad deducida en solicitud de fecha 24 de
octubre de 2022, según consta a fojas 686;
3°. Que a los efectos previstos en el inciso tercero del artículo 46 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el Tribunal
confirió traslado a las demás partes y a los órganos constitucionales, sin que se
formulara oposición al desistimiento;
4°. Que, según consta en certificación de fojas 678, en audiencia de
Pleno del día 8 de septiembre de 2022, se verificó la vista de esta causa,
quedando adoptado el acuerdo con la misma fecha, esto es, con anterioridad a
la solicitud de desistimiento referida en el considerando 1°;
5°. Que, en consecuencia, corresponde a esta Magistratura resolver la
procedencia de una solicitud de desistimiento una vez adoptado acuerdo
respecto de la impugnación de autos;
6°. Que, en lo pertinente el artículo 46 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, señala expresamente en su inciso
tercero que “Declarada su admisibilidad, dichos órganos y personas podrán
expresar al Tribunal su voluntad de desistirse. En tal caso, se dará traslado
del desistimiento a las partes y se comunicará a los órganos constitucionales
interesados, confiriéndoles un plazo de cinco días para que formulen las
observaciones que estimen pertinentes”. A su vez, el inciso cuarto de la misma
disposición señala que “El desistimiento será resuelto y producirá los efectos
previstos en las normas pertinentes del Título XV del Libro Primero del
Código de Procedimiento Civil, en lo que sea aplicable”;
7°. Que, al tenor literal de la disposición previamente transcrita, resulta
manifiesto que no existe una limitación temporal establecida legalmente para
el desistimiento de la parte requirente, por lo que resulta ajustado a derecho
acceder a la petición de la actora y de la parte requerida, resultando ello por lo
demás coherente con la naturaleza jurídica propia de una acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad la cual materializa el ejercicio de un
interés privado de carácter disponible.
A mayor abundamiento, ello coincide con la línea de pronunciamientos
de esta Magistratura Constitucional en la tramitación de desistimientos tras
adopción de acuerdos, como ha tenido lugar en causas Roles N°s 12.565-21,
12.684-22, 12.813-22 y 13.177-22, entre otros.
Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley
Orgánica de esta Magistratura,


SE RESUELVE:
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Ha lugar a las solicitudes de lo principal de fojas 679 y 686.
Téngase a la parte requirente por desistida y, en consecuencia, por terminado el
presente proceso constitucional.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos. Ofíciese.
A fojas 694, estese al mérito de autos.


Acordada con el voto en contra de la Ministra señora MARÍA
PÍA SILVA GALLINATO y del Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, quienes estuvieron por denegar la solicitud de
desistimiento, por las siguientes razones:
1°. Que, el Tribunal Constitucional está encargado, en forma exclusiva,
de garantizar la supremacía constitucional cuando conoce de un requerimiento
de inaplicabilidad, a través de un control jurisdiccional de carácter represivo y
concreto, de preceptos legales, con el objeto de determinar si su aplicación, en
una gestión pendiente, produce o no un resultado contrario a la Constitución
(STC 794, c. 6°). Para que “la acción de inaplicabilidad pueda prosperar, debe
estarse siempre en presencia de un conflicto de constitucionalidad, esto es,
frente a una contradicción directa, clara y precisa, entre determinado
precepto legal que se pretenda aplicar en el caso concreto, con la propia
Constitución” (STC 5442, c. 4°).
2°. Que, el ejercicio de esta atribución envuelve, por lo tanto, un interés
público comprometido, por cuanto el examen que realiza esta Magistratura, al
conocer un requerimiento de inaplicabilidad, es de carácter normativo, el cual,
si bien es concreto -para determinar si la aplicación de la norma legal en una
gestión pendiente produce o no un resultado inconstitucional-, se dirige en
contra de la ley que, de ser acogido el requerimiento, conducirá a inaplicar el
respectivo precepto legal, pudiendo servir de base, conforme a lo dispuesto en
el artículo 93 inciso primero N° 7° de la Carta Fundamental, a un posterior
pronunciamiento de inconstitucionalidad que lo derogue, denotando así que la
sentencia estimatoria no tiene sólo interés para quienes son parte en la gestión
pendiente;
3°. Que, en efecto, si bien el control previo y concreto de la ley, a través
de la declaración de inaplicabilidad, es diverso al de inconstitucionalidad, el
primero ya constituye una advertencia al legislador de que un precepto legal
vigente, aplicado conforme a ciertas circunstancias de un caso concreto,
produce un efecto inconstitucional. De lo anterior resulta que existe una íntima
ligazón entre la sentencia estimatoria de inaplicabilidad y la declaración de
inconstitucionalidad en abstracto de la ley, lo cual conduce a que su resolución
produzca un impacto público que escapa al mero interés particular de quien
acciona ante el Tribunal Constitucional.
Como se ha sostenido, “La inaplicabilidad es un proceso que debe ser
conocido por el Tribunal Constitucional, que presenta por las altas razones de
interés público que concurren, características que la hacen diferenciarse de
los procesos que se siguen ante los tribunales ordinarios de justicia”
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(Mosquera, Mario y Maturana, Cristián (2010). Los recursos procesales, Ed.
Jurídica de Chile, p. 507).
Por ello, contra la sentencia que la resuelva, no procederá recurso
alguno, lo cual es consecuencia de la alta jerarquía que tiene el Tribunal
Constitucional como máximo intérprete de la Carta Fundamental, conforme
con lo dispuesto en su artículo 94;
4°. Que, así las cosas, no resulta posible, a nuestro juicio, tratar el
desistimiento en términos idénticos a los contemplados en la legislación
procesal civil, hallándose especialmente regulado en el artículo 46 de nuestra
Ley Orgánica Constitucional, por lo que es menester resolverlo conforme a los
principios y normas que regulan la acción de inaplicabilidad, en los términos
expuestos en los considerandos anteriores, lo que nos conduce a sostener que
ya no cabe acogerlo, interpretando lo que al efecto dispone el artículo 3° inciso
segundo de aquella Ley Orgánica Constitucional, si es que se ha producido la
vista de la causa y ésta se encuentra en estado de sentencia con Ministro
redactor ya designado, como sucede en este caso;
5°. Que, mientras en el artículo 148 del Código de Procedimiento se
establece que, después de notificada la demanda, podrá el actor, en cualquier
estado del juicio, desistirse de ella ante el tribunal que conozca del asunto y, si
se hace oposición o sólo se acepta condicionalmente, el Tribunal resolverá si
continúa o no el juicio o la forma en que debe tenerse por desistido al actor, en
el caso de nuestra Ley Orgánica Constitucional, el artículo 46 preceptúa que del
desistimiento se dará traslado a las partes y se comunicará a los órganos
constitucionales interesados y que, en cualquier caso, será resuelto por esta
Magistratura, es decir, aun sin que se haya producido oposición de la
contraparte, debemos pronunciarnos acerca de la solicitud de desistimiento;
6°. Que, adicionalmente, cabe tener presente que, según el Auto
Acordado sobre Ingresos, Formación de Tabla y Vista de Causas de esta
Magistratura, de 3 de diciembre de 2009, para los efectos de computar el plazo
para dictar sentencia definitiva, “se entenderá que la tramitación de la causa ha
concluido o esta encuentra totalmente tramitada, cuando se certifica dicha
circunstancia por el relator respectivo” (Párrafo IV N° 24).
Pues bien, en tal sentido el presente proceso se encuentra totalmente
tramitado, ya que, con posterioridad a que el requerimiento fuera declarado
admisible, se evacuaron los traslados respectivos, se incorporó al rol de asuntos
y, acto seguido, a la tabla del Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 8 de
septiembre de 2022, fue examinada ese día por el Pleno de Ministros, previa
vista de la causa, oyéndose los alegatos de los abogados anunciados, se adoptó
el acuerdo y, en fin, se designó al Ministro redactor, todo lo cual fue certificado
por el Relator;
7°. Que, en consecuencia, de acuerdo con el interés público que se
encuentra comprometido en las acciones de inaplicabilidad de preceptos
legales y que excede, por lo tanto, el mero elemento subjetivo y particular de los
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intereses de la parte requirente, atendido el estado de la causa, estimamos que
procede dictar la sentencia, negando lugar al desistimiento solicitado.


Notifíquese y comuníquese.
Archívese.


Rol N° 13.020-22-INA.

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 15/11/2022



Cristián Letelier Aguilar
Fecha: 15/11/2022



José Ignacio Vásquez Márquez María Pía Silva Gallinato
Fecha: 17/11/2022 Fecha: 15/11/2022



Miguel Angel Fernández González Manuel Antonio Núñez Poblete
Fecha: 15/11/2022 Fecha: 17/11/2022



Natalia Marina Muñoz Chiu
Fecha: 16/11/2022


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor
Cristian Omar Letelier Aguilar, señor Nelson Roberto Pozo Silva, señor José
Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, Suplente de Ministro señor Manuel Antonio Nuñez Poblete
y la Suplente de Ministro señora Natalia Marina Muñoz Chiu.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga
Meza.


María Angélica Barriga Meza
Fecha: 18/11/2022




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